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Archivo 1997-2009

1999-11-14 | Documentos de Trabajo | Mapuche

WALLMAPUCHE

INFORME ANUAL DE DERECHOS HUMANOS 1999: 1(2)

En abril del a帽o 1997, aduci茅ndose como causas una serie de "desordenes administrativos" al interior de la Corporaci贸n el propio Presidente Eduardo Frei pidi贸 la renuncia de su primer director, el dirigente mapuche Mauricio Huenchulaf Cayuqueo. No obstante las causas argumentadas por el Ejecutivo, gran parte del pueblo mapuche estim贸 que su remoci贸n obedec铆a a la intenci贸n del gobierno de eliminar los obst谩culos pol铆ticos que impedir铆an dentro del Consejo Nacional de la Corporaci贸n la ejecuci贸n del Proyecto Ralco en la zona cordillerana de la VIII regi贸n y que significar铆a la construcci贸n de seis centrales hidroel茅ctricas en la cuenca superior del r铆o B铆o-B铆o y el desalojo de m谩s de 500 familias mapuche-pehuenches de sus tierras ancestrales.


Este Informe fue elaborado por la Oficina de Derechos Humanos de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco.
La reproducci贸n y distribuci贸n de la informaci贸n est谩 permitida siempre y cuando se cite la fuente.

COORDINADORA MAPUCHE ARAUCO-MALLECO
Oficina de Derechos Humanos:
Poblaci贸n Carol Ursua, Calle Ram贸n Freire N潞194, Ca帽ete, VIII Regi贸n, CHILE.
Fono: 56-41-619830 Fax: 56-2-2393196
E-mail: coordina@latinmail.com

Introducci贸n

Wallmapuche: historia de un siglo de despojo

Iniciativas del Gobierno en materia de derechos ind铆genas

1999: cr贸nica de un conflicto anunciado

- OSEPAR: Antecedentes de una guerra sucia

SITUACION DE DD-HH EN LAS ZONAS DE CONFLICTO

Introducci贸n

R茅gimen jur铆dico aplicado al conflicto mapuche

- Ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado
- Ministros Especiales en Territorio Mapuche

- Justicia Militar en contra de Civiles Mapuches

Detenciones arbitrarias y tortura de campesinos mapuches
- Testimonio de las v铆ctimas
- M茅todos de tortura

Normas nacionales e internacionales aplicables

1948: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales

en dignidad y en derechos".
Declaraci贸n Universal de los Derechos Humanos,

Art铆culo 1.

1976: "Todo pueblo tiene el derecho imprescriptible e

inalienable a la autodeterminaci贸n. Define su

estatus pol铆tico en toda libertad, sin ninguna

injerencia extranjera exterior".
Declaraci贸n Universal de los Derechos de los Pueblos
de Argel.

1976: "Todos los pueblos tienen el derecho de libre-

determinaci贸n. En virtud de este derecho esta-

blecen libremente su condici贸n pol铆tica y
proveen asimismo a su desarrollo econ贸mico,

social y cultural".
Pacto Internacional de Derechos Sociales y Pol铆ticos

de la ONU, Art铆culo 1.

1994: "Los pueblos ind铆genas tienen derecho a la

libre determinaci贸n. En virtud de ese derecho

determinan libremente su condici贸n pol铆tica y

persiguen libremente su desarrollo econ贸mico,

social y cultural".
Proyecto de Declaraci贸n Universal de Derechos de los

Pueblos Ind铆genas de la ONU, Art铆culo 3.

1997: "Los pueblos ind铆genas tienen derecho a

determinar libremente su status pol铆tico y

promover libremente su desarrollo econ贸mico,

social, espiritual y cultural".

Declaraci贸n Interamericana de Derechos de los Pueblos

Ind铆genas de la OEA, Art铆culo 15.

Introducci贸n

Cuando el a帽o 1990 tom贸 posesi贸n del poder en Chile un nuevo gobierno civil, renaci贸 para los mapuches no s贸lo la esperanza de que se pusiera fin a las graves violaciones de derechos humanos de las que hab铆amos sido v铆ctimas durante la dictadura de Pinochet, sino tambi茅n la esperanza de que el nuevo r茅gimen democr谩tico trajera consigo un cuadro de garant铆as, de derechos y de libertades pol铆ticas m谩s favorable para las reivindicaciones hist贸ricas de nuestro pueblo. En un comienzo, todo parec铆a indicar hacia esa direcci贸n. El a帽o 1989, el entonces candidato presidencial de la Concertaci贸n de Partidos por la Democracia Patricio Aylwin Azocar, se comprometi贸 formalmente con los dirigentes mapuches en la ciudad de Nueva Imperial a legislar durante su gobierno en favor del desarrollo y la libertad de los pueblos ind铆genas y a establecer nuevas formas de relaci贸n entre ellos y el Estado chileno. El mismo compromiso estipulaba -entre otras cosas- que el nuevo gobierno reconocer铆a mediante un proyecto de reforma constitucional a los mapuches y dem谩s pueblos ind铆genas como sujetos espec铆ficos al interior el pa铆s; esto es, como entidades jur铆dico-pol铆ticas que existen como tales al interior del Estado y a las cuales les corresponden no s贸lo los derechos de los ciudadanos, sino que tambi茅n los derechos de los pueblos que se encuentran consignados en diversos instrumentos jur铆dicos internacionales, tales como el Convenio 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT) relativo a los pueblos ind铆genas y tribales en pa铆ses independientes, y los Pactos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Sin embargo, una vez en la Presidencia de la Rep煤blica, el nuevo gobierno se neg贸 a modificar el texto constitucional ante las presiones ejercidas por sectores empresariales y militares que se resist铆an a reconocerles derechos pol铆ticos y territoriales a los pueblos ind铆genas. Es as铆 como finalmente el gobierno promulg贸 en noviembre del a帽o 1993 una ley en donde se define al pueblo mapuche como una "etnia" con ciertos derechos menores, pero sin la posibilidad de escoger libre y soberanamente su destino. Nos referimos la Ley Ind铆gena N潞 19.253. Hoy, cuando ha transcurrido ya casi una d茅cada y dicha coalici贸n de partidos se apresta a iniciar un tercer mandato presidencial, nada se ha avanzado en ninguno de estos compromisos. Pero lo que es a煤n m谩s preocupante, se ha producido un resurgimiento de las violaciones de derechos humanos en contra de los mapuches por parte del Estado chileno y de guardias armados que defienden los intereses de las empresas transnacionales forestales que operan en nuestro territorio.

En los 煤ltimos meses, son numerosas las organizaciones y comunidades mapuches que hemos sufrido las consecuencias de la represi贸n gubernamental, porque se nos considera oponentes al gobierno y una amenaza para la seguridad interior del Estado. Dirigentes de comunidades que mantienen disputas territoriales con empresas forestales y de organizaciones que reclaman por la autonom铆a pol铆tica de nuestro pueblo han sido particularmente perseguidos y encarcelados. La mayor铆a de ellos est谩n siendo juzgados por tribunales militares y acusados de delitos violentos mediante montajes incriminatorios, pruebas fraudulentas, testigos sin rostro o confesiones obtenidas por medio de la tortura u otras formas de malos tratos. Tal como en los peores a帽os de la dictadura de Augusto Pinochet, en el pa铆s se ha configurado una mortal alianza entre el capital transnacional, la polic铆a y el Estado para implementar la guerra sucia en contra de nuestro pueblo. Todos los 煤ltimos acontecimientos que son documentados en el presente Informe se inscriben en esta l贸gica de guerra, la misma que durante la dictadura militar signific贸 el asesinato y posterior desaparici贸n de cientos de dirigentes campesinos mapuches, la desintegraci贸n del tejido social de nuestro pueblo y la instauraci贸n del miedo en la conciencia colectiva como elemento desmovilizador.

La creciente incidencia de las denuncias de violaciones de derechos humanos (amenazas, persecuci贸n pol铆tica, detenciones arbitrarias, torturas, militarizaci贸n de territorios, etc.) cuestiona el compromiso por el respeto de los derechos humanos y la democracia que los dos 煤ltimos gobiernos civiles chilenos manifiestan orgullosos ante diferentes foros y organismos internacionales, y exige que la comunidad internacional tome medidas urgentes y decididas para proteger los derechos fundamentales de nuestro pueblo y evitar que dentro del territorio mapuche se repita el cuadro de graves violaciones de derechos humanos que existi贸 durante la dictadura militar del general Pinochet.

Hoy en Chile no es posible bajo la actual legalidad e institucionalidad obtener avances sustantivos tanto de parte del gobierno como de los tribunales de justicia en la soluci贸n de nuestros conflictos, por cuanto ambos adolecen de la imparcialidad requerida en estos casos, cediendo por lo general ante las presiones que contra ellos ejercen los grupos econ贸micos que controlan el pa铆s. En los hechos, son diversos los personeros de gobierno, parlamentarios y/o autoridades regionales que mantienen estrechos v铆nculos -ya sea de parentesco o comerciales- con las empresas transnacionales que hacen hoy de nuestros recursos naturales la fuente de sus negocios y privilegios.

Hacemos por tanto un llamado urgente y solicitamos a todos los ciudadanos dem贸cratas del mundo a impulsar una campa帽a de denuncia en conjunto, a objeto de presionar al gobierno chileno a que adopte una actitud resuelta en la defensa de los derechos humanos y pol铆ticos de nuestra naci贸n, privilegiando a su vez las soluciones pol铆ticas y no las represivas en torno a nuestras justas reivindicaciones territoriales.

La Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco (CMAM) pide tambi茅n a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que se realice un seguimiento de todas las denuncias presentadas en este Informe y que se verifique en terreno la actitud represiva asumida por el Estado chileno para enfrentar un conflicto 茅tnico que podr铆a acarrear insospechadas consecuencias tanto para la estabilidad pol铆tica interna del Estado chileno como para la existencia y proyecci贸n futura de nuestra Naci贸n Mapuche.

Desde Territorio Mapuche

Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco

TRASFONDO DE LA SITUACI脫N ACTUAL

Introducci贸n

En diciembre del a帽o 1989, despu茅s de casi 20 a帽os de gobierno militar, fue elegido en Chile un gobierno civil p煤blicamente comprometido con la democracia y el respeto a los derechos humanos. Con el triunfo de la oposici贸n pol铆tica al r茅gimen de Pinochet en el plebiscito del a帽o 1988 y el posterior triunfo de la Concertaci贸n Democr谩tica en las elecciones presidenciales desarrolladas al a帽o siguiente, nuestro pa铆s pasa a vivir un proceso de transici贸n democr谩tica y un nuevo momento hist贸rico-pol铆tico de reapertura de anhelados horizontes sociales.

Para el pueblo mapuche, la llegada a la Presidencia de la Rep煤blica de Patricio Aylwin Azocar hizo nacer nuevas esperanzas de que se pusiera fin a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura en su territorio y de que el nuevo gobierno diera cauce pol铆tico a sus leg铆timas demandas socioecon贸micas y territoriales. Sin embargo, las esperanzas no se hicieron realidad. En los hechos, el retorno de la "democracia" no signific贸 un cambio mayor en la orientaci贸n de las pol铆ticas que sucesivas administraciones ven铆an aplicando al conjunto del pueblo mapuche. Pol铆ticas basadas en un indisimulado integracionismo cultural y en la negaci贸n de los derechos fundamentales que como a toda colectividad humana a los mapuches les corresponden. Prueba de ello fue la promulgaci贸n de la Ley Ind铆gena N潞 19.253 en octubre del a帽o 1993. Dicho cuerpo legal, llamado a constituirse seg煤n el gobierno en "el mayor logro jur铆dico de las organizaciones ind铆genas del pa铆s", termin贸 transform谩ndose a su salida del Parlamento en un instrumento incapaz de resolver los conflictos territoriales y otros problemas que aquejan a las comunidades mapuches, aunque muy 贸ptimo para el gobierno a la hora de implementar sus pol铆ticas de "divide y vencer谩s" en la esfera ind铆gena. Independiente de lo que se帽alen sus defensores, es un hecho que la "pol铆tica ind铆gena" implementada por la Concertaci贸n s贸lo viene a ser la continuidad del proceso de dominaci贸n pol铆tico-social que sufren los mapuches por parte del Estado chileno desde la invasi贸n militar de su territorio a fines del siglo pasado. Proceso que, dem谩s esta decir, adquiri贸 ribetes dram谩ticos durante el gobierno autoritario del general Pinochet.

Pero el car谩cter "continuista" del gobierno de Patricio Aylwin en relaci贸n con el gobierno militar no s贸lo se expres贸 en el 谩mbito pol铆tico de la dominaci贸n: a partir de la d茅cada de los noventa, la dif铆cil situaci贸n de pobreza y marginaci贸n social de las comunidades mapuches adquiere ribetes de espanto producto del compromiso ideol贸gico que el nuevo mandatario asume con el modelo econ贸mico neoliberal impuesto por la dictadura a sangre y fuego a principios de los ochenta. La mantenci贸n de este modelo de desarrollo capitalista, que privilegia ampliamente a los grupos econ贸micos nacionales e internacionales en detrimento de las clases despose铆das que quedan a merced de la superexplotaci贸n de las leyes del mercado, ha seguido fomentando la inversi贸n de capitales transnacionales en los territorios mapuches, ricos en materias primas, recursos naturales y zonas para la explotaci贸n tur铆stica. Tal es el caso de las empresas transnacionales forestales Mininco S.A. y Bosques Arauco, que han definido estrat茅gicamente el territorio de las comunidades mapuches de Arauco y Malleco como campo de acci贸n para sus millonarias inversiones durante los pr贸ximos veinte a帽os. En la pr谩ctica, esta arremetida del rubro forestal ha tra铆do como consecuencia graves problemas sociales, econ贸micos y culturales para las comunidades que cohabitan con las gigantescas plantaciones de dichas empresas, esto producto principalmente de la agresiva pol铆tica de expansi贸n implementada por las forestales en las 谩reas donde operan y que s贸lo en los 煤ltimos 20 a帽os ha significado la p茅rdida por parte de las comunidades de m谩s de 200 mil hect谩reas de sus territorios ancestrales.

Ricardo Carrere, en el libro-denuncia "La Tragedia del Bosque Chileno" se refiere a los grandes perjudicados por el desarrollo forestal, entre quienes destaca a los peque帽os campesinos mapuches. "La actividad forestal -dice- lejos de generar m谩s empleo, ha sido la causa directa de la expulsi贸n de campesinos y asalariados del campo... En una primera instancia, los campesinos emigran hacia zonas rurales aleda帽as, para trasladarse despu茅s a zonas urbanas, proceso que va acompa帽ado de un incremento en los 铆ndices de alcoholismo y prostituci贸n". Pero los problemas que acarrea la presencia de dichas empresas en el Wallmapuche no est谩n referidos solamente a la usurpaci贸n de las tierras y a la emigraci贸n de sus poblaciones, sino que tambi茅n al grave deterioro que sufre el medio ambiente en aquellas zonas que concentran altos niveles de actividad forestal.

A juicio del antrop贸logo Ra煤l Molina, los efectos medioambientales causados por la expansi贸n forestal son m煤ltiples y han impactado fuertemente a las comunidades mapuches que han quedado rodeadas o cercanas a las plantaciones. As铆 lo se帽ala en un estudio realizado por el Colegio de Antrop贸logos de Chile A.G., en mayo del a帽o 1999, referido al conflicto entre comunidades y empresas forestales. "En primer lugar -se帽ala Molina- las forestales en los fundos adquiridos proceden a eliminar los escasos bosques remanentes de bosque nativo. En muchos casos se tala incluso bosque de protecci贸n de cuencas y caudales de agua, lo que, sumado a las demandas de agua de las plantaciones, deseca las vertientes y altera los flujos h铆dricos, disminuyendo la posibilidad de aguas locales y afecta directamente la agricultura de las comunidades, as铆 como la disponibilidad de agua para bebida humana y animal... En segundo lugar, la plantaci贸n de monocultivo de pino insigne ha provocado un empobrecimiento en la biodiversidad y disponibilidad de alimentos a las familias mapuches. Adem谩s, la tala indiscriminada de la vegetaci贸n nativa ha significado la eliminaci贸n de parte de la fauna local producto del envenenamiento de las 谩reas de plantaciones... Por su parte, el uso indiscriminado de pesticidas lanzados por avi贸n para el control de plagas y malezas ha causado estragos en la agricultura mapuche y en la salud de los miembros de las comunidades".

Todos estos antecedentes permiten afirmar que el tipo de desarrollo econ贸mico neoliberal implementado en el pa铆s y que se dio en el marco de un r茅gimen dictatorial que brind贸 todo su apoyo a los grandes grupos econ贸micos nacionales y extranjeros, ha generado para el pueblo mapuche en los 煤ltimos 25 a帽os fuente inagotable de miseria, despojo y explotaci贸n. La mantenci贸n de este modelo por los gobiernos civiles de la Concertaci贸n significa un atentado contra los derechos fundamentales de la naci贸n mapuche, poniendo en grave peligro tanto la supervivencia de su poblaci贸n como su proyecci贸n futura en tanto colectividad cultural, social, econ贸mica y pol铆tica.

Es precisamente este el trasfondo del conflicto 茅tnico que se vive hoy en el sur de Chile y que surgi贸 a fines del a帽o 1997 cuando un grupo de comunidades miembros de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco dieron inicio a un per铆odo de fuertes movilizaciones para frenar la expansi贸n forestal sobre sus territorios y exigir al Estado chileno el reconocimiento y respeto de los derechos territoriales y pol铆ticos del conjunto del pueblo mapuche. Huelga decir que ante este y otros movimientos reivindicativos, los sucesivos gobiernos de la Concertaci贸n han asumido desde el comienzo una pol铆tica represiva, la cual ha girado, por un lado, en torno al derecho de los empresarios a la "propiedad privada" y, por otro, al equivocado concepto de la "unidad nacional" heredado por los gobiernos civiles de la Doctrina de la Seguridad Nacional del r茅gimen militar.

Wallmapuche; Historia de un siglo de despojo

El Estado chileno, desde sus or铆genes en el a帽o 1818, se caracteriz贸 por un marcado acento capitalista en lo econ贸mico y expansionista en lo territorial. Ambas caracter铆sticas, por supuesto, estaban 铆ntimamente ligadas. Desde mediados del siglo XIX, Chile fue incorporando territorios extranjeros mediante el uso de la fuerza militar para poder satisfacer los requerimientos de materias primas provenientes del naciente capitalismo europeo. Tanto la Guerra del Pac铆fico en el norte del pa铆s el a帽o 1879, como la ocupaci贸n militar del Wallmapuche el a帽o 1883, se enmarcan dentro de este proceso de desarrollo econ贸mico y expansi贸n pol铆tico-territorial.

A partir del a帽o 1866, aduciendo razones geopol铆ticas y econ贸micas, el Estado chileno inicia su intervenci贸n en el territorio habitado por los mapuches. Para ello, los gobiernos de la 茅poca combinaron diversas estrategias, tales como la dictaci贸n de leyes de propiedad sobre las tierras mapuches, el avance hacia el interior de las l铆neas de defensa militar y el asentamiento de colonos chilenos y extranjeros sobre el territorio ocupado. Hacia el a帽o 1881, el pueblo mapuche contaba con un territorio independiente que alcanzaba a 10 millones de hect谩reas. Al darse por concluida la ocupaci贸n militar chilena de la Araucan铆a el 1 de enero de 1883, los mapuches se vieron violentamente despojados del 90% de su territorio. Las tierras que luego se les entreg贸 mediante "T铆tulos de Merced" fueron conocidas como "reducciones" y sus mecanismos de adquisici贸n fueron establecidos en sucesivas leyes de colonizaci贸n e implementados por una Comisi贸n Radicadora de Ind铆genas. Este proceso de ocupaci贸n, despoblamiento y colonizaci贸n del Wallmapuche se inici贸 el a帽o 1883 y al finalizar, el a帽o 1929, el Estado chileno hab铆a entregado un total de 3.078 t铆tulos de merced a los mapuches que sobrevivieron a la guerra de ocupaci贸n. Estos t铆tulos equival铆an a un total aproximado de 475.194 hect谩reas que favorec铆an a una poblaci贸n de 77.751 mapuches.

El a帽o 1927 y a partir de la Ley N潞 4.169 comienzan a operar una serie de leyes y ordenanzas que buscar谩n la divisi贸n de las tierras comunitarias y la eliminaci贸n de los t铆tulos de merced. Debido a esto, muchas "comunidades mapuches" dividieron sus tierras entre las familias que las compon铆an y jur铆dicamente, aunque no en la pr谩ctica, se disolvieron. Entre los a帽os 1927 y 1970, 160 comunidades desaparecieron y sus tierras, a trav茅s de compras fraudulentas o mediante el uso de la violencia, pasaron a manos de particulares chilenos y grandes terratenientes, debiendo sus ocupantes originales emigrar de nuestro territorio hacia otras zonas del pa铆s. Otras 2.134 comunidades se mantuvieron bajo el r茅gimen de propiedad com煤n de las tierras de los t铆tulos de merced y alrededor de 800 se dividieron en hijuelas. No ser谩 sino hasta la llegada del gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) que el Estado chileno reconocer谩 la existencia de "tierras usurpadas" al pueblo mapuche.

El gobierno de Salvador Allende fue la primera oportunidad real que tuvieron los mapuches para solucionar la dif铆cil situaci贸n de marginaci贸n pol铆tica, social y territorial que les afectaba desde la p茅rdida de su independencia. La gran sensibilidad social que caracterizaba al nuevo mandatario permitir铆a avances importantes al respecto. Es as铆 como en marzo del a帽o 1971, el gobierno present贸 un proyecto de ley ind铆gena al Parlamento que recog铆a muchas de las aspiraciones que le fueron presentadas por el propio movimiento mapuche en m煤ltiples reuniones y congresos. Dicha ley, N潞 17.729, fue promulgada finalmente el 5 de septiembre del a帽o 1972 y entre sus principales aportes se encontraba el reconocimiento de la existencia de "tierras usurpadas" y el establecimiento de los mecanismos mediante los cuales se proceder铆a a su restituci贸n. Estos mecanismos eran b谩sicamente dos: la expropiaci贸n v铆a Corporaci贸n de Reforma Agraria y la adquisici贸n v铆a Instituto de Desarrollo Ind铆gena (IDI). Esta nueva ley ind铆gena alcanz贸 a funcionar un a帽o y permiti贸 la restituci贸n de 50 mil hect谩reas de las 150.000 que el Estado reconoc铆a como usurpadas a las comunidades desde el a帽o 1927. Luego, a partir del golpe de Estado que derroc贸 al gobierno de Allende y el inicio de la dictadura militar, se dio inicio en el pa铆s a un proceso de "contra-reforma agraria" y la mayor铆a de las tierras entregadas al pueblo mapuche fueron devueltas a sus antiguos propietarios o sacadas a remate p煤blico. Del total de 50.000 hect谩reas restituidas por la Unidad Popular, se calcula que s贸lo 20.000 quedaron definitivamente en manos de las comunidades.

Bajo el r茅gimen militar, tanto el conjunto del pueblo chileno como las comunidades y organizaciones que integraban el movimiento mapuche formado a fines de la d茅cada de los sesenta fueron violentamente reprimidos. En lo referente a las tierras mapuches, el gobierno declar贸 una parte de ellas como "propiedad fiscal" y a trav茅s de r谩pidos juicios embarg贸 y remat贸 otra parte por deudas a contribuciones y Bienes Ra铆ces. El instrumento principal usado por las autoridades para tender un manto de olvido sobre las "tierras usurpadas" y favorecer la adquisici贸n de 茅stas por parte de latifundistas y empresarios fue la promulgaci贸n del Decreto Ley N潞 2.568 del 22 de mayo de 1979 "sobre divisi贸n de las reservas ind铆genas". Sin embargo, la promulgaci贸n de dicho decreto persegu铆a un inter茅s mucho mayor que el de eliminar por decreto a los territorios ind铆genas y sus ocupantes.

A partir del a帽o 1974, el r茅gimen de Pinochet inicia en el pa铆s la instauraci贸n de una nueva estrategia de desarrollo capitalista, caracterizada por la apertura del mercado chileno al capital de empresas y grupos transnacionales. Dicha estrategia trajo como principal consecuencia para el pueblo mapuche el inicio de un proceso continuo y acelerado de reestructuraci贸n econ贸mica y espacial dentro de su territorio hist贸rico. Por exigencias de la liberalizaci贸n econ贸mica, las regiones VIII y IX, que comprenden casi la totalidad del Wallmapuche, pasaron de ser zonas exclusivamente agr铆colas y ganaderas a zonas de explotaci贸n eminentemente forestal. Es as铆 como a partir del a帽o 1975 el Estado empieza la venta de la totalidad de sus plantas de fabricaci贸n de celulosa a empresas extranjeras que m谩s tarde jugar铆an un papel protag贸nico en el acaparamiento de las tierras mapuches para la explotaci贸n forestal. Igual de importante ser铆a el papel que desempe帽ar铆a en este proceso la promulgaci贸n de otro decreto, el Decreto Ley N潞 701, mediante el cual el Estado se compromet铆a a subsidiar con el 75% de los costos de plantaci贸n el establecimiento de bosques sobre 谩reas "descubiertas y erosionadas". Si bien la promulgaci贸n de este decreto buscaba paliar los efectos negativos que causar铆a la reestructuraci贸n econ贸mica sobre los peque帽os y medianos agricultores del sur del pa铆s, en los hechos fue utilizado por un grupo de empresas forestales "amigas" para apoderarse de miles de hect谩reas de tierras en forma casi gratuita.

Pero el car谩cter expansionista del rubro forestal hizo que el gobierno militar llegara con sus medidas a煤n m谩s lejos. Hacia el a帽o 1978, el r茅gimen militar requer铆a "regularizar" la propiedad de las tierras de los peque帽os propietarios y de las comunidades mapuches para permitir el avance de las empresas forestales. De inmediato, el Banco Mundial apoy贸 al gobierno de Pinochet con un ambicioso y millonario plan de "regularizaci贸n de la propiedad", que signific贸 en una primera etapa la salida del campo de miles de familias campesinas chilenas. En su segunda etapa, el INDAP tendr铆a la misi贸n de "regularizar" las tierras en manos de las comunidades para ponerlas a entera disposici贸n del mercado forestal. La promulgaci贸n del DL. N潞 2.568 el a帽o 1979 se enmarcaba en dicho proceso de expansi贸n forestal que se iniciaba y su idea de entregar t铆tulos individuales a cada familia mapuche s贸lo buscaba como meta permitir que ellos vendieran sus tierras a las reci茅n instaladas empresas transnacionales.

Hacia el a帽o 1986, el Estado hab铆a vuelto a dividir un total aproximado de 1.700 comunidades. El INDAP hab铆a avanzado hasta el a帽o 1985 en la divisi贸n a un promedio de 295 comunidades por a帽o, qued谩ndole hac铆a el a帽o 1986 s贸lo 282 comunidades por dividir. Cada parcela de tierra resultante de la divisi贸n era debidamente inscrita y aunque su venta estuvo prohibida en el papel por un plazo de 10 a帽os, exist铆an argucias legales que posibilitaban su enajenaci贸n, tales como la compra bajo la figura fraudulenta del "arrendamiento por 99 a帽os". Todas estas medidas, tomadas en funci贸n de los intereses del modelo econ贸mico neoliberal aceleraron el empobrecimiento y la emigraci贸n forzada de la poblaci贸n mapuche hacia 谩reas urbanas de la zona central del pa铆s. Diversos estudios, entre ellos un revelador informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), revelan la magnitud de los efectos negativos que la implementaci贸n del nuevo modelo trajo como consecuencia para el pueblo mapuche.

Con el triunfo de la oposici贸n pol铆tica al r茅gimen de Pinochet el a帽o 1988 y el retorno de los gobiernos civiles al pa铆s el a帽o 1990, un nuevo escenario hist贸rico-pol铆tico comienza a vivir tanto el pueblo chileno como el pueblo mapuche y sus reivindicaciones territoriales. Una de las primeras medidas del nuevo mandatario concerniente a las demandas del pueblo mapuche fue la promulgaci贸n de una nueva "Ley Ind铆gena" el 28 de septiembre de 1993. Dicho cuerpo legal conten铆a algunas novedades a nivel del reconocimiento de los derechos sociales y culturales de los mapuches, pero result贸 ser claramente ineficiente a la hora de resolver la dram谩tica situaci贸n territorial que afecta a gran parte de las comunidades. El derecho de los pueblos a habitar un determinado territorio es una derecho inalienable reconocido en diferentes tratados y convenios internacionales de derechos humanos, sin embargo, 茅ste no es respetado por la actual legislaci贸n indigenista chilena que s贸lo reconoce como "tierras ind铆genas" a las escasas y peque帽as parcelas en que ha quedado reducido el Wallmapuche luego de 120 a帽os de sistem谩tica aplicaci贸n de pol铆ticas tendientes a recortarlo y dividirlo.

Con respecto a la restituci贸n de las "tierras usurpadas", si bien la nueva ley no reconoce su existencia, si establece algunos mecanismos para ampliar los dominios territoriales de las comunidades. El principal mecanismo es el Fondo de Tierras y Aguas Ind铆genas dependiente de la Corporaci贸n Nacional de Desarrollo Ind铆gena (CONADI), cuyos objetivos principales son "otorgar subsidios para la adquisici贸n de tierras por personas y comunidades ind铆genas" y "financiar los mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras", en especial en aquellas relativas a tierras ind铆genas en que existan antecedentes de provenir de los t铆tulos de merced u otras concesiones hechas por el Estado a lo largo de su historia. En la pr谩ctica, tanto la operaci贸n de la CONADI como la de este Fondo se han caracterizado por una extrema burocracia e ineficiencia a la hora de solucionar los conflictos territoriales mapuches. A lo bajo del presupuesto asignado por el Estado a la Corporaci贸n para cumplir sus funciones, se suma su incapacidad t茅cnica y pol铆tica para poder expropiar los predios en disputa y restiruirlos legalmente a las comunidades, aun cuando una gran mayor铆a de ellos fueron adquiridos por empresas forestales y particulares en un momento politico-institucional completamente irregular como lo fue la dictadura militar. Por el contrario, el mecanismo que contempla el Fondo para dotar de tierras a las comunidades es la "compra" de 茅stas a los usurpadores, claro que siempre y cuando ellos quieran venderlas y el Fondo cuente con los recursos necesarios para pagar los altos precios normalmente exigidos. Sin duda, esta burocr谩tica y poco eficiente estrategia de resoluci贸n de conflictos dif铆cilmente se podr铆a calificar como un aporte al reconocimiento de los derechos ancestrales del pueblo mapuche.

Desde la entrada en operaci贸n de este Fondo de Tierras y Aguas Ind铆genas el a帽o 1994, cerca de 30 mil hect谩reas han sido adquiridas por la CONADI y entregadas a las comunidades mapuches, aunque la mayor铆a de ellas gracias a concesiones gratuitas hechas por el Ministerio de Bienes Nacionales. Durante el a帽o 1999 y producto de las fuertes movilizaciones desarrolladas por las comunidades en conflicto, el gobierno de Eduardo Frei decidi贸 aumentar en un 37% el presupuesto destinado a la compra de tierras dentro de la CONADI. Sin embargo, dicho aument贸 resulta para el pueblo mapuche incapaz de solucionar una situaci贸n de conflicto que ya desbord贸 el restringido car谩cter campesinista de 茅pocas anteriores y que se ha transformado en un verdadero conflicto de caracter铆sticas etno-nacionales.

Todos los antecedentes hist贸ricos entregados nos vienen a demostrar que el Estado chileno es el principal responsable de la grave situaci贸n territorial que afecta hoy al pueblo mapuche y que ha gatillado el clima de tensi贸n y violencia que se vive hoy al sur del pa铆s. Es el Estado el que conquista militarmente y luego "reduce" el territorio del pueblo mapuche, dej谩ndole a sus habitantes una fracci贸n insignificante de las tierras ocupadas por ellos antes de la invasi贸n el a帽o 1881. Es el Estado el que a trav茅s de una errada pol铆tica de colonizaci贸n pone en manos pocos propietarios inmensas extensiones de tierras ubicadas en medio del antiguo territorio mapuche. Es el Estado el que durante la Reforma Agraria vuelve a hacerse presente, pero esta vez "devolviendo" las tierras que el mismo les hab铆a quitado a los mapuches noventa a帽os atr谩s, para volver a quit谩rselas por las arm谩s un par de a帽os despu茅s. Y finalmente, es el Estado el ha tenido la incapacidad de transformar la 煤ltima ley ind铆gena en una herramienta de reconocimiento y protecci贸n de los derechos de los mapuches, al ceder constantemente dicha aspiraci贸n frente a las presiones ejercidas por el capital nacional y extranjero.

Iniciativas del Gobierno en materia de Derechos Ind铆genas

Desde el t茅rmino de la dictadura militar, varias han sido las iniciativas emprendidas por los gobiernos de la Concertaci贸n en materia de reconocimiento de los derechos ind铆genas, tales como la creaci贸n el a帽o 1990 de la Comisi贸n Especial de Pueblos Ind铆genas (CEPI), la promulgaci贸n de la Ley N潞 19.253 y la posterior creaci贸n el a帽o 1994 de la Corporaci贸n Nacional de Desarrollo Ind铆gena (CONADI). Sin embargo, todas estas iniciativas han tenido un car谩cter meramente testimonial y en la practica no se han producido mayores cambios. Hasta el d铆a de hoy, los derechos de los pueblos ind铆genas en Chile se siguen violando, sus tierras siguen siendo usurpadas por empresas transnacionales, no se respetan sus formas de organizaci贸n ni sus autoridades tradicionales ni aquellos recursos naturales que por siglos les han permitido sobrevivir, y -lo que es peor- se insiste todav铆a en un modelo de sociedad que promueve la asimilaci贸n y el exterminio de sus culturas.

El primer intento fallido del gobierno por mejorar su imagen con respecto a la relaci贸n con los pueblos ind铆genas fue la creaci贸n de la Comisi贸n Especial de Pueblos Ind铆genas (CEPI) el a帽o 1990. Esta instituci贸n ten铆a como principales mandatos atender las demandas econ贸mico-sociales de los ind铆genas y elaborar un nuevo proyecto de ley ind铆gena para su tramitaci贸n en el Congreso. Con la promulgaci贸n de la Ley N潞 19.253 sobre protecci贸n y fomento de los pueblos ind铆genas el 28 de septiembre del a帽o 1993, el trabajo de la CEPI lleg贸 a su fin y en el horizonte ind铆gena chileno hizo su aparici贸n el indigenismo como pol铆tica de Estado.

La Ley N潞 19.253, ampliamente publicitada como "Ley Ind铆gena", ser铆a el segundo intento fallido del gobierno. Dicha ley conten铆a novedades de importancia en torno al reconocimiento de los derechos socioculturales de los mapuches, pero estas "novedades" resultaron claramente ineficientes ante el dramatismo que hab铆a adquirido la realidad de dicho pueblo al t茅rmino de la dictadura militar. La Ley N潞 19.253 no result贸 "ind铆gena" no s贸lo por haber sido elaborada por funcionarios del gobierno, sino tambi茅n porque no recog铆a ni el sentir de los mapuches ni el leg铆timo reconocimiento de sus derechos pol铆tico-territoriales. Es as铆 como uno de los aspectos m谩s criticados de esta ley es el no haber reconocido constitucionalmente el car谩cter de "pueblo" de los mapuches, ni siquiera en el limitado sentido que a esa palabra le otorga el Convenio 169 de la OIT. En la nueva legislaci贸n se us贸 la palabra "etnia" para definir tanto a los mapuches como a los dem谩s pueblos ind铆genas de Chile, a pesar de los reclamos presentados por sus dirigentes y por especialistas en convenios internacionales que hicieron ver a los legisladores lo impropio que resultaba utilizar un concepto que hab铆a sido desechado desde hace ya bastante tiempo en el lenguaje internacional. Este hecho -por si s贸lo- represent贸 un grave incumplimiento por parte del gobierno del acuerdo preelectoral adoptado con el movimiento mapuche el a帽o 1989 en la ciudad de Nueva Imperial.

Consecuencia directa de la promulgaci贸n de la nueva ley ser铆a el tercer intento fallido del gobierno: la creaci贸n de la Corporaci贸n Nacional de Desarrollo Ind铆gena (CONADI). Dicha Corporaci贸n, seg煤n se帽alan sus propias disposiciones legales, ser铆a "el organismo encargado de promover, coordinar y ejecutar, en su caso, la acci贸n del Estado a favor del desarrollo integral de las personas y comunidades ind铆genas, especialmente en lo econ贸mico, social y cultural, y de impulsar su participaci贸n en la vida nacional". Sin embargo, en los hechos la creaci贸n de esta nueva instituci贸n de gobierno no s贸lo vino a reproducir la larga tradici贸n chilena de organismos oficiales que intermediaban y muchas veces sustitu铆an a los pueblos ind铆genas y a sus organizaciones representativas, sino que, adem谩s, introdujo en el pa铆s una nueva estrategia de asimilaci贸n/exterminio importada desde uno de los institutos indigenistas m谩s importantes de Latino Am茅rica: el Instituto Nacional Indigenista (INI) de M茅xico.
Fiel a los postulados del indigenismo mexicano que busca "solucionar" la problem谩tica ind铆gena a trav茅s de un sin fin de proyectos sociales y productivos, pero sin contradecir ni cambiar la pol铆tica econ贸mica neoliberal imperante al interior de sus fronteras, la CONADI ha demostrado desde su creaci贸n una completa ineficiencia para resolver los conflictos territoriales mapuches, generando por el contrario s贸lo confusi贸n y divisi贸n al interior de las comunidades al actuar como un instrumento m谩s de la estrategia pol铆tica, social y econ贸mica de los gobiernos de turno. Independiente de lo que se帽ale el texto de la ley ind铆gena, la CONADI no fue creada para contribuir a la preservaci贸n y el desarrollo de nuestros pueblos, sino m谩s bien para implementar en la esfera ind铆gena las pol铆ticas oficiales tendientes a su integraci贸n nacional y posterior desaparecimiento como culturas.

Aunque parezca extra帽o, han sido las propias actuaciones de los gobiernos de la Concertaci贸n las que han liquidado a la CONADI como instrumento confiable para el pueblo mapuche.

En abril del a帽o 1997, aduci茅ndose como causas una serie de "desordenes administrativos" al interior de la Corporaci贸n el propio Presidente Eduardo Frei pidi贸 la renuncia de su primer director, el dirigente mapuche Mauricio Huenchulaf Cayuqueo. No obstante las causas argumentadas por el Ejecutivo, gran parte del pueblo mapuche estim贸 que su remoci贸n obedec铆a a la intenci贸n del gobierno de eliminar los obst谩culos pol铆ticos que impedir铆an dentro del Consejo Nacional de la Corporaci贸n la ejecuci贸n del Proyecto Ralco en la zona cordillerana de la VIII regi贸n y que significar铆a la construcci贸n de seis centrales hidroel茅ctricas en la cuenca superior del r铆o B铆o-B铆o y el desalojo de m谩s de 500 familias mapuche-pehuenches de sus tierras ancestrales.

La construcci贸n de la Represa Ralco, de acuerdo al art铆culo 13 de la Ley Ind铆gena, resultaba absolutamente ilegal. As铆 lo hab铆a observado el Consejo Nacional de la CONADI en un informe-respuesta entregado a la empresa espa帽ola ENDESA en el mes de junio del a帽o 1996 y as铆 lo hab铆a manifestado p煤blicamente el propio Mauricio Huenchulaf. Del mismo modo y ajust谩ndose al compromiso adquirido con su participaci贸n en instancias internacionales tales como el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Ind铆genas de Naciones Unidas y la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Corporaci贸n se manifestaba contraria a cualquier traslado forzoso de poblaci贸n mapuche-pehuenche desde sus lugares de origen.

Tras la remoci贸n de su primer director, el gobierno chileno design贸 en su reemplazo a Domingo Namuncura, miembro de un partido de gobierno y hombre de confianza del Presidente Eduardo Frei. Sin embargo, a poco andar comenzaron de nuevo los cuestionamientos al proyecto por parte del Consejo Nacional de la Corporaci贸n y en agosto del a帽o 1998 el gobierno volvi贸 a descabezar la CONADI con la destituci贸n del reci茅n asumido nuevo director y la petici贸n de renuncia de dos de sus consejeros. Tanto Domingo Namuncura como los consejeros Cristian Vives y Mylena Valenzuela hab铆an advertido semanas antes que rechazar铆an las permutas de tierras ofrecidas por ENDESA si se comprobaba que la empresa hab铆a utilizado medidas fraudulentas para obtener el consentimiento de las familias pehuenches. Como las permutas de tierras eran un requisito indispensable para la ejecuci贸n del Proyecto Ralco, el gobierno opt贸 por destituir a Namuncura y designar en su reemplazo al abogado socialista Rodrigo Gonz谩lez.

La destituci贸n de Domingo Namuncura obedeci贸, sin duda, a sus diferencias frente a la posici贸n mercantilista de un gobierno chileno decidido a violar tanto los derechos de las familias pehuenches afectadas por la represa como a la propia ley ind铆gena con tal de satisfacer los intereses de sus aliados econ贸micos espa帽oles. Es as铆 como en enero del a帽o 1999, a pesar del rechazo de todos los consejeros ind铆genas y de variadas movilizaciones de protesta realizadas al interior del Wallmapuche, las permutas de tierras ofrecidas por la empresa espa帽ola ENDESA fueron aprobadas con la sola participaci贸n del nuevo director y los miembros del Consejo Nacional que representaban los intereses del gobierno.

A exactos diez a帽os de retornada la "democracia" al pa铆s, poco o nada es lo que efectivamente se ha avanzado en torno al reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos ind铆genas en general y del pueblo mapuche en particular. Contrario a lo que sucede en gran parte de los dem谩s pa铆ses del continente, los 煤ltimos dos gobiernos chilenos se han negado a reconocerle al pueblo mapuche derechos colectivos que vayan m谩s all谩 de la de ser meros receptores de espor谩dicas pol铆ticas sociales. Es m谩s, la "transici贸n a la democracia" liderada por los partidos de la Concertaci贸n ha violado todos los compromisos establecidos entre el Estado y las organizaciones mapuches desde el a帽o 1989. La CONADI, 贸rgano institucional surgido del Acuerdo de Nueva Imperial, no ha promovido ni defendido los derechos del pueblo mapuche, no ha protegido sus tierras, formas de organizaci贸n ni su cultura, dejando a las comunidades abandonadas y a merced de la voracidad expansiva de las empresas transnacionales forestales, energ茅ticas, mineras y tur铆sticas.

El Estado chileno tampoco a sido capaz de proteger los recursos naturales de los territorios mapuches. Desde el fin de la dictadura militar, casi un 10% de las 1.300 concesiones mineras constituidas y en tr谩mite a comienzos de 1996 entre Arauco y Chilo茅 se ubicaron al interior de comunidades mapuches y huilliches. Por otro lado, mientras apenas un 2% de las aguas mapuches se encuentran inscritas, el 75% de los derechos de agua existentes al interior del Wallmapuche han sido otorgados a empresas mineras, forestales, agr铆colas e hidroel茅ctricas. Asimismo, en distintos lagos del sur del pa铆s, tales como el Calafquen y Pellaife, y en las costas de Tir煤a, Carahue, Tolt茅n, Mehuin, Valdivia y Chilo茅 el Estado ha otorgado concesiones de acuicultura a empresas exportadoras ajenas a las comunidades que han producido un fuerte impacto ecol贸gico.

El errado manejo de la tem谩tica ind铆gena por parte de los gobiernos de la Concertaci贸n es un hecho reconocido incluso a nivel internacional. Es as铆 como en agosto del a帽o 1999 el Comit茅 de las Naciones Unidas para la Eliminaci贸n de la Discriminaci贸n Racial sugiri贸 al gobierno chileno que se "disculpara" formalmente con los pueblos ind铆genas e implementara medidas que permitieran compensarlos por el trato racista y discriminatorio que hist贸ricamente ellos han sufrido. Una cr铆tica en el mismo sentido formul贸 al gobierno el Departamento de Estado norteamericano en su Informe Anual de Derechos Humanos correspondiente al a帽o 1999. En dicho informe se se帽ala, entre otras cosas, que si bien los mapuches participaron en una primera etapa en la elaboraci贸n de la ley ind铆gena, "en la pr谩ctica, la capacidad de los pueblos ind铆genas de participar en las decisiones gubernamentales que tengan que ver con sus recursos, propiedad o cultura, es marginal". Del mismo modo, el informe asegura que los mapuches sufren en Chile de una grave discriminaci贸n social y racial.

1999: Cr贸nica de un conflicto anunciado

En octubre del a帽o 1997, cuando el tema ind铆gena figuraba entre las 煤ltimas preocupaciones del gobierno chileno, intempestivamente la prensa nacional destacaba en sus titulares a un peque帽o y perdido poblado de la Provincia de Malleco: Lumako. All铆, en la madrugada del d铆a 13 de octubre, mientras las autoridades nacionales aun se encontraban celebrando junto a diplom谩ticos espa帽oles el "encuentro de dos mundos" y la llegada del progreso y la palabra de Dios al nuevo continente, m谩s de un centenar de mapuches miembros de las comunidades Pichiloncoyan y Pilinmapu ingresaron al fundo Pidenco dispuestos a paralizar las faenas de explotaci贸n que la empresa Forestal Bosques Arauco realizaba en sus tierras ancestrales. Por un d铆a, hombres, mujeres, ancianos y ni帽os mapuches restablecieron soberan铆a sobre 3.000 hect谩reas de un territorio que antes de la invasi贸n militar chilena ascend铆a a 10 millones.

La respuesta del gobierno, por supuesto, no se hizo esperar. Al mediod铆a del martes 14 de octubre, por orden del gobierno regional, un gran contingente de fuerzas policiales arremeti贸 violentamente contra los mapuches deteniendo a 37 de ellos y dejando heridos a otros tantos. La quema de tres camiones de la empresa forestal llevada a cabo un mes m谩s tarde por miembros de las comunidades en conflicto fue la excusa para que las autoridades arremetieran nuevamente contra ellos, con todo el odio y el racismo que ha caracterizado por d茅cadas a la clase pol铆tica chilena y a sus fuerzas de orden y seguridad. De inmediato, el Intendente de la IX regi贸n Oscar Eltit, a nombre del Ministerio del Interior, present贸 un requerimiento por infracci贸n a la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra del conjunto del pueblo mapuche. As铆, antes de realizar ning煤n tipo de investigaci贸n ni tomar en cuenta un revelador Informe recibido de la "Comisi贸n Nacional de Observaci贸n y Mediaci贸n" creada por el Ministerio del Interior para conocer el trasfondo de los hechos ocurridos en la zona de Lumako, el gobierno optaba por el camino de la represi贸n masiva, con un amplio despliegue de efectivos policiales y militares, y con una estrategia comunicacional que enfatizaba la "hip贸tesis" de una eventual infiltraci贸n de grupos armados de ultraizquierda en el accionar reivindicativo de las comunidades.

A partir de entonces, un gran n煤mero de comunidades en Traigu茅n, Collipulli, Ca帽ete, Ercilla, Tirua, Nueva Imperial, Galvarino, entre otras comunas de las regiones VIII y IX del sur de Chile, se han sumado progresivamente a las movilizaciones iniciadas en Lumako dando inicio a un proceso masivo de recuperaci贸n de tierras usurpadas y de reconstrucci贸n de una fuerza pol铆tico-social que pueda hacer valer ante el Estado chileno los derechos inalienables que como a toda colectividad humana a los mapuches les corresponden.

De ese modo, las aisladas acciones reivindicativas de las comunidades de Lumako pasaron en menos de un a帽o a transformarse en un abierto conflicto del pueblo mapuche en su conjunto con las empresas transnacionales forestales (de gran influencia econ贸mica y pol铆tica en el pa铆s), con el modelo de desarrollo capitalista implementado durante la dictadura y con la estructura politico-institucional del Estado-naci贸n chileno. Teniendo en cuenta estos antecedentes, no extra帽a la actuaci贸n del gobierno durante el transcurso de este conflicto pol铆tico-social, sin duda, el peor que le ha tocado afrontar desde que se iniciara en el pa铆s el a帽o 1990 el llamado "per铆odo de transici贸n a la democracia".

Desde que comenz贸 esta nueva etapa de movilizaciones por parte del pueblo mapuche, las autoridades pol铆ticas del pa铆s no han trepidado en aplicar toda la fuerza del aparato represivo para proteger los intereses de las empresas forestales, encarcelar a los dirigentes y desarticular al movimiento en su conjunto. Recurri贸 en un primer momento a la Ley de Seguridad Interior del Estado, a la militarizaci贸n de vastas zonas del Wallmapuche y a una represi贸n selectiva sobre las comunidades calificadas por los organismos de seguridad como m谩s "conflictivas" y "radicalizadas". Luego, desconcertado ante la persistencia de las ocupaciones de predios forestales y los altos 铆ndices de apoyo con que contaban las movilizaciones mapuches en amplios sectores de la sociedad chilena, el gobierno recurri贸 a una estrategia pol铆tico-militar basada en la supuesta b煤squeda de una salida pac铆fica al conflicto y en la represi贸n encubierta contra aquellos sectores mapuches que no aceptaran "negociar" en los t茅rminos que el ejecutivo impondr铆a. Esta nueva estrategia para enfrentar la "crisis mapuche" estaba dise帽ada con el objetivo de proyectar ante la sociedad civil chilena una imagen de respeto hacia el mundo ind铆gena y ante el empresariado una imagen de eficiencia en el manejo de 谩reas conflictivas, permiti茅ndole de paso al ejecutivo retomar la iniciativa pol铆tica en un conflicto que desde sus inicios se manten铆a fuera de su control.

Es as铆 como el jueves 6 de mayo, haciendo un llamado al dialogo entre los mapuches y las empresas forestales, el gobierno envi贸 a la zona del conflicto al Ministro de Desarrollo y Planificaci贸n Nacional (MIDEPLAN) Germ谩n Quintana, para que a trav茅s de encuentros con las comunidades pudiera canalizar sus demandas "por la v铆a legal e institucional". Los denominados "di谩logos comunales mapuches" fueron llevados a cabo por una comisi贸n especial de gobierno presidida por el Ministro y su mandato era elaborar un informe en terreno de las demandas y necesidades de las comunidades, para uso posterior del ejecutivo. "Los di谩logos comunales son la 煤nica salida real para el conflicto 茅tnico que se vive en el sur del pa铆s", se帽alaba el Ministro a su llegada al territorio mapuche. Sin embargo, olvidaba mencionar que dicha "煤nica salida" s贸lo beneficiar铆a a aquellas comunidades que no cuestionaban las pol铆ticas econ贸micas e indigenistas del Estado y no precisamente a aquellas que con sus movilizaciones y combatividad hab铆an puesto el tema ind铆gena en el primer lugar de la agenda gubernamental. Para estas 煤ltimas, la "煤nica salida real" que traer铆a el Ministro Quintana seguir铆a siendo la represi贸n policial, el amedrentamiento colectivo y la c谩rcel.

Esto vino a quedar demostrado el mismo d铆a 6 de mayo: en momentos en que el Ministro Quintana viajaba al sur del pa铆s para "dialogar" con las comunidades mapuches, en la localidad de Traigu茅n -epicentro del conflicto mapuche- eran detenidos y sometidos a proceso 13 de los principales dirigentes de las comunidades en conflicto de la zona. Entre ellos estaban Pascual Pich煤n, lonko de la comunidad Antonio 脩iripil de Temulemu; Aniceto Norin, lonko de la comunidad Didaico y Carlos Ram铆rez, dirigente de la comunidad Pichipangueco, todos miembros de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco. Tan s贸lo tres d铆a m谩s tarde otro miembro de la misma organizaci贸n, Pedro Cayuqueo, era detenido en el Aeropuerto Internacional de Santiago por funcionarios de la Polic铆a de Investigaciones de Chile. Cayuqueo, acababa de regresar desde Ginebra, Suiza, luego de haber participado del 55潞 Periodo de Sesiones de la Comisi贸n de Derechos Humanos de la ONU, donde hizo entrega a la Comisi贸n de un detallado informe referido a la situaci贸n de derechos humanos en la zona del conflicto mapuche. En dicho informe, se pone de manifiesto la persistencia de las violaciones de derechos humanos en las zonas de conflicto, la persecuci贸n y el procesamiento de dirigentes en virtud de acusaciones falsas y tambi茅n la impunidad de que gozan los miembros de las fuerzas policiales implicados en tales atropellos. Luego de permanecer un d铆a detenido y sometido a intensos interrogatorios en los cuarteles de la Polic铆a de Investigaciones de Santiago, Cayuqueo fue trasladado bajo un fuerte resguardo policial hasta la c谩rcel de Traigu茅n, donde finalmente fue sometido a proceso por el delito de "usurpaci贸n de tierras" junto a los dem谩s dirigentes de la zona.

De esta forma el gobierno implementaba en los hechos su nueva estrategia pol铆tico-militar tendiente a desarticular el movimiento reivindicativo mapuche, cubriendo la represi贸n selectiva con el barniz pacifico y conciliador que le otorgaban los "di谩logos comunales". Pronto, con la designaci贸n de "ministros especiales", la aplicaci贸n de leyes altamente restrictivas y el involucramiento de la justicia militar en el juzgamiento de civiles mapuches, la estrategia del gobierno mostrar铆a una nueva cara y el hostigamiento permanente hacia las comunidades en conflicto comenzar铆a a darse tambi茅n por la v铆a legal.

Desde que el gobierno chileno dio formalmente inicio al proceso de di谩logos en mayo de 1999, en el Wallmapuche se comenz贸 a verificar un proceso de militarizaci贸n de las zonas en conflicto que no ha logrado otra cosa que agudizar el enfrentamiento entre las partes y los abusos por parte de las fuerzas policiales. Hoy, la represi贸n sistem谩tica y la tortura de los detenidos constituyen una forma concreta de propalar el terror entre las comunidades con el fin de paralizar sus movilizaciones. Testimonios directos de mapuches dan cuenta de ello. Luis Ancalaf, lonko de la comunidad Choin Lafkenche y activo miembro de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, fue detenido por fuerzas policiales en un allanamiento ilegal realizado el 19 de agosto de 1999 en su domicilio. "Lo que sucedi贸 fue un allanamiento t铆pico, con mucha violencia donde no se respet贸 nada. Hasta los perros tocaron palos. En 茅l participaron carabineros y polic铆as de civil, 50 o 60 efectivos fuertemente armados. Todo lo estaba preparando con tiempo la empresa Forestal Mininco, con la cual tenemos desde hace a帽os un conflicto territorial. Escogieron un d铆a de lluvia cuando estabamos todos en la casa, mi padre, mi madre, mujeres, ni帽os chicos, mi se帽ora embarazada. En ning煤n momento se nos inform贸 porque nos deten铆an, ni nos mostraron una orden judicial que los autorizara a ingresar as铆 a nuestra casa. A pesar de que no opusimos resistencia igual nos golpearon brutalmente. Antes de llegar a Collipulli, a los seis que 铆bamos detenidos nos pasaron a un colegio rural para que nos lav谩ramos la sangre", recuerda el dirigente, quien luego de permanecer una semana incomunicado en la C谩rcel de Temuco acusado de violar la ley de Seguridad Interior del Estado fue dejado en libertad sin cargos.

Pero la brutalidad no proviene tan s贸lo del actuar represivo y arbitrario de las fuerzas policiales chilenas. En las diferentes comunidades en conflicto, desde hace muchos a帽os que impera la ley de la selva impuesta por las empresas forestales y sus grupos paramilitares. Ello, avalado por la actitud complaciente de una fuerza policial que no ha adoptado una posici贸n neutral en torno al conflicto. En Cuyinko, Tirua, Lleu-Lleu, Lumako, Traigu茅n, Ercilla y Collipulli, por mencionar s贸lo algunas zonas afectadas, los guardias armados de las empresas forestales se pasean intimidando a las comunidades y sobrepasando, de hecho, la autoridad de la polic铆a. La mayor铆a de sus miembros se caracteriza por el racismo y el odio que sienten hacia el pueblo mapuche. Muchos, adem谩s, son ex-miembros de los organismos de seguridad que el r茅gimen militar cre贸 para eliminar a opositores pol铆ticos de izquierda, tales como la Central Nacional de Informaciones (CNI) y la Direcci贸n de Inteligencia Nacional (DINA). Por otro lado, grupos de latifundistas han comenzado a organizar sus propias bandas paramilitares para amedrentar a las comunidades que reclaman sus derechos sobre las tierras usurpadas. Freddy Molina e Italo Subiabre son algunos de los l铆deres del Frente Com煤n por la Defensa de las Tierras (FCDT) de la zona de Collipulli, organizaci贸n armada clandestina que ha perpetrado ataques incendiarios junto a guardias armados de la empresa OSEPAR en contra de instalaciones forestales y puentes carreteros que luego han sido imputados a las comunidades mapuches del sector.

Si bien el gobierno chileno en abril del a帽o 1999 advirti贸 que no tolerar铆a el armamentismo il铆cito y la existencia de bandas paramilitares en la zona del conflicto mapuche, lo cierto es que lejos de desaparecer la formaci贸n de estos grupos armados a proliferado entre los latifundistas y empresarios forestales que operan en el Wallmapuche. El doble discurso que ha caracterizado el actuar del gobierno chileno no es, sin duda, una muy buena se帽al a la hora de exigir el respeto de las leyes y de la institucionalidad.

Tan s贸lo dos d铆as antes de la llegada del enviado presidencial a la zona del conflicto, el 4 de marzo, dos diputados de gobierno, Guido Girardi y Eugenio Tuma, hab铆an solicitado al Ministro del Interior, Ra煤l Troncoso, que se aplicara la Ley de Seguridad Interior del Estado a las empresas forestales, ya que estas habr铆an contratado bandas armadas para efectuar labores encubiertas de seguridad en los predios en disputa. La petici贸n de los parlamentarios se basaba en un informe de la Polic铆a a de Investigaciones de la IX regi贸n fechado el 14 de enero, y que daba cuenta que personal de la empresa de seguridad privada OSEPAR de Temuco, contratado supuestamente para el control y la prevenci贸n de incendios forestales, realizaba en la pr谩ctica labores de vigilancia armada y acciones de amedrentamiento en contra de las comunidades mapuches del sector. "Lo que aqu铆 corresponde es realizar una investigaci贸n seria y aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, porque esto equivale a que existan en Chile una especie de polic铆as paramilitares al margen de toda legalidad", se帽alaba ante la prensa el diputado Girardi. Sin embargo, y a pesar de existir un informe de un organismo policial al respecto, la petici贸n finalmente no fue acogida por el gobierno chileno.

La impunidad en el actuar de los guardias armados se ha acrecentado de manera dram谩tica en los 煤ltimos meses, llegando incluso a producirse una triple alianza entre 茅stos, las fuerzas policiales y los organismos de inteligencia y seguridad del Estado para implementar una campa帽a de guerra sucia en contra del conjunto del pueblo mapuche.

Hoy las redes de informaci贸n y vigilancia, tanto de las forestales como de carabineros, se han establecido en todos los sectores donde el gobierno identifica la presencia de comunidades "conflictivas". En Traigu茅n, Collipulli, Lleu-Lleu, Truf-Truf o Los Alamos los miembros de las comunidades vienen denunciando desde hace mucho tiempo la presencia de civiles armados, veh铆culos sin patente que transitan a gran velocidad al interior de los predios y la realizaci贸n por parte de las empresas de montajes incriminatorios en contra de sus dirigentes y organizaciones. En Cuyinko, comuna de Los Alamos, la empresa Forestal Bosques Arauco posee desde hace varios a帽os una completa infraestructura de inteligencia y un equipo de "seguridad paramilitar" integrado mayoritariamente por ex miembros de la CNI que hoy cumplen labores para la empresa de seguridad OSEPAR. Precisamente estos 煤ltimos fueron los responsables, en octubre del a帽o 1999, de la brutal golpiza que afect贸 a Bernardo Ramos, 54 a帽os, profesor del Liceo Polit茅cnico de Lebu y activo defensor de los derechos del pueblo mapuche en la zona de Arauco.

Convaleciente a煤n de las graves lesiones sufridas tras el ataque, el profesor Ramos relat贸 que una noche de octubre regresaba a su casa caminando por las calles del puerto de Lebu cuando recibi贸 por detr谩s un fuerte golpe en la cabeza. "Inmediatamente se fueron encima como cuatro tipos encapuchados, golpe谩ndome por todos lados mientras me dec铆an 隆Esto es por ayudar a los indios, a los mapuches!. En un momento logr茅 zafarme y corr铆 a mi casa refugi谩ndome en el ba帽o. Ellos me siguieron hasta all铆, derribaron la puerta y me continuaron golpeando. Patadas, golpes de pu帽os, con un fierro en todo el cuerpo. Yo gritaba pidiendo auxilio. Cuando los tipos sintieron llegar a mi hermana huyeron. Yo estaba ba帽ado en sangre, Ten铆a un corte muy profundo en la frente y contusiones en todo el cuerpo. Seg煤n los doctores, debieron golpearme con un laque o algo as铆", relat贸 el profesor.

Al d铆a siguiente del atentado, Bernardo Ramos deb铆a presentarse como testigo judicial a favor del dirigente de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, Jos茅 Huenchunao Mari帽谩n. Huenchunao, uno de los principales l铆deres del actual movimiento mapuche, era uno de los 31 miembros de esa organizaci贸n que hab铆an sido detenidos el 23 de agosto de 1999 en un allanamiento ilegal realizado por fuerzas policiales al interior de la comunidad Pablo Quintriqueo de Cuyinko. Durante la permanencia en la c谩rcel de Lebu de los mapuches, el profesor Ramos realiz贸 diversas campa帽as de solidaridad y de denuncia a favor de los detenidos. Al igual que otras personas del sector comprometidas con la lucha de las comunidades mapuches en contra de la Forestal Bosques Arauco, el profesor asegur贸 que en el 煤ltimo tiempo era seguido por civiles no identificados y veh铆culos sin patente. Luego del brutal ataque de que fue objeto, su abogado solicit贸 protecci贸n policial para 茅l y su familia. Hasta el d铆a de hoy, dicha petici贸n aun se est谩 tramitando en los tribunales de justicia.

Sin embargo, las actividades terroristas de las empresas de seguridad no se limitan a la agresi贸n f铆sica directa en contra de los miembros de las comunidades o de sus simpatizantes, sino que adem谩s se complementan con acciones de sabotaje que dejan en evidencia la preparaci贸n militar y la capacidad operativa de sus miembros. Todo esto con el fin de inculpar de los hechos a los miembros de las comunidades en conflicto.

Esto es precisamente lo que qued贸 de manifiesto con Collipulli en agosto de 1999. Posterior al asalto y quema de una casa patronal de la empresa Forestal Mininco al interior del fundo Ruca帽anco, tanto la polic铆a como el gobierno centraron de inmediato sus investigaciones en la comunidad Choin Lafkenche, hogar de V铆ctor Ancalaf, uno de los principales dirigentes p煤blicos de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco. A poco de ocurrido el hecho, el propio Intendente de la IX Regi贸n, Oscar Eltit, manifest贸 que se hab铆a identificado al l铆der de la Coordinadora como "uno de los cabecillas del atentado incendiario en Ruca帽anco". Roberto Parant, Gobernador de la Provincia de Malleco, fue a煤n m谩s lejos con su apreciaci贸n. No satisfecho con la atribuci贸n inmediata que el Intendente hac铆a del atentado a "grupos mapuches violentistas" dirigidos por Ancalaf, el gobernador asegur贸 a los medios de comunicaci贸n poseer antecedentes concretos de la vinculaci贸n de los mapuches con movimientos armados de ultraizquierda, tales como el Frente Patri贸tico Manuel Rodr铆guez (FPMR) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Luego, con declaraciones del mismo tipo hechas por los empresarios forestales agrupados en la Corporaci贸n de la Madera (CORMA), la teor铆a de la "gran conspiraci贸n" reaparec铆a como en los peores a帽os de la dictadura de Pinochet exigiendo la aplicaci贸n de medidas extremas.

Y extrema fue la aplicaci贸n de la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de las comunidades de Collipulli solicitada por el Intendente y concedida por los tribunales de justicia. La medida trajo como resultado la militarizaci贸n de la zona en conflicto y la detenci贸n arbitraria de seis campesinos mapuches de Collipulli, entre ellos tres hermanos del dirigente V铆ctor Ancalaf, sobre la base de evidencias fabricadas por los guardias de la empresa de seguridad OSEPAR al servicio de la Forestal Mininco. El testimonio de un trabajador forestal sobornado por la empresa para inculpar a los mapuches del atentado puso m谩s tarde en evidencia la existencia de un claro montaje organizado y preparado por la empresa forestal para inculpar a V铆ctor Ancalaf y su familia de los hechos ocurridos en Ruca帽anco. Ante esto, el ministro en visita a cargo de la investigaci贸n, Julio Cesar Grand贸n, no tuvo m谩s opci贸n que dejar en libertad sin cargos a todos los detenidos.

A pesar de que diversas autoridades pol铆ticas chilenas, entre ellas el diputado de la coalici贸n de gobierno Francisco Huenchumilla (DC), solicitaron que se "reorientara" el requerimiento de la Ley de Seguridad Interior del Estado para aplicarla directamente en contra de la empresa Forestal Mininco y su grupo de guardias paramilitares, hasta la fecha, ning煤n ejecutivo de la empresa o guardia a sido procesado por su responsabilidad en los hechos. Mientras tanto, miembros de las comunidades en conflicto de Collipulli siguen denunciando el hostigamiento y la violencia de los guardias de la forestal, la infiltraci贸n de esp铆as y provocadores al interior de las comunidades, y la presencia de ex militares realizando labores de inteligencia para las empresas madereras. El propio V铆ctor Ancalaf, desde la clandestinidad que debi贸 asumir luego de la detenci贸n de sus hermanos, denunci贸 que un ex miembro del Ej茅rcito, Pedro Reyes Urra, realizaba desde el campamento forestal de Ruca帽anco labores de espionaje e infiltraci贸n hacia las comunidades mapuches.

Por Coordinadora Mapuche Arauco Malleco

 Campa帽as

2019-07-13

Comunicado p煤blico: C谩rcel de Temuko- Wallmapuche

Presos Pol铆ticos por la Causa Mapuche Condenados e Imputados

Los presos pol铆ticos Mapuche en Temuko comunicamos a la opini贸n p煤blica nacional e internacional y a los integrantes de nuestro pueblo lo siguiente:
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2019-08-27

驴Otro montaje judicial?

El caso de Alberto Curamil:

El Lonko enfrentar谩 en mayo pr贸ximo un juicio oral por participar en un asalto a la caja de compensaci贸n "Los H茅roes" en la ciudad de Galvarino. Sin embargo, testigos desmienten que 茅l y 脕lvaro Millal茅n, el otro detenido en el caso, hayan estado ese d铆a en la localidad de la provincia de Caut铆n, Regi贸n de La Araucan铆a.
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2020-01-05

Software desarrollado para apoyar la ense帽anza del Mapudungun

Aqu铆 plasmamos voces de ni帽os, de adultos y ancianos, voces de aves, de 谩rboles y de vertientes, para seguir aprendiendo con dignidad y horizontalidad, conscientes de su origen y proyect谩ndose a dialogar con el mundo, pues las lenguas tienen que ocupar los espacios de la comunicaci贸n y del aprendizaje.
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2020-01-05

Basta de violencia

En Chile los gobiernos post dictadura militar, han aplicado la Ley antiterrorista N掳 18.314, exclusivamente contra representantes y activistas mapuche. Esta normativa fue adoptada por la dictadura militar para atacar a sus enemigos internos, con el fin de vulnerar los derechos juridicos de los imputados. Esta norma ha sido objeto de cr铆tica de parte de los 贸rganos de protecci贸n de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien ha considerado su aplicaci贸n con los Mapuche contrario a un Estado de Derecho.
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2020-01-06

Progreso occidental

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2020-01-14

驴Qu茅 nos leg贸 Occidente en su intento de globalizaci贸n colonizadora?

La recargada colonialidad permanente en Am茅rica Latina

La condici贸n de colonialidad no s贸lo configura en el colonizado la idealizaci贸n 聯natural聰 del color, sentir, hacer y pensar del colonizador, sino que instala dispositivos nefastos en las estructuras psicol贸gicas m谩s profundas del primero que irremediablemente lo convierten en un ser creyente que diviniza al segundo. Por tanto, para 茅l o la colonizada, las condiciones de subordinaci贸n/despojo no s贸lo son vistas como 聯realidades normales聰, sino que son asumidas con gratitud como una 聯benevolencia聰 del colonizador. Quiz谩s por ello, no es com煤n preguntarse sobre la benignidad del hist贸rico legado colonial permanente que comenz贸 hace 524 a帽os, en Abya Yala.
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2020-01-30

Historia, colonialismo y resistencia desde el pa铆s Mapuche

Ta i帽 fijke xipa rakizuameluw眉n.

Acceso libre al libro Ta i帽 fijke xipa rakizuameluw眉n: Historia, colonialismo y resistencia desde el pa铆s Mapuche. Temuco: Ediciones Comunidad de Historia Mapuche, 2012. Descarga
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2020-02-01

Centro de Documentaci贸n Mapuche 脩uke Mapu

Libros hist贸ricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche (descarga en formato PDF)

Libros hist贸ricos para estudio, consulta sobre el pueblo. Nota: Estos documentos pertenece al patrimonio cultural comun, por lo que puede ser utilizado y reproducidos libremente. Libros hist贸ricos para estudio, consulta sobre el pueblo Mapuche (descarga en formato PDF)
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2020-02-02

Publicaci贸n sobre la cultura, sociedad y pol铆tica de los pueblos originarios.

El peri贸dico Pukara

El Peri贸dico Pukara quiere ser un baluarte en el lucha de ideas, en el combate de principios, en la guerra conceptual, de an谩lisis, de informaci贸n e investigaci贸n que libran los pueblos ind铆genas contra el ocupante colonialista. El peri贸dico Pukara es una publicaci贸n mensual sobre la cultura, sociedad y pol铆tica de los pueblos originarios. Periodico Pukara
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2020-02-02

La convocatoria se encuentra abierta todo el a帽o.

Corpus revista de divulgaci贸n, an谩lisis sobre la historia o etnograf铆a de los pueblos originarios

Corpus es una revista de divulgaci贸n, an谩lisis y cr铆tica de fuentes in茅ditas o desconocidas sobre la historia o etnograf铆a de los pueblos originarios y campesinos, y de discusi贸n en torno a raza, etnicidad y otras formas de alteridad social y pol铆tica en el continente americano.
La convocatoria se encuentra abierta todo el a帽o para publicar, compartir y desclasificar los materiales o fuentes de informaci贸n.
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2020-02-02

Manual completo en formato PDF para consulta o descarga :

Manual para defender los derechos de los pueblos ind铆genas

El objetivo de este manual es contribuir, con un instrumento pr谩ctico, a la labor que realizan personas, pueblos ind铆genas y organizaciones dedicadas a proteger y gestionar a favor de los derechos de los pueblos ind铆genas.
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2020-02-02

ONU Foro permanente de los pueblos indigenas

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2020-02-03

La expansi贸n de la cultura occidental y la subordinaci贸n de la mujer

La conmovedora historia de la mujer objeto occidental

El uso del cuerpo de la mujer en publicidad es violencia simb贸lica, muy evidente y perceptible. La subordinaci贸n sexual de la mujer en la promoci贸n de ventas es un elemento clave en las campa帽as de marketing que la exponen como mercanc铆a, y objeto sexual. A la mujer occidental en los spots comerciales se le presenta sin cualidades y habilidades intelectuales y se le reduce en un objeto de satisfacci贸n de necesidad biol贸gica del hombre occidental. Mire el video:
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2020-02-13

Programa Radial Mapuche

Wixage Anai espacio para la expresion Mapuce

Pe帽i, lamgen es importante que usted pueda sumar su apoyo a esta labor de comunicaci贸n que hace 21 a帽os se realiza, asistiendo a los encuentros que convocamos u otras iniciativas. Correo electr贸nico: wixageanai.radio@gmail.com Telefono: 92246211
escuchar aqu铆:
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2020-02-25

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO

Colecci贸n Antolog铆as del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribe帽o

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2020-02-25

Organizaci贸n de las Naciones Unidas para la Educaci贸n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

El Correo de la UNESCO

Disponible en l铆nea desde marzo de 2006, El Correo se adapta a las necesidades de sus lectores diseminados por el mundo entero: su publicaci贸n electr贸nica en formato PDF, en las seis lenguas oficiales de la Organizaci贸n (谩rabe, chino, espa帽ol, franc茅s, ingl茅s y ruso), as铆 como en esperanto y en portugu茅s, va acompa帽ada de una edici贸n impresa con un n煤mero de ejemplares reducido. Descarga los 煤ltimos n煤meros -->
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2020-02-26

Russell Means

Por qu茅 no soy ni capitalista, ni marxista

聯La 煤nica forma posible de comenzar un discurso de este tipo es afirmar que detesto escribir. El proceso en s铆 mismo representa el concepto europeo de pensamiento 聯leg铆timo聰. Lo que est谩 escrito tiene una importancia que se le niega a lo hablado. Mi cultura, la cultura Lakota, cuenta con una tradici贸n oral, por lo que normalmente rechazo imposici贸n de una abstracci贸n sobre la relaci贸n oral de un pueblo.la escritura. Es uno de los caminos del mundo blanco para la destrucci贸n de las culturas de los pueblos no europeos, la
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2020-10-13

El 12 de octubre, Latinoam茅rica se viste de ind铆gena (con orgullo)

Son muchos los pa铆ses sudamericanos que han cambiado el nombre y el motivo de la festividad del conocido como D铆a de la Raza para olvidar la colonizaci贸n y conmemorar a los ca铆dos ind铆genas.
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Benetton y los mapuche


¿Qué es la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?


Aprenda Mapunzugun, el idioma Mapuche, via Internet: comprenda el contexto sociocultural- linguístico e interétnico del Pueblo Mapuche.