2012-08-19 | Documentos de Trabajo | Mapuche

Carta abierta al Sr. presidente de la República, don Sebastián Piñera

de Francisco Huenchumilla Jaramillo

Mi proposición es:
1.-Establecimiento en la Constitución Política del carácter plurinacional o pluriétnico del Estado de Chile.
2.-Participación política de los pueblos indígenas en el Parlamento Nacional.
3.-Establecimiento de un Parlamento Indígena.
4.-Establecimiento de la Autonomía Mapuche.
5.- Múltiples regímenes de propiedad La Araucanía.
6.- Implementar políticas públicas sentado las bases de una sociedad pluricultural y un Estado multinacional
9.- Ley de amnistía, que abra paso a otra fase en las relaciones interétnicas en Chile.

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Señor
Presidente de la República
Don Sebastián Piñera E.
Santiago
Sr. Presidente:
Me permito dirigirme a Ud. motivado por los últimos acontecimientos de violencia ocurridos en nuestra Región de La Araucanía. Lo hago en mi condición de candidato a Alcalde de Temuco, ya que estimo que alguien que aspira a dirigir la capital regional no puede estar ajeno al que es, probablemente, el principal problema político-social que le afecta.
Además, me mueve el hecho de ser hijo de esta tierra y de haber participado en las últimas décadas de manera directa o indirecta en las políticas implementadas por el Estado respecto del Pueblo Mapuche. Desde el Poder Legislativo primero, luego en el Ejecutivo y más tarde en el poder comunal, llegué a la convicción de que a las clases dirigentes de Chile se les hace muy difícil entender la verdadera naturaleza de la situación que se vive en nuestra región.

¿Por qué sucede eso? No es fácil dar una respuesta tajante. En algunos, posiblemente la mayoría, puede ser simple ignorancia de la historia de Chile y en particular de la forma cómo el Estado ocupó nuestra región en el siglo 19. En otros, puede ser un sesgo ideológico o simples prejuicios y también un desconocimiento de las políticas implementadas por los países más desarrollados respecto de los pueblos indígenas. Lo concreto es que la política implementada desde los 90 en adelante -a la dictadura creo que no vale pena referirse-, se ha basado sobre el diagnóstico, equivocado a mi juicio, de que el tema de los pueblos indígenas, y en particular del Pueblo Mapuche, es un problema de pobreza y, por lo tanto, de políticas públicas adecuadas en esa dirección.
He sostenido siempre que la relación entre el Pueblo Mapuche y el Estado y la sociedad es un problema de naturaleza política. No es simplemente un tema de pobreza y, por lo tanto, las políticas públicas destinadas a superarla no dan cuenta del fondo. También he dicho que cuando el problema deriva en conflictividad social, tampoco deviene solamente en una cuestión de orden público, lo cual hace que el empleo de la fuerza y de la solución judicial agrave los hechos en vez de superarlos.
Mi primera afirmación, en consecuencia, es que los diversos Gobiernos se han equivocado en el diagnóstico.
El llamado conflicto mapuche es un problema de naturaleza política y debe ser tratado como tal.

Y es político porque los llamados mapuche constituyen un pueblo, en el sentido más clásico del derecho político, con todos los elementos históricos y culturales que conforman este concepto. El pueblo Mapuche es originario y es anterior a la formación del Estado de Chile, tal es así que la Corona Española celebró con él los llamados Parlamentos que, conforme al pronunciamiento de las Naciones Unidas, tales instrumentos constituyen verdaderos Tratados.
Con posterioridad a la Independencia, los diversos Gobiernos de la República reconocieron, en diversos instrumentos y actuaciones, que el territorio ubicado entre el Bío Bío y el Toltén no estaba incorporado al Estado de Chile, reconociendo la singularidad y la autonomía del pueblo mapuche. Esta condición se mantuvo hasta mucho después de la declaración de Independencia. Fue el ejército de Chile, triunfador de la Guerra de 1879, el que trasladado al sur tomó, por la fuerza de las armas, posesión de este territorio y lo incorporó al Estado de Chile, en el proceso llamado –eufemísticamente- Pacificación de La Araucanía.

Esto sucedió en la década del 80 del siglo 19 y tiene como hito histórico central la fundación de Temuco en febrero de 1881. La llamada Pacificación de La Araucanía significó para el pueblo mapuche la pérdida de su territorio de casi 10 millones de hectáreas a un reduccionismo de alrededor de 500 mil hectáreas y lo transformó de una rica sociedad ganadera a una situación de pobreza que se mantiene hasta hoy.
Esta realidad, la singularidad del Pueblo Mapuche anterior a la formación estatal con toda su carga histórica, nunca ha sido reconocida por el Estado. Me refiero a un reconocimiento como actor que participa activamente en el pacto político que fija las reglas del juego por la cuales se rige la sociedad chilena y que se expresan en la Constitución. Nuestro país se ha negado sistemáticamente a reconocer que en su seno hay pueblos originarios que son anteriores a su formación estatal y que por lo tanto Chile es un Estado pluriétnico y multicultural.

Esta negación del Estado a la identidad mapuche es en realidad un rechazo a su propia existencia y va a encontrar siempre liderazgos dispuestos a luchar por conseguirla. Así son históricamente los procesos sociales, donde un grupo más lúcido, más valiente y más consciente empuja el carro de los cambios; eso pasó, incluso, con nuestro propio proceso de Independencia nacional.
Por lo tanto, si queremos buscar de verdad una solución a este conflicto con características de escalamiento, ella no puede buscarse en la sola implementación de políticas públicas desarrollistas o asistencialistas. El Estado debe sincerar las cosas y aceptar su composición multicultural y pluriétnico, haciendo este reconocimiento explicito en la Constitución Política. Se trata de dar a los pueblos indígenas participación como actores válidos y
responsables en las reglas del juego que distribuyen el rol que le corresponde a cada cual en la sociedad en que vivimos. Esto es, en definitiva, ni más ni menos, en el ejercicio del poder.

Si existe este reconocimiento, la consecuencia natural es que los pueblos indígenas participen en el Parlamento con representación propia. De otra manera, este reconocimiento sería de papel y no real. Los pueblos indígenas, de esta manera, estarían actuando dentro de las reglas del juego que se dan las sociedades para el procesamiento y resolución de sus conflictos que forman parte de la existencia social.
Hecho este sinceramiento por el Estado, la pregunta es qué sigue después. En otras palabras, no basta este acto jurídico-político para resolver el conflicto, aunque éste sea el fundamento básico y necesario.

Se requiere algo más.
Se requiere, como cosa previa, entender algunas cuestiones también básicas:
a) Que el llamado proceso de recuperación de tierras no tiene, necesaria ni exclusivamente, una finalidad relacionada con procesos agrícolas o con la agricultura en general, por lo cual nada tiene que ver con el cultivo de la tierra o su productividad. La recuperación de tierras tiene por objeto recuperar territorio, en una concepción geopolítica, de acuerdo a la teoría del estado. Y en efecto, el territorio forma parte esencial del concepto de pueblo. Por ello la mirada productivista que se tiene respecto de las tierras entregadas a las comunidades puede pecar, muchas veces, de ingenua o reductivista, puesto que tal proceso de recuperación es esencialmente de naturaleza política. Es perfectamente legítimo para un pueblo plantearse este objetivo estratégico, todo ello sin perjuicio de desarrollar adecuadas políticas de productividad y desarrollo.

b) Que la lucha contra las empresas forestales no responde a un mero capricho, sino a la cosmovisión que tiene el pueblo Mapuche respecto de la armonía y unidad que tiene el hombre con la naturaleza. Hombre y ambiente natural no son mundos contrapuestos, sino un todo que debe vivir en armonía. La civilización occidental parte de la base que el hombre domina y somete a la naturaleza y en nombre de la tecnología se han cometido los más grandes destrozos del medio ambiente. Para el hombre mapuche eso es inconcebible, porque la tierra, las aguas, el aire, los árboles, el medio ambiente forman parte de su propia existencia. En el sur de Chile, los más grandes destrozos los hicieron los colonos que trajo Vicente Pérez Rosales, en el siglo 19, quienes quemaron miles de hectáreas de bosque nativo, con la anuencia del Estado, cuando paralelamente el pueblo mapuche era derrotado por el ejército chileno. Ya en el siglo 20 se vive la experiencia de las empresas forestales, nuevamente impulsadas por el Estado, mediante el famoso Decreto 701 que estableció un subsidio específico para especies exógenas artificiales. Una vez más se contraponen la visión occidental y la cosmovisión mapuche. No son los mapuche los que opinan sino catalogados expertos los que señalan los efectos de las plantaciones de pino y eucaliptus ya que “la primera especie acidifica el suelo y no permite
que crezca nada bajo ella, en tanto que la segunda lo seca”. Y agrega a continuación “esto es grave y ha significado el fin de la biodiversidad, el empobrecimiento del suelo y la pérdida de su capacidad de absorción” (Mathias Klotz, El Mercurio, cartas al director, edición del jueves 2 de agosto del 2012).

¿Y quiénes han sufrido todo esto? Las comunidades indígenas. O sea, en el siglo 19 la “pacificación” y en el siglo 20 sufren la deforestación y muerte del medio ambiente. Creo que no es posible una solución definitiva, sin resolver el problema de las empresas forestales. A mi juicio, no existe viabilidad política para una solución al conflicto mapuche sin resolver la permanencia de tales empresas en el territorio ancestral, esto para ser francos. Esto supone, naturalmente, un problema complejo de abordar, que requiere de un acuerdo de muchos actores y un gran despliegue de capacidad política.

c) Una tercera cuestión que es necesario comprender es el rol que han jugado los agricultores no mapuches, de todos los tamaños, en la conformación de la actual situación. Dada la forma precaria de la conformación jurídica de la propiedad mapuche versus la teoría de la posesión inscrita del Código Civil que regía los títulos de estos agricultores no mapuches, pronto se produjeron problemas de convivencia donde los abusos y las llamadas corridas de cercos llevaran a que se produjeran miles de juicios, fundamentalmente en los años 30 del siglo 20, donde los Tribunales de Justicia fallaron a favor de aquéllos en contra de los mapuche, donde la precariedad versus la fortaleza de los títulos fue el principal considerando para tal resultado. De esta manera se consolidaron muchos títulos de dominio de estos agricultores, pero esta consolidación fue formal: los mapuche y sus organizaciones se quedaron con el sabor amargo de que se había cometido una injusticia. Por ello es que hasta hoy no se cree en la legitimidad de dichos procesos judiciales. Claro, se aduce por los distintos gobiernos que, habiéndose pronunciado los Tribunales, ha operado el estado de derecho, contraponiéndose, una vez más, la formalidad con la legitimidad, o la justicia formal con la justicia sustancial. No habiendo acuerdo, el problema deriva, una vez más, en una controversia de naturaleza ya no judicial sino política. ¿Tienen responsabilidad los agricultores? A mi juicio, y más allá del juicio moral que puedan merecer sus conductas personales, la responsabilidad política es del Estado: fue éste el que llevó a cabo la llamada Pacificación de La Araucanía, fue éste el que le quitó sus tierras a los mapuche, fue éste el que otorgó títulos precarios, fue éste el que abrió la puerta y le dio tierras a los agricultores no mapuche -colonos y criollos- y les otorgó títulos con mayor seguridad jurídica. Finalmente, fue el Estado, esta vez por la vía del Poder Judicial, el que consolidó esta situación de legalidad formal. En consecuencia, es el Estado el llamado a asumir las responsabilidades políticas de sus actuaciones históricas.

d) Otro tema a considerar es el temor generalizado del mundo político sobre las consecuencias que pudieran derivarse para la unidad del Estado el hecho de reconocer la existencia de los pueblos indígenas al nivel de la Carta Fundamental, que pudiera derivar en pretensiones independentistas. Tal temor no tiene ninguna base racional, toda vez que no conozco ninguna organización en el mundo mapuche que esté proponiendo la creación
de otro estado. Hay mentalidades tan retardatarias y conservadoras que, a propósito de la creación de la comuna del Alto Bío Bío, de población mayoritariamente mapuche-pehuenche, me tocó ser testigo presencial de como senadores que se oponían a tal creación bajo el argumento de que por ser una comuna limítrofe pudiera practicarse por la mayoría mapuche y el alcalde que eligieran supuestos actos de independentismo con los mapuche del otro lado de la cordillera. ¡¡Paroxismo total!! Son los mismos que nos llaman a ser como Nueva Zelanda, claro está que menos en lo relativo al tratamiento que dicho país da a sus pueblos indígenas, que debe ser una de las fórmulas más modernas, inclusivas y humanistas que existen en el mundo. Cuando el mundo mapuche está pidiendo reconocimiento y autonomía se refiere a su manera de SER, con su singularidad que lo identifica, su estructura social, su cosmovisión, su religiosidad y la forma que adquiere la toma de decisiones de sus comunidades y se ejerce la autoridad y se resuelven sus conflictos familiares, sociales y de vecindad y de relacionarse con el estado y la sociedad mayor. ¿Es mucho pedir que un pueblo que es anterior al Estado, quiera SER el mismo y no lo que quiere que sea el Estado que lo sometió? Claro, el Estado puede obligarlo pero el sometido puede que no se resigne…

e) La Ley Indígena del año 1993 significó legislar por primera vez bajo el concepto de desarrollo con identidad, instrumento que ha servido de base a las políticas públicas impulsadas por todos los gobiernos hasta la fecha. Esta ley ha cumplido con muchas de las expectativas que se tuvieron en vista en el contexto histórico en que se dictó, pero no puede pedírsele que sirva para resolver los actuales conflictos, puesto que no fue dictada para resolver problemas de naturaleza política entre un pueblo y el Estado. Este instrumento legal hoy es insuficiente para enfrentar la naturaleza política del problema que debe enfrentar el Estado. Una demostración de ello es la existencia de la institución de los Consejeros Indígenas, una forma de participación que pudo ser adecuada en los inicios de la transición, pero que hoy es claramente insuficiente no tan solo porque forma un híbrido incrustado en un servicio público, sino porque no tiene atribuciones ni tampoco funciones para tener algún papel relevante en la solución de problemas de naturaleza política. Una auténtica forma de canalizar la participación real de los pueblos indígenas sería el establecimiento de un Parlamento Indígena, con competencia exclusiva en materias propias del sector, como pudiera ser la distribución de los recursos, la fiscalización de los actos de los órganos del Estado encargados de las políticas públicas pertinentes y coadyuvar en la potestad reglamentaria del Presidente de la República respecto de los decretos y reglamentos que debieran dictarse para la aplicación de las leyes específicas .

f) Si Chile pudiera relevar la identidad mapuche al más alto nivel del Estado, podría constituirse en un ejemplo para el mundo. Esto permitiría hacer un viraje completo a la Región de La Araucanía, alejándose de las plantaciones artificiales y transformarse en una zona verde replantada con bosque nativo. De esa manera, se sustituye una industria depredadora del medio ambiente por una nueva industria, la del turismo donde el Pueblo
Mapuche sería el eje central de su identidad y de su atractivo. Ello implica un gran acuerdo nacional con todos los actores involucrados pero con el Pueblo Mapuche transformado ya en actor político. L a región de La Araucanía entraría así a una nueva fase de paz social y desarrollo.

g) Las políticas públicas anunciadas por S.E. en este mes de agosto del 2012 solo tendrán viabilidad social y política si, a mi juicio, no se comprende y se resuelve la verdadera naturaleza política del conflicto que, una vez más, enfrenta al Pueblo Mapuche y al Estado, español primero y chileno ahora, en pleno siglo 21.
h) Finalmente, quisiera recordar a S. E. el diálogo que sostuvimos cuando ambos éramos parlamentarios y frente a sus declaraciones y mi respuesta, Ud tuvo la deferencia de llamarme y aclaramos conceptos. Con esto simplemente quiero reafirmar que las clases dirigentes de Chile tiene mucho que aprender sobre este tema de importancia nacional.

De acuerdo a lo expuesto mi proposición concreta es:
1.-Establecimiento en la Constitución Política del carácter plurinacional o pluriétnico del Estado de Chile, mediante el reconocimiento de los pueblos originarios que habitaban el territorio antes de su formación.
2.-Participación política de los pueblos indígenas en el Parlamento Nacional, mediante elección por ellos de sus representantes. Formación de un Registro de Votación Indígena.
3.-Establecimiento de un Parlamento Indígena que sustituya a los actuales consejeros indígenas.
4.-Establecimiento de la Autonomía Mapuche en los términos señalados.
5.- Araucanía Verde, mediante la transformación de las plantaciones de bosque artificial en bosque nativo e implementación del Turismo como la industria matriz, junto a la ganadería, la agricultura y los servicios, que posicionaría a nuestra región con identidad propia en Chile y en el mundo. De esta manera, el territorio de La Araucanía podría tener múltiples regímenes de propiedad, manteniendo el Estado el “imperium”.
6.- A partir de esto se pueden implementar todas las políticas públicas necesarias para acabar con la pobreza y lograr el desarrollo, pero habiendo sentado las bases de una sociedad pluricultural y un Estado multinacional que traerá la paz social a nuestra región. A mi juicio, es imprescindible implementar algunas políticas:
a) La educación. Eje estratégico, junto con el tema de la tierra. El pueblo mapuche debe acceder a la sociedad del conocimiento y enfrentar, de esa manera, el mundo del siglo 21, manteniendo su identidad y su visión del hombre, de la naturaleza y de la vida.
b) El agua. Constituye también un factor clave para los pequeños y medianos agricultores, mapuche y no mapuche, de nuestra región. El acceso al agua permitirá modernización, productividad y reconversión, para terminar con los focos de pobreza rural.
c) Emprendimiento. Las políticas para la pequeña y mediana empresa en nuestra región son también una herramienta clave para combatir la pobreza.
d) Comercialización. El apoyo que se dé a los pequeños productores en la comercialización de sus productos también es imprescindible, por medio del Gobierno Regional y de los municipios.
8.-De esta manera, la sociedad chilena y el Estado pagarán la deuda histórica que tienen con el Pueblo Mapuche.
9.- Finalmente, creo que este proceso debe terminar con una ley de amnistía, que abra paso a otra fase en las relaciones interétnicas en Chile.
No me guía otro propósito que aportar estos elementos de juicio para lograr en nuestro país y en nuestra región, la paz social, la justicia y el desarrollo. La democracia como un sistema de convivencia entre los seres humanos excluye la violencia para la resolución de sus conflictos, pero ello implica la responsabilidad del Estado de eliminar las causas que la generan. Sé que para algunos esta propuesta sonará como imposible, pero los liderazgos se prueban cuando se es capaz de mirar más allá del horizonte y nadar, muchas veces, contra la corriente. Bueno, esa es la diferencia entre un administrador y un estadista. Así lo entendieron países avanzados del mundo como Nueva Zelanda, Canadá, Dinamarca, Finlandia y Noruega -y los propios estándares de la OCDE, de la cual Chile forma parte-, que resolvieron sus temas pendientes con sus pueblos indígenas y hoy gozan de desarrollo y paz social.

Saluda atte. a S.E.
Francisco Huenchumilla Jaramillo
Temuco, 16 de agosto de 2012

Por Redacción | Fuente: Foro Escandinavo por los Derechos de los Pueblos Indígenas