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2011-06-11 | Documentos de Trabajo | Mapuche

Una violaci贸n de derechos humanos

El fallo de la Corte Suprema en el caso Mapuche

El pasado viernes 3 de Junio del presente a帽o, la sala penal de la Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile acogi贸 parcialmente el recurso de nulidad presentado por la defensa de los cuatros comuneros mapuches condenados por su supuesta participaci贸n en una emboscada en contra del Fiscal Mario Elgueta y funcionarios de la PDI, y otros delitos. Como consecuencia de ello, el m谩ximo tribunal de justicia rebaj贸 las penas al calificar como lesiones leves lo que anteriormente se hab铆a recalificado como 聯homicidio frustrado聰 por el ataque al fiscal, condenando, en esta segunda recalificaci贸n de los hechos a H茅ctor LLaitul a un total de 14 a帽os de c谩rcel y los dem谩s comuneros a 10 a帽os respectivamente.




Como era de esperar, tales condenas han generado una fuerte protesta de los familiares de los presos pol铆ticos mapuches, del mundo ind铆gena y en general de los defensores de los derechos humanos tanto a nivel interno como internacionalmente. Frente a esas cr铆ticas la Excma. Corte Suprema, por medio de su presidente. Sr. Milton Juica, sali贸 al paso de ellas defendiendo la labor del poder judicial en los siguientes t茅rminos 聯las cr铆ticas no pueden nunca dejar sin efectos una sentencia, la sentencia ya est谩 avisada (sic) y en un Estado democr谩tico lo que tiene que hacer la sociedad es respetar los fallos de los jueces y no podemos hacer nada聰 se帽al贸 el ministro.

Y a buenas y primera, el ministro tiene raz贸n; procesalmente en un recurso de nulidad, una vez notificada la sentencia a una de las partes, produce el desasimiento del tribunal y esta no puede ser modificada o alterada posteriormente por el tribunal que la pronunci贸, generando como natural consecuencia el efecto la cosa juzgada al cual el ministro se refiere. Sin embargo, la cr铆tica que se hace al poder judicial no es un asunto puramente procesal 聳 que para ello hay argumentos y la defensa muy bien lo ha hecho valer en su recurso y que agregar茅 otro al final de 茅ste art铆culo - sino tambi茅n existe una cr铆tica de fondo, de elementos sustantivos y tiene que ver como los tribunales en especial aquellos de mayor jerarqu铆a como las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema en el ejercicio de la jurisdicci贸n - que es el poder-deber que tienen los tribunales de justicia para resolver mediante el proceso y con autoridad de cosa juzgada conflictos de relevancia jur铆dica ocurrida en el orden temporal y dentro del territorio de la Rep煤blica y del cual est谩n llamados a intervenir - tienen el deber de cautelar la protecci贸n y respeto de los derechos humanos en general. La obligaci贸n deriva de la Convenci贸n Interamericana de los Derechos Humanos que en su art铆culo primero establece la obligaci贸n general para los Estados miembros de respetar y garantizar estos derechos esenciales de las personas sujetas a la jurisdicci贸n del Estado, sin discriminaci贸n. No obstante, en el caso de los comuneros mapuche - hoy en huelga de hambre por 84 d铆as - no ha sido as铆, no se le respetaron sus derechos, no se les garantizaron ni antes, ni durante el juicio y en 煤ltimo caso, la Excelent铆sima Corte omiti贸 su deber cautelar de protecci贸n de los derechos humanos.

El m谩ximo tribunal del pa铆s tuvo la oportunidad - por medio de una sentencia que acogiera el recurso y declarara nulo el juicio oral que conden贸 a los mapuches a penas exorbitantes - de enviar una fuerte se帽al al Ministerio P煤blico, a los Tribunales inferiores y a los 贸rganos p煤blicos en general, que la potestad estatal tiene un l铆mite en los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana como lo se帽ala el art铆culo 5 inciso 2掳 de la Constituci贸n, que el poder punitivo del Estado tiene un l铆mite claro y ese es el respeto de los derechos humanos y para el caso concreto, el respeto a las garant铆as de un justo y debido proceso, sin embargo, no fue as铆, prefiri贸 optar por un sentencia a la 聯chilena聰 acogiendo parcialmente el recurso solo en cuanto corresponde a la recalificaci贸n de los hechos.

Tal proceder de la Excelent铆sima Corte, no fortalece los derechos humanos, al contrario, los expone en una situaci贸n de peligrosidad preocupante dado que sienta una errada jurisprudencia de que en Chile es posible perseguir por medio del procedimiento de ley antiterrorista delitos comunes. Explico lo anterior a la luz del juicio viciado seguido en contra de nuestros hermanos encarcelados y en huelga de hambre, y la respuesta que da frente a estos hechos el m谩ximo Tribunal de Justicia del pa铆s. El Ministerio P煤blico acus贸 a nuestros hermanos por medio de la ley antiterrorista y por medio de este procedimiento se gener贸 toda la prueba en el juicio oral (testigos sin rostro) lo que permitieron establecer sus participaci贸n en los hechos investigados, y solo al final del juicio oral se re - calificaron los hechos de la acusaci贸n de ley antiterrorista a delitos comunes que deriv贸 a que se le condenara a alt铆simas penas, en circunstancia que de no mediar el procedimiento de ley antiterrorista no se habr铆a obtenido condenas porque no se podr铆a haber probado la participaci贸n de los comuneros en los hechos que se les imputaban v/g Lo que ocurri贸 en el fuero militar. Ese hecho, al ser conocidos por la m谩s alta magistratura del pa铆s, no entra a fallar en cuanto los vicios del proceso (aplicaci贸n del procedimiento de ley antiterrorista en delitos comunes) sino que recalifica nuevamente (segunda recalificaci贸n) por delitos comunes y como consecuencia de ello, rebaja las condenas.

Lo anterior que pareciera ser un acto de justicia, constituye claramente una violaci贸n grav铆sima a las normas de un justo y debido proceso porque el m谩ximo tribunal tolera la aplicaci贸n de un procedimiento especial de ley antiterrorista para perseguir y obtener condenas por delitos comunes, abriendo adem谩s las puertas para que el ministerio p煤blico, frente a otros casos de mapuche o de los movimientos sociales, repita la misma y torcida estrategia, utilizar un procedimiento de ley antiterrorista para condenar por delitos comunes. Lo anterior no solo merece una protesta de los familiares de los presos pol铆ticos mapuche, del mundo ind铆gena, sino de toda la ciudadan铆a que creen que es posible vivir en un Estado democr谩tico y de derecho.

El ejercicio de la jurisdicci贸n debe ajustarse a las normas procesales y constitucionales que se dictan para tales efectos. Es la Ley la que establece el procedimiento que ha de usar el tribunal para resolver el conflicto de relevancia jur铆dica sometida a su conocimiento y decisi贸n en atenci贸n al fuero materia o cuant铆a y como dice el profesor Miguel Otero, en su libro 聯La nulidad procesal civil, penal y de derecho p煤blico, p谩g. 28. , Y de cuyos argumentos me valdr茅, se帽ala: 聯es por ello que existen c贸digo y leyes especiales que reglamentan el proceder jurisdiccional al que debe someterse el juez, seg煤n el caso. Estas normas garantizan el debido proceso y la igualdad en la aplicaci贸n de la ley procesal聰. En este sentido, ning煤n 贸rgano jurisdiccional puede conocer de un asunto y resolverlo, sino por medio del procedimiento pre establecido por el legislador, no es un asunto que quede a discrecionalidad del tribunal, no lo puede trasgredir o ignorar, puesto que son normas de derecho p煤blico y como tal rigen in actum. Tampoco son renunciables ni sustituibles por las partes por mutuo acuerdo o por el 贸rgano jurisdiccional, a menos que la ley as铆 lo autorice. Si ello llega a ocurrir por ejemplo: la sustituci贸n del procedimiento, sin que la ley lo autorice, la sanci贸n debe ser la nulidad procesal sea civil, penal o la nulidad procesal de derecho p煤blico ya que las leyes procesales son de orden p煤blico y su extricta observancia se impone tanto a las partes como al tribunal. Cuando ocurre una inobservancia a las leyes procesales los tribunales de justicia de mayor jerarqu铆a est谩n facultados para proceder de oficio, sin necesidad de que sean las partes las que impetren esta nulidad.

Ha sido la propia Cuarta Sala de la Excma. Corte Suprema quien ha sentado jurisprudencia en este sentido al declarar nulo 聳 de oficio- todo lo obrado por la I. Corte de Apelaciones de Valpara铆so al conocer de una materia en forma distinta a la se帽alada por la ley. Me refiero a la sentencia del 24 de Abril del 2000 en los autos 4.443-99 y que en su considerando tercero se帽ala: 聯Tercero: Que en los antecedentes que se trata, tanto los litigantes como la Corte de Apelaciones de Valpara铆so, no han considerado las disposiciones contenidas en el Auto Acordado sobre Tramitaci贸n y Fallo del Recurso de Protecci贸n de las Garant铆as Constitucionales, el cual ha establecido, expresamente las medidas a decretarse en caso de incumplimiento de la decisi贸n que en la mencionada acci贸n cautelar se adopte por el Tribunal pertinente, medidas que se encuentran se帽aladas en el N掳 15, citado por la decisi贸n que se intenta cumplir en los autos tra铆dos a la vista, ninguna de las cuales ha sido ordenada, sino que, por el contrario, se ha adoptado un procedimiento inaplicable en la especie, circunstancia que justifica la intervenci贸n de esta Corte a objeto de corregir los errores de procedimiento que se ha incurrido en la tramitaci贸n del cumplimiento del fallo dictado en el recurso de protecci贸n en cuesti贸n.
Por consideraciones y normas legales citadas, se anula, de oficio, todas las resoluciones y notificaciones realizadas desde聟..聰

En el caso antes citado, estamos frente a un recurso de protecci贸n que la I. Corte de Apelaciones de Valpara铆so conoci贸 y fall贸 por v铆a de un procedimiento no establecido para esta materia - similar situaci贸n que afecta a nuestros hermanos en huelga de hambre en que por medio de un procedimiento especial de ley antiterrorista se conoce y falla delitos comunes - y en virtud de haberse adoptado un procedimiento inaplicable en la especie, esa circunstancia, dice la Corte, justifica su intervenci贸n a objeto de corregir los errores del procedimiento, anulando, de oficio, todas las resoluciones y notificaciones realizada.

Teniendo a la vista ambas situaciones antes descritas nacen pregunta legitimas de formular: 驴Cu谩l fue la raz贸n para que la Excma. Corte Suprema no aplicara el mismo criterio y acogiera el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de los comuneros mapuche?. Si se aplic贸 un procedimiento inadecuado al conocer y juzgar mediante ley antiterrorista la comisi贸n de delitos comunes, 驴la Excma. Corte Suprema no encuentra que esa circunstancia justifica su intervenci贸n? 驴Por qu茅 en un caso declara, de oficio, la nulidad de todo lo obrado y en el caso mapuche no, pese a que la defensa impetr贸 la nulidad del proceso? 驴no ser铆a mas razonable que mantuviere la jurisprudencia anteriormente citada y asi fortaleciera las normas de un justo y debido proceso y con ello la posici贸n de los derechos humanos dentro del sistema jur铆dico? Son las dudas que quedan dando vuelta y que la ciudadan铆a merece una respuesta.

Existe un viejo adagio jur铆dico que dice 聯donde hay una misma raz贸n debe haber una misma disposici贸n聰 y en ese sentido el principio de igualdad ante la ley implica aplicar un mismo estatuto jur铆dico a personas que se encuentran en una misma situaci贸n, sin discriminaci贸n alguna.

Hay que advertir que el respeto a los derechos fundamentales cumple un doble rol; una funci贸n objetiva y una subjetiva. La funci贸n objetiva dice relaci贸n en que en la medida en que los Estados hagan un efectivo reconocimiento de los derechos fundamentales, se legitiman los sistemas pol铆ticos y jur铆dicos, es decir y a palabras de Hesse, (tratadista aleman, pp 91 y 92, 1996) los derechos fundamentales tienen un rol como "principios objetivos b谩sicos para el ordenamiento constitucional democr谩tico y del Estado de Derechos". En tanto que su funci贸n subjetiva dice relaci贸n con dar una efectiva protecci贸n a los derechos subjetivos de los individuos ya que estos reflejan valores esenciales para la dignidad del ser humano, a palabras de Peces- Barba (tratadista espa帽ol) esta funci贸n subjetiva es amplia e implica un contenido protector, participativo y promocional de los derechos humanos A contrario sensus, un hecho como el que se advierte en este comentario, pone en tela de juicio a un poder del Estado que debiera tener la m谩s alta legitimidad de TODOS sus ciudadanos o ciudadanas, de winkas y mapuche, si lo que se busca es la paz social en un Estado democr谩tico y de derechos.

Acoger el Recurso de Nulidad interpuesto por la defensa de los comuneros mapuche otorgaba la oportunidad a la Corte Suprema de impartir un m铆nimo de justicia respecto a nuestros hermanos presos pol铆ticos mapuches, hoy en huelga de hambre y tambi茅n al Pueblo Mapuche. Y digo m铆nimo porque lo que se ped铆a a la Excma. Corte Suprema no era la absoluci贸n de los comuneros, sino sencillamente que corrigiera los vicios que afectaban el proceso. Ni menos aun se le ped铆a que en el ejercicio de la jurisdicci贸n resolviera otras situaciones de violaci贸n de derechos humanos de tipo estructural que sufren a diario los ind铆genas en nuestro pa铆s y de la cual el Estado y un sector de la sociedad mayoritaria, en su conjunto invisibilida o justifica , sin embargo , 驴Cu谩l hubiera sido la respuesta del m谩ximo Tribunal de Justicia de Chile?. Creo con entusiasmo que no ser铆a las palabras finales del se帽or ministro de que "los ministros no podemos hacer nada" pues creo que el ordenamiento jur铆dico le otorga amplias facultades a la judicatura para intervenir en muchas materias no solo relacionado con el ejercicio de la labor jurisdiccional, sino tambi茅n cuando el poder pol铆tico falla, solo bastar铆a por ejemplo aplicar en su correcta extensi贸n el principio de no discriminaci贸n arbitraria establecidos en el art铆culo 19 N'1 de la Constituci贸n Politica de Estado.

Lautaro Loncon Antileo
Abogado y E. Magister en Derecho
Universidad de Chile

Fuente: Foro Escandinavo por los Derechos de los Pueblos Ind韌enas

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