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2010-10-17 | Documentos de Trabajo | Indoamericano

Conflictos latentes por demandas ind铆genas

En los pr贸ximos d铆as, las cuatro comisiones que est谩n trabajando en las demandas de los habitantes originarios de Isla de Pascua dar谩n a conocer sus conclusiones, sobre todo en temas de recuperaci贸n de tierras y migraci贸n. En tanto, los mapuches est谩n alerta a los pr贸ximos juicios orales donde se ver谩 la efectividad de la recalificaci贸n de los delitos terroristas.


Foto: Esteban Garay Esteban Garay
Nada tranquilo est谩 el panorama entre los pueblos ind铆genas. El fin de la huelga por parte de los mapuches y las mesas de negociaci贸n en el caso de los pascuenses -quienes prefieren ser llamados rapanui- no significa en ning煤n caso el fin de sus demandas. Al contrario, pasada la euforia por el rescate de los mineros, 茅stas prometen reactivarse en el corto plazo.

En el caso de los rapanui, la fecha clave que se aproxima es el pr贸ximo 24 de octubre, d铆a en que deber铆an evacuarse los informes de las cuatro comisiones y que tratan los temas de migraci贸n, estatutos, plan de desarrollo y tierras.

Estas comisiones se formaron luego de la 煤ltima toma terreno ocurrida a principios de septiembre, protagonizada por los clanes que exigen restituci贸n de tierras, entre ellas, el sitio donde se emplaza el Hotel Hanga Roa, perteneciente al grupo familiar de origen alem谩n Schiess.

Pese a la existencia de estas comisiones, los isle帽os no se sienten representados, como dice Marisol Hito, una de las voceras del movimiento rapanui, a trav茅s de un correo electr贸nico: 聯Ahora quieren formar comisiones para decidir qu茅 hacer con nuestras tierras. Quieren hacer un plan de desarrollo. Y resulta que los clanes, los hakaara, no estamos representados en esas comisiones. Sabemos que quieren disponer de nuestra isla, para privatizarla. Nosotros queremos que cualquier plan que se haga para Rapa Nui se haga respetando los est谩ndares internacionales para el trato con los pueblos ind铆genas, seg煤n el Convenio 169 de la OIT que es ley en Chile聰.

Por su parte, Ra煤l Teao, miembro de la comisi贸n de desarrollo y uno de los directores del Parlamento Rapa Nui, explica que 聯no son nuestras propuestas, sino de cada due帽o de los terrenos, que proponen compensaci贸n y devoluci贸n por los a帽os de uso聰. Respecto del Hotel Hanga Roa, sostiene que es 聯un problema del Estado el haber vendido esos terrenos de los due帽os de la isla. Hay que restituir esos terrenos a las familias originarias聰.

Por otro lado, en torno al tema sensible del control de migraci贸n, Tenao afirma que 聯hay que sacar la ley para controlar la inmigraci贸n, porque no queremos 聯conti聰 (chilenos del continente) vagos ac谩, pero queremos que se le entregue la responsabilidad a los

rapanui, no a Carabineros o la PDI, porque por darle un ejemplo a los hijos de los conti no los controlan, en cambio, a los m铆os s铆. No hay credibilidad en la responsabilidad de los polic铆as聰.

Mientras tanto, el pasado 2 de octubre, los clanes de Isla de Pascua se agruparon en torno al bufete de abogados del Indian Law Resource Center, con sede en Washington, para interponer una solicitud de medidas cautelares ante la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos,en respuesta a los enfrentamientos que han tenido con la polic铆a, que los desaloj贸 del Hanga Roa.

El abogado Leonardo Crippa dijo a LND que est谩 representando a 28 clanes y que posiblemente otras familias se unan en esta demanda en contra del Estado chileno: 聯Aunque la comisi贸n tom贸 la solicitud de medidas cautelares, hasta ahora la comisi贸n no ha recomendado ninguna medida de protecci贸n, pero tanto el gobierno como mis clientes han acordado tomar precauciones para prevenir violaciones de los derechos humanos聰.

Mapuches divididos

V铆ctor Queipul, uno de los lonkos de la Comunidad Aut贸noma de Temucuicui (Angol) y cuyo hijo del mismo nombre estuvo entre los huelguistas que s贸lo depusieron la movilizaci贸n el viernes 8 de octubre, una semana despu茅s de los de Concepci贸n, dej贸 en claro que si se bajaron fue s贸lo por razones humanitarias. Se帽al贸, tal como los otros comuneros de Temucuicui, que no les basta que las querellas por delito terrorista sean recalificadas a delito com煤n y les molesta que no se eliminara la figura del testigo protegido que, seg煤n ellos, ha sido la principal prueba de la Fiscal铆a para inculpar a los mapuches que hoy est谩n en prisi贸n.

La prueba de fuego se vivir谩 el pr贸ximo 8 de noviembre, cuando comience el juicio oral de Ca帽ete, donde hay 18 imputados. 聯Hay 36 testigos protegidos y tenemos la declaraci贸n de s贸lo 14 de ellos y sabemos que la Fiscal铆a va a perseverar en perseguir los delitos bajo la Ley Antiterrorista聰, asever贸 Natividad Llanquileo, vocera de los huelguistas de Concepci贸n y que fueron los primeros en deponer la movilizaci贸n que dur贸 m谩s de 80 d铆as.

Por otra parte, Llanquileo ser谩 la vocera que participar谩 en una mesa de trabajo el pr贸ximo 2 de noviembre con un representante del gobierno y el arzobispo de Concepci贸n, Ricardo Ezzati, para hablar otros puntos pendientes sobre las demandas mapuches. Consultada si participar铆an en ella los comuneros de Angol, respondi贸: 聯A ellos los invitamos, pero no nos han dicho si van a venir聰, dijo la joven.

El lonko Queipul, sin embargo, descart贸 que su comunidad participe de dicha instancia: 聯No nos vamos a reunir con ellos. Ya no permitimos que el obispo sea el facilitador del nuestro di谩logo, ya que tenemos una conversaci贸n con el gobierno y el garante de la negociaci贸n son las comunidades de los que apoyaron la huelga聰, explica Queipul.

El dirigente dice que desecharon el rol mediador de la Iglesia Cat贸lica, 聯porque el obispo negoci贸 s贸lo con Concepci贸n, con la Natividad (Llanquileo) y otra persona m谩s que nunca particip贸 como vocero. El obispo fue parte de la estrategia del gobierno para debilitar la huelga de hambre de los hermanos聰.

La Comunidad de Temucuicui ha sido desde hace varios a帽os la m谩s radical en cuanto a sus reivindicaciones. M谩s a煤n, dado que los comuneros manifestaron no estar de acuerdo con la propuesta del gobierno, Queipul indic贸 que tras una reuni贸n sostenida con miembros de varias comunidades, entre las que se cuentan las de Valdivia, Malleco y Lleu Lleu, entre otros, en las afueras de la c谩rcel de Angol, 聯tomamos la decisi贸n, en vista de que el gobierno no acept贸 sacar a los testigos protegidos que usa el Ministerio P煤blico, que vamos a aplicar la ley mapuche a los que sean sorprendidos prestando alg煤n servicio a los fiscales聰.

Dicha ley mapuche consiste en la expulsi贸n del acusado de la comunidad y eso incluir铆a a su familia: 聯Se van a juntar las comunidades en un mal贸n para denunciar a esa persona. Si 茅l no declara delante de todos los lonkos que va a deponer su actitud como testigo protegido, claramente lo vamos a expulsar. Si su familia tambi茅n est谩 cooperando con el Ministerio P煤blico, tambi茅n la vamos a expulsar. No podemos permitir que una sola persona tenga tanta gente encarcelada聰, asegura Queipul.

De hecho, los dirigentes de Temuco ya tienen el nombre de un testigo y est谩n efectuando propia investigaci贸n para determinar si colabor贸 con el Ministerio P煤blico.

Consultado si durante la negociaci贸n con el gobierno, los comuneros van a deponer las tomas, Queipul respondi贸: 聯La reivindicaci贸n de tierras es irrenunciable, porque aunque haya conversaciones con el gobierno, nosotros vamos a seguir聰.

驴Reconocimiento constitucional?

Otro punto propuesto por el gobierno a los huelguistas fue la discusi贸n inmediata del proyecto de Ley de Reconocimiento Constitucional a los Pueblos Originarios. Sin embargo, esta semana los l铆deres de la Alianza Territorial Mapuche, que representan a m谩s 100 comunidades ind铆genas, fueron al Congreso para pedir al Ejecutivo que retire la suma urgencia a este proyecto. No es la primera vez, en todo caso, que manifiestan un rechazo a esta iniciativa.

El lonko Jorge Calfuqueo asever贸 a los medios que 聯nosotros desconocemos realmente a qui茅nes se les consult贸, entendiendo que el gobierno tiene instancias y mecanismos a trav茅s de la Conadi, pero no es una instancia para nosotros representativa del pueblo mapuche y, para nosotros, este mecanismo de consulta, lo invalidamos聰.

Tras esta visita al Congreso, el gobierno retir贸 la urgencia a este mecanismo para promover la participaci贸n de los pueblos originarios, como tambi茅n hacer una consulta al Convenio 169 de la OIT. La negativa a esta legislaci贸n se debe, entre otros elementos, a los conceptos utilizados por la misma, que no ampliar铆an los derechos de los ind铆genas en Chile.

Seg煤n explica el abogado Jorge Contesse, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, 聯este proyecto tiene el problema que no satisface los est谩ndares internacionales en materia de derecho de los pueblos ind铆genas, porque la iniciativa reconoce la existencia de los pueblos ind铆genas, pero el derecho de sus comunidades, organizaciones e integrantes. El uso de las palabras es importante, porque lo que tiene que reconocerse es el derecho de los pueblos, no de las comunidades ni de los integrantes聰.

Sostiene que en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Ind铆genas y Tribales en Pa铆ses Independientes, ratificado por nuestro pa铆s en 2009, 聯son los pueblos los titulares de los derechos y tienen derecho a ejercer la autodeterminaci贸n, lo que no significa secesi贸n, ni separatismo, sino grados de autonom铆a pol铆tica para definir sus propias prioridades y sus formas de desarrollo. Eso existe en el mundo y no significa que los estados se partan en dos聰.

Consultado por las demandas territoriales de los mapuches y pascuenses y c贸mo conciliar esa demanda con el derecho de propiedad de los privados, respondi贸: 聯El Estado debe impulsar pol铆ticas p煤blicas muy decididas para encontrar soluci贸n a ese desencuentro. Buena parte de las tierras, no todas, que hoy est谩n en manos de particulares, lo sabemos y est谩 probado se hizo por medios fraudulentos. En consecuencia, el Estado chileno tiene la obligaci贸n de reparar a los pueblos ind铆genas en este tema聰.



DIAGUITAS Y KAWESKAR: LAS OTRAS DEMANDAS

Aunque los mapuches y pascuenses han sido m谩s visibles en sus demandas y reivindicaciones, el hecho es que los otros pueblos originarios tambi茅n tienen sus propias inquietudes, como es el caso de los diaguitas, en el norte, y los kaweskar, en el sur.

La presidenta de la asociaci贸n Consejo Regional Diaguita, Solange Bordones, explica que aunque han sido reconocidos como pueblo originario, 聯todav铆a no tenemos oficina Conadi y dependemos de un enlace de Copiap贸 y eso nos molesta, porque aunque aparecemos en la Ley Ind铆gena como etnia, no tenemos los mismos derechos. Somos los hermanos pobres de los ind铆genas y deber铆amos tener los mismos derechos que los mapuches, los aimaras, y los licanatays (atacame帽os). Nosotros estamos en un valle al interior y es s煤per complicado, porque no podemos viajar a Copiap贸 y no tenemos acceso a internet y por eso los proyectos llegan atrasados o se pierde la correspondencia聰.

La principal demanda de su comunidad tiene que ver con las pol铆ticas medioambientales relacionadas con las mineras que est谩n establecidas en la zona.

En el caso de la comunidad kaweskar, Juan Carlos Tonko explic贸 a LND que 聯nuestras demandas son similares a los que tienen los dem谩s pueblos ind铆genas聰 y que en el caso de ellos, piden espacios territoriales entre la ribera norte del Golfo de Penas hasta el sector sur de la Isla Madre de Dios, donde vive la poblaci贸n kaweskar de Puerto Ed茅n. 聯Lo que queremos es la conservaci贸n de los sitios patrimoniales y protecci贸n porque las grandes empresas de la salmonicultura est谩n solicitando 谩reas de concesiones mar铆timas, que est谩n en territorio kaweskar. Seg煤n el convenio de la 169 de la OIT, ser铆a nuestra responsabilidad administrar esa zona聰.

Fuente: La Nación

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