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2010-01-19 | Indoamérica | Aymara

Solicitan aplicaci√ɬ≥n de Consulta seg√ɬļn Convenio 169 OIT

IND√ɬćGENAS INTERPONEN RECURSO LEGAL CONTRA GOBIERNO CHILENO POR EXPLORACI√ɬďN MINERA EN CATANAVE

ARICA - Representantes de la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales de Arica y Parinacota interpusieron un recurso de protecci√ɬ≥n contra el Gobierno de Chile por no aplicar el derecho a consulta, participaci√ɬ≥n y el consentimiento previo e informado, establecido en el Convenio 169 de la Organizaci√ɬ≥n Internacional del Trabajo √ʬĬďOIT-, en el proyecto de √ʬĬúExploraci√ɬ≥n Minera proyecto Catanave√ʬĬĚ, solicitada por la empresa transnacional Southern Copper Corporation √ʬĬď Agencia Chile, que se encuentra en calificaci√ɬ≥n seg√ɬļn el Sistema de Evaluaci√ɬ≥n de Impacto Ambiental, en el marco de la Ley 19.300, Bases del Medio Ambiente.




La coordinadora aclara que el proceso de √ʬĬúparticipaci√ɬ≥n ciudadana√Ę¬Ä¬Ě dada por la Comisi√ɬ≥n Nacional del Medio Ambiente (Conama) en el marco de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, tiene car√ɬ°cter restrictivo y limitado para los pueblos originarios, y contraviene en gran medida el Derecho a Consultar a los pueblos ind√ɬ≠genas cuando se apliquen medidas que les afecten directamente y est√ɬ© en riesgo su existencia, integridad cultural y sus recursos naturales de subsistencia, establecido en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Ind√ɬ≠genas y Tribales.
Asimismo el conglomerado de representantes indígena urbanos, rurales y sociedad civil, enfatiza que el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, es un tratado internacional de Derechos Humanos, cuyo carácter es vinculante con la legislación interna del país y tiene un rango constitucional, ratificado en el artículo quinto de la Constitución Política chilena que obliga al Estado a respetar y cumplir las normativas en la materia.

Por tanto, mediante la acci√ɬ≥n legal realizada en la Corte de Apelaciones de Arica, la Coordinadora solicita: la suspensi√ɬ≥n y/o revocaci√ɬ≥n definitiva del proceso de participaci√ɬ≥n que establece la ley 19 por contradecir en particular al Convenio 169 de la OIT; la anulaci√ɬ≥n de la concesi√ɬ≥n de exploraci√ɬ≥n minera en el territorio de la Reserva Nacional Las Vicu√ɬĪas, ya que esta se concedi√ɬ≥ sin contar con la consulta y consentimiento a las comunidades ind√ɬ≠genas directamente afectadas. Y toda medida que tenga por objeto reestablecer el debido imperio del derecho de los afectados, principalmente tomando en consideraci√ɬ≥n los principios cautelares, precautorios y de irreversibilidad del da√ɬĪo ambiental que se pretende causar en la Reserva Nacional de la Vicu√ɬĪas, con costas.


NORMATIVAS VULNERADAS

Seg√ɬļn el recurso interpuesto por el referente aymara, el proceso de participaci√ɬ≥n ciudadana del proyecto Catanave, efectuado el 6 de enero de 2010 en Putre, vulnera el derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT en sus articulados 6, 7 y 15, donde se establece que antes de emprender cualquier actividad de exploraci√ɬ≥n o explotaci√ɬ≥n de minerales y/u otros recursos naturales que se encuentren en las tierras o territorios ind√ɬ≠genas de debe consultar al Pueblo Ind√ɬ≠gena, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos ser√ɬ≠an perjudicados y en que medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospecci√ɬ≥n o explotaci√ɬ≥n de los recursos existentes en sus tierras.

Como indica el instrumento internacional, los Estados tienen la obligaci√ɬ≥n de consultar a los pueblos ind√ɬ≠genas, m√ɬ°s a√ɬļn cuando se pone en riesgo la subsistencia, integridad cultural y existencia de las comunidades directamente e indirectamente afectadas, adem√ɬ°s del riesgo de la contaminaci√ɬ≥n de su territorio y el uso de sus recursos naturales no renovables.

√ʬĬúEste derecho a la consulta se encuentra amparado en los instrumentos internacionales contenidos en la Convenci√ɬ≥n de la Erradicaci√ɬ≥n de la Discriminaci√ɬ≥ n y Racismo, En la Convenci√ɬ≥n de los Derechos del Ni√ɬĪo, en el Pacto Internacional de Derechos Econ√ɬ≥micos, Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol√ɬ≠ticos y adem√ɬ°s en la Declaraci√ɬ≥n de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind√ɬ≠genas√ʬĬĚ, a√ɬĪaden en el recurso de protecci√ɬ≥n.

Es más, la Coordinadora indica que el proceso de participación dada por la Conama en del marco de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, contraviene los artículos 12, 13 y el articulo 34 de la Ley 19.253, Ley Indígena, en razón de la protección otorgada por normativa a la propiedad y posesión que tienen los pueblos indígenas sobre tierras ancestrales, además de la obligación legal que se hace para que en estas materias de alto impacto se consulte a las organizaciones indígenas.

Adem√ɬ°s, el proyecto minero √ʬĬúCatanave√Ę¬Ä¬Ě se desarrollar√ɬ≠a ubicado a 15 kil√ɬ≥metros de la localidad Tignamar, comuna de Putre, provincia de Parinacota, al interior de la Reserva Nacional de Las Vicu√ɬĪas, que forma parte del Sistema Nacional de √ɬĀreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE). Es decir, la exploraci√ɬ≥n es solicitada en territorio ind√ɬ≠gena y ancestral amparados por la Ley Ind√ɬ≠gena, y protegido por las normas del SNASPE, y por los art√ɬ≠culos referidos al derecho a la vida, a vivir en un ambiente libre de contaminaci√ɬ≥n, ambos contenidos en el articulo 19 de la Constituci√ɬ≥n Pol√ɬ≠tica de la Republica.

√ʬĬúLa autoridad nacional no ha considerado el Convenio 169 de la OIT, en lo que respecta a la consulta, participaci√ɬ≥n y consentimiento. De esta forma el gobierno ha restringido las obligaciones de respeto, protecci√ɬ≥n y garant√ɬ≠a establecidos en la Convenci√ɬ≥n Americana de Derechos Humanos y el art√ɬ≠culo 1 de la Constituci√ɬ≥n Pol√ɬ≠tica del Estado, que establece como deber del estado la adopci√ɬ≥n de las medidas de participaci√ɬ≥n que aseguren la mayor realizaci√ɬ≥n de los grupos intermedios en el pa√ɬ≠s, m√ɬ°s cuando se trata de una naci√ɬ≥n ind√ɬ≠gena, en territorio ancestral protegido por leyes nacionales e internacionales√Ę¬Ä¬Ě , argumenta la Coordinadora.

Cabe destacar tambi√ɬ©n que sin la participaci√ɬ≥n de los afectados en un proyecto con intervenci√ɬ≥n de alto impacto ambiental, probablemente irreversible, no se cautelan los derechos garantizados por la Convenci√ɬ≥n sobre Diversidad Biol√ɬ≥gica, suscrita y ratificada por Chile, cuya finalidad es establecer la conservaci√ɬ≥n de la diversidad biol√ɬ≥gica del territorio ind√ɬ≠gena que se pretende intervenir, teniendo presente que es una Reserva Nacional de las Vicu√ɬĪas.

Del mismo modo, la org√ɬ°nica ind√ɬ≠gena agrega que √ʬĬúes importante mencionar que este proyecto minero viola la obligaci√ɬ≥n de prevenir y cautelar la integridad ambiental consagrada en la convenci√ɬ≥n de Biodiversidad de R√ɬ≠o√ʬĬĚ.
Finalmente la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales recuerda a la opini√ɬ≥n p√ɬļblica en general que la empresa de capitales norteamericanos, Southern Copper Corporation, fue condenada por el Tribunal Internacional del Agua en el a√ɬĪo 1992, acusada de inminente ecocidio producido por medio siglo en el sur del Per√ɬļ (Ilo) tras extraer aguas de alta calidad de las cuencas altoandinas, con impactos negativos, afectando la disponibilidad de agua para uso domestico y agr√ɬ≠cola; adem√ɬ°s de descargar relaves al mar destruyendo el cauce del r√ɬ≠o Locumba y la Bah√ɬ≠a de Ite, ecosistema que perdieron su diversidad biol√ɬ≥gica.


texto: Leyla Noriega Zegarra.
Periodista.

Fuente: Foro Escandinavo por los Derechos de los Pueblos Indígenas

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