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2012-03-23 | Indoamérica | Indoamericano

Argentina rinde examen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisi√ɬ≥n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convoc√ɬ≥ este viernes 23 de marzo, a una audiencia especial para abordar la situaci√ɬ≥n de los pueblos ind√ɬ≠genas en la Argentina. √ʬĬúEl objetivo es poner en conocimiento la grave situaci√ɬ≥n en la que viven los miembros de los distintos pueblos ind√ɬ≠genas√ʬĬĚ, explica la solicitud realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Ind√ɬ≠genas (Odhpi).




La CIDH llam√ɬ≥ a audiencia especial, en el marco del 144 per√ɬ≠odo ordinario de sesiones, bajo el t√ɬ≠tulo √ʬĬúSituaci√ɬ≥n de los derechos humanos de los pueblos ind√ɬ≠genas en Argentina√ʬĬĚ. Se abordar√ɬ° especialmente la situaci√ɬ≥n del Pueblo Mapuche de Neuqu√ɬ©n, el Pueblo Diaguita de Tucum√ɬ°n y el Pueblo Qom de Formosa. En Neuqu√ɬ©n, m√ɬ°s de 250 dirigentes mapuches est√ɬ°n procesados por defender el territorio donde siempre vivieron. En Tucum√ɬ°n y Formosa enfrentan constantes intentos de desalojos y fueron asesinados el diaguita Javier Chocobar (12 de octubre de 2009) y el qom Roberto L√ɬ≥pez (23 de noviembre de 2010).

√ʬĬúEn nuestro pa√ɬ≠s, los pueblos ind√ɬ≠genas padecen consecuencias de injusticias hist√ɬ≥ricas: la colonizaci√ɬ≥n, el despojo de sus tierras y territorios de ocupaci√ɬ≥n tradicional y la falta de control para ordenar sus prioridades de desarrollo (√ʬĬ¶) En la pr√ɬ°ctica no existen normas ni pol√ɬ≠ticas de Estado que garanticen los derechos colectivos fundamentales para la supervivencia de los pueblos ind√ɬ≠genas como tales√ʬĬĚ, comienza el documento firmado por Cels, Andhes y Odhpi, fundamentando la petici√ɬ≥n de audiencia. Integrantes de los tres pueblos concurrir√ɬ°n a la entrevista, en Washington (Estados Unidos).

Las organizaciones de derechos humanos de Argentina remarcan el incumplimiento de la legislaci√ɬ≥n que protege los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas y, afirman, que el √ʬĬúEstado argentino no solo incumple su obligaci√ɬ≥n de hacer efectivos los derechos territoriales ind√ɬ≠genas sino que, en m√ɬļltiples casos, los reclamos que llevan adelante las comunidades han derivado en respuestas violentas del Estado que incluyen la criminalizaci√ɬ≥n de la protesta, represi√ɬ≥n y asesinatos por parte de particulares o miembros de las fuerzas de seguridad√ʬĬĚ.

En 2010, el Comit√ɬ© para la Eliminaci√ɬ≥n de la Discriminaci√ɬ≥n Racial de Naciones Unidas llam√ɬ≥ la atenci√ɬ≥n por las violaciones a los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas de Argentina. El Comit√ɬ© expres√ɬ≥ su preocupaci√ɬ≥n por los hechos de violencia del que son v√ɬ≠ctimas la comunidades. El mismo a√ɬĪo, el Comit√ɬ© de Derechos Humanos recomend√ɬ≥ al Estado √ʬĬúadoptar las medidas que sean necesarias para poner fin a los desalojos y asegurar la propiedad comunitarias de los pueblos ind√ɬ≠genas√ʬĬĚ.

En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de comunidades indígenas de Formosa y Neuquén. Instó a que se garantice la vida, la integridad física y las prácticas religiosas tradicionales, sin amenazas, agresiones u hostigamientos por parte de las policías o particulares.

El Comit√ɬ© de Derechos Econ√ɬ≥micos, Sociales y Culturales (DESC) se√ɬĪal√ɬ≥, en 2011, numerosas preocupaciones en torno a la falta de efectividad de los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas, solicitando al Estado que emprenda las medidas necesarias para frenar estas violaciones y que se sancione a los responsables de tales actos ilegales.

En diciembre pasado, el Relator Especial de las Naciones Unidas, James Anaya, visitó comunidades de la Patagonia y del Norte del país. Alertó respecto al avance de industrias extractivas, el incumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la violación de derechos humanos.

Contacto:

Juan Manuel Salgado (ODHPI) √ʬĬď 0299 4486294

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Solicitud de Audiencia

Buenos Aires, 18 de enero de 2012

Al Sr. Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

Sr. Santiago CANTON

1889 F. Street N.W. Washington, DC 20006

Ref.: Solicitud de Audiencia en los t√ɬ©rminos del art√ɬ≠culo 66 del Reglamento de la Comisi√ɬ≥n Interamericana de Derechos Humanos sobre la situaci√ɬ≥n general de los pueblos originarios en la Rep√ɬļblica Argentina
Estimado Sr. CANTON,
Tenemos el agrado de dirigirnos a esta ilustre Comisi√ɬ≥n Interamericana de Derechos Humanos √ʬĬĒen adelante Comisi√ɬ≥n Interamericana, Comisi√ɬ≥n o CIDH√ʬĬĒ en representaci√ɬ≥n del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Ind√ɬ≠genas (ODHPI), - tres organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos de los pueblos ind√ɬ≠genas en Argentina- a fin de manifestarle nuestro inter√ɬ©s en comparecer a una audiencia durante el pr√ɬ≥ximo per√ɬ≠odo de sesiones, con el objeto poner en su conocimiento la grave situaci√ɬ≥n en la que viven los miembros de los distintos pueblos y comunidades ind√ɬ≠genas de la Argentina y las problem√ɬ°ticas que las afectan.

Estamos convencidos de que mediante esta audiencia la Comisi√ɬ≥n podr√ɬ° obtener informaci√ɬ≥n actual y veraz sobre las problem√ɬ°ticas que aquejan a los pueblos ind√ɬ≠genas de nuestro pa√ɬ≠s y colaborar en el monitoreo de las medidas conducentes para lograr su reversi√ɬ≥n. Cabe se√ɬĪalar que en caso de que sea concedida, participar√ɬ°n de la audiencia representantes de las distintas comunidades ind√ɬ≠genas de nuestro pa√ɬ≠s a trav√ɬ©s de autoridades de la Confederaci√ɬ≥n Mapuche, del sur de nuestro pa√ɬ≠s, de la Uni√ɬ≥n de Pueblos de la Naci√ɬ≥n Diaguita y del pueblo Qom del noroeste de la Rep√ɬļblica Argentina.

En cumplimiento de lo normado en el artículo 66.2 del Reglamento de la Comisión, realizaremos una breve descripción de las razones que justifican esta solicitud y de las materias que serán objeto de la presentación oral ante esta Ilustre Comisión, aspectos que serán ampliados en oportunidad de la audiencia.
I. LA SITUACION DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN ARGENTINA
En nuestro país, los pueblos indígenas padecen consecuencias de injusticias históricas: la colonización, el despojo de sus tierras y territorios de ocupación tradicional y la falta de control para ordenar sus prioridades de desarrollo.

Si bien la Rep√ɬļblica Argentina ha consagrado los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas en la Constituci√ɬ≥n Nacional (art.75 inc.17), otorgado jerarqu√ɬ≠a constitucional numerosos tratados de derechos humanos, ratificado el Convenio 169 de la Organizaci√ɬ≥n Internacional del Trabajo y aceptado la Declaraci√ɬ≥n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind√ɬ≠genas, en la pr√ɬ°ctica no existen normas ni pol√ɬ≠ticas de Estado que garanticen los derechos colectivos fundamentales para la supervivencia de los pueblos ind√ɬ≠genas como tales.

Nuestro país reconoce el derecho de estos pueblos a la posesión y propiedad de sus tierras de ocupación tradicional, pero no ha adoptado medidas eficaces para delimitar y otorgar títulos de propiedad comunitaria sobre estas tierras (1). Tampoco ha adoptado procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones de tierras efectuadas por los pueblos indígenas.

La √ɬļnica norma sancionada con posterioridad a la reforma constitucional ha sido la ley de emergencia 26.160/26.554 que declara la emergencia de las tierras ocupadas por comunidades ind√ɬ≠genas, suspende los desalojos de comunidades ind√ɬ≠genas por cuatro a√ɬĪos y establece el deber de realizar un relevamiento de estas tierras. Producto de esta ley se cre√ɬ≥ un Programa Nacional de Relevamiento Territorial. Sin embargo, este programa registra injustificados atrasos en su implementaci√ɬ≥n, no fija procedimientos para la adjudicaci√ɬ≥n de t√ɬ≠tulos de propiedad comunitaria ni dispone medidas para solucionar los conflictos entre comunidades y terceros o el propio Estado alrededor de esas tierras2. A pesar de la vigencia de la ley, en m√ɬļltiples ocasiones los desalojos contin√ɬļan sucediendo. Para agravar la situaci√ɬ≥n, el Estado argentino no solo incumple su obligaci√ɬ≥n de hacer efectivos los derechos territoriales ind√ɬ≠genas sino que, en m√ɬļltiples casos, los reclamos que llevan adelante los pueblos y comunidades por el cumplimiento de sus derechos, han derivado en serias respuestas violentas del Estado que incluyen la criminalizaci√ɬ≥n de la protesta, represi√ɬ≥n y asesinatos por parte de particulares o miembros de las fuerzas de seguridad.
Todo esto sucede en un marco institucional de exclusi√ɬ≥n pol√ɬ≠tica que se refleja en todas las tem√ɬ°ticas. Si bien la reforma constitucional y la adopci√ɬ≥n de los tratados internacionales de derechos humanos inscriben a la Argentina en un nuevo paradigma de emancipaci√ɬ≥n de los Pueblos, en la pr√ɬ°ctica rige todav√ɬ≠a el paradigma de la asimilaci√ɬ≥n y sometimiento. Los pueblos ind√ɬ≠genas siguen subordinados a las formas y pr√ɬ°cticas neocoloniales. La participaci√ɬ≥n en las decisiones de gobierno que les ata√ɬĪen es sumamente restringida y tratada como una cuesti√ɬ≥n meramente asistencial.
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1- En un informe presentado por las organizaciones solicitantes de esta audiencia y otras organizaciones sociales e instituciones p√ɬļblicas al Relator de Naciones Unidas sobre Pueblos Ind√ɬ≠genas, con motivo de su visita oficial a la Argentina que tuvo lugar entre el 27 de noviembre y 6 de diciembre de 2011, se se√ɬĪal√ɬ≥ que de 140 casos de conflictos territoriales ind√ɬ≠genas relevados solo 12 contaban con t√ɬ≠tulos sobre sus tierras tradicionales.

2- Para profundizar en tal sentido puede consultarse el Informe de ENDEPA sobre la inejecución de la ley disponible en: http://redaf.org.ar/noticias/wp-content/uploads/2011/05/INFORME-LEY-26160.pdf.

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La máxima autoridad nacional en materia indígena es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente jerárquicamente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que designa a su Presidente. Desde su creación, nunca el Presidente ha sido indígena ni elegido por indígenas.

El alto grado de falta de implementación e inejecución de normas que se expondrá no es casual. Está directamente relacionado con la falta de participación de los pueblos indígenas en el gobierno. El Estado argentino no ha dado lugar a la participación real de los pueblos indígenas ni garantiza el respeto de su identidad, lo que se traduce en el desconocimiento de sus valores, prácticas e instituciones, anulando así toda posibilidad para que ejerzan su derecho a la libre determinación y autonomía.
En la Rep√ɬļblica Argentina, las decisiones fundamentales de gobierno que interesan a los ind√ɬ≠genas las dise√ɬĪan, programan, presupuestan, aprueban y ejecutan los no ind√ɬ≠genas sin consulta ni participaci√ɬ≥n previa libre ni informada de los pueblos ind√ɬ≠genas. Las consecuencias m√ɬ°s graves de esta omisi√ɬ≥n se producen en relaci√ɬ≥n a los derechos territoriales y a la utilizaci√ɬ≥n de los recursos naturales por empresas concesionarias que operan en las tierras de propiedad ind√ɬ≠gena sin ning√ɬļn tipo de consulta ni participaci√ɬ≥n de los pueblos y comunidades involucradas.
II. LOS CONFLICTOS IND√ɬćGENAS DE LOS √ɬöLTIMOS A√ɬĎOS

Bajo este t√ɬ≠tulo se detallan un conjunto de casos que evidencian patrones comunes en los problemas que atraviesan las comunidades ind√ɬ≠genas en Argentina: son escasas las comunidades que cuentan con t√ɬ≠tulos de propiedad, existen serios obst√ɬ°culos para disfrutar de sus territorios, situaci√ɬ≥n que se vio agravada, en los √ɬļltimos a√ɬĪos, por el proceso de expansi√ɬ≥n de la industria hidrocarbur√ɬ≠fera, minera y forestal, por la expansi√ɬ≥n de la frontera agr√ɬ≠cola y el aumento exponencial de los desmontes en algunas provincias. Finalmente, las luchas emprendidas por los pueblos o comunidades reciben una respuesta institucional violenta que incluye la criminalizaci√ɬ≥n de la protesta social, la represi√ɬ≥n, el asesinato y la persecuci√ɬ≥n y amedrentamiento de las autoridades ind√ɬ≠genas y los defensores.

En la Provincia del Neuqu√ɬ©n el desalojo de la Comunidad Currumil ha sido recientemente confirmado por el Tribunal Superior de Justicia Provincial. La misma jueza interviniente en esta causa ha ordenado otros desalojos, cuyas ejecuciones fueron acompa√ɬĪadas, muchas veces, por violentas represiones como el caso de la Comunidad Currumil y de la Comunidad Puel. Tambi√ɬ©n orden√ɬ≥ el desalojo de la Comunidad Tuwun Kupalmeo Maliqueo de las tierras que √ɬ©sta utiliza para pastoreo, a favor de un estanciero, de la Comunidad Lonko Purran para que se pudieran realizar actividades de exploraci√ɬ≥n petrol√ɬ≠fera y de la Comunidad Wi√ɬĪoy Tayi√ɬĪ Raquizuam. Recientemente ha ordenado la continuaci√ɬ≥n de la actividad petrolera en la Comunidad Gelay Ko, dispuesta sin consulta ni participaci√ɬ≥n ind√ɬ≠gena. En todas estas decisiones, jam√ɬ°s se aplica la Convenci√ɬ≥n Americana sobre Derechos Humanos ni la jurisprudencia de la Comisi√ɬ≥n y la Corte, como tampoco el Convenio 169 de la O.I.T, la Declaraci√ɬ≥n de la ONU sobre los Pueblos Ind√ɬ≠genas o las normas constitucionales internas. S√ɬ≥lo se aplica el derecho privado. Los mismos jueces que han ordenado los desalojos intervienen en numerosas causas penales en contra de miembros del Pueblo Mapuce en los que se los investiga por usurpaci√ɬ≥n y otros delitos.

Una situaci√ɬ≥n particularmente grave es la de la Comunidad Paichil Antriao, desalojada de parte de su territorio con varios heridos de gravedad mientras se encontraba en tr√ɬ°mite ante la Comisi√ɬ≥n Interamericana de Derechos Humanos un pedido de medidas cautelares. Actualmente el Estado no ha adoptado ninguna previsi√ɬ≥n para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar dispuesta el 6 de abril de 2011 por esa Comisi√ɬ≥n (MC-269-08) con el fin de que la Comunidad pueda realizar sus ceremonias tradicionales en ese lugar y, por el contrario, contin√ɬļa la criminalizaci√ɬ≥n de sus miembros por parte del mismo juez que orden√ɬ≥ el desalojo.

Las comunidades del sur de pa√ɬ≠s tambi√ɬ©n sufren, en particular, las consecuencias de las actividades de empresas petroleras. En la Provincia de Neuqu√ɬ©n son varias las comunidades en conflicto con empresas petroleras que se encuentran instaladas en territorio mapuche por concesiones otorgadas por el Estado inconsultamente. Hay comunidades que tienen empresas en fase de explotaci√ɬ≥n de petr√ɬ≥leo y gas dentro del territorio (Comunidades Logko Purr√ɬ°n, Gelay Ko, Antipan, Kaxipayin y Painemil), otras sufren por actividades de tipo explorativo (Comunidades Wi√ɬĪoy Folil, Maliqueo, Wenctru Trawel Leufu y Marifil).Un caso muy preocupante es el de la concesi√ɬ≥n otorgada a la empresa Plus Petrol- Enarsa que afecta el territorio de doce comunidades (Gramajo, Kajfvkura, Felipin, Paineo, Cheuquel, Cayupan, Millaqueo, Kimchao, Rams, Zu√ɬĪiga, Marifil y Zapata).

En la provincia de Chubut hay m√ɬ°s de mil permisos de exploraci√ɬ≥n, muchos de ellos sobre territorios comunitarios sin ning√ɬļn tipo de consulta previa. El caso paradigm√ɬ°tico es el llamado √ʬĬúProyecto Navidad√ʬĬĚ, un mega proyecto metal√ɬ≠fero impulsado por el Gobierno provincial y la compa√ɬĪ√ɬ≠a canadiense Aquiline Resources. Varias comunidades locales y organizaciones sociales denunciaron que la empresa canadiense y el gobierno provincial violaron sus derechos ancestrales a la posesi√ɬ≥n y propiedad comunitaria de las tierras y a la consulta y participaci√ɬ≥n. La empresa ingres√ɬ≥ a territorio ind√ɬ≠gena y profan√ɬ≥ un cementerio aborigen de 1200 a√ɬĪos, ubicado en el coraz√ɬ≥n mismo del futuro yacimiento.

Adem√ɬ°s, las comunidades expresaron su preocupaci√ɬ≥n por el gigantesco uso de agua que se realiza en estos emprendimientos durante los quince a√ɬĪos de vida del yacimiento, lo cual atenta contra la principal actividad de los pobladores de la zona que es la cr√ɬ≠a de ganado ovino y caprino. Entre las comunidades afectadas por este proyecto figuran Laguna Fria y Chacay Oeste, Mallin de los Cual, Los Pino, El Escorial, Yala- Laubat, Lagunita Salada-Cerro Bayo-Gorro Frigio, Taquetren y Lefimi En la misma provincia, un juez resolvi√ɬ≥ el desalojo contra la Comunidad Santa Rosa Leleque en tierras compradas por el grupo italiano Benetton y en otro juzgado el logko (cabeza) de la Comunidad Mapuche "Jacinto Antileo", fue recientemente condenado por usurpaci√ɬ≥n pese a que el territorio comunitario hab√ɬ≠a sido relevado en el marco de la Ley 26.160.

Tambi√ɬ©n en el sur del pa√ɬ≠s, en la provincia de R√ɬ≠o Negro, en los √ɬļltimos a√ɬĪos se ordenaron desalojos contra las Comunidades Pedraza Melivilo (2006), Lof Lleiful Cayumil (2007), Lof Ponce-Luengo (2007), Lof Lonc√ɬ≥n (2008), Lof Seguel-Montiel (2010), Lof Palma-Villablanca-Comunidad Las Huaytekas (2010), Comunidad Jos√ɬ© Manuel Pich√ɬļn (2011), Lof √ɬĎancunao-Barr√ɬ≠a-Comunidad Las Huaytekas (2011) y Comunidad Newen Twain Kom (2011).

Por su parte, en la provincia de Tucumán se llevaron a cabo los desalojos de la Comunidad India Quilmes, Comunidad El Nogalito, la Comunidad de El Mollar, la Comunidad de Tolombón y hubo varios intentos de desalojo a otras comunidades. Paradigmático resulta el caso de la Comunidad India Quilmes. El 17 de septiembre de 2009, 40 familias de esta Comunidad, de la localidad de Colalao del Valle, fueron desalojadas violentamente. Sin notificación previa el desalojo se hizo efectivo con la presencia del propio juez de paz, representantes de varios terratenientes del lugar y aproximadamente 120 efectivos policiales, quienes corrieron a las familias, destruyendo y quemando sus casas. El 4 de noviembre de 2009 el mismo juez civil ordenó un nuevo desalojo en el mismo predio y un tercer desalojo intentó llevarse a cabo violentamente en abril de 2011. En esta oportunidad miembros de la comunidad recibieron la agresión por parte de la policía con balas de goma y gases lacrimógenos.

Las principales dificultades que enfrentan los pueblos Diaguita y Lule en Tucum√ɬ°n, con alrededor de 20.000 habitantes, est√ɬ°n relacionados con el avance de grupos con intereses econ√ɬ≥mico-productivos que pretenden desalojar a las comunidades de su territorio ancestral, para la explotaci√ɬ≥n de tierras en emprendimientos econ√ɬ≥micos, sin consulta ni participaci√ɬ≥n de las comunidades. La actividad minera implica no solo una contaminaci√ɬ≥n ambiental propia de la explotaci√ɬ≥n minera a cielo abierto, sino tambi√ɬ©n un mal uso y contaminaci√ɬ≥n de los cursos de agua dulce de toda la zona. Al mismo tiempo, otros emprendimientos se asientan sobre territorio ancestral de las comunidades y ocasionan la tala indiscriminada de bosques y especies aut√ɬ≥ctonas, y la introducci√ɬ≥n de cultivos extra√ɬĪos al lugar. A modo de ejemplo, la Comunidad Ind√ɬ≠gena Chuschagasta, del pueblo Diaguita de Tucum√ɬ°n, ha venido llevando adelante acciones legales en la Justicia Federal tucumana con el objeto de exigir el reconocimiento de su territorio ancestral (en el que se encuentra ubicada una cantera natural de piedra laja). Una escalada de respuestas ilegales, por parte de quienes pretenden la explotaci√ɬ≥n de dicha cantera, finaliz√ɬ≥ brutalmente el 12 de Octubre de 2009 con el asesinato con disparos de armas de fuego al dirigente ind√ɬ≠gena Javier Chocobar (un abuelo de 70 a√ɬĪos, miembro del consejo de ancianos) y las heridas de bala de gravedad a otros cuatro comuneros.

La Comunidad Del Pueblo Diaguita de Andalgal√ɬ°, es afectada por el emprendimiento minero de Bajo de la Alumbrera y en el a√ɬĪo 2009 el gobierno provincial autoriz√ɬ≥ la explotaci√ɬ≥n de otro yacimiento minero, de manera inconsulta. . Las autorizaciones se realizaron sin que se haya respetado la normativa que protege los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas.

En la provincia de Salta se vienen produciendo desplazamientos de comunidades indígenas producto de los desmontes. La Comunidad La Chirola que hasta hace pocas décadas disponía de miles de hectáreas para la la recolección de frutos del monte, caza y pesca, hoy se encuentra encerrada en tan sólo 11 hectáreas. No muy lejos de allí, la Comunidad Las Llanas quedó recluida en 2 hectáreas. En junio de 2011 las comunidades kollas realizaron varias protestas a raíz de la construcción de un gasoducto en su territorio. En Abra Pampa las comunidades sufren graves consecuencias de la contaminación ambiental ocasionada por una fundición de metales y de la negligencia gubernamental en tomar medidas adecuadas y eficaces para la protección de la salud de los residentes y del ambiente.

En noviembre de 2010, integrantes de la comunidad ind√ɬ≠gena Quom Potae Napocna Navogoh - La Primavera realizaron una protesta en la provincia de Formosa en reclamo por la restituci√ɬ≥n de sus tierras. Como consecuencia, se desat√ɬ≥ una feroz represi√ɬ≥n policial que caus√ɬ≥ la muerte de Roberto L√ɬ≥pez, graves heridas a Samuel Garcete, decenas de heridos de variable gravedad, detenciones prolongadas y la quema de viviendas de miembros de la Comunidad, lo que motiv√ɬ≥ el otorgamiento de una medida cautelar por parte de esta Comisi√ɬ≥n (MC 404-10). Esta Comunidad hace varios a√ɬĪos viene reclamando el cumplimiento efectivo del derecho a la posesi√ɬ≥n y propiedad comunitaria de sus tierras sin obtener resultados. Actualmente la comunidad no puede acceder a una parte de su territorio porque se encuentra ocupado por particulares, en otra parte se delimit√ɬ≥ inconsultamente el Parque Nacional R√ɬ≠o Pilcomayo y otra √ɬ°rea ha sido cedida a una Universidad estatal. En los √ɬļltimos meses se produjeron varios hechos de violencia contra integrantes de la comunidad.
Recientemente, el 16 de noviembre de 2011, en San Antonio, provincia de Santiago del Estero, fue asesinado Cristian Ferreyra, un joven integrante del Movimiento Nacional Campesino Ind√ɬ≠gena (MoCaSE-VC), y otros dos compa√ɬĪeros suyos fueron v√ɬ≠ctima de graves heridas. La violencia fue ejercida por un terrateniente de la zona. La responsabilidad del Estado en este hecho cobra mayor importancia porque los afectados han alertado en reiteradas oportunidades sobre una escalada de intimidaciones y atentados de los que son v√ɬ≠ctimas. La emisora radial comunitaria de la organizaci√ɬ≥n pol√ɬ≠tica y social de los grupos ind√ɬ≠genas y campesinos afectados fue incendiada, lo que implic√ɬ≥ la destrucci√ɬ≥n de sus equipos de comunicaci√ɬ≥n. Adem√ɬ°s, los integrantes de la familia Maldonado, referentes sociales del MoCaSE-VC, recibieron amenazas reiteradas, oportunamente denunciadas ante el juez. El atentado de noviembre de 2011 se produjo en la vivienda de la familia Ferreyra cuando ten√ɬ≠a lugar una reuni√ɬ≥n para organizar acciones de denuncia sobre las violaciones a la Ley de Bosques. El lugar hab√ɬ≠a sido elegido como alternativo a la casa de los Maldonado, ante la persecuci√ɬ≥n que √ɬ©stos ven√ɬ≠an sufriendo.
III. AUSENCIA DE LEGISLACI√ɬďN INTERNA ADECUADA A LA NORMATIVA INTERNACIONAL

En la Rep√ɬļblica Argentina es evidente la falta de una legislaci√ɬ≥n que garantice el efectivo ejercicio de los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas. Con motivo de ello las comunidades no cuentan con los mecanismos o garant√ɬ≠as suficientes para defenderse frente a las violaciones a sus derechos y para resolver sus planteos legales se suelen utilizar institutos jur√ɬ≠dicos previstos en el derecho privado, que son ajenos a la cosmovisi√ɬ≥n ind√ɬ≠gena y a las normas internacionales receptadas por el Estado. En relaci√ɬ≥n a los pueblos ind√ɬ≠genas, las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales carecen de aplicaci√ɬ≥n real y efectiva en el √ɬ°mbito interno y una de las principales razones para ello se encuentra en la ausencia de normas nacionales que orienten la acci√ɬ≥n estatal en el respeto de los derechos ind√ɬ≠genas.

La posesión y la propiedad comunitaria indígenas no tienen ninguna legislación que reconozca sus características diferentes, su estrecha relación con el mantenimiento de la cultura e instituciones indígenas y su protección jurídica especial. Como consecuencia de ello, los funcionarios del Estado aplican normas del derecho privado para resolver casos de tierras indígenas, violando la preeminencia que tienen las costumbres indígenas respecto a su vinculación con las tierras y territorios.

Adicionalmente, no existe en el orden jur√ɬ≠dico argentino un procedimiento adecuado de delimitaci√ɬ≥n, demarcaci√ɬ≥n y titulaci√ɬ≥n de tierras ind√ɬ≠genas. Cabe resaltar que el procedimiento de delimitaci√ɬ≥n que se ha puesto en marcha por la ley N√ā¬ļ 26.160 no cumple con las obligaciones internacionales vigentes porque se limita a las tierras de ocupaci√ɬ≥n actual, sin atender al despojos territorial, la participaci√ɬ≥n prevista para las comunidades ind√ɬ≠genas es insuficiente y no se prev√ɬ© ning√ɬļn procedimiento concreto de titulaci√ɬ≥n.

Tampoco existen mecanismos legislativos para garantizar la consulta y participaci√ɬ≥n de los pueblos ind√ɬ≠genas tanto en los actos administrativos o legislativos que los afectan directamente como en aquellas decisiones estatales o privadas referidas a la exploraci√ɬ≥n o explotaci√ɬ≥n de los recursos naturales existentes en sus tierras. La mayor√ɬ≠a de los conflictos ocasionados como consecuencia de la pretensi√ɬ≥n estatal de utilizar el agua, los bosques, los minerales o los hidrocarburos, entre otros recursos, dentro de los territorios ind√ɬ≠genas, desconociendo de modo flagrante las normas internacionales, han sido rese√ɬĪados anteriormente. Una de las causas principales de estos problemas la constituye la completa omisi√ɬ≥n legislativa que recepte el derecho ind√ɬ≠gena a la consulta. De modo concordante, ninguna legislaci√ɬ≥n de alcance nacional garantiza siquiera m√ɬ≠nimamente el derecho de los pueblos y comunidades ind√ɬ≠genas a participar en la gesti√ɬ≥n de los sistemas de salud, educaci√ɬ≥n y seguridad social que los involucran, as√ɬ≠ como tampoco existen normas reglamentarias que permitan la realizaci√ɬ≥n efectiva del derecho de dichos pueblos a establecer sus prioridades en materia de desarrollo.

En relación con el derecho a la personería jurídica, es necesario resaltar que muchas comunidades indígenas tienen dificultades para obtener la inscripción en el registro nacional de la ley 23.302, que crea un registro nacional de comunidades indígenas en el país. Esta ley, por otra parte, constituye una disposición normativa orientada por el paradigma de la asimilación y por ello contraria al derecho de los pueblos indígenas a mantener su autonomía, su cultura, sus instituciones y su forma de vida diferente.

Preocupa especialmente la sanci√ɬ≥n en nuestro pa√ɬ≠s, el pasado 22 de Diciembre de 2011, de la llamada √ʬĬúLey Antiterrorista√Ę¬Ä¬Ě que modifica el c√ɬ≥digo penal generando un desbalance en la proporcionalidad de las penas. Particularmente grave resulta la duplicaci√ɬ≥n de las penas para √ʬĬúcualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la poblaci√ɬ≥n o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisi√ɬ≥n√ʬĬĚ. La amplitud e imprecisi√ɬ≥n de esta tipificaci√ɬ≥n, abre las puertas para su aplicaci√ɬ≥n a figuras penales t√ɬ≠picamente utilizadas para criminalizar la protesta social y la defensa colectiva de derechos. Tal como fue se√ɬĪalado en la descripci√ɬ≥n de casos concretos, en muchos casos la respuesta estatal a los reclamos ind√ɬ≠genas en nuestro pa√ɬ≠s es la persecuci√ɬ≥n penal de sus miembros, en ese sentido, la vigencia de esta ley resulta necesariamente preocupante para las comunidades ind√ɬ≠genas en defensa de sus derechos. No se puede soslayar que las graves consecuencias de la aplicaci√ɬ≥n de una normativa similar en Chile, lo cual ha permitido la persecuci√ɬ≥n penal de dirigentes ind√ɬ≠genas Mapuche.

IV. PRONUNCIAMIENTOS RECIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

Cabe se√ɬĪalar que en los a√ɬĪos 2010 y 2011 varios √ɬ≥rganos internacionales de derechos humanos han puesto el acento en la falta de cumplimiento por el Estado argentino de los derechos de los pueblos Ind√ɬ≠genas. En el a√ɬĪo 2010 el Comit√ɬ© para la Eliminaci√ɬ≥n de la Discriminaci√ɬ≥n Racial de Naciones Unidas dio a conocer su informe sobre la Argentina y llam√ɬ≥ la atenci√ɬ≥n por las violaciones a los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas, se√ɬĪalando la existencia de las problem√ɬ°ticas por nosotros denunciadas y su gravedad. El Comit√ɬ© entre otras recomendaciones, convoc√ɬ≥ a poner fin a los desalojos forzosos de pueblos y comunidades ind√ɬ≠genas y a la apropiaci√ɬ≥n de tierras que pertenecen a los pueblos originarios, problem√ɬ°tica que se replica en distintas provincias del pa√ɬ≠s. El Comit√ɬ© expres√ɬ≥ su preocupaci√ɬ≥n por estos hechos de violencia -muchas veces consecuencia de los reclamos territoriales-, y llam√ɬ≥ la atenci√ɬ≥n por la muerte de un dirigente ind√ɬ≠gena en la provincia de Tucum√ɬ°n y por otros desalojos violentos ocurridos en la provincia de Neuqu√ɬ©n. En esa l√ɬ≠nea, recomend√ɬ≥ √ʬĬúque el Estado parte investigue eventos recientes de desalojos de pueblos ind√ɬ≠genas, sancione a los responsables y compense a los afectados√ʬĬĚ.

También requirió que se instauren mecanismos adecuados para llevar a cabo consultas con las comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales con el objetivo de obtener su consentimiento libre, previo e informado y lograr una efectiva participación indígena.

Similares preocupaciones se√ɬĪal√ɬ≥ en el mismo a√ɬĪo el Comit√ɬ© de Derechos Humanos, recomendando al Estado √ʬĬúadoptar las medidas que sean necesarias para poner fin a los desalojos y asegurar la propiedad comunitarias de los pueblos ind√ɬ≠genas√Ę¬Ä¬Ě debiendo igualmente investigar y sancionar a los responsables de los hechos violentos que han tenido a dichos pueblos como v√ɬ≠ctimas.

En el a√ɬĪo 2011 esta Comisi√ɬ≥n Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares en resguardo de comunidades ind√ɬ≠genas ubicadas en las provincias de Formosa y Neuqu√ɬ©n, a fin de que se les garantice la vida, la integridad f√ɬ≠sica y las pr√ɬ°cticas religiosas tradicionales, sin amenazas, agresiones u hostigamientos por parte de las polic√ɬ≠as o particulares (MC 269-08 y MC 404-10).

En ese a√ɬĪo tambi√ɬ©n el Comit√ɬ© de Derechos Econ√ɬ≥micos, Sociales y Culturales, en sus observaciones al Estado argentino ha se√ɬĪalado numerosas preocupaciones en torno a la falta de efectividad de los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas, solicitando al Estado que emprenda las medidas necesarias para frenar estas violaciones y que se sancione a los responsables de tales actos ilegales.

Finalmente, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situaci√ɬ≥n de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ind√ɬ≠genas, Sr. James Anaya, que en su informe al Consejo de Derechos Humanos del a√ɬĪo 2010 ya hab√ɬ≠a recomendado al Estado argentino que adecue su sistema jur√ɬ≠dico interno a la normativa internacional, visit√ɬ≥ a la Rep√ɬļblica Argentina en el mes de noviembre de 2011. Al finalizar dicha visita se√ɬĪal√ɬ≥ en conferencia de prensa sus preocupaciones respecto a la inseguridad jur√ɬ≠dica en que se encuentran las tierras tradicionales de los pueblos ind√ɬ≠genas, a los desalojos, a la falta de consulta efectiva y al avance de industrias extractivas3.

V. PETITORIO

Si bien los pronunciamientos de los órganos de derechos humanos han resultado muy valiosos para visibilizar la problemática indígena en Argentina, la gravedad de la situación descripta evidencia la necesidad de construir un espacio de diálogo con el Estado argentino, de manera de impulsar las políticas necesarias que reviertan las repetidas violaciones a los derechos humanos que padecen los pueblos indígenas. Sin duda alguna, el involucramiento activo por parte de la Comisión Interamericana puede resultar vital para promover avances en ese sentido.

Por ello, requerimos a esta ilustre CIDH tenga a bien conceder la audiencia general en los términos del artículo 66 de su Reglamento.

Sin otro particular, lo saludamos con nuestra más distinguida consideración,

Josefina Doz Costa - ANDHES - Directora Ejecutiva

Juan Manuel Salgado ODHPI - Director Ejecutivo

Gastón Chillier - CELS-Director Ejecutivo

Fuente: Avkin Pivke Mapu

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2025-02-02

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