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2011-12-16 | Indoamérica | Indoamericano

Indígenas y petroleras suscriben primer acuerdo en América Latina

Las ONG han logrado que transnacionales petroleras y √ʬĬúnaciones√Ę¬Ä¬Ě ind√ɬ≠genas suscriban en Bolivia un primer acuerdo de espaldas a los Estados de la regi√ɬ≥n. Un comunicado de la Asamblea del Pueblo Guaran√ɬ≠ en Itika Guaz√ɬļ (APG IG) considera que el convenio firmado por los guaran√ɬ≠es del departamento de Tarija con Repsol, British y Total E & P √ʬĬúes el primero de esta naturaleza firmado en Am√ɬ©rica Latina con una empresa multinacional petrolera y que, por tanto, esperamos que tenga repercusiones en las pr√ɬ°cticas de la industria petrolera, siendo tambi√ɬ©n un aporte espec√ɬ≠fico y concreto a las reivindicaciones de las comunidades ind√ɬ≠genas bolivianas y latinoamericanas. Este comunicado tiene la finalidad de cumplir con los principios de transparencia financiera o corporativa y debe servir como notificaci√ɬ≥n a los efectos legales oportunos√ʬĬĚ. El comunicado, expedido el 15-III-11, lleva las firmas del directorio de la APG IG.




Al Acuerdo entre la Asamblea y la espa√ɬĪola Repsol, se sumaron la inglesa British Gas y la francesa E & P (Total), las que operan en los mega campos de gas que tiene Bolivia en su frontera con Argentina. El comunicado da cuenta que en marzo de 2011 se dio comienzo a la actividad financiera del √ʬĬúFondo de Inversi√ɬ≥n Itika Guaz√ɬļ√ʬĬĚ, que contar√ɬ° con una inversi√ɬ≥n de 14.8 millones de d√ɬ≥lares, cuya duraci√ɬ≥n ser√ɬ° de diez a√ɬĪos renovables. Explica que los fondos fueron depositados en el Banco do Brasil, el que ha aceptado ser gestor del Fondo, lo que permitir√ɬ° contar con su asesoramiento financiero a largo plazo. A√ɬĪade que el uno por ciento de la suma citada (alrededor de 135.000 d√ɬ≥lares-mes), beneficiar√ɬ° mensualmente a los guaran√ɬ≠es de la zona, el que ser√ɬ° invertido en programadas de salud, educaci√ɬ≥n y vivienda. Puntualiza que el Acuerdo, cuyos detalles a√ɬļn no se conocen, fue aprobado por la Asamblea el 01-XII-2010 y firmado en acto p√ɬļblico ante notario, el 29-XII-2010. Todo parece indicar que la suma citada ser√ɬ° cobrada al Estado, a t√ɬ≠tulo de √ʬĬúcostos recuperables√Ę¬Ä¬Ě a las que las empresas tienen derecho en la actividad petrolera.
Se destaca que el asesoramiento a los guaran√ɬ≠es para la implementaci√ɬ≥n del Acuerdo, as√ɬ≠ como la negociaci√ɬ≥n financiera ha sido dirigida por el argentino-espa√ɬĪol Gregorio Dionis, presidente de la ONG Nizkor, que opera en 40 pa√ɬ≠ses, cuyas oficinas principales est√ɬ°n en Espa√ɬĪa, B√ɬ©lgica y EEUU. Advierte que el equipo Nizcor est√ɬ° especializado en derecho mercantil y financiero internacional, as√ɬ≠ como en derecho ind√ɬ≠gena. La APG IG design√ɬ≥ en la referida Asamblea a un √ʬĬúConsejo de Sabios√Ę¬Ä¬Ě para recibir los informes de la ONG. La cooperaci√ɬ≥n APG IG y Nizkor se basa en el reconocimiento jur√ɬ≠dico de los usos y costumbres ancestrales, as√ɬ≠ como en el derecho internacional en su vertiente de derecho ind√ɬ≠gena.
El convenio, pese a su supuesto car√ɬ°cter p√ɬļblico, fue mantenido en reserva hasta que el representante tarije√ɬĪo en el directorio de Yacimientos Petrol√ɬ≠feros Fiscales Bolivianos (YPFB), Lu√ɬ≠s Lafuente, hizo saber que los guaran√ɬ≠es se oponen a la ampliaci√ɬ≥n del gasoducto Villa Montes (lugar de los megacampos) y la ciudad de Tarija. Dej√ɬ≥ constancia que el acuerdo hab√ɬ≠a sido suscrito de espaldas a YPFB y al gobierno de Evo Morales y que vulnera la nueva Constituci√ɬ≥n Pol√ɬ≠tica del Estado (NCPE), la que, pese a su car√ɬ°cter indigenista, prescribe que YPFB es la √ɬļnica empresa facultada para ocuparse de la producci√ɬ≥n y comercializaci√ɬ≥n de hidrocarburos y que no podr√ɬ° transferir sus derechos u obligaciones en ninguna forma o modalidad, t√ɬ°cita o expresa, directa o in directamente (Art√ɬ≠culo 361).
Por su parte, la autoridad denominada √ʬĬúDefensor del Pueblo de Tarija√ʬĬĚ, Andr√ɬ©s Tablada, advirti√ɬ≥ que hab√ɬ≠a surgido en el pa√ɬ≠s una especie de √ʬĬúSuper Estado√ʬĬĚ, ya que no le permitieron ingresar a la zona en que habitan los guaran√ɬ≠es, por no haber obtenido previamente una autorizaci√ɬ≥n de la APG. Los hechos descritos fueron informados por el peri√ɬ≥dico √ʬĬúEl Pa√ɬ≠s√ʬĬĚ, de Tarija, en sus ediciones del 8, 9 y 12 de diciembre, en las que public√ɬ≥ declaraciones de Lafuente y Tablada, lo que motiv√ɬ≥ una dura reacci√ɬ≥n de Gregorio Dionis, quien exigi√ɬ≥ que se le env√ɬ≠e la lista de los propietarios de √ʬĬúEl Pa√ɬ≠s√Ę¬Ä¬Ě y de quienes publican anuncios en ese medio, para despu√ɬ©s a√ɬĪadir que los guaran√ɬ≠es estaban recibiendo √ʬĬúataques racistas√ʬĬĚ, que desconocen los derechos ind√ɬ≠genas. El resto de medios de comunicaci√ɬ≥n, oficialistas y opositores, no se han ocupado, hasta ahora, de tan importante tema.
El avance del indigenismo fundamentalista (o pachamamismo) no encuentra l√ɬ≠mite. Los d√ɬ≠as 7 y 8 de diciembre pasados la Central Ind√ɬ≠gena del Oriente Boliviano (CIDOB), auspici√ɬ≥, en Cobija, Pando (frontera con Brasil), un amplio encuentro destinado a lograr el absoluto cumplimiento del art√ɬ≠culo 31 de la NCPE, cuyo texto dice: √ʬĬúLas naciones ind√ɬ≠genas y pueblos originarios en peligro de extinci√ɬ≥n, en situaci√ɬ≥n de aislamiento voluntario y no contactados, ser√ɬ°n protegidos en sus formas de vida individual y colectiva√ʬĬ¶ Gozan del derecho a mantenerse en esa condici√ɬ≥n, a la delimitaci√ɬ≥n y consolidaci√ɬ≥n legal del territorio que ocupan y habitan√ʬĬĚ. El art√ɬ≠culo 17, concede a las naciones y pueblos ind√ɬ≠gena, originario campesinos √ʬĬúel derecho a la gesti√ɬ≥n territorial ind√ɬ≠gena aut√ɬ≥noma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio√ʬĬ¶√ʬĬĚ
Asistieron al encuentro, además de representantes de ONG, la viceministra de justicia, Isabel Ortega, y un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en La Paz. En la oportunidad, se elaboró un anteproyecto de ley, en el que se pone de relieve que las naciones y pueblos originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, también tienen derecho a su autodeterminación. En este marco, se informó que el 90 % de los 327 municipios existentes en el país tiene problemas limítrofes. Los municipios que rodean a la ciudad de La Paz reclaman territorios ancestrales, los que, por falta de delimitación, podrían llegar a territorios de países vecinos. La debilidad del gobierno central se puso de manifiesto ante el avance del narcotráfico y la imposibilidad de detener el ingreso ilegal de 110 mil automóviles usados, altamente contaminantes, que fueron legalizados en octubre pasado.

Andrés Solíz Rada
Bolpress

Fuente: Foro Escandinavo por los Derechos de los Pueblos Indígenas

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