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2011-10-12 | Indoamérica | Indoamericano

AL CUMPLIRSE UN NUEVO 12 DE OCTUBRE, CUALES SON LOS RECLAMOS VIGENTES DE LOS PUEBLOS ANCESTRALES

Las nuevas invasiones sobre los originarios

Los representantes ind铆genas denuncian el corrimiento de las fronteras del petr贸leo, la miner铆a y los agronegocios. Reclaman sus derechos sobre los territorios que sufren la avanzada. Aqu铆, los principales conflictos que mantienen las comunidades.




Imagen: Alberto Gentilcore
La avanzada militar del Estado argentino a fines del siglo XIX sobre los pueblos originarios tuvo un reconocido motivo econ贸mico, incorporar tierras al mercado, entregada sobre todo a latifundistas. 聯Han pasado muchos a帽os y poco ha cambiado, no hay voluntad pol铆tica de respetar nuestros derechos, nos siguen robando territorio聰, denunci贸 Juan Carlos Curruhuinca, de la Confederaci贸n Mapuche de Neuqu茅n, y afirm贸 que 聯ayer fueron los terratenientes, hoy son las mineras y petroleras聰. La actividad minera aument贸, seg煤n datos oficiales, 340 por ciento en los 煤ltimos siete a帽os. Tambi茅n se registra un corrimiento de la frontera petrolera y, s贸lo en la regi贸n del Chaco argentino, se registran conflictos territoriales y ambientales en 11,4 millones de hect谩reas. La gran mayor铆a comenz贸 a fines de la d茅cada del 90, cuando la soja empez贸 a expandirse.

Carapar铆 est谩 ubicada en el norte de Salta. La comunidad ind铆gena cuenta con los t铆tulos sobre 766 hect谩reas. Las empresas Refiner铆a del Norte (Refinor) y Conta (subcontratista) ingresaron en 2004 a territorio ind铆gena para construir una nueva traza del Gasoducto del Norte. Luego de cuatro a帽os de lucha judicial, la Corte Suprema fall贸 a favor de la empresa en 2008. Hilario Vera, cacique de la comunidad, lament贸: 聯Los pueblos ind铆genas tenemos derecho a nuestro territorio, pero los poderosos pisan nuestros derechos聰.

En Fort铆n Dragones, al norte provincial, la empresa Tecpetrol avanz贸 sobre comunidades wich铆. En Hickman, sobre la Ruta 81, Petrobras hace lo propio. En ning煤n caso se cumpli贸 con la legislaci贸n nacional, que obliga a consultar a las comunidades.

En R铆o Negro, el Plan Provincial Hidrocarbur铆fero 2006/2007 impuls贸 la exploraci贸n y explotaci贸n hidrocarbur铆fera. El Consejo Asesor Ind铆gena recurri贸 a la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT) por la violaci贸n del Convenio 169: se vulner贸 el mecanismo de consulta previa, libre e informada. La avanzada petrolera afecta a 26 comunidades mapuches.

La Cuenca de 脩irihuau abarca R铆o Negro, desde zonas de bosques monta帽osos de la cordillera hasta la meseta. El gobernador de R铆o Negro, Miguel Saiz, otorg贸 en octubre de 2008 la zona petrolera a YPF-Pluspetrol. No realiz贸 audiencia p煤blica (como solicita la ley) y la adjudic贸 mediante un decreto. Se ver谩n afectadas al menos diecis茅is comunidades mapuches.

El Observatorio Petrolero Sur (OPS), espacio referente en la tem谩tica hidrocarbur铆fera del pa铆s, explica que la Organizaci贸n Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) est谩 integrada por diez provincias (las de tradici贸n petrolera). 聯Pasamos, a partir de 2006, a un contexto donde las trece provincias restantes est谩n en proceso de acomodar su legislaci贸n previo a un proceso licitatorio o ya han avanzado en la licitaci贸n y concesi贸n de 谩reas para la exploraci贸n de hidrocarburos. Mientras que las 聭diez provincias tradicionales聮 han licitado nuevas 谩reas聰, explicaron y exhibieron un mapa repleto de colores donde grafican c贸mo, en diez a帽os, todas las provincias aportaron a la exploraci贸n petrolera.

En enero de 2007, el gobierno neuquino otorg贸 a la petrolera Piedra del Aguila la concesi贸n de 3800 hect谩reas en la regi贸n del Pic煤n Leuf煤, en el centro de la provincia. En el lugar vive desde mediados del siglo pasado la comunidad Wentru Trawel Leuf煤 (Hombres de R铆o Reunidos). Comenz贸 una disputa que incluy贸 represi贸n y judicializaci贸n. En febrero 煤ltimo, el Juzgado Civil 2 de Cutral-C贸 fall贸 contra la empresa petrolera. La sentencia afirm贸 que se trasgredi贸 la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales y apunt贸 tambi茅n al rol de otros poderes: 聯Todo gobierno que desatienda (las leyes citadas) debe ser considerado como discriminador de los pueblos ind铆genas聰.

Juan Carlos Curruhuinca, integrante de la comunidad, afirm贸 que 聯los pueblos originarios estamos m谩s organizados y en lucha, tenemos de nuestro lado las leyes y la historia聰.

La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) realiza desde hace tres a帽os un relevamiento sobre la conflictividad rural en la regi贸n denominada Chaco argentino. En un a帽o se sumaron 80 conflictos. Suman ya 244 casos relevados, 209 son exclusivamente de disputas por tierras, 25 son ambientales y diez son mixtos. Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la frontera agropecuaria.

Los conflictos abarcan una superficie de 11,4 millones de hect谩reas y afectan a 1,6 mill贸n de personas. Tienen gran peso los conflictos socioambientales, en parte ligados al modelo extractivo (desmontes y fumigaciones con agrot贸xicos). Sobresale el Ordenamiento Territorial de Formosa (en el marco de la Ley de Bosques) y, en Salta, figura la deforestaci贸n por el avance de la frontera agropecuaria en los departamentos de San Mart铆n, Santa Victoria, Rivadavia y Or谩n.

El Plan Estrat茅gico Agroalimentario (PEA) 2010-2020 establece aumentar la producci贸n granaria un 60 por ciento, reconoce el avance sobre nuevas tierras. Desde Redaf analizaron el documento oficial y alertaron: 聯Se profundiza el modelo y tambi茅n los principios sobre los cuales est谩 asentado el extractivismo, la explotaci贸n de los recursos naturales聰.

Diego Mont贸n, del Movimiento Nacional Campesino Ind铆gena (MNIC), traz贸 el paralelo hist贸rico, en v铆speras al 12 de octubre: 聯La Campa帽a del Desierto no s贸lo signific贸 genocidio, sino tambi茅n la instauraci贸n de una cultura e ideolog铆a de las elites dominantes. Hoy tenemos un modelo agro-minero exportador, con una hegemon铆a del poder econ贸mico que sigue privilegiando el uso de los bienes naturales en funci贸n de los intereses extranjeros, resignando la soberan铆a y llevando a la pobreza a nuestro pueblo. Las trasnacionales son parte de esa continuidad como la nueva forma del colonialismo聰.

Las comunidades wich铆 San Jos茅, Cuchuy y Corralito se encuentran en el municipio de Ballivi谩n, departamento de San Mart铆n. En toda la zona est谩 prohibido el desmonte, determinado en 2008 por la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n. Sin embargo, la ONG Asociana registr贸 con im谩genes satelitales que en los 煤ltimos meses se desmontaron 1700 hect谩reas en la zona este de Ballivi谩n.

A mediados de septiembre, privados llegaron a las comunidades y comenzaron a desmontar. El martes 27 de septiembre, las comunidades enfrentaron las topadoras y se quedaron en el lugar hasta el s谩bado 1潞 de octubre, cuando las seis topadoras fueron echadas. Jonatan F茅lix, wich铆 que particip贸 de la resistencia, explic贸 que est谩n 聯sufriendo por los desmontes, son los 煤ltimos pedacitos que nos quedan. Estamos dispuestos a defender lo poco que nos queda porque sacamos la comida del monte, vivimos por el monte聰.

Por Dar铆o Aranda

Fuente: P醙ina 12

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