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2011-10-12 | Indoamérica | Indoamericano

AL CUMPLIRSE UN NUEVO 12 DE OCTUBRE, CUALES SON LOS RECLAMOS VIGENTES DE LOS PUEBLOS ANCESTRALES

Las nuevas invasiones sobre los originarios

Los representantes indígenas denuncian el corrimiento de las fronteras del petróleo, la minería y los agronegocios. Reclaman sus derechos sobre los territorios que sufren la avanzada. Aquí, los principales conflictos que mantienen las comunidades.




Imagen: Alberto Gentilcore
La avanzada militar del Estado argentino a fines del siglo XIX sobre los pueblos originarios tuvo un reconocido motivo econ√ɬ≥mico, incorporar tierras al mercado, entregada sobre todo a latifundistas. √ʬĬúHan pasado muchos a√ɬĪos y poco ha cambiado, no hay voluntad pol√ɬ≠tica de respetar nuestros derechos, nos siguen robando territorio√ʬĬĚ, denunci√ɬ≥ Juan Carlos Curruhuinca, de la Confederaci√ɬ≥n Mapuche de Neuqu√ɬ©n, y afirm√ɬ≥ que √ʬĬúayer fueron los terratenientes, hoy son las mineras y petroleras√ʬĬĚ. La actividad minera aument√ɬ≥, seg√ɬļn datos oficiales, 340 por ciento en los √ɬļltimos siete a√ɬĪos. Tambi√ɬ©n se registra un corrimiento de la frontera petrolera y, s√ɬ≥lo en la regi√ɬ≥n del Chaco argentino, se registran conflictos territoriales y ambientales en 11,4 millones de hect√ɬ°reas. La gran mayor√ɬ≠a comenz√ɬ≥ a fines de la d√ɬ©cada del 90, cuando la soja empez√ɬ≥ a expandirse.

Carapar√ɬ≠ est√ɬ° ubicada en el norte de Salta. La comunidad ind√ɬ≠gena cuenta con los t√ɬ≠tulos sobre 766 hect√ɬ°reas. Las empresas Refiner√ɬ≠a del Norte (Refinor) y Conta (subcontratista) ingresaron en 2004 a territorio ind√ɬ≠gena para construir una nueva traza del Gasoducto del Norte. Luego de cuatro a√ɬĪos de lucha judicial, la Corte Suprema fall√ɬ≥ a favor de la empresa en 2008. Hilario Vera, cacique de la comunidad, lament√ɬ≥: √ʬĬúLos pueblos ind√ɬ≠genas tenemos derecho a nuestro territorio, pero los poderosos pisan nuestros derechos√ʬĬĚ.

En Fort√ɬ≠n Dragones, al norte provincial, la empresa Tecpetrol avanz√ɬ≥ sobre comunidades wich√ɬ≠. En Hickman, sobre la Ruta 81, Petrobras hace lo propio. En ning√ɬļn caso se cumpli√ɬ≥ con la legislaci√ɬ≥n nacional, que obliga a consultar a las comunidades.

En Río Negro, el Plan Provincial Hidrocarburífero 2006/2007 impulsó la exploración y explotación hidrocarburífera. El Consejo Asesor Indígena recurrió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la violación del Convenio 169: se vulneró el mecanismo de consulta previa, libre e informada. La avanzada petrolera afecta a 26 comunidades mapuches.

La Cuenca de √ɬĎirihuau abarca R√ɬ≠o Negro, desde zonas de bosques monta√ɬĪosos de la cordillera hasta la meseta. El gobernador de R√ɬ≠o Negro, Miguel Saiz, otorg√ɬ≥ en octubre de 2008 la zona petrolera a YPF-Pluspetrol. No realiz√ɬ≥ audiencia p√ɬļblica (como solicita la ley) y la adjudic√ɬ≥ mediante un decreto. Se ver√ɬ°n afectadas al menos diecis√ɬ©is comunidades mapuches.

El Observatorio Petrolero Sur (OPS), espacio referente en la tem√ɬ°tica hidrocarbur√ɬ≠fera del pa√ɬ≠s, explica que la Organizaci√ɬ≥n Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) est√ɬ° integrada por diez provincias (las de tradici√ɬ≥n petrolera). √ʬĬúPasamos, a partir de 2006, a un contexto donde las trece provincias restantes est√ɬ°n en proceso de acomodar su legislaci√ɬ≥n previo a un proceso licitatorio o ya han avanzado en la licitaci√ɬ≥n y concesi√ɬ≥n de √ɬ°reas para la exploraci√ɬ≥n de hidrocarburos. Mientras que las √ʬĬėdiez provincias tradicionales√ʬĬô han licitado nuevas √ɬ°reas√ʬĬĚ, explicaron y exhibieron un mapa repleto de colores donde grafican c√ɬ≥mo, en diez a√ɬĪos, todas las provincias aportaron a la exploraci√ɬ≥n petrolera.

En enero de 2007, el gobierno neuquino otorg√ɬ≥ a la petrolera Piedra del Aguila la concesi√ɬ≥n de 3800 hect√ɬ°reas en la regi√ɬ≥n del Pic√ɬļn Leuf√ɬļ, en el centro de la provincia. En el lugar vive desde mediados del siglo pasado la comunidad Wentru Trawel Leuf√ɬļ (Hombres de R√ɬ≠o Reunidos). Comenz√ɬ≥ una disputa que incluy√ɬ≥ represi√ɬ≥n y judicializaci√ɬ≥n. En febrero √ɬļltimo, el Juzgado Civil 2 de Cutral-C√ɬ≥ fall√ɬ≥ contra la empresa petrolera. La sentencia afirm√ɬ≥ que se trasgredi√ɬ≥ la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales y apunt√ɬ≥ tambi√ɬ©n al rol de otros poderes: √ʬĬúTodo gobierno que desatienda (las leyes citadas) debe ser considerado como discriminador de los pueblos ind√ɬ≠genas√ʬĬĚ.

Juan Carlos Curruhuinca, integrante de la comunidad, afirm√ɬ≥ que √ʬĬúlos pueblos originarios estamos m√ɬ°s organizados y en lucha, tenemos de nuestro lado las leyes y la historia√ʬĬĚ.

La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) realiza desde hace tres a√ɬĪos un relevamiento sobre la conflictividad rural en la regi√ɬ≥n denominada Chaco argentino. En un a√ɬĪo se sumaron 80 conflictos. Suman ya 244 casos relevados, 209 son exclusivamente de disputas por tierras, 25 son ambientales y diez son mixtos. Todos los conflictos por tierras obedecen al corrimiento de la frontera agropecuaria.

Los conflictos abarcan una superficie de 11,4 millones de hectáreas y afectan a 1,6 millón de personas. Tienen gran peso los conflictos socioambientales, en parte ligados al modelo extractivo (desmontes y fumigaciones con agrotóxicos). Sobresale el Ordenamiento Territorial de Formosa (en el marco de la Ley de Bosques) y, en Salta, figura la deforestación por el avance de la frontera agropecuaria en los departamentos de San Martín, Santa Victoria, Rivadavia y Orán.

El Plan Estrat√ɬ©gico Agroalimentario (PEA) 2010-2020 establece aumentar la producci√ɬ≥n granaria un 60 por ciento, reconoce el avance sobre nuevas tierras. Desde Redaf analizaron el documento oficial y alertaron: √ʬĬúSe profundiza el modelo y tambi√ɬ©n los principios sobre los cuales est√ɬ° asentado el extractivismo, la explotaci√ɬ≥n de los recursos naturales√ʬĬĚ.

Diego Mont√ɬ≥n, del Movimiento Nacional Campesino Ind√ɬ≠gena (MNIC), traz√ɬ≥ el paralelo hist√ɬ≥rico, en v√ɬ≠speras al 12 de octubre: √ʬĬúLa Campa√ɬĪa del Desierto no s√ɬ≥lo signific√ɬ≥ genocidio, sino tambi√ɬ©n la instauraci√ɬ≥n de una cultura e ideolog√ɬ≠a de las elites dominantes. Hoy tenemos un modelo agro-minero exportador, con una hegemon√ɬ≠a del poder econ√ɬ≥mico que sigue privilegiando el uso de los bienes naturales en funci√ɬ≥n de los intereses extranjeros, resignando la soberan√ɬ≠a y llevando a la pobreza a nuestro pueblo. Las trasnacionales son parte de esa continuidad como la nueva forma del colonialismo√ʬĬĚ.

Las comunidades wich√ɬ≠ San Jos√ɬ©, Cuchuy y Corralito se encuentran en el municipio de Ballivi√ɬ°n, departamento de San Mart√ɬ≠n. En toda la zona est√ɬ° prohibido el desmonte, determinado en 2008 por la Corte Suprema de Justicia de la Naci√ɬ≥n. Sin embargo, la ONG Asociana registr√ɬ≥ con im√ɬ°genes satelitales que en los √ɬļltimos meses se desmontaron 1700 hect√ɬ°reas en la zona este de Ballivi√ɬ°n.

A mediados de septiembre, privados llegaron a las comunidades y comenzaron a desmontar. El martes 27 de septiembre, las comunidades enfrentaron las topadoras y se quedaron en el lugar hasta el s√ɬ°bado 1√ā¬ļ de octubre, cuando las seis topadoras fueron echadas. Jonatan F√ɬ©lix, wich√ɬ≠ que particip√ɬ≥ de la resistencia, explic√ɬ≥ que est√ɬ°n √ʬĬúsufriendo por los desmontes, son los √ɬļltimos pedacitos que nos quedan. Estamos dispuestos a defender lo poco que nos queda porque sacamos la comida del monte, vivimos por el monte√ʬĬĚ.

Por Darío Aranda

Fuente: P√°gina 12

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