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2010-09-18 | Indoamérica | Indoamericano

Colegio de Arqueólogos denuncia que Estado chileno viola normas internacionales que afectan al puebl

El directorio del Colegio de Arqueólogos advierte que Chile transgrede en forma sistemática las normas internacionales ratificadas por sus gobiernos, que protegen los derechos humanos, civiles y culturales del pueblo rapanui, en relación, especialmente, a la ocupación y propiedad de las tierras.




En el marco de la reciente recuperación de tierras iniciada por nativos de Isla de Pascua, del desalojo de la familia Hito de los terrenos que ocupa el Hotel Hanga Roa, y del bicentenario, el Colegio de Arqueólogos de Chile –en una declaración pública- llama al Estado a respetar y cumplir efectivamente los acuerdos internacionales que protegen a los pueblos indígenas.

En este sentido, el comunicado de los arqueólogos cita la declaración de la ONU sobre los derechos indígenas, que en su artículo 26.2 remarca expresamente el derecho a la propiedad indígena basado en la propiedad ancestral sobre sus tierras, territorios y recursos. Lo mismo hace el Convenio N°169 de la OIT, ratificado por Chile, que establece claramente que el concepto de tierra comprende la totalidad del hábitat que una comunidad o pueblo emplea y cuida, incluyendo la tierra poseída sin título de propiedad y de uso colectivo o individual (artículo 13 N°2), situaciones que el Estado no tendría en cuenta al momento de abordar los conflictos sobre ocupación, recuperación y propiedad de las tierras en la Isla, “base de todos los acuerdos y desacuerdos con los gobiernos de Chile”.

La asociación gremial explica que, para los rapanui, retomar las tierras no es sólo recuperar algo que les pertenecía como un bien económico, sino que “se trata de revitalizar el Kaiŋa, concepto que alude al territorio ocupado por un clan y al vientre materno”.

Asimismo, expresaron la urgencia de una nueva Ley Pascua, que asegure “un trato distinto y se base en el análisis de la historia del manejo de la isla para no seguir repitiendo los mismos errores, y con verdadera participación de los propios isleños, de modo que sean ellos mismos quienes asuman la responsabilidad sobre su destino”.

LA TIERRA BAJO EL HOTEL

En la misma declaración, el Colegio de Arquéologos explica los antecedentes en relación a la toma que la familia Hito mantiene sobre el Hotel Hanga Roa:

“Los terrenos que actualmente ocupa el hotel fueron cedidos a Corfo en 1969 por Verónica Hito, a cambio de la construcción de una casa de subsidio (en una época en la cual había pocas casas de material sólido en la isla), con el compromiso de que cuando ella falleciera las tierras fuesen devueltas a la familia. Sin embargo, en 1979 la Corfo vendió no solo el edificio del hotel, sino que también el terreno a un particular: Hugo Salas, contraviniendo con ello la ley 16.441 o ley Pascua. Es decir, el origen de esa única “propiedad privada” en la isla es ilegal”.

Al respecto, el Clan Hito rompió relaciones con la familia Shiess -dueños de las instalaciones- el viernes pasado, ya que éstos están “utilizando una serie de artimañas para dividir el movimiento de recuperación de las tierras ancestrales” y tendrían responsabilidad en el violento desalojo ilegal realizado por Carabineros la madrugada del martes pasado, indicaron en un comunicado.

UN CONFLICTO CULTURAL

En 1888 se realizó el pacto “Rapa Nui-Estado chileno”. En él, los clanes familiares aceptaron entregar temporalmente algunos terrenos para la Comisaría y otros servicios del Estado.

En dicha ceremonia, el rey Atamu Tekena, en presencia de su pueblo, tomó un trozo de pasto con tierra y le sacó el pasto, entregándoselo a los representantes chilenos y quedándose él con la tierra.

Para isleños y antropólogos, ese gesto selló un acuerdo según el cual el Estado chileno sería soberano en la Isla, pero los isleños se reservaban el derecho sobre sus tierras.

Con el tiempo, el pacto mutó en la práctica y, hoy, inversionistas privados son dueños de varios de esos terrenos, como el del mencionado hotel de 6 estrellas. En total, son más de 30 los terrenos que han sido tomados y reclamados por los isleños y, que el Estado chileno, de forma inconsulta, inscribió como fiscales en 1933.

Por Cristóbal Cornejo

Fuente: El Ciudadano

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