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2016-02-22 | Campa√ɬĪas | Indoamericano

TTIP, TPP, TISA, CETA√ʬĬ¶

Vulneran el sistema internacional de los derechos humanos

Las autoridades encargadas de negociar el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), Trans-Pacific Partnership (TPP) , Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) , Trade in International Services Agreement (TiSA) (por sus siglas en inglés)ignoran el sistema internacional de los derechos humanos y privilegian los tratados y acuerdos de comercio e inversiones. Están reformando el sistema jurídico internacional por la vía de los hechos y profundizando en la fragmentación del Derecho Internacional.




El control de legalidad de estos tratados y acuerdos implica analizar el procedimiento de elaboración, la forma de aplicación y su posible colisión con el sistema internacional de los derechos humanos; también supone estudiar sus impactos en la función reguladora de los Estados para proteger y garantizar los derechos civiles, sociales, económicos, culturales y medioambientales.
Para ello, vamos a tener en cuenta los informes elaborados √ʬĬďen julio y agosto de 2015- por el experto independiente -Alfred-Maurice de Zayas- sobre la promoci√ɬ≥n de un orden internacional democr√ɬ°tico y equitativo[1]. Tambi√ɬ©n vamos a analizar el informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos -Sra. Victoria Tauli-Corpuz- de los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos ind√ɬ≠genas.
Una primera cuestión de procedimiento, un experto independiente o una Relatora de la ONU no son personas expertas sin más, ya que forman parte del Procedimiento Especial y son nombradas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) -compuesto por 47 Estados Miembros de las Naciones Unidas que son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas- para examinar e informar sobre un tema o cuestión específica de derechos humanos.
La expresi√ɬ≥n √ʬĬúprocedimientos especiales√Ę¬Ä¬Ě se refiere a los mecanismos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para hacer frente a situaciones concretas en pa√ɬ≠ses concretos o a cuestiones tem√ɬ°ticas en todo el mundo.

Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo
El 29 de septiembre de 2011, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 18/6 sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo[2].
La resoluci√ɬ≥n tambi√ɬ©n cre√ɬ≥ el mandato del Experto independiente sobre la promoci√ɬ≥n de un orden internacional democr√ɬ°tico y equitativo por un periodo inicial de tres a√ɬĪos. El mandato fue prorrogado por un periodo de tres a√ɬĪos, hasta el 30 de abril de 2018[3].
Uno de los informes aborda los efectos adversos para los derechos humanos de los acuerdos internacionales de inversión, los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos multilaterales de libre comercio en el orden internacional democrático y equitativo[4] y el otro informe hace hincapié en los efectos de la solución de controversias entre los inversores y el Estado en un orden internacional democrático y equitativo[5].
Para la elaboraci√ɬ≥n de los mismos, se han tenido en cuenta los informes de ocho titulares de mandatos de procedimientos especiales y las observaciones generales y finales pertinentes de los √ɬ≥rganos de tratados como el Comit√ɬ© de Derechos Humanos, el Comit√ɬ© de Derechos Econ√ɬ≥micos, Sociales y Culturales y el Comit√ɬ© de los Derechos del Ni√ɬĪo[6].
El Experto independiente considera que √ʬĬúlos tratados y acuerdos de comercio e inversiones conllevan una regresi√ɬ≥n en la protecci√ɬ≥n de derechos como el derecho a la vida, a la alimentaci√ɬ≥n (A/HRC/25/57), al agua y el saneamiento, a la salud, a la vivienda, a la educaci√ɬ≥n, a la cultura, al mejoramiento de las normas laborales, a un poder judicial independiente, a un medio ambiente inocuo y a no ser sometido a reasentamiento forzoso. Por otra parte, existe una leg√ɬ≠tima preocupaci√ɬ≥n por la posibilidad de que los acuerdos internacionales de inversi√ɬ≥n agraven el problema de la pobreza extrema, la renegociaci√ɬ≥n de la deuda externa, la regulaci√ɬ≥n financiera y los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas, las minor√ɬ≠as, las personas con discapacidad y las personas de edad y otros grupos vulnerables√ʬĬĚ.

Antecedentes
La desaparecida Subcomisi√ɬ≥n de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su resoluci√ɬ≥n 2004/16 decidi√ɬ≥ prorrogar por otros tres a√ɬĪos su mandato y tom√ɬ≥ el acuerdo en la resoluci√ɬ≥n 2005/6, de ocho de agosto, de profundizar en los efectos de los m√ɬ©todos de trabajo y las actividades de las empresas transnacionales y de analizar los medios y formas de proteger a las personas o grupos frente a los da√ɬĪos causados por la actividad comercial[7]. A su vez se design√ɬ≥ a la Sra. Chin Sung Chung y a la Sra. Florizelle O√ā¬īConnor para que elaboraran un documento sobre √ʬĬúAcuerdos econ√ɬ≥micos bilaterales y multilaterales y sus repercusi√ɬ≥n sobre los derechos humanos de los beneficiarios√Ę¬Ä¬Ě y otro titulado √ʬĬúLa funci√ɬ≥n de los Estados en la garant√ɬ≠a de los derechos humanos, con referencia a las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales√Ę¬Ä¬Ě encargado al Sr. Gaspar Bir√ɬ≥.
En la 21√ā¬™ sesi√ɬ≥n de la Subcomisi√ɬ≥n, del 24 de agosto de 2006, se presentaron ambos documentos. El documento de trabajo sobre los acuerdos econ√ɬ≥micos bilaterales y multilaterales y su repercusi√ɬ≥n sobre los derechos humanos de los beneficiarios[8] se centr√ɬ≥ en cuatro ideas. La primera, en c√ɬ≥mo el papel de las transnacionales en los acuerdos econ√ɬ≥micos es fundamental y c√ɬ≥mo la red econ√ɬ≥mica tejida en torno a los acuerdos multilaterales y regionales se complementa con la proliferaci√ɬ≥n de los tratados bilaterales. La preocupaci√ɬ≥n deviene de la falta de transparencia y cauces democr√ɬ°ticos en su negociaci√ɬ≥n, de la necesidad de atraer inversiones sin condiciones por los pa√ɬ≠ses pobres y de las dificultades jur√ɬ≠dicas de aplicar la extraterritorialidad de las normas. La segunda analiz√ɬ≥ los efectos directos e indirectos sobre los derechos humanos. La tercera incidi√ɬ≥ en la responsabilidad, en grados diferentes, de los Estados y de las empresas transnacionales. La cuarta estableci√ɬ≥ diversas f√ɬ≥rmulas para promover la responsabilidad: invocar la responsabilidad derivada de los instrumentos internacionales de derechos humanos, preparar evaluaciones que delimiten los impactos de los acuerdos econ√ɬ≥micos, aplicar la cl√ɬ°usula de excepci√ɬ≥n general de los acuerdos de la Organizaci√ɬ≥n Mundial del Comercio (OMC) en el Sistema Generalizado de Preferencias en las negociaciones comerciales, incorporar en los acuerdos comerciales la responsabilidad de las multinacionales, y volver a la √ʬĬúdoctrina Calvo√Ę¬Ä¬Ě respecto a la competencia de los tribunales nacionales de justicia.
El documento relativo a la responsabilidad de los Estados en la garant√ɬ≠a de los derechos humanos[9] se centr√ɬ≥ en lo que denomin√ɬ≥ la √ʬĬúrenuencia√Ę¬Ä¬Ě de los Estados a cumplir sus obligaciones de derechos humanos en relaci√ɬ≥n con las actividades de las empresas transnacionales. Esto implica describir los efectos de las privatizaciones de sectores b√ɬ°sicos y la coincidencia de funciones esenciales de los Estados con las funciones p√ɬļblicas. Los Estados deben obligar a las multinacionales a cumplir la ley pero, a su vez, √ɬ©stas tienen obligaciones y responsabilidades en sus esferas de inter√ɬ©s.

El marco normativo
La adecuaci√ɬ≥n de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones a la legalidad internacional implica contrastar el contenido de los mismos con los tratados de derechos humanos, los principios generales del derecho, el derecho internacional consuetudinario, las declaraciones y las resoluciones; todo ello constituye un orden p√ɬļblico esencial y de obligado cumplimiento.
Por otra parte, tal y como analizaremos, este régimen jurídico prevalece sobre el orden y la estabilidad de los intereses de los inversores.

Sobre la elaboración de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones
En primer lugar, la elaboración, negociación y aprobación de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones no puede realizarse de espaldas a la ciudadanía y a los representantes democráticos tal y como obliga el artículo 25 a) en concordancia con el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.[10] La opacidad y el secreto en las negociaciones de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones no se ajustan al orden internacional[11].
En el informe titulado √ʬĬúLa Defensora del Pueblo Europeo apoya el car√ɬ°cter secreto de las negociaciones del TTIP√Ę¬Ä¬Ě y publicado en la p√ɬ°gina web de econom√ɬ≠a CIUDADANA[12], se recoge como √ʬĬúla Defensora del Pueblo Europeo, Emily O√ʬĬôReilly, ha decidido que en la reclamaci√ɬ≥n 1777/2014/PHP contra la Comisi√ɬ≥n Europea sobre la solicitud de acceso a 20 documentos originales relativos al Tratado Transatl√ɬ°ntico de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Uni√ɬ≥n Europea (TTIP), realizada por el ciudadano Gregorio Abascal a trav√ɬ©s de su blog Econom√ɬ≠a Ciudadana, lo siguiente: √ʬĬúNo ha habido mala administraci√ɬ≥n por parte de la Comisi√ɬ≥n Europea√ʬĬĚ, procediendo al cierre de la investigaci√ɬ≥n√ʬĬĚ. El informe a√ɬĪade √ʬĬúcon esta decisi√ɬ≥n, O√ʬĬôReilly consolida la posici√ɬ≥n de la Comisi√ɬ≥n Europea y del Consejo Europeo sobre la absoluta prioridad de mantener en secreto los documentos del TTIP, ignorando no s√ɬ≥lo a la ciudadan√ɬ≠a y su derecho a la informaci√ɬ≥n, sino tambi√ɬ©n al Tribunal Europeo de Justicia, √ɬļnico √ɬ≥rgano legitimado para la interpretaci√ɬ≥n de la legislaci√ɬ≥n de la Uni√ɬ≥n Europea, y la interpretaci√ɬ≥n del mismo Reglamento 1049/2001 de la sentencia C‐ 350/12 P en casaci√ɬ≥n√ʬĬĚ.
En las negociaciones del TTIP entre la UE y EEUU se está produciendo un incumplimiento sistemático de la legislación internacional y de la legislación comunitaria. Incumplimiento que explica el Europarlamentario Konstantinos Chrysogonos en su informe sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE en la Comisión de Asuntos jurídicos del Parlamento Europeo[13].

Sobre el cuerpo normativo de las Naciones Unidas
Las Naciones Unidas han elaborado un cuerpo normativo -tal y como afirma el Experto independiente- que ha puesto en el escenario mundial no solo la Declaraci√ɬ≥n Universal de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas, sino tambi√ɬ©n instrumentos jur√ɬ≠dicamente vinculantes, entre ellos diez tratados fundamentales de derechos humanos[14] e innumerables declaraciones y resoluciones de la Asamblea General, el Consejo Econ√ɬ≥mico y Social y el Consejo de Derechos Humanos, los convenios pertinentes de la Organizaci√ɬ≥n Internacional del Trabajo √ʬĬďConvenios 14, 29, 77, 78, 87, 95, 98, 102, 105, 138, 169 y 182- y la Organizaci√ɬ≥n Mundial de la Salud y otros tratados internacionales como la Convenci√ɬ≥n para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Convenci√ɬ≥n sobre la Protecci√ɬ≥n del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y la Convenci√ɬ≥n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim√ɬ°tico, as√ɬ≠ como la Declaraci√ɬ≥n sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Econ√ɬ≥mico Internacional, la Declaraci√ɬ≥n sobre el Derecho al Desarrollo y la Declaraci√ɬ≥n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind√ɬ≠genas.
El extenso cuerpo de tratados, protocolos y declaraciones sobre derechos humanos que ya existe crea un marco jurídico internacional que debe ser tenido en cuenta siempre que un Estado firme o ratifique un acuerdo con otros Estados. El régimen de derechos humanos, debe considerarse superior a otros acuerdos, incluidos los tratados y acuerdos de comercio e inversiones. Los tribunales nacionales y los tribunales y mecanismos de arbitraje internacionales deben estar subordinados a ese régimen.

Sobre el Orden P√ɬļblico Internacional
Hay que tener en cuenta el car√ɬ°cter din√ɬ°mico del Derecho Internacional, ya que √ɬ©ste es un Derecho universal vinculado a las personas cuyas fuentes normativas no son s√ɬ≥lo los tratados o acuerdos entre Estados sino la propia Carta de Naciones Unidas, las Declaraciones, otros instrumentos al margen de la ratificaci√ɬ≥n de los Estados, la costumbre y los principios generales del Derecho. La construcci√ɬ≥n del ius cogens o normas de orden p√ɬļblico internacional se regula en el art√ɬ≠culo 53 de la Convenci√ɬ≥n de Viena sobre Derecho de los Tratados[15]. El ius cogens integra un nuevo orden p√ɬļblico internacional investido de imperium al margen de los Estados. Tiene, a su vez, eficacia erga omnes y m√ɬļltiples fuentes normativas. Barbagaleta (1999)[16] ha ratificado las caracter√ɬ≠sticas descritas del ius cogens incidiendo en su universalidad e imperatividad al margen de los Estados, aunque requiere una aceptaci√ɬ≥n mayoritaria de la comunidad internacional. En esta l√ɬ≠nea de interpretaci√ɬ≥n expansiva y progresista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aunque minoritaria doctrinalmente, Alberto Galinsoga afirma que, √ʬĬúLos instrumentos normativos universales de protecci√ɬ≥n de los derechos humanos tienen un car√ɬ°cter polifuncional, en el sentido de que proclaman los valores √ɬ©ticos-pol√ɬ≠ticos relevantes, reconocen los principios jur√ɬ≠dicos rectores en la materia, establecen un est√ɬ°ndar minimum normativo de car√ɬ°cter subsidiario, en defecto de norma nacional o internacional m√ɬ°s favorable, y marcan los objetivos hacia los que los Estados deben dirigir sus pol√ɬ≠ticas, medidas legislativas y administrativas√ʬĬĚ. √ʬĬúLos principios reconocidos en las grandes Convenciones Internacionales de derechos humanos se imponen como rectores de las normas aplicables en este √ɬ°mbito y vertebran toda la normativa internacional general, regional y nacional. Como principios jur√ɬ≠dicos vinculantes se imponen a todas las normas que contravengan su contenido, y como tales, pueden y deben ser aplicados por las legislaciones nacionales√Ę¬Ä¬Ě (Galinsoga, 2002: 353 y 356)[17].
As√ɬ≠, la Declaraci√ɬ≥n Universal de Derechos Humanos es vinculante y no una mera recomendaci√ɬ≥n √ɬ©tica. En el Derecho Internacional el sistema de fuentes viene recogido en el art√ɬ≠culo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia y forman parte del mismo, las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del Derecho y las decisiones judiciales; la costumbre tiene el mismo valor jur√ɬ≠dico que los tratados internacionales y el Derecho Internacional consuetudinario est√ɬ° en vigor y es obligatorio. La Declaraci√ɬ≥n Universal de los Derechos Humanos forma parte del mismo y es una verdadera norma imperativa o de ius cogens que encarna y protege intereses esenciales de la comunidad internacional y que seg√ɬļn el art√ɬ≠culo 53 de la Convenci√ɬ≥n de Viena sobre Derecho de los Tratados establece que una norma imperativa no puede derogarse y ni cabe acuerdo en contrario por otra norma que no sea imperativa[18].
El Derecho Internacional consuetudinario es de obligado cumplimiento y tiene una jerarquía superior a los tratados y acuerdos de comercio e inversiones.

Sobre la superioridad jerárquica de los derechos humanos frente a las normas de comercio e inversiones
Los tratados de comercio e inversiones deben respetar y someterse -son jerárquicamente inferiores- a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la Carta de Naciones Unidas y a los tratados de Naciones Unidas.
La Carta de las Naciones Unidas en su artículo 103 establece que en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta. Es decir, las normas de comercio e inversiones están subordinadas a las nomas sobre derechos humanos[19]. En esta dirección el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 1989 en el caso Soering c. el Reino Unido, establece que las obligaciones existentes en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos prevalecen sobre las de los tratados de extradición y, por extensión, sobre los tratados y acuerdos de comercio e inversiones (Teitelbaum, 2004)[20].
El Comit√ɬ© del Pacto de Derechos Econ√ɬ≥micos, Sociales y Culturales emiti√ɬ≥ una declaraci√ɬ≥n en la que se dice: √ʬĬúMientras que los derechos de propiedad intelectual se pueden atribuir y son de alcance y duraci√ɬ≥n limitados y susceptibles de transacci√ɬ≥n, enmienda e incluso renuncia, los derechos humanos son eternos y constituyen la expresi√ɬ≥n de una reivindicaci√ɬ≥n fundamental de la persona humana. Mientras que los derechos humanos tienen por objeto garantizar un grado satisfactorio de bienestar humano y social, los reg√ɬ≠menes de propiedad intelectual -aunque tradicionalmente brindan protecci√ɬ≥n a los autores y creadores individuales √ʬĬď se centran cada vez m√ɬ°s en proteger los intereses e inversiones comerciales y empresariales√ʬĬĚ. Por su parte, en la resoluci√ɬ≥n 2000/7 del 17/08/2000, la Subcomisi√ɬ≥n de derechos humanos de la ONU ha dicho: √ʬĬúAfirma que la protecci√ɬ≥n de los intereses morales y materiales que resultan de toda producci√ɬ≥n cient√ɬ≠fica, literaria o art√ɬ≠stica de que una persona es autora es, de conformidad con el p√ɬ°rrafo 2 del art√ɬ≠culo 27 de la Declaraci√ɬ≥n de Derechos Humanos y el inciso c) del p√ɬ°rrafo 1 del art√ɬ≠culo 15 del Pacto Internacional de Derechos Econ√ɬ≥micos, Sociales y Culturales, un derecho humano, en los l√ɬ≠mites del inter√ɬ©s general; declara, sin embargo, que dada que la aplicaci√ɬ≥n del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que se relacionan con el comercio (ADPIC), no tiene en cuenta como deber√ɬ≠a la naturaleza fundamental de la indivisibilidad de todos los derechos humanos, en particular el derecho de cada persona a disfrutar de las ventajas de los progresos cient√ɬ≠ficos y de sus aplicaciones, del derecho a la salud, a la alimentaci√ɬ≥n y del derecho a la autodeterminaci√ɬ≥n, hay conflictos visibles entre el r√ɬ©gimen relativo a los derechos de la propiedad intelectual contenido en el Acuerdo, por una parte, y el derecho internacional relativo a los derechos humanos, por la otra; recuerda a todos los gobiernos la primac√ɬ≠a de las obligaciones relativas a los derechos humanos sobre las pol√ɬ≠ticas y los acuerdos econ√ɬ≥micos√ʬĬĚ.
La Corte Interamericana de derechos Humanos, en su Opini√ɬ≥n Consultiva OC/2/82, de 24 de septiembre de 1982 relativa al efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convenci√ɬ≥n, se expres√ɬ≥ en estos t√ɬ©rminos: √ʬĬúlos tratados modernos sobre derechos humanos en general, y en particular la Convenci√ɬ≥n Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en funci√ɬ≥n de un intercambio rec√ɬ≠proco de derechos para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protecci√ɬ≥n de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a otros contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien com√ɬļn, asumen varias obligaciones, no en relaci√ɬ≥n con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicci√ɬ≥n√ʬĬĚ.
Tambi√ɬ©n la Comisi√ɬ≥n Europea de Derechos Humanos, bas√ɬ°ndose en el Pre√ɬ°mbulo de la Convenci√ɬ≥n Europea expres√ɬ≥ en el caso 788/ Austria vs. Italia que: √ʬĬúel prop√ɬ≥sito de las Altas Partes Contratantes al aprobar la Convenci√ɬ≥n no fue concederse derechos y obligaciones rec√ɬ≠procas con el fin de satisfacer sus intereses nacionales sino realizar los fines e ideales del Consejo de Europa√ʬĬ¶ y establecer un orden p√ɬļblico com√ɬļn de las democracias libres de Europa con el objetivo de salvaguardar su herencia com√ɬļn de tradiciones pol√ɬ≠ticas, ideas y reg√ɬ≠menes de derechos√ʬĬĚ.
Por consiguiente, es imprescindible comprobar que los tratados y acuerdos de comercio e inversiones y los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas y con las normas que regulan los derechos humanos.

Sobre las Observaciones Generales
El Experto internacional afirma que √ʬĬú√ʬĬ¶ las Naciones Unidas ha establecido mecanismos de aplicaci√ɬ≥n, incluidos los √ɬ≥rganos creados en virtud de tratados, como el Comit√ɬ© de Derechos Humanos y el Comit√ɬ© de Derechos Econ√ɬ≥micos, Sociales y Culturales, que han llevado adelante la labor de fijaci√ɬ≥n de normas mediante la aprobaci√ɬ≥n de observaciones generales sobre las disposiciones de los pactos internacionales y han participado en las actividades de vigilancia, el examen de los informes peri√ɬ≥dicos de los Estados partes y las visitas sobre el terreno√ʬĬĚ. Las observaciones generales son interpretaciones autorizadas realizadas por los distintos √ɬ≥rganos credos en virtud de los tratados de derechos humanos.
√ʬĬúEl Comit√ɬ© de Derechos Econ√ɬ≥micos, Sociales y Culturales ha formulado observaciones generales pertinentes: n√ɬļm. 12 sobre el derecho a una alimentaci√ɬ≥n adecuada (art. 11), p√ɬ°rrafos 19 y 36 (√ʬĬúLos Estados Partes deben asegurarse de que, en los acuerdos internacionales, se preste la debida atenci√ɬ≥n al derecho a una alimentaci√ɬ≥n adecuada√ʬĬĚ); n√ɬļm. 14 sobre el derecho al disfrute del m√ɬ°s alto nivel posible de salud (art. 12), p√ɬ°rrafo 39 (√ʬĬúEn relaci√ɬ≥n con la concertaci√ɬ≥n de otros acuerdos internacionales, los Estados Partes deben adoptar medidas para cerciorarse de que esos instrumentos no afectan adversamente al derecho a la salud√ʬĬĚ) y p√ɬ°rrafo 41, que proh√ɬ≠be imponer embargos o sanciones al suministro de medicamentos y equipo m√ɬ©dico; n√ɬļm. 15, sobre el derecho al agua (arts. 11 y 12), p√ɬ°rrafos 31, 35 y 36 (√ʬĬúLos Estados Partes deber√ɬ°n velar por que en los acuerdos internacionales se preste la debida atenci√ɬ≥n al derecho al agua y, con tal fin, deber√ɬ°n considerar la posibilidad de elaborar nuevos instrumentos jur√ɬ≠dicos. En cuanto a la concertaci√ɬ≥n y aplicaci√ɬ≥n de otros acuerdos internacionales y regionales, los Estados Partes deber√ɬ°n adoptar medidas para garantizar que estos instrumentos no repercutan negativamente en el derecho al agua potable√ʬĬĚ); n√ɬļm. 18 sobre el derecho al trabajo (art. 6) y n√ɬļm. 19 sobre el derecho a la seguridad social (art. 9)√ʬĬĚ.
Los tratados y acuerdos de comercio e inversiones deben tener en cuenta y adecuarse a las diferentes observaciones mencionadas.

Sobre los Principios Generales
Entre las fuentes de derecho reconocidas por la Corte Internacional de Justicia figuran los principios generales del derecho (art. 38, párrafo 1 c), del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que configuran el orden jurídico nacional e internacional. Entre esos principios fundamentales están el de buena fe que significa que la ley debe ser coherente y no puede ser utilizada antitéticamente para destruir derechos. La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra este principio en el artículo 30, que se refleja en el artículo 5 de los dos Pactos. Otros principios generales del derecho pertinentes son los principios de proporcionalidad, previsibilidad, rebus sic stantibus, la prohibición del abuso de derecho, de incitación a la comisión de un delito y de tratados o contratos que sean contra las buenas costumbres y la ilegalidad del enriquecimiento injusto.
Los tribunales también puede aplicar el principio de equidad, en la medida en que en todos los acuerdos existe un elemento inherente de la misma.
Los inversores pueden invocar el principio pacta sunt servanda -los acuerdos deben cumplirse- regulado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pero requiere de la buena fe y aplicarse de una manera que no contravenga la Carta o los tratados de las Naciones Unidas.
En virtud del art√ɬ≠culo 28 de la Declaraci√ɬ≥n Universal de Derechos Humanos, los Estados establecer√ɬ°n √ʬĬúun orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaraci√ɬ≥n se hagan plenamente efectivos√ʬĬĚ. Este principio est√ɬ° reforzado por el art√ɬ≠culo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol√ɬ≠ticos y el art√ɬ≠culo 2 del Pacto Internacional de Derechos Econ√ɬ≥micos, Sociales y Culturales.
En conclusión, los tratados y acuerdos de comercio e inversiones deben respetar el conjunto de los Principios Generales del Derecho.

Sobre el Derecho Penal Internacional
El derecho penal internacional y los precedentes de Nuremberg tambi√ɬ©n podr√ɬ≠an ser pertinentes para examinar los tratados y acuerdos de comercio e inversi√ɬ≥n. Como manifiesta el Experto independiente, √ʬĬúser√ɬ≠a apropiado comprobar si el concepto de √ʬĬúconspiraci√ɬ≥n√Ę¬Ä¬Ě para cometer actos contra bonos mores (o √ʬĬúempresa criminal conjunta√ʬĬĚ, en la expresi√ɬ≥n utilizada por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia) pueden aplicarse al m√ɬ©todo aplicado para elaborar y negociar en secreto algunos acuerdos internacionales de inversi√ɬ≥n. √ā¬ŅSon los Estados o algunas empresas transnacionales culpables de √ʬĬúconspiraci√ɬ≥n√ʬĬĚ? Los actos constitutivos de una conspiraci√ɬ≥n de este tipo pueden incluir proporcionar deliberadamente informaci√ɬ≥n falsa; publicar previsiones falsas de crecimiento del Producto Interior Bruto y del empleo; contratar a grupos de estudio, economistas, universidades o fundaciones para que preparen √ʬĬúinformes teleol√ɬ≥gicos√ʬĬĚ; y conspirar con grandes empresas de medios de comunicaci√ɬ≥n para asegurarse de que solo se presente la parte positiva de los tratados bilaterales de inversi√ɬ≥n y los acuerdos de libre comercio y se supriman o minimicen los aspectos pol√ɬ©micos. La cuesti√ɬ≥n de la responsabilidad penal de las empresas por ecocidio y otros delitos es merecedora de un an√ɬ°lisis a fondo en un informe futuro√ʬĬĚ.

Sobre los Estados
El Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo recoge reflexiones importantes que se reproducen a continuación:
La Carta de las Naciones Unidas establece una orden internacional de Estados soberanos, que no puede ser sustituido por un nuevo orden internacional articulado sobre las normas de comercio e inversiones. Todos los Estados están obligados por la Carta de las Naciones Unidas y todos los tratados deben ser conformes con ella, en particular con sus artículos 1, 2, 55 y 56[21].
Los Estado legítimos deben promover el bienestar de la población que se halle bajo su jurisdicción; las funciones esenciales del Estado no pueden ser privatizadas. La adopción de tratado o acuerdos de comercio e inversiones requiere evaluaciones de impacto en los derechos humanos, la salud y el medio ambiente.
Como establece el informe del Experto independiente, √ʬĬúun gobierno que pone en peligro su facultad de defender y proteger los intereses de las personas que viven bajo su jurisdicci√ɬ≥n traiciona su propia raz√ɬ≥n de ser y pierde su legitimidad democr√ɬ°tica. Entre los derechos que deben garantizar los Estados figuran el derecho a la vida, a la seguridad de la propia persona, a la participaci√ɬ≥n en los asuntos p√ɬļblicos, a una patria, a la libre circulaci√ɬ≥n, a la salud, a la educaci√ɬ≥n, al empleo y a la seguridad social. Estos compromisos est√ɬ°n consagrados, entre otros, en los art√ɬ≠culos 1, 2, 6, 9, 12, 17, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol√ɬ≠ticos y en los art√ɬ≠culos 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Econ√ɬ≥micos√ʬĬĚ.
Por ejemplo, √ʬĬúlos Estados deben garantizar el acceso a medicamentos asequibles es esencial para proteger el derecho a la vida, y negarse a proporcionar esos medicamentos asequibles equivale al delito penal de denegaci√ɬ≥n de ayuda humanitaria de asistencia a personas en peligro. Dicho de otro modo, no es posible apropiarse de los conocimientos para obtener un beneficio, ni estos pueden ser privatizados ni convertidos en bienes comerciables, sino que m√ɬ°s bien deben ser compartidos en un esp√ɬ≠ritu de solidaridad internacional√ʬĬĚ. La confrontaci√ɬ≥n entre las normas reguladas en los tratados y acuerdos de comercio e inversiones con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es flagrante.
El Grupo de Trabajo sobre la cuesti√ɬ≥n de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas ha destacado en sus informes que los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos estipulan, en los principios 8 y 9, que √ʬĬúlos Estados deben asegurar que los departamentos y organismos gubernamentales y otras instituciones estatales que configuran las pr√ɬ°cticas empresariales sean conscientes de las obligaciones de derechos humanos del Estado√Ę¬Ä¬Ě y que √ʬĬúlos Estados deben mantener un marco normativo nacional adecuado para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos cuando concluyan acuerdos pol√ɬ≠ticos sobre actividades empresariales con otros Estados o empresas, por ejemplo a trav√ɬ©s de tratados o contratos de inversi√ɬ≥n√ʬĬĚ. Por tanto, todos los acuerdos y tratados de comercio e inversi√ɬ≥n que se negocien deben incluir una clara disposici√ɬ≥n que estipule que en caso de conflicto entre las obligaciones de derechos humanos del Estado y las obligaciones impuestas por otros tratados, prevalecer√ɬ°n los instrumentos de derechos humanos.
√ʬĬúLa validez de los tratados bilaterales de inversi√ɬ≥n y los acuerdos de libre comercio debe ponerse a prueba aplicando las normas de la Convenci√ɬ≥n de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Por ejemplo, un tratado puede ser nulo si es posible demostrar que hubo una violaci√ɬ≥n manifiesta de la constituci√ɬ≥n del Estado, errores referentes a un hecho o a una situaci√ɬ≥n cuya existencia se diera por supuesta en el momento de la firma del tratado y constituyera una base esencial del consentimiento a obligarse por el tratado (art. 48), conducta fraudulenta de otra parte negociadora (art. 49), enga√ɬĪo deliberado o afirmaciones falsas, corrupci√ɬ≥n (art. 50), coacci√ɬ≥n (arts. 51 y 52) o conflicto con una norma imperativa de derecho internacional (art. 53). La terminaci√ɬ≥n de un tratado o la suspensi√ɬ≥n de su aplicaci√ɬ≥n son posibles a causa de una violaci√ɬ≥n grave (art. 60), imposibilidad subsiguiente de cumplimiento (art. 61) o un cambio fundamental en las circunstancias (art. 62). Normalmente los tratados contienen disposiciones para la denuncia o el retiro. De no existir esas disposiciones, este derecho puede inferirse de la naturaleza del tratado (art. 56). En la medida en que los tratados bilaterales de inversi√ɬ≥n y los acuerdos de libre comercio den lugar a violaciones de los derechos humanos, esto ser√ɬ° causa de su modificaci√ɬ≥n o terminaci√ɬ≥n. El procedimiento se establece en los art√ɬ≠culos 65 y ss√ʬĬĚ.
Los tratados internacionales deben ser sometidos al control de constitucionalidad, a fin de que los tribunales nacionales determinen si son conformes con la parte dogm√ɬ°tica de la Constituci√ɬ≥n en lo que se refiere a los derechos y garant√ɬ≠as contenidos en ella y m√ɬ°s particularmente con las normas internacionales de derechos humanos que tienen jerarqu√ɬ≠a de jus cogens (normas imperativas de derecho internacional). Un Estado no puede renunciar a su funci√ɬ≥n esencial de legislar en inter√ɬ©s p√ɬļblico (Teitelbaum, 2004).
A modo de conclusi√ɬ≥n, afirma el Experto independiente, √ʬĬúser√ɬ≠a apropiado reafirmar que, si bien los acuerdos de libre comercio y de inversi√ɬ≥n tienen su raz√ɬ≥n de ser, la funci√ɬ≥n principal del Estado es actuar en inter√ɬ©s del p√ɬļblico. Existen muchas oportunidades para que las empresas y los inversores obtengan beneficios leg√ɬ≠timos y establezcan aut√ɬ©nticas colaboraciones con los Estados en vez de mantener relaciones asim√ɬ©tricas. La norma b√ɬ°sica deber√ɬ≠a consistir en: a) dar a las empresas lo que les pertenece, es decir, un medio en el cual competir limpiamente; b) restituir a los Estados lo que les pertenece de manera fundamental e inalienable, es decir, la soberan√ɬ≠a y el espacio normativo; c) reconocer a los parlamentos lo que les pertenece, es decir, la facultad de examinar todos los aspectos de los tratados sin m√ɬ©todos no democr√ɬ°ticos como el secreto y la aprobaci√ɬ≥n mediante procedimientos de urgencia; y d) dar al pueblo lo que le pertenece, es decir, los derechos a la participaci√ɬ≥n p√ɬļblica, el debido proceso y la democracia√ʬĬĚ.

Sobre los tribunales arbitrales
Los Estados tienen la responsabilidad de brindar protección, en particular con respecto a la administración de justicia. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos requiere que los Estados velen por que los actos judiciales sean examinados por tribunales competentes e independientes en un régimen de transparencia y rendición de cuentas. Paradójicamente, los Estados han acordado la creación de tribunales ad hoc de solución de controversias entre inversores y Estados que no suelen ser independientes y transparentes y no suelen rendir cuentas. El informe sobre los efectos de la solución de controversias entre los inversores y el Estado en un orden internacional democrático y equitativo establece que:
√ʬĬúLos √ɬļltimos 25 a√ɬĪos han dado numerosos ejemplos de violaciones de derechos por los inversionistas y sentencias arbitrales sin escr√ɬļpulos que no solo han dado lugar a violaciones de los derechos humanos, sino que han generado una √ʬĬúpar√ɬ°lisis normativa√Ę¬Ä¬Ě o incluso una √ʬĬúcongelaci√ɬ≥n√ʬĬĚ, impidiendo a los Estados adoptar reglamentos sobre la eliminaci√ɬ≥n de los desechos o el control del tabaco por temor a ser demandados ante los tribunales de soluci√ɬ≥n de controversias entre inversores y Estados√ʬĬĚ. El Experto independiente declaraba en el peri√ɬ≥dico theguardian √ʬĬďel 16 de noviembre de 2015- que un solo mecanismo √ʬĬď el sistema de resoluci√ɬ≥n de controversias inversionista-Estado (ISDS)- pone en peligro el actual sistema de justicia, el concepto de equilibrio de poderes y la esencia del Estado de Derecho. Sus implicaciones para el respeto de los derechos humanos en todo el mundo pueden ser devastadoras[22].
En una direcci√ɬ≥n opuesta, destacan las declaraciones a favor de los tribunales arbitrales que realizaba el vicepresidente de Philip Morris, Marc Firistone, en el marco del contencioso que mantiene con Uruguay: √ʬĬúno hay una tensi√ɬ≥n inherente en proteger los derechos fundamentales del sector privado al mismo tiempo que se protegen los derechos humanos. No hay nada que amenace al orden mundial. Por contraste, lo que ser√ɬ≠a √ʬĬėdevastador√ʬĬô para el orden p√ɬļblico es si la legitimidad y la ecuanimidad se aplicaran en forma selectiva√ʬĬĚ[23]. Es decir, seg√ɬļn el alto responsable de Philip Morris, hay que tratar igual a los desiguales y las transnacionales deben ser tratadas igual que los hombres y mujeres de Uruguay; la salud de la poblaci√ɬ≥n debe situarse en el mismo plano que los intereses econ√ɬ≥micos de los due√ɬĪos de la multinacional. El sistema internacional de los derechos humanos es atacado frontalmente por el capital.
El se√ɬĪor Zayas considera que √ʬĬúhay m√ɬļltiples razones para oponerse a la soluci√ɬ≥n de controversias entre inversores y Estados sobre la base de las necesidades de una gobernanza democr√ɬ°tica, la administraci√ɬ≥n de justicia mediante tribunales transparentes y responsables, la doctrina de la soberan√ɬ≠a del Estado y el derecho de los derechos humanos√ʬĬĚ.
√ʬĬúLas sentencias que resuelven las controversias entre inversores y Estados han llevado a estos √ɬļltimos a abandonar medidas para proteger la salud p√ɬļblica y a reducir las exigencias de las normas ambientales. La par√ɬ°lisis normativa derivada de la mera existencia de un sistema de soluci√ɬ≥n de controversias entre inversores y Estados ha disuadido, y podr√ɬ≠a disuadir en el futuro a los Estados, de tomar medidas para respetar, proteger y cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y, por lo tanto, tiene un efecto negativo en el orden internacional democr√ɬ°tico y equitativo√ʬĬĚ.
√ʬĬúSi bien los tribunales internacionales pueden y deben declarar inadmisibles los casos improcedentes de abuso del derecho a presentar comunicaciones (v√ɬ©ase el art√ɬ≠culo 3 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol√ɬ≠ticos) o de abuso de procedimiento, los tribunales de soluci√ɬ≥n de controversias entre inversores y Estados rara vez lo hacen y aceptan los litigios improcedentes y vejatorios que ocasionan enormes gastos a las partes, lo cual es especialmente perjudicial para los pa√ɬ≠ses en desarrollo√ʬĬĚ.

La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas
La Relatora, Sra. Victoria Tauli-Corpuz, ha elaborado el informe[24] relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas[25] y presentado a la Asamblea General de conformidad con el mandato que le confirió el Consejo de Derechos Humanos en sus resoluciones 15/14 y 24/9[26].

Sobre los antecedentes
En los antecedentes del informe la Relatora afirma que le causa una gran preocupación el aumento de las inversiones extranjeras relacionadas con las tierras de los pueblos indígenas, las aguas y la extracción de recursos naturales como minerales y metales, petróleo, gas y madera, entre otros. Además, considera que hay que analizar a fondo los regímenes internacionales de inversión y el modo en que afectan al respeto o a la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas; se produce una colisión con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
√ʬĬúPara la elaboraci√ɬ≥n del informe se han tenido en cuenta de manera especial el informe que el Experto Independiente sobre la promoci√ɬ≥n de un orden internacional democr√ɬ°tico y equitativo present√ɬ≥ en el 70√ā¬į per√ɬ≠odo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/30/44) sobre los efectos negativos para los derechos humanos de los acuerdos internacionales de inversi√ɬ≥n, los tratados bilaterales de inversi√ɬ≥n y los acuerdos multilaterales de libre comercio en el orden internacional, el informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentaci√ɬ≥n al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/19/59/Add.5) y el informe que el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del m√ɬ°s alto nivel posible de salud f√ɬ≠sica y mental present√ɬ≥ en el sexag√ɬ©simo noveno per√ɬ≠odo de sesiones de la Asamblea General (A/69/299), que analiza el impacto de los acuerdos de inversi√ɬ≥n en el derecho a la salud. Adem√ɬ°s, en 2015, diez titulares de mandatos han expresado p√ɬļblicamente su preocupaci√ɬ≥n por el impacto que los acuerdos de libre comercio e inversi√ɬ≥n tienen en los derechos humanos√ʬĬĚ.

Sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas
√ʬĬúLos tratados y acuerdos internacionales de comercio e inversiones y su impacto sobre los derechos humanos incluye aspectos como los derechos sobre la tierra, la degradaci√ɬ≥n ambiental, la pobreza, la capacidad de reglamentaci√ɬ≥n y de protecci√ɬ≥n del Estado, el d√ɬ©ficit democr√ɬ°tico y los desaf√ɬ≠os al estado de derecho en relaci√ɬ≥n con la elaboraci√ɬ≥n y aplicaci√ɬ≥n de dichos acuerdos, y la capacidad de los gobiernos para prestar servicios de salud y relacionados con el agua√ʬĬĚ.

Derecho a las tierras, los territorios y los recursos
√ʬĬúComo se establece, entre otros, en los art√ɬ≠culos 8, 25, 26, 29 y 32 de la Declaraci√ɬ≥n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind√ɬ≠genas, los pueblos ind√ɬ≠genas tienen derecho a las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente han pose√ɬ≠do, ocupado o utilizado o adquirido de otro modo, as√ɬ≠ como el derecho a poseer, utilizar, explotar y controlar dichos recursos. El art√ɬ≠culo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol√ɬ≠ticos, que establece los derechos individuales y colectivos a poseer bienes en propiedad, complementa las disposiciones de la Declaraci√ɬ≥n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind√ɬ≠genas√ʬĬĚ.
√ʬĬúLas cl√ɬ°usulas de no discriminaci√ɬ≥n y expropiaci√ɬ≥n de los acuerdos de inversi√ɬ≥n y de libre comercio pueden f√ɬ°cilmente ir en detrimento de la protecci√ɬ≥n de los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas a la tierra y de los derechos culturales estrechamente conexos. Las cl√ɬ°usulas sobre un trato no discriminatorio, como ya se ha se√ɬĪalado, otorgan a los inversores extranjeros el mismo trato que el dado a los inversores nacionales y de otros pa√ɬ≠ses. En la pr√ɬ°ctica, esto significa que, si los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas no est√ɬ°n expresamente incluidos como excepciones a dichas disposiciones, cualquier protecci√ɬ≥n especial de sus tierras, ya con base en el derecho consuetudinario o en leyes espec√ɬ≠ficas de los derechos territoriales de los pueblos ind√ɬ≠genas, podr√ɬ≠a quedar obsoleta en el √ɬ°mbito de las inversiones√ʬĬĚ.
√ʬĬúLas cl√ɬ°usulas de expropiaci√ɬ≥n de los acuerdos de inversi√ɬ≥n pueden ser tambi√ɬ©n un importante obst√ɬ°culo para las reclamaciones relativas a las tierras ind√ɬ≠genas. Si, para cumplir la Declaraci√ɬ≥n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind√ɬ≠genas y otras normas de derechos humanos, los gobiernos receptores que tienen suscritos tratados y acuerdos de comercio e inversiones adoptan medidas positivas para devolver las tierras en r√ɬ©gimen consuetudinario tomadas por los inversores extranjeros a los pueblos ind√ɬ≠genas, podr√ɬ≠an tener que pagar una compensaci√ɬ≥n a esos inversores a valores de mercado. Los tribunales de soluci√ɬ≥n de controversias entre inversores y Estados han impuesto esa compensaci√ɬ≥n a valores de mercado, incluso cuando la expropiaci√ɬ≥n de tierras se hab√ɬ≠a realizado con un fin p√ɬļblico leg√ɬ≠timo o para remediar una apropiaci√ɬ≥n injusta de tierras y territorios de los pueblos ind√ɬ≠genas√ʬĬĚ.

Consentimiento libre, previo e informado
√ʬĬúEl derecho de consentimiento libre, previo e informado est√ɬ° incluido en la Declaraci√ɬ≥n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind√ɬ≠genas, y el derecho de consulta lo est√ɬ° en el Convenio 169 de la Organizaci√ɬ≥n Internacional del Trabajo (OIT). A pesar de esas disposiciones, solo los representantes de los gobiernos nacionales negocian, redactan y pactan los acuerdos de inversi√ɬ≥n, que a menudo se elaboran en estricta privacidad. La Relatora Especial no tiene constancia de que los representantes de los pueblos ind√ɬ≠genas o los funcionarios de los sistemas reconocidos de autogobierno ind√ɬ≠gena hayan sido invitados a participar en la negociaci√ɬ≥n y redacci√ɬ≥n formales de los acuerdos de libre comercio e inversi√ɬ≥n que les afectar√ɬ°n directamente. Dado que dichos acuerdos son formalmente vinculantes en todos los niveles de gobierno y que muchos proyectos de inversi√ɬ≥n tienen un gran impacto sobre los pueblos ind√ɬ≠genas, esa situaci√ɬ≥n es, por s√ɬ≠ sola, una violaci√ɬ≥n de los derechos de consentimiento libre, previo e informado, participaci√ɬ≥n, consulta y libre determinaci√ɬ≥n√ʬĬĚ.
√ʬĬúCuando se emprenden proyectos de inversi√ɬ≥n que afectan directamente a los pueblos ind√ɬ≠genas es preciso mantener con ellos consultas de buena fe, conforme a lo exigido en los art√ɬ≠culos 19 y 32, p√ɬ°rrafo 2, de la Declaraci√ɬ≥n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos y el art√ɬ≠culo 6, p√ɬ°rrafo 2, del Convenio 169 de la OIT. La aplicaci√ɬ≥n de esos art√ɬ≠culos a los acuerdos de inversi√ɬ≥n y de libre comercio ofrece la oportunidad de incluir las perspectivas y necesidades de los pueblos ind√ɬ≠genas en las disposiciones de los acuerdos y evitar futuras violaciones de sus derechos humanos. Cuando se pierde esa oportunidad, aumentan las posibilidades de que se produzcan conflictos, se suspendan proyectos y se pierdan beneficios√ʬĬĚ.
√ʬĬúLas violaciones se agravan por el hecho de que existe el riesgo potencial de que la responsabilidad econ√ɬ≥mica por da√ɬĪos y perjuicios atribuida al Estado parte sea trasladada a los gobiernos ind√ɬ≠genas. Por ejemplo, algunos gobiernos, como el del Canad√ɬ° y M√ɬ©xico, han pretendido recaudar las indemnizaciones concedidas a las empresas en concepto de da√ɬĪos y perjuicios reteniendo fondos a los gobiernos locales√ʬĬĚ.
√ʬĬúLas violaciones del derecho de consentimiento libre, previo e informado pueden tambi√ɬ©n contribuir a posteriores abusos contra los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas en el marco de los acuerdos de inversi√ɬ≥n y de libre comercio. La aplicaci√ɬ≥n del principio del consentimiento libre, previo e informado a los acuerdos de inversi√ɬ≥n y de libre comercio ofrece la oportunidad de incluir las perspectivas y necesidades de los pueblos ind√ɬ≠genas en las disposiciones de dichos acuerdos y evitar futuros abusos contra sus derechos humanos. Cuando se pierde esa oportunidad, el posible efecto preventivo de la observancia del derecho de consentimiento libre, previo e informado se malogra√ʬĬĚ.

Derechos culturales
√ʬĬúHay muchas maneras en que los posibles efectos de los acuerdos de inversi√ɬ≥n y de libre comercio podr√ɬ≠an socavar los derechos culturales de los pueblos ind√ɬ≠genas. En primer lugar, a las graves consecuencias que los acuerdos de inversi√ɬ≥n y de libre comercio tienen para las tierras y los derechos territoriales de los pueblos ind√ɬ≠genas se a√ɬĪade la importancia cultural de las tierras y los territorios ind√ɬ≠genas√ʬĬĚ.

Libre determinación, pobreza y derechos económicos y sociales
√ʬĬúComo ya se ha se√ɬĪalado, los pueblos ind√ɬ≠genas no participan en las negociaciones ni en la redacci√ɬ≥n de los acuerdos de libre comercio. Sin embargo, las disposiciones de dichos acuerdos afectan a su r√ɬ©gimen de autogobierno y al uso de sus tierras, territorios y recursos√ʬĬĚ.
√ʬĬúUn efecto concreto de ese desequilibrio en la labor de los gobiernos ind√ɬ≠genas y la negaci√ɬ≥n de los derechos de libre determinaci√ɬ≥n en la redacci√ɬ≥n de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones podr√ɬ≠a ser la restricci√ɬ≥n de la imposici√ɬ≥n fiscal. En las cl√ɬ°usulas sobre un trato justo y equitativo que se incluyen en los tratados y acuerdos mencionados se han cuestionado diversos tipos de impuestos, como los impuestos sobre el valor a√ɬĪadido, los impuestos sobre el consumo de cigarrillos, los timbres fiscales sobre el tabaco, los impuestos de sociedades o los impuestos sobre los recursos naturales. Un impuesto que solamente se impone a los pueblos no ind√ɬ≠genas (entre los que pueden estar los inversores extranjeros) podr√ɬ≠a infringir las disposiciones nacionales sobre el trato, por ejemplo, las disposiciones del modelo de TBI de los Estados Unidos√ʬĬĚ.
√ʬĬúEntre las violaciones cabe citar los ataques flagrantes y sostenidos a la integridad cultural de los pueblos ind√ɬ≠genas; el menosprecio y la falta de reconocimiento del derecho consuetudinario y los sistemas de gobernanza; la falta de elaboraci√ɬ≥n de marcos que permitan a los pueblos ind√ɬ≠genas ejercer su derecho al desarrollo y al autogobierno; y las pr√ɬ°cticas que despojan a los pueblos ind√ɬ≠genas de autonom√ɬ≠a sobre sus tierras y recursos naturales√ʬĬĚ.
√ʬĬúEsas relaciones desiguales de poder entre los pueblos ind√ɬ≠genas y las empresas y los Estados contribuyen tambi√ɬ©n a la existencia de niveles end√ɬ©micos de pobreza entre los pueblos ind√ɬ≠genas. Aun cuando los pueblos ind√ɬ≠genas conforman el 5% de la poblaci√ɬ≥n mundial, representan el 15% de todas las personas que viven en la pobreza. Y una enorme proporci√ɬ≥n del 33% de las personas que viven en la pobreza extrema rural a nivel global proceden de comunidades ind√ɬ≠genas. Esas cifras son especialmente alarmantes si se tiene en cuenta la riqueza de recursos naturales que existe en los territorios ind√ɬ≠genas. Ese nivel de pobreza es una violaci√ɬ≥n del derecho de los pueblos ind√ɬ≠genas al desarrollo, as√ɬ≠ como de sus derechos econ√ɬ≥micos y sociales a un nivel de vida adecuado, a la vivienda, a la alimentaci√ɬ≥n, al agua, la salud y la educaci√ɬ≥n√ʬĬĚ.
√ʬĬúLas violaciones del derecho de los pueblos ind√ɬ≠genas a la libre determinaci√ɬ≥n y de otros derechos econ√ɬ≥micos y sociales est√ɬ°n estrechamente vinculadas a las experiencias que los pueblos ind√ɬ≠genas han sufrido hist√ɬ≥ricamente de marginaci√ɬ≥n, desposesi√ɬ≥n y destrucci√ɬ≥n ambiental de sus tierras ancestrales, y a la falta de libre determinaci√ɬ≥n sobre las v√ɬ≠as de desarrollo. El impacto de los tratados y acuerdos de comercio e inversi√ɬ≥n agrava a√ɬļn m√ɬ°s todos esos factores. Adem√ɬ°s, los efectos sist√ɬ©micos de dichos acuerdos, contribuyen tambi√ɬ©n a las causas de la pobreza y a la negaci√ɬ≥n del derecho a la libre determinaci√ɬ≥n√ʬĬĚ.
√ʬĬúLos costos que los Estados tienen que afrontar para defender los casos de soluci√ɬ≥n de controversias entre inversores y Estados y para pagar las indemnizaciones que puedan impon√ɬ©rseles pueden llegar a ser extremadamente altos. Ello desv√ɬ≠a los recursos p√ɬļblicos, lo cual podr√ɬ≠a limitar la capacidad de los Estados para invertir en la plena efectividad de los derechos econ√ɬ≥micos y sociales de las comunidades ind√ɬ≠genas√ʬĬĚ.

Efectos sistémicos de los regímenes de inversión y libre comercio
√ʬĬúEl informe aborda la asimetr√ɬ≠a entre los Estados y los agentes econ√ɬ≥micos, la limitaci√ɬ≥n del marco normativo y legislativo de los Estados, la p√ɬ©rdida de fondos p√ɬļblicos, la perpetuaci√ɬ≥n de los desequilibrios internacionales de poder y el crecimiento econ√ɬ≥mico a nivel nacional√ʬĬĚ.
√ʬĬúLos reg√ɬ≠menes internacionales de inversi√ɬ≥n y de libre comercio se han desarrollado como una vertiente del derecho internacional independiente de las normas de derechos humanos y de derechos ind√ɬ≠genas. A pesar de las importantes cuestiones de inter√ɬ©s p√ɬļblico que est√ɬ°n en juego en los tratados y acuerdos de comercio e inversiones y del car√ɬ°cter consuetudinario de muchos principios de derechos humanos, no existen mecanismos formales para exigir que los acuerdos de inversi√ɬ≥n y libre comercio respeten los derechos humanos. Adem√ɬ°s, como ya se ha se√ɬĪalado, el propio r√ɬ©gimen de inversi√ɬ≥n y de libre comercio es impreciso, complejo y opaco. Existen muchos mecanismos, reglamentos y acuerdos de arbitraje diferentes, y una falta general de transparencia. Ello impide a los legisladores y a los responsables de la formulaci√ɬ≥n de las pol√ɬ≠ticas tener una visi√ɬ≥n sist√ɬ©mica de los reg√ɬ≠menes internacionales de inversi√ɬ≥n y de libre comercio y de su efecto sobre los derechos humanos y los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas y poder as√ɬ≠ tomar decisiones para una reforma eficaz√ʬĬĚ.

Por: Juan Hernández Zubizarreta es Profesor de la Universidad del País Vasco e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina.

Notas:
[1] Este trabajo se ha elaborado teniendo en cuenta los informes mencionados. En muchas ocasiones se reproducen apartados literales de los mismos.
[2] Principales instrumentos internacionales relevantes para el mandato
√Ę¬Ä¬Ę Carta de Naciones Unidas
√Ę¬Ä¬Ę Declaraci√ɬ≥n universal de los derechos humanos
√Ę¬Ä¬Ę Pacto internacional de derechos econ√ɬ≥micos, sociales y culturales
√Ę¬Ä¬Ę Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Econ√ɬ≥micos, Sociales y Culturales
√Ę¬Ä¬Ę Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol√ɬ≠ticos
√Ę¬Ä¬Ę Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol√ɬ≠ticos
√Ę¬Ä¬Ę Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol√ɬ≠ticos, destinado a abolir la pena de muerte
√Ę¬Ä¬Ę Convenci√ɬ≥n Internacional sobre la Eliminaci√ɬ≥n de todas las Formas de Discriminaci√ɬ≥n Racial
√Ę¬Ä¬Ę Convenci√ɬ≥n sobre la eliminaci√ɬ≥n de todas las formas de discriminaci√ɬ≥n contra la mujer
√Ę¬Ä¬Ę Protocolo Facultativo de la Convenci√ɬ≥n sobre la eliminaci√ɬ≥n de todas las formas de discriminaci√ɬ≥n contra la mujer
√Ę¬Ä¬Ę Convenci√ɬ≥n contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
√Ę¬Ä¬Ę Protocolo facultativo de la Convenci√ɬ≥n contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
√Ę¬Ä¬Ę Convenci√ɬ≥n sobre los Derechos del Ni√ɬĪo
√Ę¬Ä¬Ę Protocolo facultativo de la Convenci√ɬ≥n sobre los Derechos del Ni√ɬĪo relativo a la participaci√ɬ≥n de ni√ɬĪos en los conflictos armados
√Ę¬Ä¬Ę Protocolo facultativo de la Convenci√ɬ≥n sobre los Derechos del Ni√ɬĪo relativo a la venta de ni√ɬĪos, la prostituci√ɬ≥n infantil y la utilizaci√ɬ≥n de ni√ɬĪos en la pornograf√ɬ≠a
√Ę¬Ä¬Ę Convenci√ɬ≥n internacional sobre la protecci√ɬ≥n de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
√Ę¬Ä¬Ę Convenci√ɬ≥n Internacional para la protecci√ɬ≥n de todas las personas contra las desapariciones forzadas
√Ę¬Ä¬Ę Convenci√ɬ≥n sobre los derechos de las personas con discapacidad
√Ę¬Ä¬Ę Protocolo facultativo de la Convenci√ɬ≥n sobre los derechos de las personas con discapacidad
[3] A/HRC/RES/27/9 http://www.ohchr.org/SP/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex√ʬĬ¶.
[4] A/HRC/30/44 Asamblea General de Naciones Unidas
[5] A/70/285 Asamblea General de Naciones Unidas
[6] El Experto Independiente ha recurrido al asesoramiento de economistas y ha prestado atenci√ɬ≥n a los informes de otros titulares de mandatos de procedimientos especiales, entre ellos el Relator Especial sobre el derecho a la alimentaci√ɬ≥n (A/HRC/19/59/Add.5 y A/HRC/10/5/Add.2); el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del m√ɬ°s alto nivel posible de salud f√ɬ≠sica y mental; la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento; la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; el Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos econ√ɬ≥micos, sociales y culturales; el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reuni√ɬ≥n pac√ɬ≠fica y de asociaci√ɬ≥n (A/HRC/29/25); el ex Representante Especial del Secretario General para la cuesti√ɬ≥n de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; y el Grupo de Trabajo sobre la cuesti√ɬ≥n de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (A/HRC/29/28, p√ɬ°rrs. 30 y 31), apoya firmemente los art√ɬ≠culos 1 a 10 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de 2011 (A/HRC/17/31, anexo) y el marco de las Naciones Unidas para √ʬĬúproteger, respetar y remediar√ʬĬĚ. Se basa en las observaciones generales y las observaciones finales pertinentes de los √ɬ≥rganos de tratados como el Comit√ɬ© de Derechos Humanos, el Comit√ɬ© de Derechos Econ√ɬ≥micos, Sociales y Culturales y el Comit√ɬ© de los Derechos del Ni√ɬĪo. Acoge con benepl√ɬ°cito la actuaci√ɬ≥n de la UNCTAD, plasmada en sus diagn√ɬ≥sticos perceptivos, sus conferencias recientes y sus iniciativas de reforma pertinentes.
[7] En el mismo a√ɬĪo, unos meses antes Cetim y la Asociaci√ɬ≥n Americana de Juristas presentaron por escrito a la Subcomisi√ɬ≥n una iniciativa en la direcci√ɬ≥n de los objetivos de la resoluci√ɬ≥n referida. ONU E/CN.4/Sub.2/2005/NGO/22.
[8] De conformidad con la resoluci√ɬ≥n 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, titulada √ʬĬúConsejo de Derechos Humanos√ʬĬĚ, todos los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades de la Comisi√ɬ≥n de Derechos Humanos, incluida la Subcomisi√ɬ≥n, fueron asumidos a partir del 19 de junio de 2006 por el Consejo de Derechos Humanos. En consecuencia, desde la misma fecha, la signatura E/ CN.4/Sub.2/√ʬĬ¶ de la serie documentos de la Subcomisi√ɬ≥n ha sido sustituida por A/ HRC/ Sub.1/
El documento rese√ɬĪado responde a la signatura A/ HRC/ Sub.1/58/CRP√ɬĀG.8.
[9] ONU A/HRC/Sub.1/CRP√ɬĀG.12
[10] Artículo 25 a) Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades
1. Participar en la direcci√ɬ≥n de los asuntos p√ɬļblicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
[11] Destaca en este sentido, la declaraci√ɬ≥n del Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox, que afirma √ʬĬú√ʬĬ¶ que el desarrollo sostenible y los derechos humanos est√ɬ°n relacionados entre s√ɬ≠√Ę¬Ä¬Ě y √ʬĬúlos derechos de acceso a la informaci√ɬ≥n, la participaci√ɬ≥n y la justicia conforman una parte central de esta relaci√ɬ≥n√ʬĬĚ. √ʬĬúCuando las personas m√ɬ°s afectadas por las pol√ɬ≠ticas de desarrollo y medio ambiente, incluidos los pueblos ind√ɬ≠genas y las mujeres que a menudo son las principales cuidadoras de la familia, pueden ejercer sus derechos a la informaci√ɬ≥n, la participaci√ɬ≥n en la toma de decisiones y la justicia, las pol√ɬ≠ticas son m√ɬ°s justas y efectivas√ʬĬĚ. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33670#.VkoH_b8-P78 Los Expertos y Expertas de la ONU instan a Am√ɬ©rica Latina y el Caribe a adoptar un acuerdo sin precedentes sobre democracia ambiental, informaci√ɬ≥n, participaci√ɬ≥n y justicia. Sr. John Knox, Relator Especial sobre la cuesti√ɬ≥n de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; Sr. Baskut Tuncak, Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gesti√ɬ≥n y eliminaci√ɬ≥n ecol√ɬ≥gicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos; Sr. Dainius P√ɬĽras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del m√ɬ°s alto nivel posible de salud f√ɬ≠sica y mental; Sr. L√ɬ©o Heller, Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento; Sra. Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentaci√ɬ≥n; Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoci√ɬ≥n y protecci√ɬ≥n del derecho a la libertad de opini√ɬ≥n y de expresi√ɬ≥n; Sr. Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reuni√ɬ≥n y de asociaci√ɬ≥n pac√ɬ≠ficas; Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situaci√ɬ≥n de los defensores de los derechos humanos; Sr. Philip Alston, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Sra. Virginia Dandan, Experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional ; Sr. Alfred de Zayas, Experto independiente sobre la promoci√ɬ≥n de un orden internacional democr√ɬ°tico y equitativo; Sr. Chaloka Beyani, Relator Especial sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas ; Sra. Leilani Farha, Relatora especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado; Sra. Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas; Sra. Eleonora Zielinska, actual presidenta del Grupo de trabajo sobre la cuesti√ɬ≥n de la discriminaci√ɬ≥n contra la mujer en la legislaci√ɬ≥n y en la pr√ɬ°ctica.
[12] Econom√ɬ≠a CIUDADANA http://www.economiaciudadana.org/2015/11/la-defensora-del-pueblo-europeo√ʬĬ¶
[13] Sobre los informes anuales trig√ɬ©simo y trig√ɬ©simo primero sobre el control de la aplicaci√ɬ≥n del Derecho de la UE (2014/2253(INI) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+√ʬĬ¶
[14] Los tratados universales y regionales de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, deben prevalecer necesariamente sobre otros tratados.
[15] Oscar Ermida considera que la Convenci√ɬ≥n de Viena sobre el Derecho de los Tratados regul√ɬ≥ el ius cogens como √ʬĬúla Norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que s√ɬ≥lo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional general, que tenga el mismo car√ɬ°cter√Ę¬Ä¬Ě Ermida Uriate, Oscar: √ʬĬúDerechos laborales y comercio internacional√ʬĬĚ, en Globalizaci√ɬ≥n econ√ɬ≥mica y Relaciones Laborales, (editores Wilfredo Sanguinetti y Agust√ɬ≠n Garc√ɬ≠a), ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2003.
[16] Barbagaleta, Hector Hugo: √ʬĬúHablemos de flexibilidad y globalizaci√ɬ≥n√ʬĬĚ, Derecho Laboral, n√ɬļm. 194, 1999.
[17] Galinsoga, Albert: √ʬĬúLas Transformaciones de la Sociedad Internacional y los derechos humanos√ʬĬĚ, El vuelo del ICARO, n√ɬļm.2-3, 2001-2002.
[18] La posici√ɬ≥n oficial y ortodoxa de la academia entiende que √ʬĬúlos redactores no consideraron la Declaraci√ɬ≥n como legalmente vinculante y esperaban que la obligaciones jur√ɬ≠dicas correspondientes a esos derechos ser√ɬ≠an m√ɬ°s tarde impuestas a los Estados√ʬĬ¶√Ę¬Ä¬Ě (Zambrana, 2013: 49). Zambrana, Nicol√ɬ°s: √ʬĬúLos principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en (Francisco J. Zamora et al) La responsabilidad de las multinacionales por violaciones de derechos humanos, Universidad de Alcal√ɬ°, 2013.
En otra direcci√ɬ≥n radicalmente opuesta se encuentra, Bartolom√ɬ© Clavero (2009) que considera √ʬĬúque la mayor√ɬ≠a de los instrumentos humanos son expresi√ɬ≥n del derecho internacional consuetudinario, de derecho que debe en principio practicarse con independencia del car√ɬ°cter del documento que lo declara o por el que se acuerda; es el caso de la Declaraci√ɬ≥n de Derechos Humanos√ʬĬĚ. Clavero, Bartolom√ɬ©: √ʬĬúEl valor vinculante de la Declaraci√ɬ≥n sobre los derechos de los Pueblos Ind√ɬ≠genas√ʬĬĚ, 2009 http://www.derechosindigenas.org/docs/clavero-art42/
[19] La Carta de Naciones Unidas es considerada por sectores de la doctrina, y de acuerdo con su artículo 103 que establece la preeminencia de las obligaciones establecidas frente a cualquier otra, como la matriz legal y ética de todas las normas ius cogens y obligaciones erga omnes.
[20]Teitelbaum, Alejandro: √ʬĬúLos tratados bilaterales de libre comercio√ʬĬĚ, Rebeli√ɬ≥n, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=4218.
[21] Artículo 1: Los propósitos de las Naciones Unidas son:
√Ę¬Ä¬Ę 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresi√ɬ≥n u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pac√ɬ≠ficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;
√Ę¬Ä¬Ę 2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinaci√ɬ≥n de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;
√Ę¬Ä¬Ę 3. Realizar la cooperaci√ɬ≥n internacional en la soluci√ɬ≥n de problemas internacionales de car√ɬ°cter econ√ɬ≥mico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y est√ɬ≠mulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinci√ɬ≥n por motivos de raza, sexo, idioma o religi√ɬ≥n;
√Ę¬Ä¬Ę 4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos prop√ɬ≥sitos comunes.
Artículo 2: Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:
√Ę¬Ä¬Ę 1. La Organizaci√ɬ≥n est√ɬ° basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.
√Ę¬Ä¬Ę 2. Los Miembros de la Organizaci√ɬ≥n, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condici√ɬ≥n de tales, cumplir√ɬ°n de buena fe las obligaciones contra√ɬ≠das por ellos de conformidad con esta Carta.
√Ę¬Ä¬Ę 3. Los Miembros de la Organizaci√ɬ≥n arreglar√ɬ°n sus controversias internacionales por medios pac√ɬ≠ficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.
√Ę¬Ä¬Ę 4. Los Miembros de la Organizaci√ɬ≥n, en sus relaciones internacionales, se abstendr√ɬ°n de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia pol√ɬ≠tica de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Prop√ɬ≥sitos de las Naciones Unidas.
√Ę¬Ä¬Ę 5. Los Miembros de la Organizaci√ɬ≥n prestaron a √ɬ©sta toda clase de ayuda en cualquier acci√ɬ≥n que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendr√ɬ°n de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la Organizaci√ɬ≥n estuviere ejerciendo acci√ɬ≥n preventiva o coercitiva.
√Ę¬Ä¬Ę 6. La Organizaci√ɬ≥n har√ɬ° que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales.
√Ę¬Ä¬Ę 7. Ninguna disposici√ɬ≥n de esta Carta autorizar√ɬ° a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicci√ɬ≥n interna de los Estados, ni obligar√ɬ°; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicaci√ɬ≥n de las medidas coercitivas prescritas en el Cap√ɬ≠tulo VII.
Artículo 55: Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá:
1. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social;
2. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y
3. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.
Artículo 56: Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55.
[22] How can Philip Morris sue Uruguay over its tobacco laws? http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/16/philip-morris-urugu√ʬĬ¶
[23] Declaraciones recogidas en el peri√ɬ≥dico theguardian http://www.theguardian.com/business/2015/nov/19/philip-morris-we-are-def√ʬĬ¶
[24] Las ideas transcritas son textos literales del informe mencionado.
[25] Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos ind√ɬ≠genas http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/documentos/informes-anual√ʬĬ¶
[26] Mandato de la Relatora Especial http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/biblioteca/un-docs/12-hrc√ʬĬ¶

Fuente: Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu

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