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2011-03-29 | Comunidades | Mapuche

Comunicado Publico - Presos Politicos Mapuche

Las razones de la huelga de hambre

Desde la carcel de Angol, los militantes Mapuche de la CAM detallan los antecedentes reunidos para cuestionar la injusta sentencia de Ca√ɬĪete y a la vez dan a conocer las razones donde exigen: "Juicio justo con un Tribunal independiente, competente e imparcial y sin la aplicaci√ɬ≥n de la Ley Anti-terrorista. Fin al doble procesamiento y ratificaci√ɬ≥n de la sentencia absolutoria que dict√ɬ≥ el Tribunal Militar de Valdivia. Reconocimiento de nuestra calidad de Presos Pol√ɬ≠ticos Mapuche y condiciones carcelarias dignas". Los Presos Pol√ɬ≠ticos Mapuche en huelga de hambre desde el martes 15 de marzo, se√ɬĪalan que esta nueva movilizaci√ɬ≥n es "hasta las √ɬļltimas consecuencias" de no existir soluciones a sus demandas.




Comunicado Publico

Los Presos Políticos Mapuche (PPM) recluidos en la cárcel de Angol, en huelga de hambre liquida desde el Martes 15 de Marzo, damos conocer las razones de esta drástica determinación, que viene a tomar el carácter de denuncia y que exige un trato justo de parte de las instancias judiciales, las cuales estan obligadas a respetar los derechos fundamentales que garantizan un debido proceso.

En la medida que se conocen los detalles y pormenores del proceso judicial se desprende el carácter político que este tuvo desde el primer momento.

En este escenario participan diversos actores que tienen mucha relevancia al momento de asumir responsabilidades. Dependiendo de la dirección que este proceso vaya tomando hacia la solución de nuestras demandas influirá en las variaciones que pueda tomar esta huelga de hambre.

Aquí las razones de esta movilización:

1.- LOS TESTIGOS SECRETOS, INSTRUMENTO DE LA LEY ANTI-TERRORISTA
La Ley Anti-terrorista o ley 18.314 fue usada durante todo el proceso judicial por parte del Ministerio P√ɬļblico, los querellantes y con la complicidad del gobierno. Esto ha quedado en evidencia y de forma expl√ɬ≠cita en las audiencias del Juicio Oral en donde el Tribunal de Ca√ɬĪete valid√ɬ≥ el uso de la figura del testigo secreto contemplada en dicha ley, e incluso este tribunal adicion√ɬ≥ m√ɬ°s seguridad a este secretismo; permitiendo que declararan en una sala contigua y a trav√ɬ©s de circuito cerrado de Televisi√ɬ≥n lo que imposibilit√ɬ≥ que nuestra defensas tuvieran la posibilidad de contrainterrogar de forma directa y se diera el principio de inmediatez que debe regir en todo juicio oral y en un sistema judicial garantista.

Pues es as√ɬ≠ como ingresaron una a una las declaraciones de los testigos secretos y producto de ello dos de tres jueces que condenaron; los se√ɬĪores Carlos Mu√ɬĪoz y Jorge D√ɬ≠az se formaron la convicci√ɬ≥n de nuestra supuesta participaci√ɬ≥n en los hechos investigados y juzgados.

Esto ha quedado mucho m√ɬ°s claro con la lectura del Veredicto Condenatorio en donde los argumentos principales de nuestra condena est√ɬ° basada en las declaraciones de dos testigos secretos, n√ɬļmero 26 y n√ɬļmero 8.

En concreto, si bien en la sentencia no se aplicó la Ley Anti-terrorista, para la tipificación de los delitos si se consideraron las declaraciones de los testigos secretos, figura que solo la cuestionada Ley Anti-terrorista permite como medio de prueba.

Misma situación en la que ya ha sido condenado el Estado chileno por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el uso de la Ley Anti-terrorista y los testigos secretos en causas Mapuche.

Es m√ɬ°s, el Gobierno de Chile, en un acuerdo firmado, se comprometi√ɬ≥ a no utilizar la Ley Anti-terrorista, pero lo que pas√ɬ≥ en el juicio fue algo totalmente diferente ya que el abogado en representaci√ɬ≥n del Gobierno chileno en todo momento se allan√ɬ≥ a la utilizaci√ɬ≥n de los testigos secretos que como ya dijimos, √ɬļnicamente los permiten la Ley - Anti-terrorista.
En resumen; El Gobierno chileno sigue aplicando la Ley Anti-terrorista en causas Mapuche.

2.- VIOLACION A LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES
Un hecho p√ɬļblico y notorio que se dio, tanto en los casi dos a√ɬĪos de investigaci√ɬ≥n, como en el ejercicio del juicio fue la violaci√ɬ≥n de garant√ɬ≠as constitucionales que a continuaci√ɬ≥n pasamos a detallar:

a) Dos de los tres jueces del Tribunal Oral de Ca√ɬĪete acogieron como prueba condenatoria el testimonio de o√ɬ≠das de un alto oficial de la PDI: Don Alfredo Espinoza, qui√ɬ©n en su declaraci√ɬ≥n ante el Tribunal dijo haber escuchado una declaraci√ɬ≥n de un comunero imputado. Pues bien, en el contra-interrogatorio hecho por la defensa no solo quedo claro que parte de lo que el oficial reprodujo en el Tribunal, en realidad no estaba en las declaraciones que √ɬ©l hab√ɬ≠a escuchado, espec√ɬ≠ficamente la parte donde el comunero se auto-inculpaba e inculpaba a otros comuneros, adem√ɬ°s el propio Sr. Espinoza al responder las preguntas de la defensa deja de manifiesto que durante todo el proceso de detenci√ɬ≥n y posterior al interrogatorio al comunero co-imputado se hab√ɬ≠an violado garant√ɬ≠as constitucionales fundamentales. Si bien el oficial no reconoci√ɬ≥ las acusaciones de tortura que se le atribu√ɬ≠an a √ɬ©l y a su equipo de detectives compuesto dem√ɬ°s, por el Sr. Jos√ɬ© Luis Gallegos, Sergio Ogueda y Jos√ɬ© L√ɬ≥pez Leiva, los dos √ɬļltimos supuestas v√ɬ≠ctimas del hecho investigado, cusaciones puesta por el comunero y su defensa, si reconoci√ɬ≥ que:

√Ę¬Ä¬Ę Las dos declaraciones atribuidas al comunero se hab√ɬ≠an firmado luego de 17 y 20 horas de detenci√ɬ≥n respectivamente.

√Ę¬Ä¬Ę No exist√ɬ≠a registro de que √ɬ©l y los oficiales, que aparecen tomando la declaraci√ɬ≥n, hayan le√ɬ≠do sus derechos al comunero co-imputado.

√Ę¬Ä¬Ę Que esas declaraciones se tomaron sin un abogado defensor como exige la ley.

√Ę¬Ä¬Ę Que en la declaraci√ɬ≥n policial estaban presentes el Sr. L√ɬ≥pez y el Sr. Ogueda, quienes por ser v√ɬ≠ctimas del hecho en cuesti√ɬ≥n deber√ɬ≠an estar inhabilitados para realizar diligencias de la investigaci√ɬ≥n.

Cabe mencionar que éste comunero denunció estos hechos e incluso su familia, interpuso una querella por apremios ilegítimos en la ciudad de Temuco, en contra de la PDI. Dicha querella debería hacerse extensiva a la PDI de Concepción, específicamente, a los oficiales mencionados anteriormente, pero en un hecho sin precedentes la Fiscalía de Temuco decidió no perseverar la querella, archivando la causa, y no investigando los graves hechos de Tortura denunciados por el comunero Mapuche.

b) Otra situaci√ɬ≥n que tiene el car√ɬ°cter de violacion, es que durante las audiencias del juicio, espec√ɬ≠ficamente cuando declar√ɬ≥ el testigo N√ā¬ļ 26 y al momento del contra-interrogatorio practicado por la defensa, qued√ɬ≥ en evidencia que al momento de prestar su primera declaraci√ɬ≥n estaba detenido, el testigo aparece reconociendo y confesando ser √ʬĬú√ɬ©l qui√ɬ©n dispar√ɬ≥√Ę¬Ä¬Ě en contra de la caravana que la noche del 16 de octubre transitaba por Puerto Choque. Lo ins√ɬ≥lito es que a pesar de reconocer su autor√ɬ≠a en los hechos, la Fiscal√ɬ≠a lo presenta como testigo secreto. A esto tambi√ɬ©n hay que agregar que este testigo secreto fue utilizado en la causa llevada en nuestra contra por la segunda Fiscal√ɬ≠a Militar de Concepci√ɬ≥n, quienes en su sentencia argumentaron que dicho testigo no portaba informaci√ɬ≥n suficiente ni contundente para dictar una sentencia condenatoria, a√ɬļn as√ɬ≠ en el Tribunal Oral de Ca√ɬĪete el testimonio de este testigo fue la prueba principal pasa fundamentar nuestra condena.

c) Punto aparte merece tambi√ɬ©n la falta de objetividad de la investigaci√ɬ≥n y que queda de manifiesto con la declaraci√ɬ≥n de varios de los oficiales de la PDI de Concepci√ɬ≥n, quienes desfilaron en el estrado, exponiendo el rol que a cada uno le hab√ɬ≠a tocado realizar en la investigaci√ɬ≥n y los cuales al preguntarles qui√ɬ©n dirig√ɬ≠a sus diligencias, no dudaron en contestar que: √ʬĬúel que ordenaba y monitoreaba estas diligencias era el jefe de la BIPE de Concepci√ɬ≥n Don Jos√ɬ© Luis L√ɬ≥pez Leiva y don Sergio Agueda√ʬĬĚ. Estos dos oficiales mencionados, otrora victimas del hecho en cuesti√ɬ≥n y quienes en su declaraci√ɬ≥n en el Tribunal dijeron que luego de ocurrido el hecho ellos se hab√ɬ≠an marginado de la investigaci√ɬ≥n y que no hab√ɬ≠an realizado ninguna diligencia atribuible a ella, lo que se contrapone totalmente con la versi√ɬ≥n entregada por la mayor√ɬ≠a de sus subalternos.
Es m√ɬ°s, las propias normas internas de la PDI inhabilitaban a estos oficiales para dirigir la investigaci√ɬ≥n del hecho en el cual figuraban como v√ɬ≠ctimas. Pero no lo hicieron. Entonces √ā¬ŅExisti√ɬ≥ una investigaci√ɬ≥n objetiva y sin prevaricaci√ɬ≥n en nuestra contra...?

d) Con los tres puntos expuestos queda en evidencia las infracciones a las garant√ɬ≠as constitucionales que se cometieron durante todo el desarrollo tanto de la investigaci√ɬ≥n como en el trascurso del juicio oral llevando en nuestra contra, en el primer caso. Incluso viol√ɬ°ndose los derechos humanos de un comunero, hechos denunciados como tortura y los cuales el Tribunal de Ca√ɬĪete dej√ɬ≥ en la completa impunidad. Dando credibilidad a un testigo de o√ɬ≠das que era un oficial de la Polic√ɬ≠a de Investigaciones de Concepci√ɬ≥n y que actualmente est√ɬ° ascendido en Santiago. Entonces si se infringieron todos estas garant√ɬ≠as √ā¬ŅExisti√ɬ≥ un debido proceso y un juicio justo como lo √ʬĬúgarantiza√Ę¬Ä¬Ě la Constituci√ɬ≥n... ?

3.- DOBLE PROCESAMIENTO √ʬĬúNON BIS IN DEM√ʬĬĚ
De la sentencia N√ā¬ļ 47 del Tercer Juzgar Militar de Valdivia causa Rol N√ā¬ļ 890-2008 13 de diciembre de 2010, proceso en Contra de Ram√ɬ≥n Llanquileo Pilquiman, Jonathan Huillical M√ɬ©ndez, Jos√ɬ© Huenuche Raim√ɬ°n y H√ɬ©ctor Llaitul Carrillanca y Luis Menares Chanilao, por los hechos del 16 de octubre del 2008, investigada por la Segunda Fiscal√ɬ≠a Militar Letrado de Concepci√ɬ≥n, por la comisi√ɬ≥n EVENTUAL del delito de maltrato de obra a Carabinero en ejercicio de sus funciones con resultado de lesiones menos graves y leves y delito de da√ɬĪo a veh√ɬ≠culo policiales. A dicha investigaci√ɬ≥n iniciada se acompa√ɬĪaron diversos documentos y diligencias (partes policiales, set fotogr√ɬ°fico, informes m√ɬ©dicos, informes periciales, entre otros) con lo que el Ministerio P√ɬļblico Militar someti√ɬ≥ a proceso a los cinco Mapuche antes nombrados. Luego de reunidos los diversos elementos de convicci√ɬ≥n se determinaron los hechos, se revisaron las declaraciones de los procesados y declaraciones de dos testigos con reserva de Identidad (N√ā¬ļ 1 y N√ā¬ļ 9) (mismos utilizados por la fiscal√ɬ≠a en el Juicio Oral de Ca√ɬĪete) tras esto se consider√ɬ≥ que los medios de prueba incorporados al proceso √ʬĬúno re√ɬļnen la fuerza probatoria suficiente para configurar participaci√ɬ≥n de los procesados en dichos sucesos, y la sola declaraci√ɬ≥n, por si sola, del testigo con reserva de identidad N√ā¬ļ 1 (El mismo que en el juicio oral de Ca√ɬĪete fue presentado como testigo Decreto N√ā¬ļ 26), no basta para dictar sentencia condenatoria√ʬĬĚ.

Finalmente el Tercer Juzgado Militar de Valdivia ABSOLVIO de los cargos a los cinco procesados, cuatro de los cuales hemos sido condenados por el Tribunal Oral de Ca√ɬĪete, en una resoluci√ɬ≥n contrapuesta de una cosa ya juzgada.

Sin embargo, esta causa no alcanzó a ser ratificada, posteriormente, por la Corte Marcial y tras la modificación del código de Justicia Militar, fue traspasada a Tribunales Civiles, radicada hoy, en la Corte de Apelaciones de Concepción, no quedando claro cual será su siguiente tramitación.

Es un hecho preocupante que si la causa no fuera ratificada y tuviera un retroceso, es decir, volviera a procesar a cada uno de nosotros usando las declaraciones del Testigo Secreto N√ā¬ļ 1 y N√ā¬ļ 26, que recordamos √ʬĬúsolo lo permite la Ley Anti-terrorista√ʬĬĚ, se generaria de este modo, nuevamente, un DOBLE JUZGAMIENTO √ʬĬúNON BIS IN DIEM√Ę¬Ä¬Ě ya que este mismo hecho fue visto, juzgado y condenado, en el Tribunal de Ca√ɬĪete y antes fue juzgado y absuelto por la Justicia Militar.

Por consiguiente, consideramos que debe respetarse el principio de la cosa juzgada y debe ratificarse la ABSOLUCI√ɬďN ya dictada y ejecutoriada, por el Juzgado Militar de Valdivia.

4.- RECONOCIMIENTO DEL CAR√ɬĀCTER DE PRESOS POL√ɬćTICOS MAPUCHE Y CONDICIONES CARCELARIAS DIGNAS
Consideramos que dado el carácter del Juicio y nuestra condición de miembros de un pueblo originario ancestral y de acuerdo a los diversos tratados y pactos que reconocen y amparan la condición de indígenas, condición que el Estado Chileno a ratificado oficialmente con la ratificacion Convenio 169 de la OIT, seamos tratados como Prisioneros Políticos miembros del Pueblo Mapuche, que aspiran al pleno reconocimiento de sus derechos, territorio y autonomía.

Por tanto, exigimos condiciones carcelarias dignas que permitan el desarrollo de actividades culturales y religiosas propias de nuestro Pueblo Nación y que el hecho de permanecer privado de libertad no limite el ejercicio de los derechos elementales como Mapuche.
Con todos esto antecedentes reunidos es que encontramos totalmente justificadas las razones de esta Huelga de Hambre L√ɬ≠quida, que llevaremos hasta las √ɬļltimas consecuencias.

En evidencia quedó para quienes presenciaron el juicio, como para la opinión publica internacional, representada por importantes observadores todas dichas irregularidades y violaciones al debido proceso de este el juicio emblemático de la lucha Mapuche.

Por lo tanto nuestras exigencias son:

1.- Un juicio justo con un Tribunal independiente, competente e imparcial y sin la aplicación de la Ley 18.314 o Ley Anti-terrorista.
2.- Fin al doble procesamiento y ratificación de la sentencia absolutoria que dictó el Tribunal Militar de Valdivia.
3.- Reconocimiento de nuestra calidad de Presos Políticos Mapuche y condiciones carcelarias dignas.

Presos Políticos Mapuche:

Ramón Llanquileo Pilquiman
José Huenuche Reiman
Jonathan Huillical Méndez
Héctor Llaitul Carrillanca
Marzo 25 de 2011

Por Coordinadora Mapuche Arauco Malleco

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