2016-12-06 | Noticias | Mapuche

La lucha indígena no es delito: estigmatización y persecución al pueblo mapuche

Las organizaciones e instituciones firmantes manifiestan su profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos de diversos miembros e instituciones del pueblo mapuche. Recientemente se ha dado a conocer un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación en el que bajo el eufemismo “revalorización de la ley penal” coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches de las provincias de Neuquén, Rio Negro y Chubut como amenazas para la seguridad social.


A esto se suma la denuncia por la actuación de un miembro de la Agencia Federal de Inteligencia que se encuentra procesado por la Justicia Federal por espiar actividades lícitas de la población recopilando datos prohibidos por la ley de inteligencia referidos a reclamos indígenas y a vecinos que se oponen a la “megaminería”. Además, cabe destacar los intentos de aplicar la ley antiterrorista.

También se suman los dichos del gobernador de Chubut Mario Das Neves en conferencia de prensa el 14 de noviembre exigiendo la renuncia del juez Federal con asiento en Esquel, Guido Otranto. Das Neves exige la renuncia de Otranto porque el juez declaró la nulidad del proceso contra el Lonko Facundo Jones Huala, autoridad mapuche que enfrentó un pedido de extradición por parte del gobierno chileno. La medida judicial fue fundamentada en las graves violaciones a garantías constitucionales penales del imputado y la normativa vigente de derechos humanos por parte de la Policía Provincial.

En la conferencia de prensa, Das Neves declaró: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”. Lo hizo en alusión al pueblo mapuche, explicitando expresiones de corte racista y estigmatizador, en abierta oposición a la letra y el espíritu del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT. Responsabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente. Para agravar la situación, instó “a la gente que reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones adelante”.

La gravedad de las declaraciones, por la intromisión del gobernador en actuaciones del Poder Judicial de la Nación, representa una afrenta contra el estado de derecho y la elemental división de poderes sobre la que se asienta nuestra república y el sistema democrático. Consideramos que los dichos no solo atentan contra la dignidad del pueblo mapuche y la investidura de un juez federal sino que tiene por objeto encubrir el accionar delictivo de las fuerzas de seguridad chubutenses.

Organizaciones e instituciones firmantes

Abogados y Abogadas de Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES)
Amnistía Internacional
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena (AADI)
Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo – APCD. Formosa
Asociación por los derechos de los Pueblos Indígenas (ADEPI)
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)
Cátedra Libre de Pueblos Originarios. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) - Grupo de Apoyo Jurídico por el Comisión Provincial De La Memoria (Provincia de Buenos Aires)
Acceso a la Tierra (GAJAT)
Comisión de Juristas Indígenas en la República Argentina (CJIRA)
Confederación Mapuche de Neuquén
Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas
Consejo provincial de pueblos indígenas del Chubut
Coordinadora Autónoma de Comunidades y Organizaciones Kollas de la Provincia de Salta Cuenca (Qullamarka)
Delegación APDH Noroeste del Chubut
Salinas Grandes Guayatayoc
Fundación REFUGIO (Provincia Salta)
Juan Manuel Salgado, defensor público penal, Trelew. Docente Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Facultad de Ciencias Jurídicas
Junta Promotora APDH Esquel
Lof Mapuche Winkul Newen Martín Maliqueo
Lof Zapata Rubén Huanque
Maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Salta
Mesa de Pueblos Originarios de la Provincia de Buenos Aires y CABA
Mesa Directiva nacional de APDH
Mesa Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina
Movimiento de Profesionales para los Pueblos -MPP-
Organización Córdoba Originaria
Parlamento de Pueblos Indígenas de la Zona Centro
Parlamento Indígena de la zona Centro
Parlamento Mapuche de Río Negro
Programa de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas (JUM)
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Litoral
Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, Tucumán
Servicio de Justicia y Paz (SERPAJ)
Sindicato De Trabajadores Judiciales De Chubut

Fuente: Amnistía Internacional

 

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 Campañas

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Ante la propuesta del Gobierno sobre el arrendamiento y venta de tierras mapuche

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2018-10-22

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Latinamerikapodden: svenska och spanska

Till folk som föredrar lyssning framför läsning. Lari Honkanen, kommunikatör för Latinamerikagrupperna och programledare för podden. Lyssna
Para aquellos que prefieren escuchar en vez de leer. Lari Honkanen comunicador social de Grupo Latinoamerica es el presentador y director del podcast. Escucha aquí
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El conocimiento ancestral que la ñuke mapu nos ha regalado son una esperanza, pues con ese conocimiento nuestro pueblo también podrá defenderse de las constantes agresiones del estado chileno y el sistema capitalista, las cuales vemos a diario en los megaproyectos hidroeléctricos, mineros, en el extractivismo, monocultivo forestal y un largo etcétera… Es en este escenario, que hoy suman 41 pres@s polític@s mapuche, de los cuales entregamos a continuación una breve información.
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La comunidad indígena, que reclama su derecho ancestral sobre las tierras de la Patagonia argentina, fue repelida violentamente por más de 200 oficiales. Amnistía Internacional repudió el hecho.
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Sobre la reconstrucción como sociedad mapuche

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