2016-04-07 | Antecedentes | Mapuche

Ley Antiterrorista

Ministro Burgos anunció urgencia a proyecto que establece modificaciones a la norma

En los dos años que ya lleva la administración bacheletista, La Moneda ha aplicado cinco veces la Ley Antiterrorista, el caso de los Luchsinger-Mackay es solo la última, cuatro de ellas en casos ocurridos en la Región de la Araucanía y otra en la de Los Ríos y en cada episodio, se genera la misma tensión en el oficialismo, el mismo debate interno de donde se establece la línea que separa el delito común de la demanda social.

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Foto: Ministro del Interior; Burgos. El Mostrador

Las vueltas de carnero de la administración bacheletista y el ruido interno en el oficialismo


“El hecho de que en el caso del asesinato del matrimonio Luchsinger-Makay el Ministerio del Interior haya presentado una querella por incendio terrorista -y dicha ley se esté invocando en otros atentados incendiarios en la zona- es un paso que debería significar un cambio de actitud”, rezaba la editorial de este martes 5 de abril de La Tercera, que aplaudió el giro que se evidencia desde La Moneda en ésta área y que en paralelo ha prendido alarmas en sectores oficialistas, preocupados precisamente por dicho cambio de rumbo y sus consecuencias.

El tema quedó puesto una vez más en el tapete público la semana pasada, cuando se detuvo a 11 personas como responsables de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay y el Ministerio del Interior decidió querellarse invocando la Ley Antiterrorista. Dicha norma siempre ha sido conflictiva para las huestes de la actual Nueva Mayoría, principalmente para las colectividades más vinculadas a la izquierda, porque es considerada una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, ya que fue promulgada en 1984.

No por nada durante la campaña presidencial del 2013, la Presidenta Michelle Bachelet aseguró públicamente que “no volvería” a invocarla como lo había hecho, en cuatro ocasiones durante su primera administración, algo que además consideró un “error” y explicó en esos meses que "no necesitamos la ley Antiterrorista. Creo que la legislación que tenemos contra cualquier persona que asesina a alguien es suficientemente potente". No solo eso, en su programa de gobierno se estableció específicamente que no se aplicaría en contra de "miembros de los Pueblos Indígenas por actos de demanda social".

Misma línea que siguió y remarcó públicamente el ex hombre de confianza de la Mandataria, el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo: “Dijimos que la Ley Antiterrorista no se va a ocupar, porque no creemos que sea una fórmula para resolver conflictos sociales. Por lo tanto, en temas relacionados con el mundo indígena o con La Araucanía, hemos sido muy claros y no la vamos a aplicar”, dijo en marzo del 2014. En julio del mismo año, durante la interpelación ante la Cámara de Diputados insistió que la Ley Antiterrorista "no la ocuparemos para resolver conflictos sociales"; que el gobierno de Sebastián Piñera había fracasado rotundamente en la forma que enfrentó la violencia en la zona sur y que esos “fueron los peores cuatro años de violencia en La Araucanía”.

La “doctrina” de Peñailillo era, además de hacer una diferenciación radical con la derecha y lo que habían sido los gobiernos de la Concertación, que la Ley Antiterrorista era poco efectiva, que probar jurídicamente el terrorismo es muy difícil, que por lo mismo no se quería cometer el error del gobierno de Piñera que por falta de pruebas se les cayeron en tribunales todos los juicios por bombas, quedando los inculpados en libertad y la idea colectiva instalada que habían sido montajes de las autoridades. En ese sentido, el ex ministro consideraba que era mucho más eficiente querellarse por asesinato o incendio, ya que era más fácil de comprobar las responsabilidades a nivel jurídico, las penas eran más altas y se evitaba la carga ideológica que tenía el tema en las huestes de la coalición.

Pero en el propio Ministerio del Interior no todos compartían que Peñailillo fuera públicamente tan enfático en ese tema, porque una cosa era la campaña y otra muy diferente era llevar las riendas del gobierno, que afirmaciones de esa índole eran un riesgo porque “amarraban” a la administración bacheletista. En Palacio les preocupaba que el peso de los hechos “les pasara la cuenta” y que esas frases para la televisión terminaran convertidas en un boomerang para La Moneda.

El cambio de mano se notó apenas salió Peñailillo y Jorge Burgos asumió la titularidad de Interior. En su primera visita a la IX Región dijo que “nunca hay que descartar” la aplicación de la polémica norma y desde entonces, varias veces ha reafirmado el punto: “cuando el titular del ejercicio de la Ley Antiterrorista que es el ministro del Interior, que en este momento soy yo, crea que corresponde invocarla lo voy a hacer, no tenga ningún cuidado".

Ni en la derecha ni en el oficialismo desconocen que el tema es espinudo, que tiene demasiadas aristas. No por nada el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy ha salido públicamente a defender y justificar la decisión del gobierno de invocar la Ley Antiterrorista en el caso del matrimonio Luchsinger-MacKay: “Uno no puede asesinar personas por mucho que piense que su demanda es justa, eso no está permitido en Chile (…) en el caso particular del que estamos hablando, es un asesinato, en Chile no se puede asesinar personas en función a reivindicaciones sociales de cualquier índole", dijo este miércoles 5 de abril.

El jueves 31 de marzo, Burgos en calidad de vicepresidente salió públicamente a defender la querella y a explicar que Bachelet no está desconociendo lo dicho en la campaña. "No lo leería así. Es una conducta que hemos tenido siempre quienes trabajamos con la Presidenta. Es que nosotros no caemos en el facilismo de decir todo es terrorista, porque no es así. Hay hechos a nuestro juicio encuadrables en esos delitos, y por eso se invoca (…) de repente hay una pretensión de que declaremos que el terrorismo campea. Eso no es así. Tenemos un problema delictual delicado, grave, estamos trabajando todos sobre eso. A veces los delitos son más comunes, de ley de seguridad, son todos complejos", precisó.

El mismo día, unas horas después, hizo lo mismo el ministro vocero Marcelo Díaz, quien agregó que el Ejecutivo “no puede renunciar a ejercer alguna de las atribuciones que le entrega la ley” y que lo que dijo la Presidenta durante su campaña “tiene que ver con el juicio político que se hace de su eficacia y de las características de esta ley”.

En ese contexto, la editorial de La Tercera vino a reforzar –y así se congratularon en Palacio- el discurso público de los inquilinos de La Moneda. “La ley antiterrorista ha sido objeto de públicos cuestionamientos por parte de la actual administración. El programa de gobierno de la Nueva Mayoría era enfático en cuanto a que ‘nos comprometemos firmemente a la no aplicación de la Ley Antiterrorista a miembros de los pueblos indígenas por actos de demanda social. La Ley Antiterrorista será modificada para adecuarla a los estándares internacionales’. Tal compromiso resulta irresponsable, porque pretende hacer un distingo impropio en un estado derecho, esto es, que ciertos atentados a la seguridad pública o la propiedad pueden ser tolerados o minimizados cuando se trata de una ‘demanda social”, agregaba el texto.

Al parecer el anuncio de Burgos fue una carta que sacó debajo de la manga el ministro del Interior y que tomó por sorpresa a la Nueva Mayoría. Así lo confesó el propio presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS), quien aseguró que en el cónclave de la coalición que se realizó en La Moneda el lunes después de Semana Santa donde se definieron las prioridades legislativas del gobierno, nunca se habló de poner urgencia a la Ley Antiterrorista, ni tampoco en el comité político de este lunes 4 de abril, a pesar que el tema de la Araucanía fue parte de la discusión.

Ruido interno

Pero esa mirada no es compartida en todo el oficialismo y las explicaciones no aplacan el ruido interno. En los dos años que ya lleva la administración bacheletista, La Moneda ha aplicado cinco veces la Ley Antiterrorista, el caso de los Luchsinger-Mackay es solo la última, cuatro de ellas en casos ocurridos en la Región de la Araucanía y otra en la de Los Ríos y en cada episodio, se genera la misma tensión en el oficialismo, el mismo debate interno de donde se establece la línea que separa el delito común de la demanda social.

En el comité político de este lunes 4, el tema estuvo presente en el debate a puerta cerrada. El timonel del PC, Guillermo Teiller, le manifestó a Burgos la necesidad de que se realice una reunión exclusiva de dicha instancia –ministros políticos y presidentes de partido- para analizar y discutir la situación en La Araucanía, que era indispensable abordar con una mirada amplia los hechos en esa región y no solo desde la perspectiva policial.

El diputado Teiller traía frescas las quejas que recibió el fin de semana durante la realización del Congreso del PC, donde no fueron pocos los dirigentes mapuches que se le acercaron para expresarle sus preocupaciones por lo que ocurre en la zona y la forma en que el gobierno lo enfrenta. El diputado comunista, Hugo Gutiérrez, agregó esta semana al debate que “me parece que es bueno buscar alternativas que no sea criminalizar la protesta social a través del estigma del terrorismo".

El PC no es el único partido de la Nueva Mayoría que está preocupado. Otros en privado reconocen que observan un giro de La Moneda para enfrentar los hechos de violencia en la Araucanía y que en ese sentido, “se ha cedido a la presión” permanente desde la derecha y sus medios de comunicación afines que fomentan la idea colectiva de un estado de crisis en el sur, muchas veces con una mirada sesgada del conflicto”.

En la Nueva Mayoría hay bastante preocupación, ya que consideran que la situación es una “bomba de tiempo” y que la Ley Antiterrorista solo enrarece más el clima. Es una tensión recurrente en el oficialismo. A principios de marzo, incluso desde la DC sus diputados, Fuad Chain y Mario Venegas, advirtieron que “en todas las situaciones en las que se ha aplicado (Ley Antiterrorista) ha resultado ser ineficiente”.

Venegas recalcó en ese momento que los resultados de dicha norma “han sido nulos, logrando solo generar más estigmatización y elevando los estándares de prueba que exigen los tribunales y por lo tanto muchas veces terminan en sentencias absolutorias”.

Más allá de la Ley Antiterrorista, hay parlamentarios que ponen el acento en otro aspecto que no es menor en el debate. “La derecha, desde los diputados, los senadores, los medios de comunicaciones, editoriales de El Mercurio, han sido muy persistentes en buscar criminalizar el problema de La Araucanía, para todo ese mundo el problema es policial y se resuelve vía encarcelamiento de las personas que estén en contra de la política de Estado que se ha llevado con la región de La Araucanía y cualquier signo de rebelión se combate con cárcel, y pareciera que ha ido haciendo mella en el Gobierno esta política sistemática de la derecha”, acotó el diputado PS, Leonardo Soto.

Cambios estructurales

En la derecha algunos consideran que el gran error de La Moneda de Bachelet en su comienzo fue “desechar” a priori las teorías que se manejaban en la administración anterior, más allá de los errores cometidos por ellos de insistir en la línea de querellas por Ley Antiterrorista que no pudieron probar. También reconocen que tampoco contribuyó el hecho que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) estuviera a cargo esos cuatro años por Gonzalo Yusseff, porque es cierto que la propia administración de Piñera lo cuestionaba y criticaba su gestión y que hasta hoy no era visto como un profesional con los pergaminos suficientes.

A pesar de eso, desde la oposición recuerdan que en el gobierno de Piñera los informes de inteligencia de las policías y la ANI advertían de la conexión entre las acciones violentas y los conflictos de corte social que se generaban en todo el país. Esa conexión, explicaron, se le denominó anarquismo insurreccional, que se resume en la idea de atacar al Estado siempre que sea posible y que cualquier momento es propicio, una de sus características es que “no necesitan de un órgano superior jerárquico que los adiestre y organice para el ataque”.

Si bien en esos cuatro años de Piñera en La Moneda fue el subsecretario del Interior, hoy Rodrigo Ubilla (RN) está abocado a la actividad académica, como Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma y recalca que está alejado de la coyuntura política.

Así, desde su vereda de analista, sociólogo y académico Ubilla planteó que más allá de la aplicación de Ley Antiterrorista en sí o su eficacia, el país en forma transversal ha pecado de “lentitud para asumir el anarquismo” que observa tanto en la Araucanía como a nivel urbano en otras zonas del país, como fue el caso de la bomba que explotó en el subcentro de la estación del metro Escuela Militar en septiembre del 2014. Agregó que toda la institucionalidad del país, más allá del gobierno de turno, “mira esto como una situación ajena a nuestra realidad” y hay una “subvaloración del fenómeno por aproximación ideológica”.

Para Ubilla el problema de fondo pasa porque “no hay una evolución en las técnicas de investigación y en las leyes, la Ley Antiterrorista es parte de eso, debe ser replanteada”.

Un aspecto en el que coincide el ministro Burgos, según confirmó este miércoles en una extensa entrevista, obvio, en La Tercera, en la que abarcó la situación de violencia en el sur. “Le pondremos urgencia al proyecto que modifica la Ley 18.314 (Ley Antiterrorista, iniciativa ingresada en 2014 al Congreso), que más que modificaciones la verdad son cambios estructurales. Vamos a considerar estos delitos como de organización terrorista y eso consiste en que éstos son graves, tomados como ilícitos base que se ejecutan en una asociación criminal terrorista”, dijo.

Burgos explicó que ese criterio es el que “impera en todas las legislaciones más modernas, particularmente en las europeas, y era la postura que tuvo el proyecto del gobierno anterior en materia de modificación del Código Penal. Eso no significa que nosotros no creamos que pueda haber una sanción al terrorismo individual. Los delitos terroristas persiguen propósitos específicos, más allá de la mera subjetividad del temor de la población”.

Ante el ruido político que genera la situación en la Araucanía y las diferencias que impera para explicar el fondo de los hechos de violencia, el ministro del Interior puso el acento en que “siempre hay un afán por lado y lado de decir sentencias definitivas. Aquí hay terrorismo, o no. Ni lo uno ni lo otro (…) hay que hacer un análisis caso a caso, yo no voy a subirme a los intentos de declarar de manera absoluta que los delitos son todos de una misma naturaleza”.

Al parecer el anuncio de Burgos fue una carta que sacó debajo de la manga el ministro del Interior y que tomó por sorpresa a la Nueva Mayoría. Así lo confesó el propio presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade (PS), quien aseguró que en el cónclave de la coalición que se realizó en La Moneda el lunes después de Semana Santa donde se definieron las prioridades legislativas del gobierno, nunca se habló de poner urgencia a la Ley Antiterrorista, ni tampoco en el comité político de este lunes 4 de abril, a pesar que el tema de la Araucanía fue parte de la discusión.

“Esto no se trató, me declaro totalmente sorprendido, no es coherente con el concepto de un Nuevo Trato con el gobierno, me gustaría que esto se conversara previamente y no se informara por la prensa”, criticó.

Fuente: El Mostrador