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2015-01-06 | Antecedentes | -

Según reporta el Balance Ambiental Terram, el año 2014 estuvo marcado por conflictos ambientales con la comunidad

TERRAM 2014: Sacrificando a Chile

El año 2014 estuvo marcado por conflictos ambientales con la comunidad a causa de proyectos de inversión que no cumplen con la normativa vigente, afectando la calidad de vida.
Así también destacan en este periodo, fallos favorables a la comunidad obtenidos por la férrea organización y articulación de sus demandas para alcanzar justicia ambiental. Comunicaciones Terram, 30 de diciembre de 2014.




En 46 carillas el Balance Ambiental elaborado por Fundación Terram entrega un exhaustivo detalle de todos los acontecimiento ambientales que marcaron el año 2014, en el que destaca entre LO PEOR: El derrame de petróleo en la Bahía de Quintero, donde 38.000 litros de crudo fueron vertidos al mar; El Plan de Adaptación de Cambio Climático y Biodiversidad que no cuenta con presupuesto adecuado para materializar medidas de adaptación, la propuesta de reforma al Código de Aguas ingresada por el gobierno al Congreso que no incluye la problemática de los glaciares y debilita funciones del Estado; los resultados del Proyecto MAPS; que considera el impulso a la utilización de gas, represas y energía nuclear en lugar de priorizar las ERNC y la eficiencia energética; los Planes de Cierre Faenas Mineras y el espaldarazo del Gobierno al sector minero, en el marco del compromiso de la presidenta Bachelet para agilizar las inversiones en el país; el proyecto de Ley de Asociatividad, que pretendía ingresar al Parlamento durante 2014, para generar una nueva relación entre las comunidades y las empresas con proyectos de inversión y el Acuerdo de intercambio de Información y Comunicación entre Barrick Gold y representantes de las comunidades del valle del Huasco, cuyo propósito explícito es facilitar la entrega de información a la comunidad de parte de la empresa acerca de su proyecto Pascua Lama que generó divisiones en la comunidad, entre otros.
En tanto, enumerando LO MEJOR ocurrido en el año 2014, el documento registra el rechazo de Hidroaysén por parte del Comité de Ministros considerándolo como uno de los grandes hitos de la década ganados en material ambiental del país; el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto de extracción de cobre y oro El Morro, como una nueva señal por parte del poder judicial hacia el Ejecutivo, que demuestra que es necesario respetar los derechos de las personas, sobre todo de las comunidades indígenas, protegidas por el Convenio 169 de la OIT, al momento de evaluar ambientalmente un proyecto de inversión; la realización del Cónclave de alcaldes de zonas de sacrificio, en el que participaron las comunas de Tocopilla, Huasco, Puchuncaví, Quintero y Coronel, reunión que tuvo como objetivo ser la primera instancia de coordinación de estas autoridades para levantar una demanda común, tras la constatación que se ven afectados por los mismos principios y negligencias.
En materia de Biodiversidad se reporta la donación al Estado de Chile de más de 30.000 hectáreas de la Fundación Tompkins Conservation que pasaron a formar parte del nuevo Parque Nacional Yendegaia, de 150.612 hectáreas, ubicado en la región de Magallane. También en temas internacionales destaca en la participación de Chile en la COP20 realizada en Lima, donde por primera vez la delegación chilena fue liderada por la máxima autoridad nacional, la Presidenta Michelle Bachelet; entre otros.
Como ya es característico, este Balance Ambiental entregó premios en cuatro categorías y asignó una mención honrosa:
-Premio aporte a la Contaminación:
A ENAP por su responsabilidad en el grave derrame de crudo en la Bahía Quintero, de al menos 38.000 litros, que dejó a los pescadores locales sin poder extraer especies durante cuatro meses, con un grave menoscabo de su calidad de vida.
A la empresa AesGener, por insistir en la construcción de la Hidroeléctrica Alto Maipo pese a la negativa ciudadana que ve en este proyecto una amenaza para el equilibrio ecológico y el turismo de la zona.
-Premio especial a la Insustentabilidad:
A CODELCO, por su insustentable forma de actuar en materia ambiental, ya que según cita el presente Balance pese a ser una empresa estatal, que debiera velar por el bienestar de los ecosistemas y sus habitantes, es una empresa en función de beneficios económicos de corto plazo, afectando o destruyendo con sus proyectos ecosistemas, incluyendo glaciares y contaminando fuentes de agua. También se premia en esta categoría a los glaciólogos Cedomir Marangunic y Gino Casassa, por su nulo compromiso con la preservación de los glaciares de Chile y su alto compromiso con las empresas mineras.
-Premio al Aporte Ambiental 2014:
Al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por su análisis de cómo ha funcionado la institucionalidad ambiental chilena, dejando en claro las deficiencias en el acceso a la justicia en materia ambiental.
-El Premio al ambientalista más destacado en este 2014:
Rodrigo Mundaca de MODATINA por su lucha incansable por la protección del agua en el país. Por poner en el debate nacional el problema de las sequía, el desabastecimiento de agua en zonas rurales y desafiar a “ilustres personeros” que usurpan el agua de las comunidades.
Mención Honrosa:
al Centro de Cambio Global de la Universidad Católica por su aporte en términos de investigación y difusión en la problemática del Cambio Climático.
Este Balance Ambiental también reporta cuales son los principales desafíos para el año 2015, en 12 puntos establece diversas temáticas en las que se debiera avanzar y materializar:

DESAFIOS PARA EL 2015
Nueva institucionalidad forestal, la largamente postergada CONAF pública. Si bien el ex Presidente Piñera ingresó en 2011 un proyecto de ley al Congreso con este fin, se rechazó la idea de legislar debido a sus falencias. Ahora la presidenta Bachelet debe, tal como señaló en su programa de gobierno, retomar este tema despachando un nuevo proyecto de ley al Parlamento.
El Proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas es una de las medidas de los 100 primeros días del gobierno de Michelle Bachelet; ya fue aprobada en general la idea de legislar en el Senado a mediados de diciembre.
Uno de los grandes desafíos transversales en materia ambiental es el Cambio Climático, que deber ser abordado por distintos órganos administrativos, por lo que es necesario desarrollar e implementar un marco legal que brinde una base institucional sólida para promover la adaptación, mitigación, financiamiento y reducción de emisiones, entre otros aspectos, que permitan tener coherencia en las políticas públicas nacionales y transitar a una economía baja en carbono.
Los glaciares hoy se han transformado en un hito insoslayable en materia ambiental con vistas al futuro, no sólo porque geopolíticamente son estratégicos en tanto almacenan agua dulce, sino que también la comunidad científica internacional ha alertado sobre la evidente amenaza que pesa sobre la criósfera, ya sea por el derretimiento provocado por el calentamiento global, o por la destrucción intencionada –y altamente cuestionada- de compañías petroleras o mineras.
La instalación de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) con plenas facultades fiscalizadoras a fines de 2012, significó un avance en la institucionalidad ambiental y en el cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental y de la normativa ambiental vigente en general. Sin embargo, para una la labor realmente efectiva, se requiere que la SMA a lo largo de Chile cuente con una gran cantidad de funcionarios capacitados, y con recursos financieros para desarrollar de la mejor manera los trabajos de fiscalización y sanción. Es necesario además, que la superintendencia cuente con representación en todas las regiones del país, comprendiendo que la fiscalización es una labor activa que no sólo debe reaccionar ante la denuncia.
El debate respecto a la judicialización de los proyectos de inversión ha hecho que este gobierno asuma modificaciones a la institucionalidad ambiental para intentar evitar futuros conflictos. Las modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental deben apuntar, desde una perspectiva preventiva, a mayores espacios de participación en los cuales el Estado garantice mecanismos equitativos entre los actores, con un sistema de información adecuado para la ciudadanía, que responda tanto a las características mismas del proyecto de inversión, como a la afectación que éste hará al territorio y a la comunidad en general.
A partir de enero de 2015, cinco años transcurridos desde la aprobación de la nueva institucionalidad ambiental, comenzarán los procesos de revocación de Resoluciones de Calificación Ambiental por caducidad. En efecto, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley n°19.300) en su artículo 25 ter., establece que en el caso de que estos proyectos o actividades no hubiesen iniciado obra durante el periodo de cinco años transcurridos de declarada la resolución favorable, los permisos caducarán. Este es un importante desafío para nuestra actual institucionalidad ambiental, sobre todo para la Superintendencia de Medio Ambiente, que será el organismo que llevará a cabo el proceso, en parte porque es un proceso absolutamente nuevo y que además implica una planificación y catastro de todos los proyectos que tengan RCA de más de cinco años y fiscalizar aquellos que no hayan iniciado obra, estableciendo estándares sustantivos que determinen cuándo un proyecto ha sido efectivamente iniciado y cuándo no.
Nuestro país cuenta con una insuficiente normativa respecto a contaminación de aire y agua, mientras que simplemente no existen normas de calidad para suelo. Si es realmente seria la propuesta del gobierno, de generar planes de descontaminación para las zonas declaradas saturadas por contaminación atmosférica, con especial énfasis en las zonas más vulnerables (zonas de sacrificio), resulta urgente elaborar normas que respondan tanto a estándares internacionales como a las necesidades de las personas a lo largo del país. Una de las peticiones del Conclave de Alcaldes de Zonas de Sacrificio fue elaborar normas de calidad de suelo y en específico para arsénico, que es uno de los contaminantes más nocivos para la salud de las personas y es recurrente en los territorios afectados por parques industriales altamente contaminantes.
El Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet establece la equidad ambiental como principio orientador de una reforma a la institucionalidad ambiental y a la elaboración de políticas en la materia. Creemos que el desafío va más allá, y la elaboración de una mejora institucional debe apuntar a promover y respetar derechos fundamentales bajo una perspectiva de justicia ambiental. El rol del Estado debe enfocarse en generar mecanismos de equidad, participación, transparencia y fundamentalmente de aplicación y fiscalización de normas de resguardo ambiental y salubridad, que apunten a una mejor relación de las actividades productivas con el territorio y sus habitantes.
Este año 2015 se llevará a cabo una nueva Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile ante la OCDE, que permitirá establecer un punto de comparación, en relación a la primera evaluación realizada por ese organismo multilateral al país, realizada en 2005. El resultado de ese primer examen fue el documento “Evaluaciones de Desempeño Ambiental de Chile”, que contiene 52 recomendaciones, que ahora serán revisadas, en materias tales como protección de la biodiversidad, áreas protegidas, gestión de recursos hídricos, institucionalidad ambiental, contaminación, participación ciudadana, definición de una política energética y de ordenamiento territorial, entre otros, en muchas de las cuales lamentablemente el país continúa en deuda.
La Presidenta Bachelet anunció en la Cumbre del Clima el compromiso de reforestar 100.000 hectáreas de suelos degradados con bosque nativo, como medida para abordar el Cambio Climático a través de sumideros de gases efecto invernadero. La Presidenta, en su intervención ante la ONU, indicó que si esta iniciativa cuenta con apoyo internacional, se podría duplicar la cifra, con lo que se podría captar un total de 200 millones de toneladas de CO2.
La Presidenta Michelle Bachelet, en su programa de gobierno, comprometió la elaboración de una Nueva Constitución a partir de un proceso democrático y participativo. Es necesario que esta nueva carta fundamental vele por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y en particular por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son los derechos colectivos que se ven vulnerados cuando se afecta el derecho a un medio ambiente limpio. Es necesario que esta nueva Constitución, sobre todo en un contexto de cambio climático, aborde la propiedad de los recursos naturales, de manera tal que regule la propiedad privada y asegure el carácter colectivo y de bien común de éstos. El agua, el suelo, la naturaleza y la biodiversidad deben ser considerados bienes comunes de todos los habitantes de Chile, por lo que el Estado como administrador debe resguardar su acceso y disfrute por todos los chilenos y chilenas en las mejores condiciones posibles.

Descargar Balance Ambiental Terram 2014 aquí

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Fuente: Observatorio Ciudadano

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