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2014-08-03 | Antecedentes | Mapuche

Fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Las implicancias del castigo a Chile por criminalizar a los mapuches

En el proceso llamado 聯Nor铆m Catrim谩n y otros versus Estado de Chile聰, la Corte cuestion贸 en su fallo la aplicaci贸n de la Ley 18.314 聯antiterrorista聰 con la que Chile 聯viol贸 el principio de legalidad y el derecho a la presunci贸n de inocencia en perjuicio de las ocho v铆ctimas de este caso聰, seg煤n se se帽ala en la sentencia.




Imagen: Flickr emeeelea
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) conden贸 el pasado 29 de julio al Estado chileno por criminalizar la protesta social que realizan los ind铆genas mapuches en defensa de su territorio.
En el proceso llamado 聯Nor铆m Catrim谩n y otros versus Estado de Chile聰, la Coidh cuestion贸 en su fallo la aplicaci贸n de la Ley 18.314 聯antiterrorista聰 con la que Chile 聯viol贸 el principio de legalidad y el derecho a la presunci贸n de inocencia en perjuicio de las ocho v铆ctimas de este caso聰, seg煤n se se帽ala en la sentencia.
La condena se relaciona con tres juicios por hechos ocurridos entre 2001 y 2003 en las regiones del Biob铆o y La Araucan铆a (centro sur de Chile), en las que se desarrolla con intensidad el conflicto chileno-mapuche.
La primera de dichas causas afect贸 a los lonkos (autoridades tradicionales mapuches) Segundo Aniceto Nor铆n Catrim谩n y Pascual Pich煤n Paillalao. 脡stos encabezaron en 1998 una emblem谩tica recuperaci贸n de tierras ancestrales en predios que le hab铆an sido devueltos a sus comunidades por el gobierno del presidente Salvador Allende y quitados tras el golpe militar de 1973.
En diciembre de 2001 un incendio redujo a escombros una casa ubicada dentro del fundo Nancahue, propiedad del entonces ministro del Tribunal Constitucional Juan Agust铆n Figueroa, quien es actualmente presidente de la Fundaci贸n Pablo Neruda.
Acusados de provocar este incendio, estos lonkos fueron encarcelados por un a帽o 聯en forma preventiva聰. Pese a que en abril de 2003 el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol los absolvi贸 por falta de pruebas, la Corte Suprema acogi贸 un recurso de casaci贸n presentado por Figueroa, ordenando la realizaci贸n de un nuevo juicio. En 茅ste 聳desarrollado en septiembre de 2003聳 fueron condenados Nor铆n y Pich煤n por el delito de 聯amenaza terrorista聰.
Tal como se expresa en el Informe 89/06 Petici贸n 619-03, presentado a la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2003, durante el juicio el Ministerio P煤blico y los querellantes particulares ofrecieron rendir prueba para acreditar los cargos, consistente en 67 testigos, 13 peritos y prueba documental. En la etapa oral, dos testigos presentados por la Fiscal铆a y los querellantes declararon escondidos, sin que la defensa pudiera conocer la identidad de los interrogados, con lo que se habr铆a vulnerado su derecho al debido proceso. Estos testigos sin rostro resultaron clave para obtener la condena de los acusados.
El otro proceso judicial sobre el que pes贸 el fallo de la Coidh se basa en la condena de Jaime Marileo Saravia, Jos茅 Huenchunao Mari帽谩n, Juan Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican y Patricia Roxana Troncoso Robles, por un incendio producido en 2004 dentro del fundo Poluco Pidenco, propiedad de la Forestal Mininco 聳del grupo Matte聳. Todos ellos fueron condenados a 10 a帽os de c谩rcel bajo la figura de 聯incendio terrorista聰. Adem谩s, les fueron privados de por vida sus derechos pol铆ticos y se les impuso una multa que en conjunto alcanz贸 casi un mill贸n de d贸lares.
El octavo redimido por el fallo de la Coidh es V铆ctor Ancalaf Llaupe, quien fue condenado por la justicia chilena como autor 聯de la conducta terrorista tipificada en el art铆culo 2掳 N掳 46 de la Ley 18.314聰 por su supuesta relaci贸n con la quema de un cami贸n de una empresa privada, hecho por el cual le impusieron la pena de cinco a帽os y un d铆a de presidio.
Todos estos juicios se desarrollaron durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar (2000-2006), el que se constituy贸 en el primer presidente chileno en patrocinar querellas aduciendo la existencia de delitos terroristas.
Desde entonces casi dos centenares de mapuches fueron procesados
Compensaci贸n
El Coidh determin贸 que en la fundamentaci贸n de las sentencias condenatorias contra estas ocho personas, los tribunales chilenos 聯utilizaron razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios, lo cual configur贸 una violaci贸n del principio de igualdad y no discriminaci贸n y el derecho a la igual protecci贸n de la ley聰.
Adem谩s, este tribunal regional estableci贸 que en los juicios en contra de estas ocho v铆ctimas del Estado chileno se produjeron violaciones al derecho de la defensa y al derecho de recurrir a los fallos penales condenatorios, lo que hace que dichas condenas fuesen 聯arbitrarias e incompatibles con la Convenci贸n Americana聰.
Las medidas reparatorias ordenadas por la Corte Interamericana obligan a Chile a adoptar todas las medidas necesarias para que queden nulas las sentencias penales condenatorias emitidas en contra de las ocho v铆ctimas de este caso. Tambi茅n determin贸 que Chile debe 聯brindar, de forma gratuita e inmediata, el tratamiento m茅dico y psicol贸gico o psiqui谩trico a las v铆ctimas del presente caso que as铆 lo soliciten聰.
La Coidh tambi茅n decidi贸 que el Estado de Chile debe otorgar becas de estudio en instituciones p煤blicas chilenas a los hijos de las ocho v铆ctimas que lo soliciten. Tambi茅n debe 聯regular con claridad y seguridad la medida procesal de protecci贸n de testigos relativa a la reserva de identidad (聟) y pagar las cantidades fijadas en la sentencia (50 mil d贸lares a cada una de las ocho v铆ctimas) por concepto de indemnizaci贸n de los da帽os materiales e inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos.聰
En entrevista telef贸nica con Apro, una de las v铆ctimas de Chile redimidas por la Corte Interamericana, Jaime Marileo, expres贸 a poco de conocer la sentencia: 聯Para m铆 y para todos mis compa帽eros que nos vimos involucrados en el caso Poluco Pidenco, fue motivo de una satisfacci贸n enorme que la Corte Interamericana haya condenado al Estado chileno por los abusos cometidos contra nosotros聰.
Matiz贸: 聯El fallo es muy importante pero no va a resolver por s铆 s贸lo los problemas en la relaci贸n entre el Estado chileno y el pueblo mapuche聰.
Para Marileo el conflicto s贸lo se va a resolver 聯cuando el pueblo mapuche tenga autonom铆a y recupere el territorio聰.
Las autoridades han se帽alado que Chile acoger谩 el fallo de la Coidh. El ministro de Justicia Jos茅 Antonio G贸mez expres贸 el mi茅rcoles 30 de julio que 聯el fallo de la Corte, Chile lo tiene que respetar y cumplir. Las f贸rmulas las vamos a analizar y revisar conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores聰. G贸mez adem谩s sostuvo que la ley antiterrorista 聯ha sido totalmente in煤til desde el punto de vista de lo que se persegu铆a con ella. Por eso hemos dicho tan fehaciente y claramente que aplicar la Ley Antiterrorista no es la soluci贸n del problema聰.
Cabe se帽alar que la actual administraci贸n de la presidenta Michelle Bachelet se ha comprometido a no volver a aplicar esta normativa al pueblo mapuche.
La Corte Suprema y la canciller铆a de Chile emitieron escuetas comunicaciones en las que aseguraron que acoger谩n 铆ntegramente el fallo de la Corte IDH.
聯Bachelet debe pedir perd贸n聰
En entrevista con Apro, la destacada abogada defensora de los derechos de los pueblos ind铆genas, Nancy Y谩帽ez, analiz贸 la sentencia de la Coidh.
聯El fallo reconoce que hay una actuaci贸n ilegal y arbitraria de parte del Estado de Chile y que esa ilegalidad y arbitrariedad tiene como base la aplicaci贸n de una Ley Antiterrorista que no cumple con los est谩ndares internacionales en materia de derechos humanos, cuesti贸n que es clave tanto para restituir la dignidad de las personas que fueron condenadas por la aplicaci贸n de esta normativa, como para poder, en definitiva, establecer cu谩les son las modificaciones que necesita la legislaci贸n antiterrorista en Chile聰, explic贸.
Desde la perspectiva de esta jurista 聳que es codirectora de la ONG Observatorio Ciudadano聳, la Corte determin贸 espec铆ficamente que el art铆culo primero de la ley antiterrorista 聯supone que se presumen conductas terroristas cuando existe un plan premeditado de atentar contra una categor铆a o grupo espec铆fico de personas聰. Esta exigencia 聳a帽adi贸 la abogada聳 聯es la que ha permitido que la autoridad act煤e arbitrariamente y utilice con un sesgo pol铆tico esta normativa (聟) la que permite que 聳por la v铆a interpretativa聳 se use en contra de personas con fines fundamentalmente pol铆ticos聰.
La Ley Antiterrorista ha recibido varias modificaciones 聳la 煤ltima en 2011聳, pero ninguna de ellas ha cambiado el art铆culo primero, lo que para Y谩帽ez hace que se mantenga 聯un amplio margen de discrecionalidad de la autoridad con respecto a su aplicaci贸n聰.
Para esta jurista el fallo de la Corte tambi茅n es valioso porque da cuenta que en su argumentaci贸n jur铆dica los jueces chilenos 聯utilizaron estereotipos y prejuicios, con lo que se va demostrando que no s贸lo hay una discriminaci贸n por el uso y abuso de un tipo penal, como es en este caso la configuraci贸n del tipo penal de terrorismo, sino que adem谩s el proceso argumentativo utiliza prejuicios raciales que denotan una actitud que no corresponde por parte de los juzgadores que son los representantes del Estado encomendados a aplicar el derecho聰.
Otro punto que esta legista considera importante del citado fallo es que 茅ste confirmar铆a que 聯Chile ha incurrido en violaciones al derecho a la libertad de pensamiento, de expresi贸n y a los derechos pol铆ticos en la medida que los criminalizados son autoridades tradicionales mapuches y que, en definitiva, la responsabilidad que se les adjudica en estos hechos es en funci贸n de ser l铆deres pol铆ticos聰.
Y谩帽ez destaca que 聯en el caso de Pascual Pich煤n y Aniceto Nor铆n, el tipo penal que se les imputa fue el de 聭amenaza de incendio terrorista聮. Es decir, este es un ejemplo claro de c贸mo se puede aplicar abusivamente esta normativa聰. Adem谩s, define como 聯grave聰 un hecho: 聯Quien estuvo detr谩s de la aplicaci贸n de esta normativa era miembro de Tribunal Constitucional (Juan Agust铆n Figueroa), quien para preservar sus derechos territoriales reivindicados por pueblos ind铆genas, no dud贸 en aplicar la Ley antiterrorista en forma abusiva. Y finalmente el convencimiento de los tribunales.聰
Nancy Ya帽ez concluye que la sentencia de la Coidh 聯da un golpe fundamental al establishment聰 chileno por usar 聯en forma abusiva su poder pol铆tico en contra del pueblo mapuche聰. Esta jurista cree que para dar una se帽al de querer resolver el conflicto, la presidenta Bachelet 聯debe pedir perd贸n al pueblo mapuche, en tanto primera autoridad del Estado聰.
La aplicaci贸n de la Ley Antiterrorista ha motivados fuertes e insistentes se帽alamientos en contra del Estado chileno por parte de diversos 贸rganos de Naciones Unidas, tales como el Comit茅 de Derechos Humanos, el Comit茅 contra la Discriminaci贸n Racial, el Comit茅 contra la Tortura, el Consejo de Derechos Humanos y de los relatores especiales de Naciones Unidas para Pueblos Ind铆genas, Rodolfo Stavenhagen y James Anaya.
El conflicto entre las comunidades mapuches con empresas forestales y el Estado de Chile 聳que las protege聳 tiene como raz贸n fundamental el despojo de tierras que ha sufrido este pueblo originario. Hasta fines de la d茅cada de 1860 los mapuches pose铆an unas 10 millones de hect谩reas de tierras. Hoy, los 400 mil mapuches que habitan en el centro sur de Chile tienen menos de 350 mil hect谩reas. S贸lo Forestal Mininco tiene casi un mill贸n.

Por Francisco Mar铆n

Fuente: El Ciudadano

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