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2013-04-22 | Antecedentes | Mapuche

SOCIEDAD 聸 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA PATAGONIA

Derechos vulnerados en el Sur

Una organizaci贸n que monitorea el estado de los derechos ind铆genas cuestiona los avances de la industria extractivista y las empresas que despojan territorios ancestrales en el Sur del pa铆s. S贸lo en Neuqu茅n hay 347 mapuches judicializados por defender su tierra.
Por Dar铆o Aranda




La megaminer铆a es una de las actividades m谩s cuestionadas en el 谩mbito de la Patagonia.
Petroleras, mineras y estancieros avanzan sobre pueblos ind铆genas y lo realizan con la complicidad del Poder Judicial y pol铆tico. Es una de las conclusiones del Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Ind铆genas (Odhpi), que analiz贸 casos testigo de la vulneraci贸n de derechos humanos y cuantific贸 la criminalizaci贸n en Neuqu茅n: 347 mapuches judicializados por defender el territorio. El informe tambi茅n advierte que el nuevo C贸digo Civil implicar谩 m谩s desalojos y judicializaci贸n. 聯Se siguen perpetrando acciones estatales y privadas m谩s propias de un contexto de colonizaci贸n que de democracia聰, afirma el Observatorio de Derechos Humanos.

El Odhpi publica todos los a帽os su investigaci贸n anual. Este a帽o centr贸 su trabajo en Chubut, R铆o Negro y Neuqu茅n. 聯En la Patagonia se sigue identificando al despojo territorial como el principal obst谩culo para la subsistencia y desarrollo de los pueblos ind铆genas como pueblos aut贸nomos聰, afirma.

聯Avanzada de la megaminer铆a聰 es el t铆tulo del cap铆tulo sobre Chubut. Y destaca la presencia de la multinacional Pan American Silver en la meseta (centro) de la provincia para extraer plata y plomo. En la zona viven desde hace un siglo comunidades mapuches y tehuelches. El Odhpi recuerda que en Chubut est谩 vigente la ley 5001 (que proh铆be la actividad), pero el gobierno provincial habilita la exploraci贸n. Explica que la minera ingres贸 al territorio de las comunidades, extrajo agua para exploraci贸n, prometi贸 mejoras econ贸micas, traslad贸 un cementerio ind铆gena (junto a t茅cnicos provinciales) y obtuvo el apoyo de las autoridades pol铆ticas para avanzar en una actividad prohibida.

聯No se conocen otros casos de permisos oficiales para la preparaci贸n de actividades prohibidas. Es como si se autorizara a filmar un banco para averiguar sus mecanismos de seguridad porque lo que est谩 prohibido es el robo, no su planificaci贸n. Esta aberraci贸n exhibe el enorme poder corrosivo institucional de este tipo de empresas聰, denuncia el Odhpi.

聯Informe de situaci贸n de los derechos humanos de los pueblos ind铆genas en la Patagonia聰 es el nombre del trabajo y destaca que (con la megaminer铆a) se vulnera el Convenio 169 de la OIT (convenio internacional que tiene rango supralegal), que obliga a la consulta libre, previa e informada a los pueblos ind铆genas.

De R铆o Negro describe que la violaci贸n de los derechos de las comunidades son 聯recurrentes聰 y aclara que no funcionan los canales institucionales que debieran encauzar los reclamos. En cuanto a la aplicaci贸n de la ley 26.160 (aprobada en 2006, que debiera frenar las 贸rdenes judiciales de desalojos e insta a un mapeo territorial), se relevaron 64 de las 124 comunidades y, en la actualidad, se encuentra suspendido el equipo t茅cnico que censa las comunidades.

De Neuqu茅n puntualiza que es 聯particularmente grave聰 la situaci贸n por la avanzada de la frontera hidrocarbur铆fera, especialmente por los llamados hidrocarburos 聯no convencionales聰 (con el m茅todo de hidrofractura), con la explotaci贸n de la formaci贸n geol贸gica Vaca Muerta. Explica que el gobierno nacional y el provincial 聯ya han reconocido que se privilegiar谩 la actividad extractiva por sobre las comunidades. Ninguno ha tomado en cuenta la consulta, ni la participaci贸n de las comunidades mapuches聰. Se帽ala como antecedente el caso de las comunidades kaxipayi帽 y paynemil, que habitan territorios contaminados durante cuatro d茅cadas por YPF y Repsol, en el yacimiento gas铆fero Loma La Lata.

En Neuqu茅n reci茅n en 2012 se firm贸 el convenio para la ejecuci贸n de la ley 26.160. Y puntualiza que la aplicaci贸n 聯sigue demorada聰.

El Odhpi dedica un apartado a la criminalizaci贸n de la lucha ind铆gena. Entre 2005 y 2012, al menos 347 miembros del pueblo mapuche de Neuqu茅n enfrentaron procesos judiciales por defender el territorio.

El informe, de 97 p谩ginas, analiza los casos de judicializaci贸n y concluye: 聯El Estado protege con esta pol铆tica represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las empresas extractivas y la especulaci贸n inmobiliaria y tur铆stica, a costa del respeto de los derechos humanos de los ind铆genas. Hay una tarea minuciosa y met贸dica para poner toda su estructura institucional, pol铆tica y represiva para transgredir las leyes que el mismo Estado ha sancionado聰.

El Odhpi precisa, como casos paradigm谩ticos de jueces que criminalizan a ind铆genas, a Ivonne San Mart铆n (jueza civil de Zapala) y a Jorge Videla (Villa La Angostura). Detalla numerosos casos de violaci贸n de derechos. Entre ellos en la comunidad Quintriqueo (Neuqu茅n), el Lof Prafil-Calfup谩n (R铆o Negro) y la comunidad Jacinto Antileo (Chubut).

聯Los antiguos atropellos se han convertido hoy en violaciones a los derechos humanos. Hay un sistema articulado que funciona al servicio del despojo y la legalizaci贸n de la usurpaci贸n de las tierras ind铆genas聰, asegura el informe. Micaela Gomiz, secretaria ejecutiva del Odhpi, subray贸 que la avanzada sobre los pueblos originarios se debe a 聯una estructura econ贸mica en la Argentina que no ha sido modificada y que es profundizada por los gobiernos que priorizan las ganancias exorbitantes de las empresas extractivas, y defienden la propiedad privada terrateniente por sobre la vida y la autonom铆a de las comunidades ind铆genas聰. El informe advierte que 聯lo m谩s grave聰 es que las violaciones a los derechos humanos de los pueblos ind铆genas se producen con 聯el impulso del gobierno, la inhibici贸n de la Legislatura y el respaldo del Poder Judicial聰.

Fuente: P醙ina 12

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