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2011-08-05 | Antecedentes | Indoamericano

INFORME DE AMNIST√ɬćA INTERNACIONAL: LOS PUEBLOS IND√ɬćGENAS DE AM√ɬČRICA, BAJO AMENAZA

Sacrificar los derechos en nombre del desarrollo

Presidentes y l√ɬ≠deres regionales de todo el espectro pol√ɬ≠tico comparten una creencia basada en la falaz premisa de que la industria extractiva multiplica la riqueza y favorece a los intereses nacionales, y por tanto no debe ser √ʬĬúobstruida√Ę¬Ä¬Ě por pueblos ind√ɬ≠genas que son √ʬĬús√ɬ≥lo√Ę¬Ä¬Ě una peque√ɬĪa parte de la poblaci√ɬ≥n.




√ʬĬúHay muchos recursos sin uso que no reciben inversi√ɬ≥n y que no generan trabajo. Y todo ello por el tab√ɬļ de ideolog√ɬ≠as superadas, por ociosidad [√ʬĬ¶] o por la ley del perro del hortelano, que reza: √ʬĬėSi no lo hago yo, que no lo haga nadie√ʬĬô√ʬĬĚ: Alan Garc√ɬ≠a, presidente de Per√ɬļ (2006-2011), El Comercio, 28 de octubre de 2007.
√ʬĬúPuede haber ret√ɬ≥rica bonita que [√ʬĬ¶] repiten ciertos dirigentes ind√ɬ≠genas. [√ʬĬ¶] No podemos mantener [esas] posiciones extremistas. No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. Esos fundamentalismos, esos dogmatismos tan solo nos inmovilizan√ʬĬĚ: Rafael Correa, presidente de Ecuador, Discurso en la Cumbre Presidencial y de Autoridades Ind√ɬ≠genas y Afrodescendientes de la ALBA, Otavalo, 25 de junio de 2010.
√ʬĬúPienso que cuando se habla de un proyecto de tal envergadura, probablemente deber√ɬ≠an discutirse las cosas con m√ɬ°s calma. [√ʬĬ¶] No creo que ning√ɬļn gobierno democr√ɬ°tico pretenda acarrear problemas a sus pueblos ind√ɬ≠genas. Los peor que pueden hacer [los √ɬ≥rganos de derechos humanos] es agravar la cuesti√ɬ≥n, trat√ɬ°ndolos [a los pueblos ind√ɬ≠genas] como v√ɬ≠ctimas, como v√ɬ≠ctimas de dictaduras√ʬĬĚ: Jos√ɬ© Miguel Insulza, secretario general de la Organizaci√ɬ≥n de los Estados Americanos, BBC Brasil, 4 de mayo de 2011.
√ʬĬúQuieran o no quieran vamos a construir ese camino [que atraviesa territorio ind√ɬ≠gena]√ʬĬĚ: Evo Morales, presidente de Bolivia, La Raz√ɬ≥n, 30 de junio de 2011.
Lo que precede sirve para ilustrar la forma en que algunos presidentes y líderes regionales americanos, de todo el espectro político, hablan de los derechos y de la lucha de los pueblos indígenas. La falsa y peligrosa dicotomía entre desarrollo y derechos de los pueblos indígenas es habitual en el continente.
Se trata de una creencia basada en la falaz premisa de que los proyectos de la industria extractiva o de otro tipo, que multiplican la riqueza y son, por tanto, favorables a los intereses nacionales, no deben verse √ʬĬúobstruidos√Ę¬Ä¬Ě por los pueblos ind√ɬ≠genas, que son √ʬĬús√ɬ≥lo√Ę¬Ä¬Ě una peque√ɬĪa parte de la poblaci√ɬ≥n. En consecuencia, cuando las comunidades ind√ɬ≠genas se organizan para pedir que se respeten sus derechos, el Estado y otros agentes las acusan de bloquear el crecimiento de todo el pa√ɬ≠s.
Este tipo de respuesta tiene consecuencias demoledoras sobre los derechos humanos de los pueblos ind√ɬ≠genas de la regi√ɬ≥n. Como ponen de manifiesto los casos documentados por Amnist√ɬ≠a Internacional en la regi√ɬ≥n, frecuentemente al aprobar leyes y poner en marcha proyectos no se respeta el derecho de los pueblos ind√ɬ≠genas a ser consultados y a dar su consentimiento libre, previo e informado. Estos casos son s√ɬ≥lo la punta del iceberg de lo que constituye una tendencia regional. (V√ɬ©anse los ejemplos de Argentina, Brasil, Canad√ɬ°, Colombia, Ecuador, Guatemala, M√ɬ©xico, P√ɬ°nama y Per√ɬļ)
Habr√ɬ≠a sido posible evitar violaciones de derechos humanos, conflictos sociales y, en ocasiones, incluso enfrentamientos violentos entre los pueblos ind√ɬ≠genas y las fuerzas de seguridad si los Estados se hubieran ce√ɬĪido a su obligaci√ɬ≥n de celebrar consultas antes de llevar a cabo proyectos de desarrollo. Adem√ɬ°s, los l√ɬ≠deres ind√ɬ≠genas y las personas pertenecientes a esas comunidades se enfrentan a procesos penales por cargos que se dir√ɬ≠a desproporcionados y que parecen responder a motivos pol√ɬ≠ticos. (V√ɬ©anse los ejemplos de Ecuador, M√ɬ©xico y Per√ɬļ)

Es más, en muchos países los pueblos indígenas siguen encontrando numerosos obstáculos cuando piden que se reconozcan legalmente sus derechos sobre sus tierras ancestrales. En muchos países, funcionarios estatales los desalojan por la fuerza o los amenazan continuamente con desalojarlos. (Véanse los ejemplos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay)
L√ɬ≠deres ind√ɬ≠genas y miembros de comunidades a menudo son v√ɬ≠ctimas de amenazas, intimidaci√ɬ≥n y, en ocasiones, homicidio en conflictos relacionados con sus tierras. Estos conflictos usualmente involucran tanto a actores estatales como no estatales. Estos √ɬļltimos est√ɬ°n frecuentemente interesados en las tierras de los pueblos ind√ɬ≠genas para dedicarlas a iniciativas comerciales.
Las violaciones de derechos descritas son consecuencia de una arraigada actitud discriminatoria hacia los pueblos indígenas de América y de rechazo a su peculiar modo de ser, de ver el mundo y de comportarse que los actuales Estados democráticos han heredado de la historia y no han sabido neutralizar. Además de los problemas mencionados, las mujeres indígenas sufren actos de violencia de género, que con frecuencia quedan impunes. (Véanse los casos de Canadá, Estados Unidos y México)
Amnistía Internacional considera que el desarrollo económico no puede entenderse como un juego de suma cero, en el que es necesario sacrificar los derechos de los pueblos indígenas, puesto que esa concepción socavaría el principio de universalidad de los derechos. Las normas de derechos humanos garantizan el derecho de los pueblos indígenas a participar sin discriminación en las decisiones que afectan a sus vidas y a sus territorios. Estas normas han sido concebidas para superar siglos de marginación y discriminación que han condenado a los pueblos indígenas a posiciones de vulnerabilidad, en las que se toman decisiones que les afectan profundamente (amenazando incluso la supervivencia física o cultural de algunos pueblos) sin contar con ellos.
En este contexto, los pueblos indígenas de la región se han organizado cada vez más para defender sus derechos, y en la actualidad están liderando una lucha por sus derechos y por la igualdad. Los tribunales de toda la región y los órganos intergubernamentales internacionales y regionales están reconociendo, cada vez en mayor medida, los derechos de los pueblos indígenas.
Por ejemplo, este a√ɬĪo las comunidades ind√ɬ≠genas mapuche de Huenctru Trawel Leuf√ɬļ y Mellao Morales han logrado que los tribunales fallen a su favor en Argentina. En ambos casos, los jueces ordenaron detener proyecto extractivos de empresas petroleras y mineras mientras no se consultara a las comunidades en cuesti√ɬ≥n. Asimismo este a√ɬĪo, la Corte Suprema de Chile pidi√ɬ≥ que, de conformidad con las normas internacionales, se consultara a los pueblos ind√ɬ≠genas antes de implantar una nueva planificaci√ɬ≥n territorial que habr√ɬ≠a afectado a los pueblos ind√ɬ≠genas de San Pedro de Atacama. Recientemente, la Corte Constitucional de Colombia ha dictado sentencia en casos interpuestos por comunidades afrodescendientes e ind√ɬ≠genas, reafirmando el derecho al consentimiento informado cuando se considere que los proyectos econ√ɬ≥micos repercutir√ɬ°n considerablemente en los derechos territoriales o culturales.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es reconocida ya en toda la región desde que Canadá y Estados Unidos, que votaron inicialmente en contra, la suscribieron en 2010.
En el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, Amnistía Internacional desea resaltar algunos de los casos documentados en la región, que ponen de manifiesto la situación de numerosas comunidades, así como la dignidad y la determinación con las que éstas defienden sus derechos. (Ver la sección de información adicional al final de este informe)

En lugar de hablar en nombre de los pueblos indígenas, lo que Amnistía Internacional se propone es proyectar sus voces por medio de casos y testimonios recogidos en el desarrollo de nuestro trabajo con los pueblos indígenas de América.
Amnistía Internacional insta a los líderes de la región a emprender acciones firmes y urgentes para cumplir su obligación de defender y proteger los derechos de los pueblos indígenas. En concreto, los gobiernos deben, en colaboración con los pueblos indígenas:
1. Promulgar leyes para hacer efectivo el derecho a consulta y al consentimiento libre, previo e informado, de conformidad con las normas internacionales y del sistema interamericano de derechos humanos.
2. Abstenerse de otorgar concesiones, de autorizar actividades de prospección y explotación y de llevar a cabo cualquier otro proyecto de desarrollo que pueda afectar a los pueblos indígenas sin una consulta adecuada, en consonancia con las normas internacionales e interamericanas.
3. Tomar medidas urgentes para resolver las disputas existentes sobre la tierra y abstenerse de desalojar a los pueblos indígenas mientras estas no se hayan resuelto.
4. Crear y mantener las condiciones necesarias para que los líderes indígenas y los miembros de las comunidades defiendan pacíficamente sus derechos sin temor a represalias, para lo que, entre otras medidas, es imprescindible evitar el uso del sistema de justicia penal con el fin de disuadirlos de su trabajo como defensores y defensoras de los derechos humanos.
5. Tomar medidas con la diligencia debida para proteger a las mujeres indígenas de la violencia, y para enjuiciar y castigar a los responsables de esos abusos.
Argentina
Muchos pueblos ind√ɬ≠genas corren a√ɬļn peligro de ser desalojados por la fuerza de sus tierras ancestrales, aunque la legislaci√ɬ≥n nacional ha suspendido ese tipo de desalojos hasta 2013. En 2009 y 2010, se desaloj√ɬ≥ de sus hogares a integrantes de la Comunidad India Quilmes, en la provincia de Tucum√ɬ°n, y en abril de 2011 la polic√ɬ≠a trat√ɬ≥ de nuevo de desalojarlos. En el marco de una campa√ɬĪa para disuadirlos de reivindicar el acceso a sus territorios ancestrales, varios l√ɬ≠deres ind√ɬ≠genas de comunidades cercanas han sufrido amenazas y uno de ellos ha muerto v√ɬ≠ctima de homicidio.
En noviembre de 2010, 400 agentes de polic√ɬ≠a dispersaron violentamente una manifestaci√ɬ≥n de la comunidad ind√ɬ≠gena toba qom, de la provincia de Formosa. Los manifestantes hab√ɬ≠an bloqueado una carretera para protestar por el proyecto de construcci√ɬ≥n de una universidad en sus tierras ancestrales. La polic√ɬ≠a tambi√ɬ©n prendi√ɬ≥ fuego a las viviendas temporales de la comunidad, que quedaron reducidas a ceniza. En los enfrentamientos, perdieron la vida al menos un agente de polic√ɬ≠a y una persona de la comunidad. En la misma provincia, la comunidad ind√ɬ≠gena pilag√ɬ° de El Descanso contin√ɬļa su lucha por las justicia en relaci√ɬ≥n con proyectos de desarrollo que se realizaron sin haberles consultado y que, seg√ɬļn afirman los pueblos ind√ɬ≠genas, afectaron a sus territorios tradicionales. Amnist√ɬ≠a Internacional document√ɬ≥ amenazas e intimidaci√ɬ≥n contra miembros de estas comunidades y contra sus representantes legales.
Brasil
El 1 de junio de 2011, el organismo brasile√ɬĪo de medioambiente aprob√ɬ≥ la construcci√ɬ≥n de la presa de Belo Monte en el r√ɬ≠o Xingu, en la Amazon√ɬ≠a. Con esta decisi√ɬ≥n se contraven√ɬ≠a la orden de la Comisi√ɬ≥n Interamericana de Derechos Humanos de suspender la construcci√ɬ≥n de la presa de Belo Monte mientras no se garantizaran plenamente los derechos de las comunidades ind√ɬ≠genas locales. Las organizaciones ind√ɬ≠genas y las ONG locales sostienen que la presa podr√ɬ≠a desplazar a miles de familias y amenazar el medio de vida y la salud de numerosas comunidades ind√ɬ≠genas del estado de Par√ɬ°. La Comisi√ɬ≥n Interamericana orden√ɬ≥ la suspensi√ɬ≥n de la presa hasta que se realizara una consulta completa y efectiva con las comunidades ind√ɬ≠genas √ʬĬďlo que inclu√ɬ≠a darles acceso a una evaluaci√ɬ≥n en su lengua del impacto medioambiental y social del proyecto√ʬĬď y se hubieran tomado medidas para proteger la existencia de las comunidades ind√ɬ≠genas que viven en aislamiento voluntario.
Los pueblos ind√ɬ≠genas que luchan por los derechos a sus tierras ancestrales, consagrados en la Constituci√ɬ≥n, contin√ɬļan sufriendo discriminaci√ɬ≥n, amenazas y violencia. La situaci√ɬ≥n es especialmente grave en el estado de Mato Grosso do Sul, donde las comunidades guaran√ɬ≠es kaiow√ɬ° son constantemente perseguidas por sicarios a sueldo de terratenientes locales. Pese a los esfuerzos de los fiscales federales por acelerar el reconocimiento de los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas a sus tierras tradicionales, el proceso sigue paralizado.
√ʬĬúSufrimos demasiado con tanta violencia en y contra nuestras comunidades [√ʬĬ¶]. No pedimos, exigimos derechos: la demarcaci√ɬ≥n de nuestras tierras con urgencia para que podamos volver a vivir en paz, con felicidad y dignidad√ʬĬĚ. (Carta abierta de los guaran√ɬ≠es kaiow√ɬ° al entonces presidente, Luiz In√ɬ°cio Lula da Silva)
Canadá
Pese al elevado nivel de vida del que, en general, gozan la mayoría de los canadienses, los pueblos indígenas experimentan empobrecimiento y privaciones generalizados. Un estudio del gobierno efectuado en 2010 concluyó que, en el caso de algunas comunidades indígenas, la desigualdad en términos de educación, trabajo, ingresos y vivienda está aumentando. Se calcula que 20.000 personas pertenecientes a las Primeras Naciones de Canadá carecen de agua corriente y alcantarillado.
Una comisi√ɬ≥n parlamentaria ha pedido un plan de acci√ɬ≥n exhaustivo para erradicar la violencia contra las mujeres y las ni√ɬĪas ind√ɬ≠genas. Las mujeres ind√ɬ≠genas de Canad√ɬ° tienen entre tres y cinco veces m√ɬ°s probabilidades de morir a causa de actos violentos. En el mejor de los casos, se podr√ɬ≠a decir que la respuesta del gobierno ha sido poco sistem√ɬ°tica. Por su parte, la polic√ɬ≠a no tiene ni siquiera la obligaci√ɬ≥n de dejar siempre constancia de la pertenencia o no de la v√ɬ≠ctima a etnias ind√ɬ≠genas.
√ʬĬúEl hecho de no estar al tanto del n√ɬļmero de hermanas e hijas nuestras asesinadas o desaparecidas no es m√ɬ°s que otra forma de desentenderse de esta tragedia√ʬĬĚ. (Gwenda Yuzicappi, cuya hermana de 19 a√ɬĪos, Amber Redman, fue asesinada en Saskatchewan en 2005)
El 29 de abril de 2011, 4,5 millones de litros de crudo procedentes de un oleoducto inundaron los humedales del territorio tradicional de los cree del lago Lubicon, en el norte de la región de Alberta. El gobierno local lleva decenios autorizando enormes proyectos petroleros y gasísticos en las tierras de esa comunidad sin tomar medidas de peso para proteger su cultura, su salud y sus medios de subsistencia.
La Comisi√ɬ≥n Interamericana de Derechos Humanos, que en la actualidad est√ɬ° estudiando una denuncia presentada por el Grupo de Tratado de Hul√ʬĬôqumi√ʬĬônum, de la isla de Vancouver, ha concluido que los instrumentos disponibles para resolver disputas sobre derechos a la tierra no constituyen recursos efectivos para proteger dichos derechos. (Comisi√ɬ≥n Interamericana de Derechos Humanos, Informe n√ɬļm. 105/09, Petici√ɬ≥n 592-07, Admisibilidad, Grupo de Tratado Hul√ʬĬôqumi√ʬĬônum, Canad√ɬ°, 30 de octubre de 2009)
En noviembre de 2010, Canadá suscribió la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tras lo cual las organizaciones indígenas han instado al gobierno a aplicar la Declaración de forma rigurosa.
Chile
Los pueblos ind√ɬ≠genas de Chile contin√ɬļan luchando por sus derechos a territorios y a recursos naturales. Se ha denunciado en varias ocasiones el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante protestas de pueblos ind√ɬ≠genas en favor de reivindicaciones territoriales, y muchas personas han sido enjuiciadas por participar en ellas. Expertos y organismos de la ONU han criticado el contenido y el empleo de la legislaci√ɬ≥n antiterrorista, a la que se ha recurrido con frecuencia para procesar a los mapuches que han participado en manifestaciones, incluidos, al menos, cinco menores de edad.
Las personas mapuches recluidas en prisi√ɬ≥n denuncian a menudo violaciones del debido proceso y juicios discriminatorios. Cuatro hombres de origen mapuche se declararon en huelga de hambre durante tres meses este a√ɬĪo. H√ɬ©ctor Laitul Carrillanaca, Ram√ɬ≥n Llanquileo Pilquim√ɬ°n, Jos√ɬ© Henuche Reim√ɬ°n y Jonathan Huillical M√ɬ©ndez afirman haber sido sometidos a un juicio injusto, al hab√ɬ©rseles aplicado determinados procedimientos establecidos en la legislaci√ɬ≥n antiterrorista. Aunque la Corte Suprema les ha reducido la pena, ese mismo tribunal ha desestimado su petici√ɬ≥n de celebraci√ɬ≥n de un nuevo juicio.
En 2010, los grupos indígenas de Rapa Nui (isla de Pascua) protestaron por la continua ausencia de medidas por parte de las autoridades para devolverles sus tierras tradicionales. El gobierno estableció grupos de trabajo para debatir sus motivos de preocupación en septiembre, pero muchos miembros de clanes pusieron objeciones a las condiciones del debate. En diciembre, más de 20 personas resultaron heridas en enfrentamientos violentos entre agentes de seguridad y miembros de clanes que ocupaban edificios y tierras. Posteriormente, los tribunales militares abrieron una investigación sobre el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, mientras que, por otro lado, se van a presentar cargos contra los Rapa Nui por su participación en las protestas.
Colombia
La persistente crisis de derechos humanos que sufre Colombia golpea con especial dureza a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que son víctimas de homicidios, amenazas y otros abusos y violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad, los paramilitares y las fuerzas de la guerrilla. Por un lado se cometen abusos y violaciones de derechos humanos en operaciones destinadas a garantizar el control militar de ciertas regiones. Por otro, se cometen nuevamente violaciones y abusos con el fin de favorecer poderosos intereses económicos y menoscabar la capacidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes de oponerse al desarrollo de dichos intereses en sus tierras.
Para las comunidades indígenas y afrodescencientes, los desplazamientos forzados y los actos de las partes en conflicto han agravado la de por sí gravísima crisis socioeconómica que sufren. Las restricciones a la libertad de circulación que impone el conflicto están teniendo efectos catastróficos para los pueblos indígenas.
Pese a las amenazas que reciben, los pueblos ind√ɬ≠genas y las comunidades afrodescendientes se han organizado a escala regional y nacional para hacer campa√ɬĪa por sus derechos humanos. En 2010, la Organizaci√ɬ≥n Nacional Ind√ɬ≠gena de Colombia (ONIC) lanz√ɬ≥ una campa√ɬĪa sobre la crisis de derechos humanos que sufren los pueblos ind√ɬ≠genas y sobre los grupos ind√ɬ≠genas m√ɬ°s vulnerables.
√ʬĬúHemos conseguido el compromiso del gobierno de avanzar en la construcci√ɬ≥n de una pol√ɬ≠tica de Estado para pueblos ind√ɬ≠genas elaborada en concertaci√ɬ≥n con los pueblos ind√ɬ≠genas; hemos asegurado unidad entre los pueblos ind√ɬ≠genas y hemos puesto el tema de pueblos ind√ɬ≠genas en riesgo de extinci√ɬ≥n sobre la agenda√ʬĬĚ. (Luis Evelis Andrade, presidente de la ONIC)
En enero de 2009, la Corte Constitucional colombiana emitió un fallo que ponía de relieve la situación de los pueblos indígenas cuya supervivencia cultural y física estaba en peligro, ya sea por la desubicación causada por el desplazamiento y la dispersión o como resultado directo de muerte natural o violenta de sus integrantes.
Ecuador
El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku lleva desde 2002 luchando por su derecho a ser consultado con respecto a los proyectos extractivos que se emprendan en su territorio ancestral. En 1996, el Estado autoriz√ɬ≥ a una empresa petrolera para realizar tareas de prospecci√ɬ≥n de petr√ɬ≥leo en sus tierras ancestrales sin su consentimiento. Con este fin, los ingenieros detonaron explosiones en 2002 y 2003. Desde entonces, a√ɬļn quedan 1.400 kilogramos de dinamita en el subsuelo del territorio de Sarayaku. El 6 y el 7 de julio de 2011, integrantes de la comunidad, junto con sus representantes legales de la Fundaci√ɬ≥n Pachamama y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentaron su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se espera que ese tribunal dicte sentencia a finales de a√ɬĪo.
√ʬĬúSi quieren hacer una actividad tan da√ɬĪina, queremos ser consultados y si les decimos que no, que nos respeten√ʬĬĚ. (Patricia Gualinga, perteneciente a la comunidad sarayaku, en declaraciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos)
El gobierno ha iniciado este a√ɬĪo un proceso de concurso para la posible adjudicaci√ɬ≥n de proyectos extractivos en √ɬ°reas ind√ɬ≠genas. No est√ɬ° claro hasta qu√ɬ© punto se ha consultado adecuadamente a las comunidades ind√ɬ≠genas al respecto. Decenas de l√ɬ≠deres ind√ɬ≠genas y de personas pertenecientes a esas comunidades han denunciado haber sufrido acoso estatal a trav√ɬ©s del sistema judicial, mientras que las autoridades han emprendido procesos penales contra muchos de ellos por presuntos delitos cometidos durante manifestaciones populares contra industrias extractivas. Los pueblos ind√ɬ≠genas han estado denunciando que estos procesos constituyen un intento para reprimir la libertad de expresi√ɬ≥n y asociaci√ɬ≥n y para impedir que los mencionados l√ɬ≠deres prosigan su trabajo de defensa de los derechos ind√ɬ≠genas.
Por ejemplo, en junio de 2010, se abrieron investigaciones por terrorismo y sabotaje contra dos l√ɬ≠deres ind√ɬ≠genas: Marlon Santi, ex presidente de la Confederaci√ɬ≥n de Nacionalidades Ind√ɬ≠genas del Ecuador, y Delf√ɬ≠n Tenesaca, l√ɬ≠der de la Confederaci√ɬ≥n Kichwa del Ecuador. Dicha investigaci√ɬ≥n se relacion√ɬ≥ con su participaci√ɬ≥n en una manifestaci√ɬ≥n celebrada en Otavalo para protestar por la exclusi√ɬ≥n del movimiento ind√ɬ≠gena en la cumbre de los pa√ɬ≠ses de la Alianza Bolivariana para las Am√ɬ©ricas (ALBA). Seg√ɬļn la informaci√ɬ≥n recibida por Amnist√ɬ≠a Internacional, no se han presentado pruebas de su participaci√ɬ≥n en actos delictivos durante la manifestaci√ɬ≥n, de lo que cabe deducir que los cargos de terrorismo y sabotaje a los que se enfrentan podr√ɬ≠an deberse al hecho de haber encabezado un acto de protesta.
Guatemala
En junio de 2011, el general retirado H√ɬ©ctor Mario L√ɬ≥pez Fuentes, de 81 a√ɬĪos, fue detenido y acusado de genocidio y cr√ɬ≠menes contra la humanidad por su implicaci√ɬ≥n en las masacres de comunidades ind√ɬ≠genas cometidas hace casi 30 a√ɬĪos. Al parecer, las fuerzas de seguridad guatemaltecas a sus √ɬ≥rdenes mataron a unos 317 ind√ɬ≠genas mayas en el denominado Tri√ɬ°ngulo Ixil, en la regi√ɬ≥n de El Quich√ɬ© del altiplano occidental guatemalteco. Una comisi√ɬ≥n de la verdad auspiciada por la ONU estableci√ɬ≥ que las operaciones de contrainsurgencia llevadas a cabo por las fuerzas armadas en el Tri√ɬ°ngulo Ixil, con 32 matanzas de ind√ɬ≠genas maya-ixil, constitu√ɬ≠an actos de genocidio.
√ʬĬúComo sobrevivientes del conflicto armado interno, exigimos justicia contra los responsables del genocidio que se cometi√ɬ≥ contra el pueblo maya-ixil, incluyendo H√ɬ©ctor Mario L√ɬ≥pez Fuentes y otros que estaban en poder como R√ɬ≠os Montt, Mej√ɬ≠a Victores y otros altos mandos militares que se han fugado√ʬĬĚ. (Julia Cortez, representante legal de la Asociaci√ɬ≥n para la Justicia y Reconciliaci√ɬ≥n)
En mayo de 2010, la Comisi√ɬ≥n Interamericana de Derechos Humanos orden√ɬ≥ que se suspendieran los trabajos de la mina de oro Marlin, en el departamento de San Marcos, dado que las comunidades mayas mam y sipakapense hab√ɬ≠an denunciado que estos hab√ɬ≠an comenzado sin su consentimiento libre, previo e informado, y que la actividad minera ten√ɬ≠a graves consecuencias para sus vidas, su integridad personal, sus propiedades y el medio ambiente. En junio de 2011, el Estado declar√ɬ≥ que no acatar√ɬ≠a la orden de la Comisi√ɬ≥n Interamericana de suspender las actividades en la mina, por lo que los trabajos contin√ɬļan en la actualidad.
México
En abril de 2011, comunidades locales de campesinos e indígenas afectadas por el proyecto construcción de la presa hidroeléctrica de Parota, en el estado de Guerrero, ganaron un importante juicio. Los jueces resolvieron que la asamblea comunitaria organizada por el gobierno local para aprobar la expropiación de tierras había obrado al margen de la ley y que, por tanto, era ilegal. Las comunidades han pedido que se abandone el proyecto.
El Congreso mexicano est√ɬ° estudiando un proyecto de ley que podr√ɬ≠a recoger el derecho de los pueblos ind√ɬ≠genas a ser consultados con respecto a proyectos de desarrollo que puedan afectarles. Por su parte, la ONU ha se√ɬĪalado que, en su forma actual, este proyecto de ley no reconoce adecuadamente el derecho de los pueblos ind√ɬ≠genas al consentimiento libre, previo e informado. Adem√ɬ°s, varias organizaciones de la sociedad civil han comunicado a Amnist√ɬ≠a Internacional que el proyecto de ley no se ha consultado correctamente con el movimiento ind√ɬ≠gena.
Los pueblos ind√ɬ≠genas, y en particular las mujeres, siguen sufriendo violencia y discriminaci√ɬ≥n en numerosas partes del pa√ɬ≠s. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fall√ɬ≥ a favor de las ind√ɬ≠genas Valentina Rosendo Cant√ɬļ e In√ɬ©s Fern√ɬ°ndez Ortega, pero hasta la fecha las autoridades no han aplicado las sentencias. Ambas mujeres fueron agredidas sexualmente por soldados en 2002 y, tras haber agotado las instancias judiciales del pa√ɬ≠s, recurrieron a la Corte Interamericana para exigir verdad, justicia y reparaci√ɬ≥n. Estos emblem√ɬ°ticos casos permanecen bajo jurisdicci√ɬ≥n militar, mientras que los perpetradores siguen en libertad y Valentina Rosendo e In√ɬ©s Fern√ɬ°ndez contin√ɬļan sin recibir reparaciones.
√ʬĬúCuando yo empec√ɬ© con mi lucha, nunca pens√ɬ© en llegar hasta donde estoy ahorita. [√ʬĬ¶] La esperanza que siempre he tenido es por mi hija. No quiero que le pase a mi hija lo mismo que me pas√ɬ≥ a m√ɬ≠. Y por otras mujeres m√ɬ°s, por eso estoy luchando, estoy buscando justicia√ʬĬĚ. (Valentina Rosendo)
Obtilia Eugenio Manuel, Ra√ɬļl Hern√ɬ°ndez Abundio y otros l√ɬ≠deres de la Organizaci√ɬ≥n del Pueblo Ind√ɬ≠gena Me√ʬĬôphaa (OPIM) llevan a√ɬĪos soportando una campa√ɬĪa de hostigamiento, intimidaci√ɬ≥n y homicidios con la que se pretende hacerles abandonar su labor de promoci√ɬ≥n de los derechos ind√ɬ≠genas en sus comunidades del estado de Guerrero.
Panamá
La construcci√ɬ≥n de la presa Chan-75, en la provincia de Bocas del Toro comenz√ɬ≥ hace varios a√ɬĪos, durante los cuales las autoridades locales han negociado con cientos de familias de las cercanas comunidades ind√ɬ≠genas ngobe sobre su reasentamiento para poder anegar as√ɬ≠ sus tierras ancestrales. En septiembre de 2009, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas se√ɬĪal√ɬ≥ que la presa ten√ɬ≠a √ʬĬúimpactos significativos para las comunidades ind√ɬ≠genas en el √ɬ°rea del proyecto√Ę¬Ä¬Ě y concluy√ɬ≥ que ninguna de las comunidades hab√ɬ≠a sido consultada adecuadamente, ni hab√ɬ≠an tenido la oportunidad de dar su consentimiento en relaci√ɬ≥n con el reasentamiento.
Algunas de las familias que a√ɬļn no se han reasentado afirman que la indemnizaci√ɬ≥n que les prometieron s√ɬ≥lo se ha pagado en parte. La vida, la seguridad y el sustento de las familias que contin√ɬļan en sus hogares pueden correr peligro. Seg√ɬļn informes, la anegaci√ɬ≥n comenz√ɬ≥ en junio de 2011.
√ʬĬúEl gobierno vendi√ɬ≥ toda la naturaleza y el r√ɬ≠o sin consultar con diferentes comunidades ngobe. Yo exijo al gobierno que den una garant√ɬ≠a de vida, en educaci√ɬ≥n, en vivienda, tanto para mis hijos que a todas las personas afectadas en el r√ɬ≠o Changuinola√ʬĬĚ. (Luis Abarco, miembro de la comunidad ind√ɬ≠gena ngobe de Charco de la Pava)
Paraguay
El derecho a las tierras ancestrales es crucial para los pueblos ind√ɬ≠genas de Paraguay, y para los de cualquier otro pa√ɬ≠s. Es un elemento vital de su sentido de la identidad, de su sustento y de su forma de vida. Sin embargo, seg√ɬļn el √ɬļltimo censo de pueblos ind√ɬ≠genas, realizado en 2002, el 45 por ciento de los ind√ɬ≠genas de Paraguay siguen sin tener la titularidad definitiva de sus tierras.
Las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa, pertenecientes al grupo √ɬ©tnico ind√ɬ≠gena enxet, llevan a√ɬĪos obligadas a residir en viviendas temporales, al borde de una carretera, y sin poder practicar sus actividades tradicionales de caza, pesca y recogida de miel, ya que su tierras ancestrales se encuentran en manos privadas. En 2005 y 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos orden√ɬ≥ a Paraguay devolver dichas tierras a ambas comunidades en el plazo de tres a√ɬĪos. No obstante, Paraguay no ha cumplido plenamente las √ɬ≥rdenes del tribunal, y sigue sin hacer valer los derechos de estas comunidades.
√ʬĬúNos va a perjudicar porque la condici√ɬ≥n de vida al costado de la ruta es muy dura. Vivimos mal, perdimos nuestro idioma, eso afecta principalmente a los ni√ɬĪos. [√ʬĬ¶] La ley est√ɬ° a favor de nosotros pero no cumplen√ʬĬ¶ se conoce en papel nom√ɬ°s√ʬĬĚ. (Jos√ɬ© Gonz√ɬ°lez, comunidad Sawhoyamaxa)
En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fall√ɬ≥ a favor de una tercera comunidad, la comunidad de X√ɬ°kmok K√ɬ°sek, al condenar la violaci√ɬ≥n de los derechos ind√ɬ≠genas y ordenar al Estado la devoluci√ɬ≥n a esta comunidad de sus tierras ancestrales. En junio de 2011, tras 10 a√ɬĪos de lucha, las autoridades accedieron a conceder seguridad de tenencia a la comunidad ind√ɬ≠gena de Kelyenmagategma, en Puerto Col√ɬ≥n.
Per√ɬļ
Para que sus derechos se hagan realidad, los grupos ind√ɬ≠genas est√ɬ°n inmersos en una campa√ɬĪa en favor de una ley que reconozca su derecho al consentimiento libre, previo e informado. En 2010, estuvieron a punto de conseguir la entrada en vigor de una ley de consulta, pero el ex presidente Alan Garc√ɬ≠a se neg√ɬ≥ a promulgarla. Por su parte, ese mismo a√ɬĪo el Tribunal Constitucional emiti√ɬ≥ una sentencia en la que instaba al gobierno a aprobar y aplicar dicha ley. M√ɬ°s recientemente, los pueblos ind√ɬ≠genas han criticado varias medidas legislativas y administrativas relativas a actividades mineras y forestales, que a pesar de afectar a los derechos ind√ɬ≠genas, no se les han consultado.
La ausencia sistem√ɬ°tica de consultas de buena fe del Estado con los pueblos ind√ɬ≠genas sobre los proyectos de desarrollo que puedan afectar a sus derechos ha mermado la confianza de los ind√ɬ≠genas en las autoridades. Asimismo, la falta de di√ɬ°logo ha provocado con frecuencia enfrentamientos violentos entre los activistas y las fuerzas de seguridad. Los familiares de las personas que perdieron la vida en 2009 junto a la localidad de Bagua siguen pidiendo verdad, justicia y reparaci√ɬ≥n. Un tribunal policial militar, ni independiente ni imparcial, conden√ɬ≥ a tres miembros de las fuerzas de seguridad en marzo de 2011, pero estas sentencias podr√ɬ≠an utilizarse para obstaculizar el proceso que se est√ɬ° siguiendo en la justicia ordinaria. Nadie ha sido condenado por los actos de violencia que tuvieron lugar entonces, incluidos homicidios de civiles y de agentes de polic√ɬ≠a. Seg√ɬļn la Defensor√ɬ≠a del Pueblo, han ocurrido enfrentamientos similares en otros lugares del pa√ɬ≠s.
Por su parte, los activistas ind√ɬ≠genas alegan que se han abierto procesos penales pol√ɬ≠ticamente motivados como parte de una aparente campa√ɬĪa concebida para disuadirles de defender sus derechos y para restringir su derecho a la libertad de expresi√ɬ≥n y asociaci√ɬ≥n.
Estados Unidos de América
Los índices de violencia sexual perpetrada contra las mujeres indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos han alcanzado proporciones de epidemia: más de una de cada tres mujeres indígenas será violada a lo largo de su vida, y casi el 86 por ciento de los perpetradores son hombres no indígenas.
En julio de 2010, el Congreso aprob√ɬ≥ la hist√ɬ≥rica Ley de Orden P√ɬļblico en las Comunidades Tribales, para empezar a abordar as√ɬ≠ lo relativo a la seguridad p√ɬļblica en territorio ind√ɬ≠gena, y mejorar las oportunidades de las sobrevivientes de violencia sexual de que se haga justicia. Esta ley, aprobada en respuesta a los motivos de preocupaci√ɬ≥n planteados por las organizaciones tribales, trata de mejorar la coordinaci√ɬ≥n entre los distintos organismos encargados de hacer cumplir la ley, y da pasos encaminados a restaurar los recursos y la autoridad tribales.
√ʬĬúLa Ley de Orden P√ɬļblico en las Comunidades Tribales ofrece un punto de partida para empoderar a los gobiernos tribales, de forma que estos emprendan una acci√ɬ≥n m√ɬ°s directa en los casos de delitos violentos y hagan rendir cuentas a los perpetradores. La clave es el empoderamiento del personal tribal encargado de hacer cumplir la ley para que proteja a sus comunidades√ʬĬĚ. (Sarah Deer, integrante del Consejo Asesor de Asuntos Ind√ɬ≠genas de Amnist√ɬ≠a Internacional Estados Unidos)
En diciembre de 2010, el presidente anunció formalmente la muy esperada suscripción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de Estados Unidos. En la actualidad, el Congreso está estudiando las implicaciones en materia de política interna que conllevan la aprobación y el cumplimiento de esta Declaración.
* Amnist√ɬ≠a Internacional es un movimiento mundial integrado por tres millones de simpatizantes, miembros y activistas de m√ɬ°s de 150 pa√ɬ≠ses y territorios, que hacen campa√ɬĪa para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos. Documento publicado originalmente en 2011 por Amnesty International Publications, www.amnesty.org
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Fuente: Amnistía Internacional

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