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2011-02-01 | Antecedentes | Mapuche

Una nueva pacificación de la Araucanía

La soledad mapuche

El pa√ɬ≠s tiene memoria de lo que demoraron meses atr√ɬ°s las autoridades y los medios de comunicaci√ɬ≥n en reaccionar frente a una prolongada huelga de hambre de los presos pol√ɬ≠ticos mapuche en las c√ɬ°rceles del sur. Cuando la protesta lleg√ɬ≥ a amenazar severamente la vida de los comuneros, es cuando el Gobierno y los grandes medios de prensa se ocuparon del tema y se propusieron evitar un desenlace fatal, bajo la promesa de renunciar a la aplicaci√ɬ≥n de la Ley Antiterrorista invocada por el gobierno de Michelle Bachelet para encauzar a H√ɬ©ctor Llaitul y otros dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Uno de los principales referentes de nuestra etnia principal que por 200 a√ɬĪos ha sufrido la discriminaci√ɬ≥n del estado chileno y todos los reg√ɬ≠menes republicanos.




Acudiendo a la Iglesia Cat√ɬ≥lica como √ʬĬúgarante√ʬĬĚ, el gobierno de Sebasti√ɬ°n Pi√ɬĪera logr√ɬ≥ que los rebeldes depusieran su huelga de hambre a cambio de conseguir una formalizaci√ɬ≥n procesal m√ɬ°s benigna para los imputados, vali√ɬ©ndose de la disposici√ɬ≥n de los huelguistas a enfrentar un juicio que les permitiera demostrar su inocencia frente a los inconsistentes y severos cargos del Ministerio p√ɬļblico. Pero lo que apreciamos hasta hoy es que los procesados son v√ɬ≠ctima de acusaciones infundadas y testigos an√ɬ≥nimos que, incluso, han llegado a prestar declaraciones judiciales bajo el apremio de la tortura y el soborno. Es escandaloso que una vez depuesta la Huelga de Hambre, los fiscales se reiteren en los mismos vicios procesales a fin de propinarles a estos dirigentes una condena que, a no dudarlo, tiene objetivos pol√ɬ≠ticos m√ɬ°s que penales.
En estos d√ɬ≠as se llevan a cabo en Ca√ɬĪete las audiencias finales de un proceso espurio que podr√ɬ≠a traerle a Chile dr√ɬ°sticas sanciones internacionales por la forma en que se aplica una legalidad represiva heredada de la Dictadura y que, por lo mismo, viola flagrantemente los fundamentos de un justo proceso. Ante los excesos procesales reconocidos por las propias autoridades pol√ɬ≠ticas, √ɬ©stas se excusan en la imposibilidad de intervenir frente a la √ʬĬúautonom√ɬ≠a√Ę¬Ä¬Ě de otro poder del Estado. Con lo que arriesgan que Llaitul y otros l√ɬ≠deres mapuche resulten condenados y se reactive un conflicto que puede tener serias consecuencias en la paz de la Araucan√ɬ≠a y del pa√ɬ≠s entero. Cuando se sabe que la causa de esta etnia compromete la adhesi√ɬ≥n de la gran mayor√ɬ≠a de los chilenos, adem√ɬ°s de la solidaridad mundial a favor de que se les restituyan a los ind√ɬ≠genas sus tierras arrebatadas, se les reconozca su identidad de minor√ɬ≠a √ɬ©tnica y derecho a ciertas formas de autonom√ɬ≠a.
Por cierto que los voceros oficiales eluden el tema y los medios adictos hacen caso omiso de lo que acontece en este juicio seguido por un buen n√ɬļmero de observadores internacionales y apenas dos o tres medios informativos, como nuestra Radio Universidad de Chile. Tampoco se observa de la entidad √ʬĬúgarante√Ę¬Ä¬Ě alguna acci√ɬ≥n para que se cumplan las promesas verbales de La Moneda, las que no quedaron por escrito por un acto de confianza ingenuo de los l√ɬ≠deres de la CAM y que hoy puede costarles caro si es que el Tribunal de la causa cede a las presiones de los empresarios de la Araucan√ɬ≠a. Verdaderos forajidos empe√ɬĪados en que el Estado chileno contin√ɬļe en la senda de defender sus privilegios y despojos, como consolidar un clima de terror en las comunidades donde viven √ʬĬúlos m√ɬ°s pobres entre los pobres√ʬĬĚ, seg√ɬļn el decir de los obispos cat√ɬ≥licos. La gran prensa s√ɬ≥lo reacciona ante los conatos de violencia que surgen en la Araucan√ɬ≠a para estigmatizar, siempre, la lucha de los mapuches por sus derechos humanos conculcados de forma sistem√ɬ°tica. Se los acusa de violentistas y criminales a pesar de la imposibilidad de los tribunales de la zona de probar las imputaciones, lo que explica que recurran a falsos testimonios para evitar que los juicios se desbaraten totalmente y caigan en el completo rid√ɬ≠culo.
Cuando ya la evidencias se√ɬĪalan que las √ɬļnicas v√ɬ≠ctimas de estos episodios son los propios comuneros, agredidos criminalmente por la polic√ɬ≠a como ha quedado de manifiesto en el caso de los mapuches ultimados por la espalda.
Ni el Gobierno cumple su palabra empe√ɬĪada, ni la Iglesia garante exige √ʬĬďhasta aqu√ɬ≠- que √ɬ©sta se haga efectiva. Todo bajo la complicidad, por cierto, de los grandes medios de prensa y canales de televisi√ɬ≥n. Sin embargo, los que llegan al desparpajo son los partidos pol√ɬ≠ticos, parlamentarios y otros que, sumidos en sus querellas internas, no tienen tiempo de sensibilizarse frente a la pavorosa injusticia que se urde para silenciar la lucha de los mapuche y condenar a la prisi√ɬ≥n a quienes no tienen responsabilidad alguna en los delitos que se les imputan. Si es que siquiera constituyen delito aquellas acciones de justa autodefensa contra el acoso policial y la prepotencia de las empresas que se ense√ɬĪorean en la zona. En otra manifestaci√ɬ≥n evidente de que en m√ɬ°s de dos d√ɬ©cadas de post dictadura, lo que hemos tenido es un grosero co gobierno de la Concertaci√ɬ≥n y la Alianza por Chile, cebados todos por el r√ɬ©gimen institucional y el sistema econ√ɬ≥mico que les legara Pinochet. El autor, precisamente, de la Ley Antiterrorista que a este gobierno y a sus antecesores les sirvi√ɬ≥ para poner en pr√ɬ°ctica una nueva √ʬĬúpacificaci√ɬ≥n de la Araucan√ɬ≠a√ʬĬĚ.

Fuente: Diario Universidad de Chile

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