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2010-09-28 | Antecedentes | Mapuche

La inmoralidad de una Ruleta Rusa Política

La necesidad de buscar caminos para resolver un conflicto que nos averg√ɬľenza a todos y cuya no-soluci√ɬ≥n tiene responsables claramente identificables entre los victimarios es absoluta.




Los resultados predecibles son inaceptables para el pa√ɬ≠s entero. El que no se hayan resuelto antes, por cinco siglos, no quita, para nada, la urgencia prioritaria en este momento. Las v√ɬ≠ctimas no son las culpables. Ellos no crearon la tela de ara√ɬĪa judicial con la Ley Anti-Terrorista (LAT), y malamente se les puede exigir a ellos aceptar el √ʬĬúofrecimiento√Ę¬Ä¬Ě de una no soluci√ɬ≥n. Veamos.

El gobierno, con el Ministro del Interior en especial, vuelve a su posición original:

√ā¬∑ El Ministro Rodrigo Hinzpeter, desde √ʬĬúsu altura y desd√ɬ©n superior√Ę¬Ä¬Ě nunca ha querido resolver estas demandas: a los 40 d√ɬ≠as de huelga de hambre al preguntarle los periodistas sobre √ɬ©sta, ya dec√ɬ≠a que √ʬĬúque no sab√ɬ≠a nada√ʬĬĚ. Es decir, √ʬĬúno quer√ɬ≠a saber√ʬĬĚ. Peor, siempre puso la culpa en el lado de las v√ɬ≠ctimas, pretendiendo que Chile es un ejemplo de bondades, de justicia y hasta como Estado de derecho. No ha mencionado nunca tampoco que el Relator de Naciones Unidas para Asuntos Ind√ɬ≠genas, James Anaya, que estuvo en Chile, como el anterior en el 2003, hizo recomendaciones clar√ɬ≠simas sobre el rollo represivo legal chileno y que las repiti√ɬ≥ la semana pasada. La soluci√ɬ≥n no est√ɬ° en que los presos en huelga de hambre la resuelvan. Es tarea del gobierno.

√ā¬∑ Luego, a cada paso, hace todo para que no se avance: siempre poni√ɬ©ndose por encima de los presos mapuche. Ahora, nuevamente, dice √ʬĬúlos presos mapuche son intransigentes√Ę¬Ä¬Ě y que por serlo, √ʬĬúpor su torpe exigencia de querer subvertir el orden constitucional √ɬ©l se queda tranquilo de no poder hacer lo imposible√ʬĬĚ. La torpeza, maldad e intentos de confundir son legibles en estas nuevas amenazas. Sus imposibles son las t√ɬ≠picas maniobras de un Estado que, por definici√ɬ≥n, es represivo, intransigente y con el sesgo de un poder econ√ɬ≥mico que lo controla. Los poderes se echan la culpa entre ellos y tratan de acusar a los comuneros como responsables del √ʬĬúimpasse√Ę¬Ä¬Ě pretendido. En estos d√ɬ≠as el Ministerio P√ɬļblico sigue mostrando su inclinaci√ɬ≥n por la represi√ɬ≥n y no por la Justicia: persiguen abogados, como es el caso de la abogada Karina Riquelme en Temuco. La acusan y formalizan en el medio de su trabajo que es en defensa de comuneros mapuche perseguidos pol√ɬ≠ticamente √ʬĬďy que logran bloquear- pretendiendo tambi√ɬ©n que ella es delincuente. El √ʬĬúdi√ɬ°logo√Ę¬Ä¬Ě que el Presidente trat√ɬ≥ de vender en el pa√ɬ≠s y en la ONU en Nueva York es un fracaso: naci√ɬ≥ muerto. Sin participaci√ɬ≥n mapuche no hay di√ɬ°logo sobre sus problemas. No se trata de que se hable de lo que el gobierno quiera hablar y con quienes: debe respetar las normas mundiales del Convenio 169 de la OIT. Es decir, debe planificar con ellos y reconocer a sus dirigentes, no usar a potenciales yanaconas que pueda encontrar como ha ocurrido en la historia. Pero ahora ni eso consigui√ɬ≥.


√ā¬∑ Los presos en huelga de hambre, sin embargo, identifican con claridad que los juicios orales van a ser marcados por una pretendida contradicci√ɬ≥n existente entre el Ministerio P√ɬļblico y la (limitada voluntad) del Ejecutivo, (mitigada por el Legislativo) que los puede mantener en una situaci√ɬ≥n largu√ɬ≠sima y sin seguridad de ser resuelta. Recordemos que estos presos llevan casi dos a√ɬĪos s√ɬ≥lo por la Ley anti-terrorista usada con sa√ɬĪa y discriminaci√ɬ≥n racial que esconde intereses econ√ɬ≥micos s√ɬ≥rdidos de asociados (en las forestales, la celulosa, las hidro-el√ɬ©ctricas). Por eso, si en el gobierno quieren que haya Justicia, debe voluntad y no buscar excusas de lo imposible.

√ā¬∑ Es el Estado, y no una pretendida independencia de poderes del Estado que juegan a √ʬĬúque deben ser respetados√ʬĬĚ, el que debe resolver. Y cada uno tiene la obligaci√ɬ≥n urgente de -c√ɬ≥mo conjunto- resolver esto ya. Juegan a una Ruleta Rusa Pol√ɬ≠tica que s√ɬ≥lo puede ser considerada como inmoral.

√ā¬∑ Dado que el Ministerio P√ɬļblico indica, mediante el Ministro Chahu√ɬ°n, quien ha sido siempre de los que act√ɬļa con insistencia agresiva, √ʬĬúque ellos seguir√ɬ°n aplicando la Ley Anti-Terrorista porque √ɬ©sta existe y ya fue aplicada en las formalizaciones√ʬĬĚ. Es decir, pretende que √ɬ©l, por s√ɬ≠ y ante s√ɬ≠, puede eternizar esta atrocidad legal y humana. Esto se puede hacer mediante la derogaci√ɬ≥n de la ley en cuesti√ɬ≥n inmediata. Luego pueden iniciar una nueva etapa para ver la necesidad y forma que pudiese tener una ley de ese tipo, si fuera necesaria√ʬĬ¶ (en un pa√ɬ≠s donde el terrorismo se fabrica como contexto para reprimir sin que realmente exista como tal). Y que no vengan con la figura de que √ʬĬúlas leyes no pueden ser retroactivas√ʬĬĚ. Porque lo son: cuando han sido las de una dictadura y se han aplicado en forma discriminatoria y racista no s√ɬ≥lo deben serlo sino que deben ser acompa√ɬĪadas de una clara y real reparaci√ɬ≥n a quienes las hayan sufrido. Recordemos que el principio √ʬĬúPro Reo√Ę¬Ä¬Ě determina que si una nueva forma favorece a un preso, esta debe ser otorgada al inculpado.

√ā¬∑ Si la LAT es ileg√ɬ≠tima e ilegal en el contexto mundial, no se puede usar una excusa como argumento de principio para no eliminarla ahora. La ley y el gobierno deben tener una base l√ɬ≥gica: aplicar los principios de respeto a las personas y no encerrarse en la rigidez abusiva que determin√ɬ≥ en Chile, la existencia misma de la LAT. El Ministerio P√ɬļblico no debe ni puede ser la piedra que bloquea las negociaciones, especialmente cuando all√ɬ≠ se concentra la ilegitimidad judicial que el mundo condena. Los testigos protegidos que usa, -que son comprados, que declaran bajo amenazas y coerci√ɬ≥n, de que muchos son conocidos delincuentes o, peor a√ɬļn, que han sido forzados bajo tortura a declarar contra los dirigentes mapuche. Este Ministerio parece concentrar la maldad del sistema √ʬĬďes el brazo legal aunque no leg√ɬ≠timo- de la actitud represiva dejado por el dictador y de la propia orientaci√ɬ≥n de la Constituci√ɬ≥n m√ɬ°s represiva de Am√ɬ©rica√ʬĬ¶ Es el que sigue aplicando el sue√ɬĪo de Pinochet de intolerancia y represi√ɬ≥n eterna.


El Presidente, que es tan presidencialista en muchas cosas, debe ahora mostrar su capacidad de estadista: Debe dar la garant√ɬ≠a de que la LAT no ser√ɬ° usada con los presos en huelga de hambre. Especialmente cuando este momento el Ministerio P√ɬļblico insiste en amenazar que no va a ceder en la aplicaci√ɬ≥n de la LAT. Por ello, si cree en su responsabilidad social e hist√ɬ≥rica, debe impedir que contin√ɬļe esa aberraci√ɬ≥n legal de testigos sin rostro con los que han montado evidencias para, precisamente, poder acusar de terroristas a quienes platean luchas sociales. Estas aberraciones permiten coimear, sobornar, obligar, reprimir y abusar; usar a delincuentes como Jos√ɬ© Santos Jonquera -y varios otros testigos protegidos cr√ɬ≥nicos- que tiene un clandestino de venta de alcohol, que facilit√ɬ≥ su √ʬĬúpropiedad√Ę¬Ä¬Ě (mal adquirida) durante la dictadura para la pr√ɬ°ctica de la tortura, que sigue inventando formas de persecuci√ɬ≥n odiosas contra familias enteras. Estos testigos son los que luego que el Juez Landeros hubiese eliminado a 36 de ellos por ileg√ɬ≠timos en los Juicios a venir en Ca√ɬĪete, la Corte de Apelaciones de Concepci√ɬ≥n los restituye en forma inaudita e imp√ɬļdica. Una verdadera burla y contrasentido.


De este modo el Presidente, los cuerpos sociales y los poderes del Estado son los que tienen la responsabilidad de resolver este largo crimen político, y que debe terminar. Responsabilidad de todos y de cada Poder y de quienes tengan responsabilidades específicas. Pero, por sobretodo, solución que debe dar el Presidente.


No es curioso sino indignante que es este mismo Ministerio que ha hecho todo tipo de arreglines para favorecer a quienes quiere proteger. Sin ir m√ɬ°s lejos, no olvidemos las √ʬĬúvueltas de carnero√Ę¬Ä¬Ě que se dieron los Poderes para proteger a Pinochet cuando el mundo le hab√ɬ≠a echado la mano en Londres (por cr√ɬ≠menes de lesa humanidad y econ√ɬ≥micos) Arreglines que tambi√ɬ©n usan contra √ʬĬúsus enemigos√Ę¬Ä¬Ě apelando hasta poder condenar casos que ya hab√ɬ≠an sido sobrese√ɬ≠dos. Si la ley debe ser igual para todos: debe ser digna y leg√ɬ≠tima. As√ɬ≠, el Ejecutivo, los legisladores (de un Parlamento mal constituido por el sistema binominal que lo determina) y el conjunto social y pol√ɬ≠tico tiene la responsabilidad moral de:


1. Resolver y restituir la justicia para los presos pol√ɬ≠ticos mapuche que llevan casi dos a√ɬĪos presos sin juicios justos √ʬĬďlo que es internacionalmente una tortura calificada. Este conflicto lo cre√ɬ≥ el estado y debe resolverlo; Permitir Juicios Justos para terminar con la violaci√ɬ≥n discriminatoria y racista que la ONU y el mundo identifican y denuncian.

2. Identificar, como tarea urgente para el futuro inmediato, la promulgaci√ɬ≥n de una Nueva Constituci√ɬ≥n, democr√ɬ°tica. Es decir, coherente, hecha en forma participativa, con todos los sectores, con los grupos de Derechos Humanos, sindicatos, trabajadores, juventud, ancianos, pescadores, mineros y otros que deben ser parte de su destino√ʬĬ¶ si queremos que en esta tierra exista una verdadera democracia.

Por eso: √ā¬°paren ya la demonizaci√ɬ≥n eterna del pueblo mapuche y de sus presos!. Identifiquen en su propio sistema la inmoralidad que se auto-justifica en su enredo laber√ɬ≠ntico de leyes generadas de modo ileg√ɬ≠timo y que han permitido, a quienes mandan en este Estado, gozar de los privilegios que estas les dan.

José Venturelli Barón
Vocero, Secretariado Europeo de la Comisi√ɬ≥n √ɬČtica Contra la Tortura

Fuente: El Clarín, Chile

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