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2022-04-03 | Opinión | Mapuche

Derechos de los Pueblos Indígenas en la Constitución Política de Chile

La incorporación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como norma constitucional debería ser ley constitucional en la Constitución Política Chile del siglo XXI. Por su peculiar índole estructural, es imperioso formular la obligación del Estado de Chile para el cumplimiento del principio de supremacía constitucional de los derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata de formular en su fundamento y finalidad. En su fundamento, es el compromiso activo como una realidad social, espiritual y material. En su finalidad, es favorecer en todas sus dimensiones el pleno y completo desarrollo de la sociedad entera.




Foto: eldesconcierto220103
En la Convenci√ɬ≥n Constitucional en Chile se han expuesto argumentos a favor de la relativizaci√ɬ≥n de los derechos de Pueblos Originarios. En la sesi√ɬ≥n 19 de la Convenci√ɬ≥n Constitucional (septiembre de 2021), una constituyente, representante de Convergencia Social y Frente Amplio, formul√ɬ≥ la tesis de que "la Convenci√ɬ≥n Constitucional parte de una hoja en blanco". Los comentarios y r√ɬ©plicas no se han dejado esperar, al considerar que dicha afirmaci√ɬ≥n es parte de una estrategia que emplaza a los constituyentes de los esca√ɬĪos reservados de los Pueblos Originarios a la negociaci√ɬ≥n de los derechos de los Pueblos Ind√ɬ≠genas en la nueva Constituci√ɬ≥n Pol√ɬ≠tica de Chile.

Esta iniciativa, tendiente a relativizar el estatuto vinculante de la legislaci√ɬ≥n internacional en la regularizaci√ɬ≥n de los derechos de Pueblos Originarios, ha sido positivamente acogida por los grupos de convencionales de la derecha pol√ɬ≠tica chilena que difunden un discurso negacionista en relaci√ɬ≥n con los derechos de los pueblos originarios. Por el contrario, los convencionales de los esca√ɬĪos reservados de Pueblos Originarios llaman la atenci√ɬ≥n a que una Constituci√ɬ≥n Pol√ɬ≠tica Chile del siglo XXI debe elevar las normas y est√ɬ°ndares del derecho internacional de los pueblos originarios. Destacan que la tesis de la Convenci√ɬ≥n Constitucional como una hoja en blanco tiende a relativizar los principios b√ɬ°sicos de la plurinacionalidad y la libre determinaci√ɬ≥n.
El reconocimiento de los derechos a Pueblos Originarios por parte de los Estados no corresponde a actos de buenas intenciones. Las obligaciones derivan de la ratificaci√ɬ≥n de las convenciones internacionales, cuyo prop√ɬ≥sito es garantizar, proteger y respetar los derechos de los pueblos originarios. Desde all√ɬ≠ que a los constituyentes de los Pueblos Originarios no les corresponde negociar derechos en el proceso constituyente, sino se√ɬĪalar c√ɬ≥mo se deben garantizar estos derechos. En tal sentido, se debe considerar el tema de la implementaci√ɬ≥n del Convenio 169 de la Organizaci√ɬ≥n Internacional del Trabajo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organizaci√ɬ≥n de Estados Americanos, la Declaraci√ɬ≥n Americana de los Derechos Ind√ɬ≠genas y la Declaraci√ɬ≥n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind√ɬ≠genas, con el prop√ɬ≥sito de garantizar las condiciones de vida digna a las futuras generaciones. No en vano, a lo largo de a√ɬĪos, diversos Comit√ɬ©s de Convenciones y Tratados Internacionales tal como los Relatores de Naciones Unidas y la Comisi√ɬ≥n y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han insistido en la vigencia de las obligaciones del Estado de Chile respecto a los derechos de los pueblos originarios.

La consecuencia de lo anteriormente mencionado es la ausencia de fuentes de financiamiento y programas pol√ɬ≠ticas p√ɬļblicas para implementar pol√ɬ≠ticas de acceso a tierras y protecci√ɬ≥n recursos naturales de los pueblos ind√ɬ≠genas. En relaci√ɬ≥n con el incumplimiento de lo estipulado en el Convenio N√ā¬į 169, de la OIT, se verifica la falta de soluciones pol√ɬ≠ticas por parte del Estado. En materia de obligaciones, el sistema de normas y est√ɬ°ndares del derecho internacional opera desfavorablemente en la realidad. No garantiza la implementaci√ɬ≥n de los derechos de los pueblos originarios

El modelo convencional, a través del cual entendemos como el sistema normativo chileno puede contribuir con soluciones, contempla la idea de una reforma constitucional o de armonizar el ordenamiento jurídico interno con leyes vinculantes. Esta alternativa es una necesidad que se sobrepone como solución de largo plazo. El desafío consiste en utilizar mecanismos de resolución alternativa que permita incorporar una Convención Internacional como norma constitucional y ley constitucional en la Constitución Política Chile. En los casos en que se han operado estos mecanismos de incorporación constatamos que se ha hecho como una necesidad en la que el contenido jurídico se sobrepone a su relación con la historia.

Con imaginaci√ɬ≥n y voluntad pol√ɬ≠tica, es posible impulsar la incorporaci√ɬ≥n de la Declaraci√ɬ≥n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind√ɬ≠genas como norma y derecho constitucional en la nueva Constituci√ɬ≥n Pol√ɬ≠tica de Chile. As√ɬ≠ lo ha puesto de manifiesto, por ejemplo, el Estado sueco, que siguiendo el ejemplo de Noruega (2003) en 2020 incorpora como ley a la Convenci√ɬ≥n de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Ni√ɬĪo.

En el caso sueco, los que se oponían a incorporar una Convención Internacional como un cuerpo legal nacional subrayaban aspectos de orden práctico y técnico jurídico. Como problema principal, se mencionaba las complicaciones para implementar una legislación que no armoniza con el ordenamiento jurídico sueco; y que no tiene antecedentes ni trabajos preparatorios como es el caso de otras leyes. Estas dificultades se las consideraba como imposibilidad para que los tribunales interpreten la ley y juzguen.

Concebir los derechos fundamentales de una Convención Internacional es aceptar que las disposiciones gubernamentales en cuestión se rigen por una ley. Consecuentemente, funcionarios administrativos y autoridades responsables deben transformarla en directrices programáticas de desarrollo y planes operativos. Desde esa perspectiva, todo Estado que ratifica Convenciones Internacionales adapta su cuerpo legal en concordancia con lo que ratifica. Esto implica asumir que desde el momento de su ratificación, toda Convención es un antecedente jurídico vinculante. Desde esa perspectiva, los derechos establecidos en una Convención Internacional son aplicables en los tribunales nacionales.

Los expertos en la Convenci√ɬ≥n sobre los Derechos del Ni√ɬĪo o el Comit√ɬ© de los Derechos del Ni√ɬĪo de la ONU brindan la posibilidad de asesorar a los Estados en materia de interpretaci√ɬ≥n e implementaci√ɬ≥n. A modo de complemento, vale destacar las diversas oportunidades en que el Tribunal Supremo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha fallado en casos que requieren asistencia interpretativa.

Hasta el momento la experiencia indica que es de vital importancia tener en consideraci√ɬ≥n las situaciones de conflictos frente a otros derechos. En el caso sueco, los derechos del ni√ɬĪo se reglamentan sobre la base de la modificaci√ɬ≥n del Principio de Juridicidad en relaci√ɬ≥n al ordenamiento jur√ɬ≠dico de la Convenci√ɬ≥n. Noruega, por su parte, procedi√ɬ≥ de distinta manera al asignarle a la Convenci√ɬ≥n sobre los Derechos del Ni√ɬĪo el status legal de √ā¬ęderecho preferencial√ā¬Ľ. Esto significa que, si la Convenci√ɬ≥n sobre los Derechos del Ni√ɬĪo entra en conflicto con otras leyes, la primera tendr√ɬ° m√ɬ°s peso. En Suecia, en caso de conflicto con otras leyes, se aplica el principio legal interpretativo normal. Para el caso, significa que la Convenci√ɬ≥n sobre los Derechos del Ni√ɬĪo ha sido integrada como ley ordinaria, es decir, no detenta status de ley constitucional. Si el conflicto es con una ley constitucional o la legislaci√ɬ≥n de la Uni√ɬ≥n Europea, estas pesan m√ɬ°s que la ley ordinaria. La conclusi√ɬ≥n que se puede sacar de la incorporaci√ɬ≥n de la Convenci√ɬ≥n de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Ni√ɬĪo como ley en Suecia es que la incorporaci√ɬ≥n de una Convenci√ɬ≥n Internacional en una cuerpo legal nacional exige una rigurosa evaluaci√ɬ≥n. Si los derechos son tratados como reglas, devienen en jerarqu√ɬ≠as abstractas que pueden conducir a relativizar los derechos en cuesti√ɬ≥n.

Retornando al tema inicial, la incorporación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como norma constitucional debería ser ley constitucional en la Constitución Política Chile del siglo XXI. Por su peculiar índole estructural, es imperioso formular la obligación del Estado de Chile para el cumplimiento del principio de supremacía constitucional de los derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata de formular en su fundamento y finalidad. En su fundamento, es el compromiso activo como una realidad social, espiritual y material. En su finalidad, es favorecer en todas sus dimensiones el pleno y completo desarrollo de la sociedad entera.

Todos derecho constitucional encuentra su sentido en cuanto su ejercicio ayuda al cambio cultural de la sociedad. El rango constitucional de los derechos son traducciones jurídicas que se sobreponen a su relación con la historia. Desde allí que la incorporación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como ley constitucional en la Constitución Política Chile del siglo XXI pasa a ser una realidad unitaria y coherente, necesaria para la coexistencia de principios en un Estado plurinacional.

Articulo relacionado:
Fuente: https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2022/01/03/derechos-de-los-pueblos-indigenas-en-la-constitucion-politica-de-chile.html


Por Calbucura, J. | Fuente: Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu

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