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2017-01-20 | Opinión | Mapuche

Argentina

Criminalizaci贸n de la comunidad Mapuche: un discurso alarmante

Los hechos de represi贸n y violencia sufridos por el pueblo mapuche el 10 y 11 de enero lejos de ser aislados, forman parte de un accionar hist贸rico del Estado nacional con los pueblos originarios en Argentina que Amnist铆a Internacional viene reclamando hace a帽os.




En Argentina, las comunidades ind铆genas no cuentan con el reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupaci贸n tradicional. Esto deriva, tal como apunt贸 el Relator de Pueblos Ind铆genas de Naciones Unidas en su visita al pa铆s en 2012, en la "desposesi贸n hist贸rica de grandes extensiones de sus tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras".

El Convenio 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT) tiene en Argentina rango supra-legal y establece que siempre que sea posible, los pueblos ind铆genas tienen derecho a regresar a sus tierras tradicionales. La comunidad (lof) Resistencia del departamento de Cushamen decidi贸 volver a su territorio en marzo de 2015 en donde se encuentra la estancia Leleque de la multinacional Benetton (que cuenta con cerca de un mill贸n de hect谩reas en la Patagonia Argentina).

Desde entonces, han venido sufriendo sucesivas represiones y denuncias que por lo general funcionan como estrategia de desgaste y persecuci贸n y que sirven para silenciar reivindicaciones hist贸ricas de los pueblos originarios. Particularmente, desde diciembre del a帽o pasado hemos advertido una deliberada campa帽a en contra del pueblo mapuche. Ello motiv贸 que Amnist铆a Internacional 聳junto con un grupo de organizaciones y referentes del movimiento ind铆gena聳 se pronunciara a trav茅s de un comunicado denunciando la alarmante pol铆tica del Gobierno de estigmatizaci贸n del pueblo mapuche como amenaza para la seguridad nacional.

En esa oportunidad dimos a conocer un informe de gesti贸n del Ministerio de Seguridad de la Naci贸n de agosto de 2016 en el que, bajo el eufemismo "revalorizaci贸n de la ley penal", colocaba a las reivindicaciones territoriales mapuches de las provincias de Neuqu茅n, Rio Negro y Chubut como amenazas a la ley que deben ser abordadas por medio de la aplicaci贸n de la normativa antiterrorista. En ese mismo documento, se reconoce expresamente que el Gobierno estar铆a llevando adelante tareas de inteligencia sobre las organizaciones mapuches.

La construcci贸n de un discurso "securitista" funciona en estos casos como una plataforma que da v铆a libre para avanzar en medidas represivas y violentas fundadas en la presunta protecci贸n del Estado.

Cruzando la frontera, el escenario del pa铆s vecino reproduce las mismas repudiables estrategias de persecuci贸n. En Chile, las propias comunidades hablan de una "militarizaci贸n" de la zona. La constante presencia policial y las denuncias de uso excesivo de la fuerza han sido persistentes y reiteradas por a帽os, sin investigaci贸n ni sanci贸n. Est谩 vigente la Ley Antiterrorista chilena, dictada en 1984, en plena dictadura militar. Pese a sus sucesivas reformas, todav铆a sigue siendo una ley duramente cuestionada por diversos organismos internacionales.

Resulta oportuno recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conden贸 al Estado chileno en 2014 por entender que la calificaci贸n de "terrorista" aplicada a los l铆deres ind铆genas se realiz贸 con argumentos estigmatizantes, viol贸 la presunci贸n de inocencia y la obligaci贸n estatal de definir las conductas delictivas con precisi贸n y claridad.

Otros 贸rganos de la ONU como el Comit茅 de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, recomendaron al Gobierno Chileno que desista de aplicar la Ley Antiterrorista para procesar y condenar a personas acusadas de delitos cometidos en el contexto de la protesta social.

En Argentina hemos asistido a este tipo de discursos que, bajo el paraguas de la protecci贸n nacional, sirven como excusa para cometer las atrocidades m谩s oscuras. Es inaceptable que el Estado califique a lucha mapuche por su territorio como un problema de seguridad nacional que requiere la intervenci贸n de fuerzas de seguridad y la aplicaci贸n de leyes violatorias de los derechos humanos. Es inadmisible tambi茅n subestimar, no solo los compromisos internacionales en materia de derechos humanos incorporados a nuestra Constituci贸n, sino est谩ndares y decisiones de organismos del sistema internacional de derechos humanos al que Argentina hist贸ricamente ha honrado.

* Mariela Belski es directora ejecutiva de Amnist铆a Internacional Argentina

Fuente: El Pa韘

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