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2015-09-23 | Opinión | Mapuche

Autonomía mapuche

Uno de los temas centrales de las reivindicaciones exigidas por la movilización mapuche es la entrega de autonomía territorial en la cual puedan desarrollarse en plenitud las disposiciones contenidas en el Convenio 169 de la OIT (1989) y en la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2006), ambas ratificadas por Chile.




Hasta ahora las autoridades han adoptado una √ɬ≥ptica errada al enfrentar la demanda ind√ɬ≠gena por autonom√ɬ≠a, consider√ɬ°ndola una amenaza separatista √ʬĬďtratad como un problema de seguridad p√ɬļblica√ʬĬď, en lugar de afrontarla como el reclamo por una ciudadan√ɬ≠a diferente que tiene su base en lo comunitario. El Estado debiera asumir el compromiso de avanzar seriamente junto a los pueblos ind√ɬ≠genas en definir l√ɬ≠mites territoriales donde prevalezcan tanto derechos individuales como especialmente colectivos, esto es, autonom√ɬ≠a pol√ɬ≠tica.
Los actuales planes de ordenamiento de gestión territorial destinado a los pueblos indígenas resultan inadecuados pues, en la mayoría de los casos, solo se limitan a la focalización de recursos, concediendo escasa participación en las decisiones a las comunidades involucradas. No cumplen con los requisitos de la actual demanda indígena por la reconstrucción territorial, autogobierno y autogestión de sus planes de desarrollo, ni menos con los estándares internacionales sobre Derechos Humanos.
Dentro de los compromisos en materia indígena que la Presidenta Michelle Bachelet plasmó en su Programa de Gobierno, se hace especial énfasis en un cambio en el ordenamiento territorial mediante un proceso de consulta con los Pueblos Indígenas, para establecer reformas que generen espacios de autonomía y autodeterminación a nivel territorial por medio de la generación de Estatutos Especiales de Autonomía. Este compromiso presidencial apunta a la esencia de la actual demanda indígena, sin embargo, los antecedentes de políticas similares no son muy alentadores.
Experiencias anteriores de este tipo no han resultado como se esperaba. As√ɬ≠, por ejemplo, la aprobaci√ɬ≥n de la Reforma Constitucional que establece estatutos especiales para Isla de Pascua y el Archipi√ɬ©lago Juan Fern√ɬ°ndez (Art. 126 bis) en el mes de julio de 2007, a√ɬļn no logra implementarse, ya que la Ley Org√ɬ°nica Constitucional que deb√ɬ≠a regularla, ingresada al Congreso el 2 de julio de 2008, todav√ɬ≠a se encuentra en su primer tr√ɬ°mite constitucional.
Una reforma constitucional requiere un alto quórum para su aprobación en el Congreso, lo que pareciera ser extremadamente difícil de negociar tratándose de un territorio en conflicto y las importantes inversiones privadas en la zona. Además, en la actual coyuntura el Gobierno no cuenta con el capital político necesario para emprender reformas de esa envergadura.
En Chile se adopt√ɬ≥ un discurso y algunas pol√ɬ≠ticas multiculturales en concordancia con las directrices del Banco Mundial, FMI, BID, y con una nueva imagen y reputaci√ɬ≥n frente a la comunidad internacional. El car√ɬ°cter multicultural de las pol√ɬ≠ticas p√ɬļblicas implementadas en Chile se caracteriz√ɬ≥ por privilegiar la redistribuci√ɬ≥n de recursos, dejando a un lado la discusi√ɬ≥n sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas.
Sin abandonar el compromiso anterior, consideramos que resultar√ɬ≠a m√ɬ°s factible en lo inmediato utilizar las herramientas contenidas en la actual legislaci√ɬ≥n, introduciendo reformas a la pol√ɬ≠tica territorial de las √ɬĀreas de Desarrollo Ind√ɬ≠gena. Esta debe pasar por una participaci√ɬ≥n efectiva de las comunidades involucradas y la transferencia gradual de niveles de decisi√ɬ≥n propios, como el dise√ɬĪo de los programas que les afectan directamente. En definitiva, el traspaso de competencias, recursos y niveles progresivos de autonom√ɬ≠a.
La nueva política indígena debiera apuntar, entre otras cosas, a la transferencia sobre operación y administración de programas. Un camino adecuado podría ser localizar los espacios en los cuales sea más sencillo ceder cuotas de autogobierno y autogestión. Así como brindar todo el apoyo necesario para el desarrollo de habilidades que permitan el éxito de esta nueva política. Esto, junto a apoyo productivo e incentivos a la inserción en el mercado de los productores indígenas.
El desaf√ɬ≠o de la gobernabilidad democr√ɬ°tica es ajustar las pol√ɬ≠ticas p√ɬļblicas a los est√ɬ°ndares internacionales de Derechos Humanos, incorporando en la agenda pol√ɬ≠tica la perspectiva progresiva de autodeterminaci√ɬ≥n de los pueblos y su territorialidad.
En Chile se adopt√ɬ≥ un discurso y algunas pol√ɬ≠ticas multiculturales en concordancia con las directrices del Banco Mundial, FMI, BID, y con una nueva imagen y reputaci√ɬ≥n frente a la comunidad internacional. El car√ɬ°cter multicultural de las pol√ɬ≠ticas p√ɬļblicas implementadas en Chile se caracteriz√ɬ≥ por privilegiar la redistribuci√ɬ≥n de recursos, dejando a un lado la discusi√ɬ≥n sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas.
Muchas de las políticas impulsadas por el Estado pusieron énfasis en el indígena como individuo, aportando con apoyo productivo, ingreso al mercado, compra de tierras, pero no reconocimiento de estatus de Pueblo. Las autoridades han enfatizado el rol que el pueblo mapuche puede jugar para enriquecer la diversidad de la sociedad chilena, pero ven sus demandas por derechos colectivos, culturales, territoriales y libredeterminación, como una violación al desarrollo nacional, a los derechos de propiedad de las empresas forestales y las elites locales.
Durante la década de los noventa prima un enfoque asistencialista, que configura o visualiza un sujeto indígena beneficiario, un individuo carente que necesita ayuda estatal, en línea con la política social enfocada en la superación de la pobreza. La problemática indígena no puede abordarse a través de políticas sociales focalizadas desde un enfoque teórico-conceptual centrado en la superación de la pobreza o la marginalidad, reduciendo los problemas del pueblo mapuche a un mero asunto de carencia y necesidad insatisfechas.
La ley Ind√ɬ≠gena 19.253 solo reconoce el concepto de √ʬĬútierra√Ę¬Ä¬Ě y no de √ʬĬúterritorio√Ę¬Ä¬Ě como est√ɬ° establecido en Convenio 169 de la OIT, esto es, la totalidad del h√ɬ°bitat de las regiones que los pueblos ind√ɬ≠genas ocupan o utilizan de alguna manera (Convenio 169, Art√ɬ≠culo 13). Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos sent√ɬ≥ el precedente de que los territorios ind√ɬ≠genas surgen y son aplicables en virtud de la ocupaci√ɬ≥n y usos tradicionales. Un futuro reconocimiento constitucional debe establecer que los derechos territoriales ind√ɬ≠genas abarcan un concepto m√ɬ°s amplio y diferente que est√ɬ° relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su h√ɬ°bitat como una condici√ɬ≥n necesaria para la reproducci√ɬ≥n de su cultura y su desarrollo
Como pueblo, los indígenas tienen el derecho a la autonomía o el autogobierno (Art.4, Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas). Deben definirse las condiciones políticas que les permitan construir niveles de autonomía territorial, garantizando la realización y ejercicio pleno de sus derechos, esto es, determinar autónomamente su organización política y sus instituciones jurídicas. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación (autonomía política en su gobierno local y definición de estrategias de desarrollo).
Los Estados deben invertir en ayudar a los pueblos ind√ɬ≠genas, contribuyendo al desarrollo de facultades de autogobierno. La negaci√ɬ≥n de esta demanda por la autodeterminaci√ɬ≥n y la pobreza son factores profundamente conectados y debiera tomarse en cuenta en el dise√ɬĪo de las pol√ɬ≠ticas p√ɬļblicas. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Declaraci√ɬ≥n y Programa de Acci√ɬ≥n de Viena) considera que la denegaci√ɬ≥n del derecho a la libre determinaci√ɬ≥n constituye una violaci√ɬ≥n de los derechos humanos y subraya la importancia de la realizaci√ɬ≥n efectiva de un derecho fundamental.
Antonio Correa es Historiador (U. de Chile) experto en política indígena
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Fuente: El Mostrador

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