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2014-12-23 | Opinión | -

El Foro -el m谩s importante sobre esta tem谩tica de creciente relevancia global-

Tercer Foro Anual de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Con la asistencia de m谩s de dos mil personas, entre ellos delegados de Naciones Unidas, de los estados, de pueblos ind铆genas y de la sociedad civil, as铆 como representantes de empresas, se realiz贸 del 01 al 03 de diciembre en Ginebra el Tercer Foro Anual de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.




El Foro -el m谩s importante sobre esta tem谩tica de creciente relevancia global- fue convocado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que tiene como uno de sus mandatos el promover los Principios Rectores de esta entidad en la materia. Tales principios, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos el 2011, incluyen la obligaci贸n de los estados de proteger de los abusos de derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas; la obligaci贸n de las empresas de respetar los derechos humanos, de evitar vulnerar los derechos de las personas y de reparar las consecuencias negativas de sus actividades; y la necesidad de que los estados y empresas establezcan mecanismos efectivos de reparaci贸n para las v铆ctimas de abusos a sus derechos humanos por empresas.
Una preocupaci贸n manifestada por la mayor parte de las organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil asistentes al evento, fue la de la continuidad de las pr谩cticas violatorias de derechos humanos por parte de estas empresas a nivel global, y a la impunidad en que estas pr谩cticas quedan. Es as铆 como en el marco de este evento el Observatorio para la Protecci贸n de los Defensores de Derechos Humanos de la Organizaci贸n Mundial Contra la Tortura (OMCT) y FIDH dieron a conocer su informe sobre la situaci贸n de los defensores de derechos humanos en el mundo, afectadas generalmente por la actividad de empresas. En este informe se da cuenta de que entre el 2011 y 2014 se constataron 43 casos de asesinatos de defensores del derecho a la tierra y 123 de hostigamiento judicial, a manos de polic铆as, militares, agentes de seguridad de empresas privadas o incluso mercenarios, en muchas ocasiones acompa帽ado por detenciones arbitrarias. Se trata de n煤meros que reflejan una parte 铆nfima de una realidad que afecta a todas las regiones del mundo, en especial a Asia y Latinoam茅rica. De acuerdo a este informe, un 95% de estas graves violaciones a los derechos humanos de defensores quedan impunes. Dicha situaci贸n, es consecuencia de la ausencia a nivel estatal e internacional de normas de car谩cter vinculante para hacer efectiva la responsabilidad de los estados y las empresas frente a dichas violaciones de derechos humanos.
Es por ello que una de las discusiones m谩s relevantes verificadas en el Foro de Ginebra fue la referida al proceso para la elaboraci贸n de un tratado vinculante para regular la actividad de las empresas trasnacionales y su relaci贸n con los derechos humanos, iniciativa que el Consejo de Derechos Humanos aprob贸 en junio de 2014, a propuesta de los estados de Ecuador y de Sud谩frica. Se trata de una iniciativa que ha concitado el respaldo de un n煤mero creciente de estados y de organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil.

Por lo mismo es que una de las materias que se espera aborde dicho tratado vinculante sobre empresas trasnacionales y derechos humanos sea el de la responsabilidad extraterritorial de los estados frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas trasnacionales en ellos domiciliados pero con actividades fuera de los mismos, situaci贸n cada vez m谩s com煤n en el marco de una econom铆a globalizada. Esta iniciativa, frente a la cual muchos estados latinoamericanos, entre ellos Chile, se abstuvieron al momento de su votaci贸n por el Consejo de Derechos Humanos, ha ganado cada vez m谩s soporte internacional. Ello no solo de parte desde la sociedad civil, la que ha conformado una alianza global para su respaldo, sino tambi茅n por parte de diversos estados del sur global, incluyendo Chile de acuerdo a la intervenci贸n del Subsecretario de Relaciones Exteriores Edgardo Riveros en Ginebra, e incluso estados del norte, los que se abren a su consideraci贸n.
Otro tema relevante abordado en Ginebra fue el de los planes nacionales de empresas y derechos humanos que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la materia ha venido promoviendo desde el 2012. Se trata de planes para coordinar la acci贸n pol铆tica y legislativa de los estados a fin de asegurar que la actividad econ贸mica y de las empresas no resulte en la violaci贸n de derechos humanos, y que por ahora solo algunos estados europeos, como Reino Unido, Pa铆ses Bajos, Italia y Dinamarca han elaborado. En contraste con ello, en Am茅rica Latina solo Colombia ha avanzado en el desarrollo de este plan, mientras que Chile no muestra, m谩s all谩 de los anuncios, avances en esta materia, menos a煤n en abrir un debate amplio, con participaci贸n de organismos de sociedad civil y de pueblos ind铆genas, para su elaboraci贸n.
La situaci贸n de los derechos de los pueblos ind铆genas, cuyas tierras y territorios se ven afectados por la actividad de empresas, muchas de ellas extractivas de recursos naturales, fue tambi茅n una tem谩tica central de este evento. Ello no es casual sino que resulta de una pr谩ctica empresarial casi generalizada, en particular en los estados del sur global, que ha resultado en graves violaciones a derechos colectivos de estos pueblos, como el derecho a la consulta y al consentimiento previo, a la tierra, el territorio y los recursos naturales, la libre determinaci贸n y a la autonom铆a, y el derecho a definir prioridades en materia de desarrollo, todos ellos reconocidos por el derecho internacional que les es aplicable, en particular el Convenio 169 de la OIT y la Declaraci贸n de la ONU sobre derechos de pueblos ind铆genas. Se trata de una realidad constatada por el propio Grupo de Trabajo de Naciones Unidas el que en su informe de 2013 se帽alara: 聯[聟] los pueblos ind铆genas figuran entre los grupos m谩s gravemente afectados por las actividades de los sectores extractivo, agroindustrial y energ茅tico. Los impactos adversos denunciados van desde efectos sobre el derecho de los pueblos ind铆genas a mantener el modo de vida tradicional que han elegido [聟], hasta el desplazamiento mediante reasentamiento forzoso o econ贸mico y los graves atropellos conexos de los derechos civiles y pol铆ticos, incluidos los efectos sobre los defensores de los derechos humanos[聟], y los derechos a la vida y a la integridad f铆sica聰.
Am茅rica Latina, como sabemos, no es una excepci贸n a esta realidad, ya que las estrategias de 聯desarrollo聰 impulsadas por los estados se siguen cimentando en la explotaci贸n indiscriminada de los recursos naturales de los pueblos ind铆genas, explotaci贸n que se contrapone a sus culturas y planes de vida, y que por lo mismo genera conflictos que terminan por ser criminalizados. Tal como la CEPAL se帽alara en septiembre pasado en su informe a la Conferencia Mundial de la ONU sobre pueblos Ind铆genas 聯[l]a expansi贸n de las actividades primario-exportadoras en la regi贸n ha implicado graves impactos ambientales, reclasificaci贸n espacial y afectaci贸n de derechos, intereses, territorios y recursos de pueblos ind铆genas. Las disputas relacionadas con el control de los territorios y los recursos naturales se prestan f谩cilmente al conflicto violento, aunque estos pueden verse agravados en contextos de exclusi贸n pol铆tica, discriminaci贸n social y marginalizaci贸n econ贸mica聰.
Por ello no resulta casual que los representantes de pueblos ind铆genas de los cinco continentes reunidos en Ginebra en forma previa al Foro subrayaran la necesidad de que los estados garanticen la vida de los pueblos ind铆genas y los protejan frente a las amenazas de la actividad empresarial; respeten y protejan sus propias actividades econ贸micas dentro de sus territorios, sin criminalizaci贸n; y que no restrinjan el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos ind铆genas frente a la actividad empresarial. Igualmente instaron al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la materia a profundizar en el an谩lisis del cumplimiento de la 聯debida diligencia聰 que las empresas deben tener para asegurar el respeto por sus derechos. Finalmente reclamaron la necesidad de que los estados garanticen el acceso a la justicia para v铆ctimas de violaciones de derechos humanos, y consideren en los planes de acci贸n nacionales en derechos humanos la aplicaci贸n de la jurisdicci贸n extraterritorial cuando las v铆ctimas no encuentren justicia en sus propios pa铆ses.
Por su parte la Relatora Especial de la ONU sobre derechos de pueblos ind铆genas, Victoria Tauli Corpuz, intervino en el Foro para llamar la atenci贸n sobre la gravedad y magnitud de las violaciones de derechos humanos de pueblos ind铆genas cometidas por empresas, se帽alando que el abordaje de esta realidad ser谩 uno de los principales focos de su mandato. La Relatora Especial ahondo en la relaci贸n que existe entre los tratados y los acuerdos multilaterales y bilaterales sobre inversi贸n y comercio y los derechos de pueblos ind铆genas, se帽alando que muchas veces estos repercuten directamente sobre sus tierras, sus recursos, formas de vida y conocimientos. Por lo mismo, plante贸 que esta ser谩 una materia de preocupaci贸n fundamental de su Relator铆a especial.
La afectaci贸n de los derechos del pueblo mapuche por la actividad empresarial tambi茅n fue denunciada en este evento. Por un lado los lonkos Juan Pichun y Ciriaco Millacheo, junto a representantes de la Federaci贸n Internacional de Derechos Humanos (FIDH), dieron cuenta de la inexistencia en Chile de mecanismos efectivos de remediaci贸n y reparaci贸n, como lo disponen los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos frente a las violaciones a los derechos sobre sus tierras y territorios de ocupaci贸n tradicional por parte de las empresas forestales. Tambi茅n dieron cuenta de los procesos de criminalizaci贸n de la protesta social de sus comunidades, mediante la aplicaci贸n de legislaci贸n antiterrorista, lo que les llev贸, junto a otros defensores de derechos mapuche, a plantear sus causas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, encontrando all铆 la justicia que no encontraron en el estado chileno.
Por otro lado, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Ind铆genas de Neuqu茅n, y el Observatorio Ciudadano de Chile, dieron a conocer a diferentes personeros de Naciones Unidas preocupados de esta materia, como el integrante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, Pavel Sulyandziga, y la Relatora Especial Victoria Tauli Corpus, la situaci贸n de vulneraci贸n de derechos que hoy vive el pueblo mapuche como consecuencia de numerosas actividades extractivas y productivas, en particular la explotaci贸n de petr贸leo por v铆as convencionales y mediante el fracking que afecta a las comunidades de la provincia de Neuqu茅n, Argentina; y los proyectos forestales, hidroel茅ctricos y pisciculturas que se han instalado o que se propone instalar en el territorio mapuche en las regiones de la Araucan铆a y Los R铆os en Chile. Se trata de proyectos que se emplazan en sus tierras de ocupaci贸n tradicional, que son impuestos sin procesos de consulta adecuados, sin que las empresas hayan tenido la debida diligencia en el respeto de los derechos humanos, y sin que existan mecanismos adecuados para lograr la reparaci贸n de los da帽os causados. Cabe se帽alar que estas actividades se desarrollan en estados que han ratificado el Convenio 169 de la OIT, cuyos derechos no han sido implementados mediante la adecuaci贸n de la legislaci贸n interna, ni tampoco mediante pol铆ticas p煤blicas referidas a los pueblos ind铆genas. Por lo mismo, solicitaron una investigaci贸n sobre esta cr铆tica realidad de derechos humanos.
El Foro de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos deja en evidencia el incumplimiento por parte de los estados y las empresas de la regi贸n, Chile incluido, de los Principios Rectores de Naciones Unidas antes referidos. Tambi茅n hace urgente la necesidad de que los estados adopten medidas no solo pol铆ticas, sino tambi茅n legislativas para asegurar la coherencia de su actuaci贸n en la materia, para permitir hacer efectiva la responsabilidad de las empresas por la violaci贸n de derechos humanos, as铆 como la responsabilidad extraterritorial que en ocasiones corresponde a los estados donde estas se domicilian. El Foro dej贸 al descubierto, adem谩s, que la responsabilidad social empresarial, m谩s all谩 de la ret贸rica, no ha logrado cambiar el comportamiento de las empresas y su afectaci贸n grave a derechos individuales y colectivos, como se denunci贸 en el caso del pueblo mapuche en Chile y Argentina. Ello da cuenta de la urgente necesidad de avanzar hacia la elaboraci贸n de normas internacionales vinculantes, como las propuestas por Ecuador y Sud谩frica, que permitan hacer efectiva la responsabilidad de los estados, as铆 como tambi茅n de las empresas, frente a las violaciones de derechos humanos que les son imputables.

Jos茅 Aylwin

El铆as Paillan Co帽oepan
Comunicador Social, Periodista

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Fuente: Observatorio Ciudadano

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