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2014-09-13 | Opinión | -

Los derechos humanos en el primer semestre de Bachelet

Han transcurrido seis meses desde la instalaci贸n de Bachelet en la Moneda, en este, su segundo gobierno. Con una nueva coalici贸n -la Nueva Mayor铆a- y un programa de gobierno m谩s ambicioso que el de su primera administraci贸n en materia de derechos humanos, el que tiene como pilares centrales la reforma tributaria, la reforma educacional, y la nueva constituci贸n, su llegada a la Moneda gener贸, como era de esperar, expectativas.




Lamentablemente en este primer semestre de su gobierno se han ido evidenciando tendencias que resultan preocupantes desde la perspectiva de los derechos humanos. Una de ellas qued贸 de manifiesto con la reforma tributaria, reci茅n aprobada por la C谩mara de Diputados, fundamental para que el Estado pueda contar con los recursos para enfrentar las enormes desigualdades que existen en el pa铆s, por todos reconocidas. La se帽al dada en este sentido por el gobierno, con el aval de sus parlamentarios, al consensuar un acuerdo con la oposici贸n que ha dado origen a lo que Gonzalo Martner llam贸 la reforma 聯desinflada聰 (El Mostrador, 10 de julio de 2014), es negativa. En efecto, aunque a trav茅s de esta reforma se eleva el impuesto a las utilidades de las grandes empresas del 20 al 27 %, y se elimina el Fondo de Utilidad Tributaria (FUT), en ella se deja fuera la miner铆a, que podr铆a haber adicionado al menos otros 8 mil millones de d贸lares a los que se pretende recaudar, los que 煤nicamente alcanzan para financiar los cambios en materia educacional. La misma considera, adem谩s, la rebaja a los ingresos personales de m谩s de 6 millones de pesos mensuales, con un costo de cerca de 300 millones de d贸lares.

Cabe recordar que es solo a trav茅s de una mayor recaudaci贸n tributaria que el Estado puede enfrentar los desaf铆os que tenemos en materia de educaci贸n, salud y vivienda, entre otros derechos. Recordemos que al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas el Estado se comprometi贸 a destinar el m谩ximo de los recursos de que disponga para lograr la plena efectividad de estos derechos, cuesti贸n que evidentemente no ha hecho.

Otra se帽al preocupante es la referida a la reforma del sistema previsional, la que no altera sustancialmente el sistema de las AFP impuesto por la dictadura, que como sabemos, ha sido la piedra angular de la capitalizaci贸n de los conglomerados que controlan la vida econ贸mica del pa铆s. No obstante la demanda de sectores ciudadanos por una reforma sustancial del sistema y su sustituci贸n por otro de car谩cter p煤blico y solidario que constituya una alternativa real para los trabajadores, el gobierno de Bachelet ha optado por presentar un proyecto para la creaci贸n de una AFP estatal, sin alterar la capitalizaci贸n individual hoy dominante. M谩s a煤n, aquellos sectores que han venido abogando por la reforma profunda del sistema previsional vigente, fueron excluidos de la comisi贸n constituida por Bachelet para el estudio de una reforma previsional.

Tambi茅n preocupante es la pol铆tica seguida por Bachelet hacia los pueblos ind铆genas. A pesar de las positivas se帽ales que ha dado el Intendente Huenchumilla al pedir perd贸n al pueblo mapuche por los da帽os provocados por el Estado, y al proponer soluciones pol铆ticas de fondo a la exclusi贸n y al desposeimiento de tierras del pueblo mapuche, su gobierno no ha dado se帽as claras para abordar la deuda pendiente, por todos reconocida, con estos pueblos. La convocatoria a una serie de consultas de reformas legislativas, incluyendo la creaci贸n de un Ministerio de Asuntos Ind铆genas, de un Consejo Nacional de Pueblos Ind铆genas, y del Ministerio de Culturas, han sido realizadas en paralelo y, al menos en el caso de los dos primeros proyectos, sobre la base de la reglamentaci贸n de este derecho fundamental elaborada durante el gobierno anterior, sin una consulta adecuada a los pueblos ind铆genas, y restringiendo los est谩ndares establecidos para estos efectos por el Convenio 169 de la OIT. Por lo mismo, ha concitado fuerte rechazo de las organizaciones representativas de estos pueblos. Por otro lado, el gobierno ha excluido toda referencia a estos pueblos en otras materias, y como consecuencia, su consulta, en proyectos emblem谩ticos como la reforma del sistema electoral binominal, ha resultado en la marginaci贸n ind铆gena del parlamento. O el proyecto para la creaci贸n del Servicio de Biodiversidad y 脕reas Protegidas, que por la sobreposici贸n de 茅stas con las tierras de ocupaci贸n tradicional ind铆gena, y por su mandato, afecta tambi茅n directamente a estos pueblos. En el primer caso, Bachelet hab铆a anunciado en junio pasado la presentaci贸n de una indicaci贸n para incorporar un sistema de representaci贸n ind铆gena en el Congreso, anuncio tard铆o que a todas luces responde al inter茅s de su gobierno de no demorar la tramitaci贸n de esta iniciativa, dado que de conformidad con el Convenio 169 de la OIT deber铆a haber sido consultada con los pueblos ind铆genas desde su etapa pre legislativa. Todo evidencia que en el caso del segundo proyecto, el gobierno utilizar谩 la misma estrategia.

Por otra parte, la forma de abordar las demandas de tierras sigue siendo la misma del pasado, esto es la compra de tierras a precios especulativos (cuatro millones de pesos promedio en el caso de la comunidad de Temucuicui). Ello a pesar de existir mecanismos institucionales, como lo es la expropiaci贸n por causa de utilidad p煤blica, para abordar una problem谩tica hist贸rica que genera conflictividad y cuya soluci贸n interesa a toda la sociedad.

Cabe recordar asimismo que los derechos de pueblos ind铆genas contin煤an siendo una preocupaci贸n para la comunidad internacional. Ello se ve reflejado en las recientes observaciones del Comit茅 de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la necesidad de que Chile cuente con un reconocimiento constitucional de estos pueblos, una pol铆tica y legislaci贸n que cumpla con los est谩ndares de la consulta y el consentimiento ind铆gena, y en que reconozca los derechos sobre sus tierras de ocupaci贸n tradicional. Tambi茅n en el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de aplicaci贸n de ley antiterrorista a autoridades y personas mapuche, el que da cuenta de la vulneraci贸n de derechos personales y garant铆as procesales en el contexto de la aplicaci贸n de esta ley en su contra, instando al Estado a reparar por diversas v铆as estas violaciones a derechos humanos, incluyendo la anulaci贸n de las sentencias condenatorias dictadas en su contra y la reforma de esta ley para asegurar el debido proceso.

Finalmente, una cuesti贸n que resulta sumamente preocupante desde la perspectiva de los derechos humanos es la postergaci贸n en la agenda del gobierno de Bachelet del debate sobre la nueva constituci贸n pol铆tica, uno de los tres pilares de su programa gubernamental. En efecto, luego de que este debate figurara en su agenda para el segundo semestre de este a帽o, la presidenta Bachelet ha decidido postergarlo para el 2015, y algunos parlamentarios de su coalici贸n -entre ellos Navarro y Harboe- incluso han afirmado que esta materia no ser谩 abordada sino hasta el final de su administraci贸n. La postergaci贸n del debate constitucional es grave, ya que como sabemos, es sobre la base de la Constituci贸n de 1980 que se ha generado la apropiaci贸n de los recursos naturales de propiedad com煤n, la acumulaci贸n de la riqueza en pocas manos, y la exclusi贸n de los sectores pol铆ticos, sociales y 茅tnicos que no conforman los dos grandes bloques pol铆ticos dominantes.

Igualmente grave son sus recientes declaraciones descartando la Asamblea Constituyente como mecanismo para llegar a una nueva constituci贸n. Con estas declaraciones Bachelet desoye una demanda de importantes sectores sociales y pol铆ticos que han propuesto esta modalidad para la elaboraci贸n de una nueva carta fundamental, por ser la m谩s democr谩tica y la que permite el ejercicio de un derecho fundamental reconocido en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, cual es el derecho de libre determinaci贸n de los pueblos, cercenado por la Constituci贸n Pol铆tica de 1980. Al descartar esta opci贸n que permitir铆a la participaci贸n de todos los sectores sociales y pol铆ticos hasta ahora excluidos, como los pueblos ind铆genas, en la construcci贸n de un pacto social inclusivo que rija la convivencia en el pa铆s, Bachelet est谩 optando por dotar al actual Congreso Nacional de facultades constituyentes, opci贸n que, dado el binominal, restringe la participaci贸n en el proceso constituyente a sectores cuya representatividad y legitimidad social y pol铆tica es precaria, seg煤n constata el reciente informe de Auditor铆a a la Democracia en Chile del PNUD. Todo lo expuesto son se帽ales lamentables, para un gobierno que dice tener un compromiso con la realizaci贸n de los derechos humanos.

Jos茅 Aylwin, Co Director del Observatorio Ciudadano

El Ciudadano

Fuente: El Ciudadano

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