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2014-06-03 | Opinión | Mapuche

La Ley Antiterrorista y la criminalizaci贸n de la causa mapuche

La actual ley antiterrorista, Ley N掳 18.314, es una herencia de la dictadura militar. Fue en el a帽o 1984 que la Junta Militar decret贸 su existencia con el objeto de perseguir y aniquilar a los opositores. Ella se帽alaba como acciones terroristas el secuestro, la destrucci贸n de aeronaves, intentos de magnicidio, atentados con explosivos y envenenamiento de aguas, entre otras. Posteriormente, en 1991, en plena 聯democracia聰, se incluye el delito de incendio.




H脡CTOR LLAITUL CARRILLANCA Preso mapuche
Como ya ha quedado ampliamente registrado, esta ley provoc贸 un sinn煤mero de actos de violaci贸n a los derechos humanos durante todo el periodo dictatorial. A su vez, ella fue nuevamente utilizada en los primeros a帽os de la Concertaci贸n, que busc贸 afanosamente perseguir y aniquilar a los grupos subversivos que manten铆an estrategias pol铆tico militares y, posteriormente, para ser aplicada en contra del movimiento mapuche aut贸nomo.

Sin embargo, debemos precisar que, una vez que irrumpe con fuerza el movimiento mapuche, las primeras medidas represivas fueron otras leyes y jurisprudencias, como la Ley de Seguridad del Estado (Ley N掳 12.927), creada en los a帽os 50 y reformada y perfeccionada durante la dictadura como mecanismo represivo para el control pol铆tico. Ser谩 con la instauraci贸n de la reforma procesal penal y la presi贸n de los grupos econ贸micos, que se fortalecieron los argumentos jur铆dicos para el uso de la Ley Antiterrorista contra la causa mapuche, pues ella tiene un car谩cter punitivo m谩s fuerte y de mayor alcance represivo que la ley com煤n.

Su estreno se produjo el a帽o 2002, cuando se presentaron las primeras querellas por parte del gobierno de Ricardo Lagos, las que derivaron en dos sendos procesos investigativos de persecuci贸n en contra de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). Uno, que tuvo m谩s resonancia publicitaria, en la lX Regi贸n, conocido como Asociaci贸n Il铆cita Terrorista y cuya consecuencia inmediata fue la detenci贸n y prisi贸n de una veintena de militantes y dirigentes mapuches como la Chepa, Llaitul, Nor铆n, Huenchunao, Pich煤n, entre otros. Paralelamente y como resultado de querellas invocando la Ley Antiterrorista presentadas por autoridades locales, entre ellas Rodrigo Pe帽ailillo, cuando era gobernador de Arauco, se abri贸 otra investigaci贸n en el Tribunal de Ca帽ete, que deriv贸 en la misma figura de Asociaci贸n Il铆cita Terrorista en contra de la CAM, pero esta vez en la VIII Regi贸n.

Ambas causas siguieron sus propios cursos, pero finalmente no prosperaron, ya que los comuneros detenidos fueron sobrese铆dos, y los imputados absueltos despu茅s de pasar m谩s de un a帽o presos.
Los casos donde s铆 hubo condena en base a la Ley Antiterrorista son los conocidos como: el caso de los loncos (Pich煤n y Norin), el caso Ancalaf y el caso Poluco-Pidenco, en los cuales todos los procesos tuvieron condenas entre 5 y 10 a帽os.

Durante el 煤ltimo per铆odo de Ricardo Lagos y durante todo el gobierno de Michelle Bachelet hubo innumerables presentaciones de querellas que derivaron en procedimientos con resultado de c谩rcel para decenas de mapuches, pero con el tiempo, producto de las movilizaciones del pueblo mapuche, denuncias internacionales, acuerdos y negociaciones, muchos de estos procesamientos fueron retirados o se vieron abortados y no hubo condenas por la Ley Antiterrorista. Pese a que entre 2008 y febrero del 2010 el gobierno de Bachelet invoc贸 la Ley Antiterrorista en siete causas, con un total de 54 comuneros mapuche imputados por delitos terroristas.

La 煤ltima ocasi贸n donde se utiliz贸 la Ley Antiterrorista y se conden贸 a dirigentes mapuche de acuerdo a su normativa fue la causa conocida como 聯la emboscada al fiscal Elgueta聰. En las distintas fases de este proceso, se utilizaron todos los mecanismos que permite esa ley, desde la querella hasta los procedimientos jur铆dicos-policiales, de investigaci贸n, de prisi贸n preventiva y el uso de la figura del testigo protegido. Con ello se produjo un c煤mulo de documentaci贸n judicial frente a la cual al tribunal no le queda otra cosa que estimar los est谩ndares de prueba que presenta el Ministerio P煤blico, principalmente las declaraciones del testigo protegido, lo que rompe todo principio de debido proceso.

Sobre la utilizaci贸n del testigo protegido, no entraremos en mayores detalles, salvo reafirmar que su uso contraviene tratados internacionales ratificados por Chile y que actualmente est谩n vigentes, como son el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Pol铆ticos y la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos y otros organismos de la ONU. El uso de testigos protegidos ha sido fuertemente cuestionado porque representa una limitaci贸n inaceptable del derecho a la defensa. Y es particularmente grave si las pruebas o testimonios que presentan son cruciales para la acusaci贸n y una condena que puede depender de ellas.

Resulta indiscutible que el anonimato de los testigos ampl铆e el margen de falso testimonio, inducido por posibles sobornos, extorsi贸n o manipulaciones, incluso derechamente la compra de testigos.

Se requiere de un an谩lisis exhaustivo por parte de especialistas en materia de los derechos humanos acerca de c贸mo ha operado la Ley Antiterrorista en las distintas causas contra comuneros mapuches, especialmente de la figura del testigo protegido, para entender su impacto negativo. Ello es necesario para captar por qu茅 este instrumento jur铆dico-pol铆tico, de corte absolutamente ileg铆timo e inmoral, es nuevamente utilizado para hacer frente a un pueblo que demanda sus derechos fundamentales.

C脫MO OPERA LA INJUSTICIA
Todo comienza cuando ocurre un hecho que tiene componentes de fuerza pol铆tica por parte de un sector organizado del pueblo mapuche, que en determinadas condiciones genera violencia, independientemente de si se trata de una protesta, reivindicaci贸n o es parte de un quehacer m谩s pol铆tico estrat茅gico. Siempre es el Estado el que define, por presi贸n de los poderes econ贸micos o pol铆ticos dominantes, la forma de criminalizaci贸n de esa acci贸n. Ello se acompa帽a siempre con una fuerte campa帽a medi谩tica que presiona por una calificaci贸n de terrorismo y que termina cuando el Gobierno se querella ante los tribunales. Entonces ya han construido la 聯realidad terrorista聰.

Una vez presentada la querella, los tribunales otorgan poder a los fiscales y polic铆as para que apliquen todas las medidas y procedimientos que les garanticen el uso de esa Ley, con prerrogativas para acciones que rayan en la ilegalidad y la absoluta impunidad o falta de responsabilidad. Siempre con grandes recursos, que les permiten incluso tener informantes pagados y agentes infiltrados.

Una vez que se determina la prisi贸n preventiva, estamos frente a la 聯realidad terrorista perfeccionada聰, con las m谩s diversas acusaciones producto de las mentes de los fiscales y querellantes, instalando un discurso oficial de condena previa. Se trata de una larga prisi贸n preventiva que supera con creces el tiempo determinado para la investigaci贸n.

Durante dicho periodo se establece tambi茅n el 聯secreto de la investigaci贸n聰 que permite la manipulaci贸n y confecci贸n de pruebas, a trav茅s del reclutamiento de 聯testigos secretos聰, obtenci贸n de muestras de sangre o saliva, muchas veces a la fuerza, reconstituciones de escena, etc. Siempre desconocidas por la defensa de los imputados.

La utilizaci贸n de testigos secretos requiere de un trabajo de reclutamiento, a trav茅s de la tortura, extorsi贸n o pago. Estos jam谩s se presentan de manera espont谩nea como los testigos comunes, m谩s bien son llevados ante el tribunal a la fuerza.

Rrespecto del 聯Testigo 26聰 en el caso Elgueta y Jorquera, el comunero Elcides Pilquiman, se trata de un ex reservista del Ej茅rcito, que trabaj贸 como guardia privado y presenta antecedentes penales. Antecedentes desconocidos por el Tribunal en el momento del juicio, debido a su calidad de 聯testigo secreto聰. No obstante, dos de los jueces del Tribunal Oral de Ca帽ete y posteriormente la propia Corte Suprema, validaron dicho testimonio como 煤nica prueba para condenar. El testimonio del 聯Testigo 26聰 tiene la exclusividad como prueba para la condena que hoy cumplimos Ram贸n Llanquileo y yo.

El Juicio Oral con Ley Antiterrorista de por medio tiene los mismos vicios. Es el resultado de todas las violaciones cometidas en contra del debido proceso en la fase previa, concediendo legitimidad a las pruebas presentadas por el Ministerio P煤blico, sobre todo en el caso en que el Tribunal valida dichas pruebas a la hora de determinar la condena. En el caso Llanquileo/Llaitul el testimonio del 聯Testigo 26聰 fue considerado en todas las instancias del proceso, llegando hasta la Corte Suprema, cuyos expertos jueces rechazan la veracidad de dicho testimonio en el 聯Caso Elgueta聰, rebajando a 10 a帽os la condena de los dirigentes de la CAM, pero, extra帽amente, validan su testimonio en el 聯Caso Jorquera聰, ratificando la condena del tribunal de Ca帽ete.

Cabe mencionar que debido a que el Tribunal Militar no consider贸 el testimonio del 聯Testigo 26聰, los dirigentes de la CAM fueron absueltos, lo que demuestra que no exist铆an otras pruebas. Con esto se podr铆a concluir que los Tribunales Militares son m谩s garantistas que los civiles.

Es por ello que el 煤ltimo relator de las Naciones Unidas que visit贸 a los presos pol铆ticos mapuche insisti贸 y recomend贸:

聯A quienes hayan sido condenados bas谩ndose en el testimonio de testigos an贸nimos se debe dar el derecho a que sus condenas sean revisadas y, en su caso, sea ordenado un nuevo juicio que tendr铆a lugar bajo las disposiciones de la legislaci贸n penal ordinaria, sin recurrir a testimonios an贸nimos聰.

La existencia de una Ley Antiterrorista nace, existe y se moderniza con el objetivo de perseguir y reprimir a un supuesto enemigo interno, cuya existencia es construida a la fuerza por quienes ven sus intereses amenazados. Es decir, nace en contra de los movimientos anticapitalistas y, en nuestro caso particular, del Pueblo Naci贸n Mapuche.

Frente a ella, nuestra posici贸n es una sola: estamos en contra de la existencia de esta Ley Antiterrorista y no vamos a participar en los debates sobre su modificaci贸n, modernizaci贸n o ajuste. Dicha ley existe para perseguir a los movimientos sociales, y criminalizar sus justas demandas. En Chile no existe terrorismo y menos en la causa mapuche. El despojo, el abuso y la discriminaci贸n es lo que ha vuelto a gatillar una resistencia contra el modelo econ贸mico-social imperante.

H脡CTOR LLAITUL CARRILLANCA
Preso mapuche

Fuente: El Mostrador

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