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2012-08-25 | Opinión | Mapuche

Perdigones y violencia: el entorno de los niños mapuche

El Parlamento del Estado de Chile aprobó por unanimidad el año 1990, la Convención de los Derechos del Niño. A ya casi 22 años de entonces, diversos hechos de violencia golpean a la infancia de nuestro país. Es así que, a la larga lista de casos de abusos sexuales que han impactado a la opinión pública, se han venido a agregar las imágenes de niños y niñas mapuches heridos. Para quienes tenemos por misión la protección de la infancia, esta violencia despierta un profundo rechazo cualesquiera sean las circunstancias.




La Convención de los Derechos del Niño, al ser ratificada, ha pasado a ser parte de nuestra legislación y ello ha quedado explícitamente de manifiesto cuando, jueces y Cortes de Apelaciones, han fundado sus fallos en pro de la defensa de los derechos de niños y niñas, en la citación del articulado de dicho instrumento.

Respecto de los niños y niñas indígenas, el artículo 30 de la Convención es muy claro: “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma”.

Profundamente preocupado por la realidad de este sector, es que el Comité de Derechos del Niños de Naciones Unidas procedió el 2009 a elaborar la Observación General N°11, “Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención”, allí se explicitan una serie de orientaciones, entre ellas “medidas positivas de protección, no sólo contra actos que pueda realizar el propio Estado parte por mediación de sus autoridades legislativas, judiciales o administrativas, sino también contra los actos de otras personas que se encuentren en el Estado parte”. (artículo 17).
En Chile, el Estado tiene aún varias tareas pendientes en la protección de la infancia, como se lo ha recordado y recomendado el Comité de Derechos del Niño, entre ellas aprobar una Ley de Protección Integral y generar una institucionalidad coherente con dicha Ley, que permitan promover y proteger los derechos de los niños de manera justa y digna.

Respecto de los niños indígenas, este marco legal, institucional y de política pública requiere tomar en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de muchas comunidades y de su cultura y hace necesario un abordaje integral que concilie un enfoque de derechos, con la especificidad cultural de los pueblos y la niñez indígena.

Los lamentables hechos de violenta policial contra niños y niñas mapuches ya conocidos, vuelven a poner en evidencia lo urgente que es disponer de esta ley y de instituciones que enfoquen su misión, desde los derechos de los niños. Tal exigencia compete también a los órganos de seguridad y policías los cuales, justamente por el carácter de su labor, deben ser particularmente rigurosos en el conocimiento, formación e implementación de esos derechos.

En vista de lo anterior, resulta impresentable ante la opinión pública internacional, declaraciones que responsabilizan a las familias mapuches por las balas, perdigones y apaleos que les son propinados a sus hijos por las fuerzas de orden. Los niños y niñas mapuches tienen derecho a participar en paz y de manera segura en los espacios que son propios a su cultura.

Hay más de 90.000 niños y niñas mapuches en la Región de la Araucanía, que equivalen a un tercio de los menores de 18 años de ese territorio. Para ellos es necesario un creciente reconocimiento de sus derechos inalienables, universales e interdependientes, dentro de un contexto cultural específico que permita que las políticas públicas tome en cuenta factores como el aprendizaje de la lengua materna, base para el resto de la educación, servicios de salud sensibles a sus costumbres y conocimientos, educación multicultural bilingüe, una justicia juvenil que considere el sistema de justicia indígena y la identidad propia y dignidad del adolescente (su nombre, por ejemplo), un apoyo al entorno familiar lo que implica la búsqueda de soluciones comunitarias culturalmente específicas, por ejemplo, en el caso de muerte de los progenitores, de las adopciones o del maltrato y la violencia y, el respeto a las costumbres y la vida familiar.

En septiembre del 2010 planteamos la idea de lanzar un Pacto por la Infancia en el que se comprometan el Estado, los líderes mapuches y la sociedad toda, en pos de garantizar, las mejores condiciones de salud física y mental para los niños y niñas expuestos al conflicto; comprometiendo por parte de padres, maestros y autoridades la asistencia a jardines infantiles, escuelas y liceos de todos los niños/niñas sin discriminación; garantizar las fuerzas de orden y la justicia, el debido proceso según la ley de responsabilidad penal juvenil a los adolescentes; y, declarar a las escuelas y los hogares con niños como ¨zonas de paz¨. Esperaríamos que el reciente anuncio del Presidente para convocar a una Cumbre Social en la Araucanía, se oriente en este sentido.

Es imprescindible retomar el camino de los Derechos del Niño, para contribuir a la resolución de los conflictos y continuar la construcción de nuestra democracia.

Marta Maurás
Integrante del Comité de Naciones Unidas por los Derechos del Niño, electa por los Estados parte de la Convención para el período 2009-2013. Es miembro del Consejo Ampliado de la Fundación Chile21, del Directorio de la Corporación Latinobarómetro y del Consejo de ComunidadMujer.

Fuente: El Mostrador

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