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2012-08-08 | Opinión | Mapuche

Opini贸n:

Conflicto mapuche y violencia de Estado

Estos hechos que afectan sensiblemente la convivencia inter茅tnica y una cultura de paz en la regi贸n, exigen abordar prioritariamente el problema de fondo, que est谩 fuertemente ligado a la propiedad de la tierra.




聯Arauco tiene una pena que no la puedo callar Son injusticias de siglos que todos ven aplicar Nadie le ha puesto remedio Pudi茅ndolo remedir聰. Violeta Parra
Frente a los hechos de violencia que vienen registr谩ndose en la Araucan铆a en las 煤ltimas semanas, el gobierno reaccion贸 con una 聯Cumbre de Seguridad聰 encabezada por el propio presidente Sebasti谩n Pi帽era; una instancia que sesion贸 a puertas cerradas y que incluy贸 tambi茅n a ministros de estado y jefes de las polic铆as.

En dicha reuni贸n se acordaron nueve medidas a ser implementadas en la regi贸n con el fin de poner freno a esta violencia. Casi la totalidad de ellas tienden a la aplicaci贸n de medidas policiales y de persecuci贸n penal, por sobre las soluciones a los problemas de fondo, como son el reconocimiento de derechos y la restituci贸n territorial a los pueblos ind铆genas. De este modo se construye una imagen altamente criminalizada del mapuche, a quienes se les persigue como terroristas y sindica como generadores del conflicto. Algo que los medios de comunicaci贸n se encargan de amplificar hacia la opini贸n p煤blica.

Sin embargo, y pese a esta criminalizaci贸n que imponen estado y medios de comunicaci贸n a la protesta social del pueblo mapuche y sus leg铆timas demandas de restituci贸n de tierras ancestrales usurpadas, resulta decidor que las 煤nicas denuncias por violaci贸n a derechos fundamentales presentadas ante organismos internacionales de derechos humanos a los que Chile ha adherido, incluido el homicidio y la tortura, apunten a agentes del estado. Es el caso del asesinato por la espalda -a manos de carabineros- de los j贸venes mapuche Mat铆as Catrileo y Jaime Mendoza Collio, y del disparo en la frente, por parte de un funcionario de la misma instituci贸n, que termin贸 con la vida del ni帽o Alex Lem煤n. Los autores de estos hechos, hasta el d铆a de hoy, siguen en servicio activo.

Este manto de impunidad, contrasta con la severidad con la que son perseguidos penalmente miembros del pueblo mapuche, incluso modific谩ndose normativa interna -como el aumento de penas para la sanci贸n del abigeato (robo de animales)- para ampliar la acci贸n punitiva del estado. Algo que constituye una judicializaci贸n del proceso, y que encuentra su escenario m谩s complejo y vulnerador de derechos en la aplicaci贸n de normativa especial contra la protesta social mapuche, como la ley antiterrorista, altamente cuestionada por los mismos 贸rganos internacionales mencionados, pues contienen figuras que exceden los est谩ndares fijados en la materia.

Esta ley, permite agravar las penas para delitos contemplados en el C贸digo Penal y extender por amplios periodos la privaci贸n de libertad de los imputados mientras se realiza la investigaci贸n de los hechos, lo que se ha traducido en el encarcelamiento 聳en varios casos por m谩s de un a帽o- de comuneros mapuche que en su mayor铆a son luego declarados absueltos por la justicia, sin que los medios de comunicaci贸n informen de ello. Pero, sin lugar a dudas, es el uso de 聯testigos sin rostro聰 que esta ley admite y que han resultado claves para las condenas que se han concretado contra personas mapuche, el principal de los problemas, puesto que ni siquiera la defensa conoce la identidad de quien testifica, siendo por ende nula la posibilidad de contrainterrogar o establecer motivaciones e intereses que 茅stos puedan tener para entregar su testimonio. Con lo que se afecta de modo sustancial el debido proceso y el derecho a la defensa.

As铆 lo constat贸 por lo dem谩s la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos. Primero, al declarar admisible tres denuncias referidas a la administraci贸n de justicia y el pueblo mapuche (Poluco Pidenco, V铆ctor Ancalaf, Lonkos) y, en forma reciente, al darles traslado a la Corte Interamericana -cuyas resoluciones son obligatorias para el pa铆s-, luego de sentarse total convicci贸n de que el estado chileno viol贸 derechos garantizados en este sentido por la Convenci贸n Americana.

Lo dispuesto por el gobierno viola tambi茅n disposiciones del Convenio 169 de la OIT, ratificado y vigente en Chile, espec铆ficamente el derecho a la consulta que 茅ste establece para los pueblos ind铆genas cuando se trata de la aplicaci贸n de medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectarles. En efecto, la 煤nica medida de la mesa de seguridad que avanza positivamente a responder a las hist贸ricas demandas del pueblo mapuche, es la idea de crear una nueva 脕rea de Desarrollo Ind铆gena en la zona de mayor conflictividad. Sin embargo pese a que esta propuesta, involucra directamente a las comunidades ind铆genas que all铆 existen, 茅stas no fueron consultadas, violando as铆 el Convenio 169 que establece el derecho de estos pueblos a determinar sus propias prioridades en materia de desarrollo.

Estamos frente a una imposici贸n de medidas por parte del estado, sin la participaci贸n un actor clave en el marco de este conflicto, que se suma a la marcada militarizaci贸n de la Araucan铆a, donde los violentos y masivos allanamientos a comunidades, la detenci贸n de menores de edad e interrogatorio ilegal en sus lugares de estudio, los apremios ileg铆timos al momento de la detenci贸n y en el 煤ltimo tiempo el uso indiscriminado de armas de fuego, con balines de goma y acero, son un flagelo a la vida y a la integridad f铆sica y s铆quica de mujeres, hombres, ancianos y ni帽os mapuche.

Mientras tanto se omite dar una respuesta adecuada a las Comunidades que han sido precarizadas y empobrecidas con la masiva llegada de empresas forestales a la zona, el verdadero origen del conflicto, ya que los monocultivos que 茅stas producen merman la calidad productiva de la tierra e impactan en el recurso h铆drico existente en las escasas tierras a las que el pueblo mapuche fue reducido tras la conformaci贸n del estado chileno y el proceso de contra reforma agraria.

Estos hechos que afectan sensiblemente la convivencia inter茅tnica y una cultura de paz en la regi贸n, exigen abordar prioritariamente el problema de fondo, que est谩 fuertemente ligado a la propiedad de la tierra.

Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano.

Fuente: La opinión

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2023-06-15

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