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Archivo 1997-2009


2012-05-08 | Opinión | -

Consulta ind铆gena y la Corte Suprema

La Corte ha variado su criterio y entiende que la consulta ind铆gena del Convenio 169 es aut贸noma respecto de la evaluaci贸n ambiental.




EN 2009 entr贸 en vigencia el Convenio 169 de la OIT, tratado internacional que establece una serie de derechos en favor de los pueblos ind铆genas y que demor贸 casi 20 a帽os en ser aprobado. Conforme los estados no pueden aducir su derecho interno para incumplir obligaciones internacionales, Chile est谩 en la obligaci贸n de adecuar su legislaci贸n interna a los est谩ndares que el convenio establece. Entre 茅stos, se cuenta el derecho de los pueblos ind铆genas a ser consultados cada vez que se prevean medidas que los puedan afectar directamente, as铆 como normas que reconocen el derecho de administrar los recursos naturales emplazados en sus territorios.

La historia de implementaci贸n del convenio comenz贸 mal. Pocos d铆as despu茅s de entrar en vigencia, el gobierno de la ex Presidenta Bachelet dict贸 un decreto supremo que reglament贸 las normas sobre participaci贸n de los pueblos ind铆genas, despojando al derecho de consulta de sus caracteres fundamentales, generando una compleja situaci贸n para los actores interesados en estas materias: principalmente, los pueblos ind铆genas y los inversionistas privados. Y es que la regulaci贸n defectuosa que hace el Estado, sobre todo si involucra derechos fundamentales, es terreno f茅rtil para la incertidumbre jur铆dica y con ella todos pierden.

Con un tratado que reconoce estos derechos en el horizonte normativo, comunidades ind铆genas buscaron protecci贸n en los tribunales de justicia. Inicialmente, algunas cortes de apelaciones acog铆an estas demandas, ordenando la paralizaci贸n de proyectos o incluso la reevaluaci贸n de los mismos; en particular, por no haberse contemplado procesos de consulta bajo los est谩ndares del Convenio 169. La Corte Suprema, sin embargo, mantuvo una tesis contraria, que entend铆a que las normas sobre participaci贸n ciudadana de la legislaci贸n ambiental satisfac铆an los requerimientos de la consulta ind铆gena. Esta doctrina, aunque parec铆a asentada, no era jur铆dicamente s贸lida. Por lo mismo hoy, a menos de tres a帽os de vigencia del convenio, la misma sala constitucional ha venido variando su postura jurisprudencial, entendiendo que los est谩ndares de la consulta ind铆gena del Convenio 169 son aut贸nomos y distintivos a los de la ley chilena sobre evaluaci贸n ambiental. De esta forma hemos conocido en los 煤ltimos meses fallos que revocan numerosas resoluciones de calificaci贸n ambiental, no obstante la aprobaci贸n administrativa.

El cambio es gravitante. Para los pueblos ind铆genas significa encontrar en la Corte Suprema la protecci贸n a sus derechos que hasta hace poco tiempo s贸lo conoc铆an en algunas cortes de apelaciones. Para el sector privado, la incertidumbre jur铆dica se hace a煤n m谩s patente, puesto que incluso cumpliendo con la normativa ambiental, se ven expuestos a que sus proyectos de inversi贸n sean impugnados judicialmente. Para el Estado es imperioso llevar adelante un proceso participativo que d茅 como resultado normas permanentes sobre consulta previa a pueblos ind铆genas, tanto a nivel administrativo, como legal. Mientras ello no se haga, la consulta ind铆gena seguir谩 siendo regulada por v铆a de los tribunales, poniendo sobre los hombros de 茅stos obligaciones que pertenecen esencialmente a los 贸rganos colegisladores.

Fuente: La Tercera

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2023-06-15

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