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2011-06-09 | Opinión | Mapuche

El ejemplo mapuche

Con el escenario pol铆tico-social copado por las movilizaciones contra el proyecto HidroAys茅n y las protestas estudiantiles, han tenido escasa resonancia las condenas contra los comuneros mapuches sentenciados a brutales penas de presidio por el Tribunal Oral en lo Penal de Ca帽ete y luego por la Corte Suprema. Esta 煤ltima recalific贸 el delito de 聯homicidio frustrado聰 en contra de un fiscal por 聯lesiones menos graves聰, y rebaj贸 las penas por robo de madera. Pero en definitiva, H茅ctor Llaitul fue condenado a 15 a帽os y Ram贸n Llanquileo, Jonathan Huillical y Jos茅 Huenuche a ocho a帽os cada uno.




Ni siquiera la huelga de hambre de casi 90 d铆as de estos presos mapuches parece haber impresionado a la opini贸n p煤blica y mucho menos a la inmutable 聯clase pol铆tica聰, absorta en los pr贸ximos juegos electorales. La sentencia de la Corte Suprema deja fuera de lugar cualquier otra iniciativa en el plano judicial. Tiene raz贸n el presidente del tribunal, Milton Juica, cuando devuelve la iniciativa de soluci贸n al campo pol铆tico. Los mapuches seguir谩n encarcelados si no hay una decisi贸n en contrario del Poder Ejecutivo, v铆a indulto presidencial. Desde luego, ellos no dejar谩n de luchar porque no est谩n dispuestos a rendirse ante la injusticia. As铆 lo indica la historia de ese pueblo que enorgullece a la naci贸n chilena. En s铆ntesis, la condena de Llaitul y sus compa帽eros es una verg眉enza que debe ser corregida en el espacio que controla el poder pol铆tico.


La sentencia judicial ignora el compromiso asumido por el gobierno en orden a no aplicar la Ley Antiterrorista. Aunque no se reconozca, se les est谩 aplicando, ya que se aceptaron como pruebas las declaraciones de testigos 聯sin rostro聰 y las confesiones obtenidas mediante tortura. Tambi茅n el fallo deja en inc贸moda posici贸n al arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, que aval贸 el acuerdo para poner fin a la huelga de hambre de 86 d铆as que los comuneros mapuches mantuvieron el a帽o pasado. El acuerdo apunt贸 a que un proceso 聯normal聰 exonerar铆a de culpa a los comuneros que reclamaban precisamente un juicio regular.


En el Tribunal Oral de Ca帽ete el voto de minor铆a, de la magistrada Paola Schisano, estuvo por absolver a los imputados, por falta de pruebas. A juicio de la defensa, el proceso ha vulnerado la presunci贸n de inocencia y la normativa internacional de derechos humanos que, conforme a la Constituci贸n, es obligatoria para Chile. En este orden, tampoco la sentencia ha considerado el Convenio 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo, que en caso de sanciones a integrantes de pueblos originarios se帽ala que se deben privilegiar penas que no sean privativas de libertad.


La pregunta entonces es 驴c贸mo se ha llegado a este punto, que s贸lo puede radicalizar un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche cuyas ra铆ces son m谩s que centenarias? 驴Ha sido el fallo producto de un enga帽o del gobierno para no modificar la Ley Antiterrorista -que apoyan las empresas forestales y la derecha pol铆tica-, y se prefiri贸 que la Corte Suprema hiciera el trabajo sucio? 驴O fue la propia Corte Suprema la que prefiri贸 actuar apegada a la letra y formalismo de la ley, desentendi茅ndose de su obligaci贸n de hacer justicia con cabal discernimiento de la verdad? 驴Qu茅 papel ha jugado el Ministerio P煤blico en este caso, y c贸mo responde a las acusaciones de manipulaci贸n de pruebas y testigos?


Florencia E. Mallon, historiadora norteamericana, estudiosa de temas ind铆genas, escrib铆a a fines de los a帽os 90, a prop贸sito de los mapuches, que 聯cuando la memoria se impone con sangre, el abuso se hace costumbre聰. Argumentaba: 聯Se reclama a los empresarios y usurpadores la racionalidad y la civilizaci贸n y tambi茅n se legitiman sus acciones, al integrarlas a la corriente superior de la historia llamada la modernidad. Los 煤nicos propietarios de la modernidad, los empresarios wingkas -en realidad ladrones veloces y violentos (eso significa la palabra escrita en cursivas, N. de PF)- f谩cilmente construyen a los mapuches como neol铆ticos ignorantes que resisten el curso de la historia, pero tal construcci贸n es la de una amnesia que se cre贸 con sangre y abusos entre 1883 y 1990聰.


La apelaci贸n frecuente a huelgas de hambre por los presos mapuches y sus familiares, demuestra la profundidad del problema. Ahora repiten la protesta porque entienden que frente a la injusticia e insensibilidad del poder pol铆tico y econ贸mico, s贸lo pueden poner en la balanza sus propias vidas. En 1981, la primera ministra conservadora de Gran Breta帽a, Margaret Thatcher, llev贸 a la muerte con obstinaci贸n criminal a diez irlandeses en huelga de hambre en la c谩rcel de Maze, entre ellos al joven Bobby Sands. A pesar de esa crueldad, los ingleses no avanzaron un mil铆metro en la soluci贸n del conflicto de Irlanda del Norte.


La huelga de hambre de los comuneros mapuches ha dejado de ser un tema judicial. Es un problema pol铆tico y social, como siempre lo ha sido. Nada tiene que ver con el terrorismo. El mapuche es un pueblo que lucha pac铆ficamente por su tierra y por su identidad. El presidente de la Rep煤blica tiene pues la obligaci贸n de honrar su palabra y dejar en libertad a los presos, impulsar la modificaci贸n de la Ley Antiterrorista y negociar con el pueblo mapuche una soluci贸n para la deuda hist贸rica del Estado.


El conflicto mapuche se suma a la acumulaci贸n de problemas que afectan al gobierno. La mayor铆a no tiene origen en su mandato y se arrastran desde los gobiernos de la Concertaci贸n. Pero la derecha ha demostrado no estar en disposici贸n de escuchar las demandas populares. Prefiere el autoritarismo y las soluciones tecnocr谩ticas que mantengan intactos sus intereses. Lo dejan en evidencia las decisiones adoptadas en pol铆tica educacional y ambiental, que han provocado la movilizaci贸n social.


La vertical ca铆da de la popularidad del gobierno inquieta al empresariado. La Concertaci贸n, que a su vez aparece en las encuestas en situaci贸n calamitosa con 65% de rechazo, no est谩 en condiciones de imponer sus criterios, nada distintos por lo dem谩s a los de la Alianza derechista. El problema de fondo es que se registra una creciente desafecci贸n ciudadana respecto a la institucionalidad, sobre todo a los partidos pol铆ticos.


Debido a la inesperada irrupci贸n de grandes manifestaciones p煤blicas no controladas por los partidos, las estructuras institucionales se revelan carcomidas y resquebrajadas. Sus crujidos han llevado a resucitar a defensores profesionales del sistema. Es el caso del ex ministro y actual lobbista Enrique Correa, que -por cuenta de El Mercurio- propone un entendimiento gobierno-oposici贸n que dar铆a mayor gobernabilidad al pa铆s. Los afanes de Correa y otros especialistas en gobernar desde las sombras, entrenados para ello durante los 20 a帽os de la Concertaci贸n, reflejan la preocupaci贸n de la clase dominante por la acumulaci贸n de conflictos sin cauce aparente de soluci贸n. Incluso sectores empresariales -como los exportadores de frutas- dan se帽ales de malestar. Ortodoxos defensores del mercado libre, por obra y gracias del debilitamiento del d贸lar, se convierten en mendigos del Estado. Por eso El Mercurio, sempiterno padrino del modelo, desempolva a oxidados gestores pol铆ticos para que acudan en auxilio del sistema debilitado. Lo que ahora viene es el intento de crear un eje articulador -Democracia Cristiana-Renovaci贸n Nacional- que restablezca el imperio del binominalismo institucional, asegurando la alternancia de la Alianza y la Concertaci贸n. Mientras no surja una alternativa de poder que desaf铆e ese ordenamiento institucional, promoviendo m谩s democracia y m谩s derechos sociales, la suerte de este pa铆s -incluyendo al castigado pueblo mapuche- seguir谩 en manos de un pu帽ado de empresarios que se valen de oscuros operadores para sus maniobras pol铆ticas y financieras. La firme actitud de los comuneros mapuches para rechazar la injusticia, debe ser un ejemplo inspirador de la lucha por una alternativa liberadora.

PF



(Editorial de Punto Final, edici贸n N潞 735, 10 de junio, 2011)
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Fuente: Clarín

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