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2015-07-09 | Noticias | Mapuche

Las empresas transnacionales y los derechos humanos

Consideraciones de los Pueblos Indígenas para un nuevo instrumento internacional vinculante

Consideraciones de los Pueblos Indígenas para un nuevo instrumento internacional vinculante sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos
1. Los pueblos indígenas, uno de los sectores más afectados por los abusos de las empresas transnacionales
En un contexto actual abundan las denuncias sobre abusos a los derechos humanos a consecuencia de las actividades de las empresas transnacionales y los casos que afectan a los pueblos indígenas constituyen un porcentaje significativo. De acuerdo al Informe delGrupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (A/HRC/23/32) sólo en el periodo 2012 recibió 40 comunicaciones que se referían a efectos de las actividades empresariales (minería, energía y finanzas) sobre las comunidades. El 25% de estas comunicaciones se refieren a afectaciones a los pueblos indígenas en regiones como Asia, el Pacifico y América Latina.




Por su parte el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind√ɬ≠genas (en adelante el Relator Especial), uno de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, reporta anualmente las comunicaciones recibidas sobre denuncias de violaciones a los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas. En muchos de los casos se refiere a violaciones a los derechos a la tierra, territorio y recursos naturales. Otro n√ɬļmero significativo se refieren a situaciones derivadas de la ejecuci√ɬ≥n de proyectos de desarrollo sin consultas adecuadas con los pueblos ind√ɬ≠genas o sin haber obtenido su consentimiento previo. Las denuncias involucran la participaci√ɬ≥n de las empresas transnacionales, principalmente del sector de las industrias extractivas.
El Relator Especial en su informe de 2011 (A/HRC/18/35) reconoci√ɬ≥ que √ʬĬúLas actividades de las industrias extractivas producen efectos que a menudo violan los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas√ʬĬĚ. En relaci√ɬ≥n a los impactos ambientales, identific√ɬ≥ una p√ɬ©rdida gradual del control ind√ɬ≠gena sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Otro efecto negativo es √ʬĬúel agotamiento y la contaminaci√ɬ≥n de los recursos h√ɬ≠dricos√Ę¬Ä¬Ě que a su vez afecta la disponibilidad de agua para el consumo humano, el riego de tierras de cultivo, el pastoreo y la pesca tradicional.Tambi√ɬ©n cit√ɬ≥ la relaci√ɬ≥n entre los da√ɬĪos ambientales y el deterioro de la salud de las comunidades a partir de la contaminaci√ɬ≥n de las aguas y de la atm√ɬ≥sfera, y de la vinculaci√ɬ≥n entre la degradaci√ɬ≥n ambiental y la p√ɬ©rdida de los medios de vida tradicionales, que lleva a situaciones de inseguridad alimentaria y de malnutrici√ɬ≥n. Al referirse a los efectos sociales y culturales apunt√ɬ≥ que la perdida de tierras y recursos naturales √ʬĬúpuede poner en peligro la supervivencia de los grupos ind√ɬ≠genas√ʬĬĚ. Por otro lado, mencion√ɬ≥ que la cohesi√ɬ≥n social y las estructuras tradicionales de autoridad se hab√ɬ≠an visto afectadas y, en el contexto de las actividades extractivas, se identifica √ʬĬúuna escalada de violencia por los gobiernos y las fuerzas de seguridad privadas√Ę¬Ä¬Ě contra dirigentes ind√ɬ≠genas. A√ɬĪadi√ɬ≥ que los proyectos extractivos tambi√ɬ©n llevaron a la destrucci√ɬ≥n de lugares de importancia cultural y espiritual de los pueblos ind√ɬ≠genas. Otro asunto destacado es la √ʬĬúfalta de consulta y de participaci√ɬ≥n√Ę¬Ä¬Ě de los pueblos ind√ɬ≠genas en los proyectos de extracci√ɬ≥n de recursos naturales, que constituyen una fuente de numerosos conflictos. En sus conclusiones reafirm√ɬ≥ que los proyectos extractivos y otros grandes proyectos de desarrollo en territorios ind√ɬ≠genas √ʬĬúconstituyen una de las fuentes m√ɬ°s importantes de abuso de los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas en todo el mundo√ʬĬĚ.
Las violaciones a los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas ocurren a pesar de que los Estados tienen obligaciones (de respetar, proteger y cumplir) adquiridos a partir de la ratificaci√ɬ≥n de los tratados internacionales de derechos humanos. Les asiste la obligaci√ɬ≥n de proteger a las personas y grupos de personas (como los pueblos ind√ɬ≠genas) contra violaciones a sus derechos por parte de terceros o agentes no estatales (como las empresas transnacionales) y de garantizar el acceso a remedio en caso de que ocurrieran tales violaciones. Por su parte las empresas transnacionales deben cumplir las normas nacionales de derechos humanos y √ʬĬďseg√ɬļn losPrincipios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos√ʬĬď tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas internacionalmente reconocidos y reparar las consecuencias negativas que han provocado. Sin embargo, como lo demuestran los informes del Relator Especial sobre las denuncias recibidas, observamos que existe una gran brecha de aplicaci√ɬ≥n entre las obligaciones estatales y las responsabilidades de las empresas y la pr√ɬ°ctica donde los pueblos ind√ɬ≠genas sufren las consecuencias negativas.
En este contexto los pueblos indígenas consideramos oportuno y pertinente la elaboración y adopción de un instrumento jurídico vinculante que refuercen las obligaciones de los Estados, las responsabilidades de las empresas en relación a los derechos humanos y establezca mecanismos efectivos de remedio.
2. Derechos de los pueblos indígenas a considerarse en la elaboración de un nuevo tratado sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos.
En la elaboraci√ɬ≥n del futuro tratado debe considerarse los instrumentos jur√ɬ≠dicos internacionales sobre los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas. En este sentido son pertinentes la Declaraci√ɬ≥n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind√ɬ≠genas(A/RES/61/295) √ʬĬďen adelante la Declaraci√ɬ≥n- y el Convenio de la OIT N√ā¬į 169 sobre Pueblos Ind√ɬ≠genas y Tribales en Pa√ɬ≠ses Independientes √ʬĬďen adelante el Convenio 169-. Ambos instrumentos representan un consenso producto de negociaciones entre los propios Estados y -en la actualidad- son aceptados por m√ɬļltiples partes. Debe considerarse tambi√ɬ©n las recomendaciones de los √ɬ≥rganos de los tratados de derechos humanos en relaci√ɬ≥n a los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas (1). Es relevante para el proceso lo expresado por el Comit√ɬ© para la Eliminaci√ɬ≥n de la Discriminaci√ɬ≥n Racial (CERD) en el p√ɬ°rrafo 5 de la Recomendaci√ɬ≥n General XXIII relativa a los derechos de las poblaciones ind√ɬ≠genas (1997).
En este proceso debe prestarse especial atención a las siguientes cuestiones:
a. Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales: El territorio es vital para la existencia de los pueblos ind√ɬ≠genas y al mismo tiempo dependen de su territorio y los recursos naturales para su subsistencia. La existencia en sus territorios de recursos naturales(minerales, hidrocarburos, bosques, aguas, etc.) beneficiosos para los Estados sit√ɬļa sus derechos en riesgo de ser afectados por las actividades de explotaci√ɬ≥n que son realizados por las empresas. Ambos instrumentos internacionales reconocen el derecho de los pueblos ind√ɬ≠genas a la tierra, al territorio y a los recursos naturales y establecen las obligaciones de los Estados para garantizar su protecci√ɬ≥n en caso decidan o tengan planeado la explotaci√ɬ≥n de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios.
√Ę¬Ä¬Ę Derecho de propiedad, posesi√ɬ≥n y utilizaci√ɬ≥n de tierras ocupadas por los pueblos ind√ɬ≠genas (Art. 26 de la Declaraci√ɬ≥n; Art. 14 el Convenio 169).
√Ę¬Ä¬Ę Los Estados tienen la obligaci√ɬ≥n de consultar y obtener el consentimiento de los pueblos ind√ɬ≠genas antes de iniciar o autorizar la exploraci√ɬ≥n y explotaci√ɬ≥n de los recursos existentes en sus tierras o territorios (Art. 32.2 de la Declaraci√ɬ≥n; Art. 15.2 del Convenio 169).
√Ę¬Ä¬Ę Derecho a participar de los beneficios de la explotaci√ɬ≥n de los recursos naturales que se encuentran en sus tierras o territorios (Art. 15.2 del Convenio 169).
√Ę¬Ä¬Ę Prohibici√ɬ≥n de desplazamiento forzoso de los pueblos ind√ɬ≠genas de sus tierras o territorios (Art. 10 de la Declaraci√ɬ≥n; Art.16.1 del Convenio169) y excepcionalmente proceder√ɬ° solo con el consentimiento libre, previo e informado (Art. 10 de la Declaraci√ɬ≥n; Art. 16.2 del Convenio 169).
√Ę¬Ä¬Ę Derecho a definir las prioridades para la utilizaci√ɬ≥n de sus tierras o territorios y otros recursos (Art. 32.1 de la Declaraci√ɬ≥n).
√Ę¬Ä¬Ę Los Estados deber√ɬ°n prever sanciones apropiadas contra toda intrusi√ɬ≥n no autorizada en las tierras de los pueblos ind√ɬ≠genas (Art. 18 del Convenio 169).
b. Derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado (CLPI): Es muy frecuente que los Estados dicten medidas administrativas por el cual otorgan en concesión a las empresas el aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentran en territorios indígenas. En estos casos tanto la Declaración como el Convenio 169 establecen la obligación estatal de consultar a los pueblos indígenas, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, antes de adoptar medidas que pueden afectarles directamente. Por ejemplo, se debe aplicar procesos de consulta antes de convocar a licitaciones de lotes petroleros y antes de otorgar autorización para actividades de exploración y explotación de minerales.
√Ę¬Ä¬Ę Antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles (Art. 19 de la Declaraci√ɬ≥n; Art. 6.1.a del Convenio169).
Adicionalmente ambos instrumentos establecen la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en situaciones específicas relacionadas con afectaciones a sus derechos a la tierra o territorio. Las actividades de las empresas, principalmente aquellas dedicadas a la extracción de los recursos naturales, afectan el derecho a la tierra o territorio de los pueblos indígenas. En estos casos los Estados deben garantizar:
√Ę¬Ä¬Ę Obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relaci√ɬ≥n con el desarrollo, la utilizaci√ɬ≥n o la explotaci√ɬ≥n de recursos minerales, h√ɬ≠dricos o de otro tipo (Art. 32.1 Declaraci√ɬ≥n; Art. 15.2 del Convenio 169).
√Ę¬Ä¬Ę No se proceder√ɬ° a ning√ɬļn traslado o reubicaci√ɬ≥n de sus tierras o territorios sin el CLPI (Art. 10 de la Declaraci√ɬ≥n; Art. 16.2 del Convenio 169).
√Ę¬Ä¬Ę No se almacenaran ni eliminaran materiales peligrosos en sus tierras o territorios sin su CLPI (Art. 29.2 de la Declaraci√ɬ≥n).
c. Derecho a los medios de subsistencia: Los medios de subsistencia tradicionales de los pueblos indígenas están relacionados a sus tierras o territorios. En muchos casos las actividades extractivas tienen efectos negativos como la contaminación del agua de ríos o lagunas y de la tierra que puede limitar el acceso de los pueblos indígenas a sus medios de subsistencia. La Declaración y el Convenio 169 establecen el deber de los Estados de asegurar el derecho de los pueblos indígenas al acceso a sus medios de subsistencia.
√Ę¬Ä¬Ę Derecho a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades econ√ɬ≥micas tradicionales y de otro tipo (Art. 20.1 de la Declaraci√ɬ≥n; Art. 14.1 del Convenio 169).
d. Derecho al desarrollo: Se ha reconocido que los pueblos indígenas son uno de los grupos más afectados por las políticas y proyectos de desarrollo. En respuesta muchos pueblos indígenas han acordado sus propios planes de vida o desarrollo considerando las capacidades de su territorio, los recursos naturales existentes en ella y las actividades tradicionales de subsistencia que realizan. Estos planes pueden en ciertos casos resultar incompatibles con los planes o proyectos de desarrollo propuestos por los gobiernos o las empresas. Al respecto la Declaración y el Convenio 169 reconocen el derecho de los pueblos indígenas a determinar sus propias prioridades para el ejercicio de su derecho al desarrollo.
√Ę¬Ä¬Ę Derecho a decidir sus propias prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo (Art. 7.1 del Convenio 169; Art. 23 de la Declaraci√ɬ≥n).
√Ę¬Ä¬Ę Derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilizaci√ɬ≥n de sus tierras o territorios y otros recursos (Art. 32.1 de la Declaraci√ɬ≥n).
e. Protección del medio ambiente y la salud: La contaminación de sus territorios a consecuencia de las actividades de las empresas es frecuentemente denunciada por los pueblos indígenas. Por ejemplo, las actividades extractivas tienen efectos negativos como la contaminación del agua y de la tierra que afectan el medio ambiente y la salud de los indígenas. En estos casos la Declaración y el Convenio 169 establecen obligaciones de los Estados para proteger el derecho de los pueblos indígenas al medio ambiente y la salud.
√Ę¬Ä¬Ę Derecho a la conservaci√ɬ≥n y protecci√ɬ≥n del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos (Art. 29.1 de la Declaraci√ɬ≥n; Art. 4.1 y Art. 7.4 del Convenio 169).
√Ę¬Ä¬Ę Los Estados adoptar√ɬ°n medidas eficaces para garantizar que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos ind√ɬ≠genas afectados por esos materiales peligrosos depositados en sus tierras o territorios (Art. 29.3 de la Declaraci√ɬ≥n).
f. Derecho a la reparaci√ɬ≥n: La reparaci√ɬ≥n de una violaci√ɬ≥n a los derechos de los pueblos ind√ɬ≠genas es una obligaci√ɬ≥n de los Estados en virtud de lo establecido en la Declaraci√ɬ≥n, el Convenio 169 y la Recomendaci√ɬ≥n General XXIII del CERD. En muchos casos las violaciones est√ɬ°n relacionadas con la realizaci√ɬ≥n de proyectos de explotaci√ɬ≥n de recursos naturales en territorios ind√ɬ≠genas que son llevados a cabo por las empresas. Los derechos territoriales y el acceso a los medios de subsistencia son afectados frecuentemente por este tipo de proyectos, adem√ɬ°s provocan da√ɬĪos ambientales. En estas situaciones la reparaci√ɬ≥n puede incluir la restituci√ɬ≥n o una indemnizaci√ɬ≥n.
√Ę¬Ä¬Ę Derecho a la reparaci√ɬ≥n por las tierras, los territorios y los recursos que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o da√ɬĪados sin su consentimiento libre, previo e informado (Art. 28.1 de la Declaraci√ɬ≥n; Art. 16.4 del Convenio169; p√ɬ°rr. 5 de la Recomendaci√ɬ≥n General XXIII del CERD).
√Ę¬Ä¬Ę La indemnizaci√ɬ≥n consistir√ɬ° en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensi√ɬ≥n y condici√ɬ≥n jur√ɬ≠dica o en una indemnizaci√ɬ≥n monetaria u otra reparaci√ɬ≥n adecuada (Art. 28.2 de la Declaraci√ɬ≥n; Art. 16.4 del Convenio 169; p√ɬ°rr. 5 de la Recomendaci√ɬ≥n General XXIII del CERD).
√Ę¬Ä¬Ę Deber√ɬ° indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas de sus tierras o territorios por cualquier p√ɬ©rdida o da√ɬĪo como consecuencia de su desplazamiento (Art. 16.5 del Convenio 169)
√Ę¬Ä¬Ę Derecho a una reparaci√ɬ≥n por los da√ɬĪos que resulten de las actividades de utilizaci√ɬ≥n o explotaci√ɬ≥n de recursos minerales, h√ɬ≠dricos o de otro tipo en tierras o territorios de pueblos ind√ɬ≠genas (Art. 32.3 de la Declaraci√ɬ≥n; Art. 15.2 del Convenio 169).
√Ę¬Ä¬Ę Derecho a una reparaci√ɬ≥n en caso de que fueran despose√ɬ≠dos de sus medios de subsistencia (Art. 20.2 de la Declaraci√ɬ≥n).
g. Derechos Laborales: Muchos proyectos de desarrollo emplean a miembros de pueblos indígenas como trabajadores. En estas situaciones tanto la Declaración como el Convenio 169 disponen la obligación estatal de asegurarse que los individuos y los pueblos indígenas disfruten de todos los derechos laborales internacionales y a no ser discriminados.
√Ę¬Ä¬Ę A disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional (Art. 17.1 de la Declaraci√ɬ≥n).
√Ę¬Ä¬Ę A una protecci√ɬ≥n en materia de contrataci√ɬ≥n y condiciones de empleo cuando no est√ɬ©n protegidos por la legislaci√ɬ≥n aplicable a los trabajadores en general (Art. 20 del Convenio 169).
√Ę¬Ä¬Ę A no ser sometidos a condiciones discriminatorias de trabajo y de empleo o salario (Art. 17.3 de la Declaraci√ɬ≥n; Art. 20.3 del Convenio 169).
3. Participación de los pueblos indígenas en las sesiones del Grupo de Trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.
Los pueblos indígenas de acuerdo a la Declaración y el Convenio 169 tienen el derecho a participar en todas la adopción de decisiones que afecten sus derechos, incluidos los procesos internacionales en el marco de las Naciones Unidas. Consideramos que en el proceso de elaboración y adopción de un nuevo instrumento internacional jurídicamente vinculante que regule las actividades de las empresas transnacionales en relación a los derechos humanos debe garantizar la plena participación de los pueblos indígenas.
√Ę¬Ä¬Ę Derecho a participar en la adopci√ɬ≥n de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos (Art. 18 de la Declaraci√ɬ≥n).
Al respecto el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Ind√ɬ≠genas en su informe a la Asamblea General (A/67/301), al examinar la necesidad de armonizar las actividades que afectan a los pueblos ind√ɬ≠genas en el sistema de las Naciones Unidas, recomend√ɬ≥ que √ʬĬúel derecho de los pueblos ind√ɬ≠genas a participar en la toma de decisiones que los afecten, como se expresa en la Declaraci√ɬ≥n y otras fuentes internacionales, debe respetarse plenamente a la hora de establecer normas internacionales u otros procesos que afecten sus derechos o intereses√Ę¬Ä¬Ě (p√ɬ°rr. 90).
Finalmente observamos con preocupaci√ɬ≥n que la participaci√ɬ≥n en las sesiones p√ɬļblicas delGrupo de Trabajo est√ɬ° abierta √ɬļnicamente a las organizaciones que cuentan con Estatus Consultivo de ECOSOC. Consideramos que la participaci√ɬ≥n debe ser abierta a los delegados de los pueblos ind√ɬ≠genas cuyas organizaciones no cuentan con el requisito de Estatus Consultivo. Muchas organizaciones de pueblos ind√ɬ≠genas enfrentan obst√ɬ°culos para su reconocimiento legal en las esferas nacionales y enfrentan barreras ling√ɬľ√ɬ≠sticas de acceso para obtener el car√ɬ°cter de Estatus Consultivo.
Nota:
1 Doyle C., and A. Whitmore. (2014). Indigenous Peoples and the Extractive Sector: Towards a Rights-Respecting Engagement. Baguio: Tebtebba, PIPLinks and Middlesex University. Para mayor información sobre la jurisprudencia de los órganos de los tratados en relación a los pueblos indígenas ver:
Fuente: ohchr.org
Colaborador : Carlos Pilquil
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Fuente: Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu

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